Divide, confunde, engaña, especula, soborna, deslegitima, estigmatiza… y explotarás.

Por Andrés Tafur Villareal

El pasado viernes, en la Mesa Técnica de Participación sobre la megaminería, convocada por la Cortolima; la ciudadanía, el gremio arrocero y la academia le dijeron NO al megaproyecto de La Colosa, que la trasnacional sudafricana AngolGold Ashanti pretende adelantar en Cajamarca.

Campesinos movilizados desde Cajamarca y Anaime, así como la comunidad del municipio de Piedras y del corregimiento de Doima;  estudiantes, profesionales, ambientalistas y ciudadanía de en general, se dieron cita en el auditorio Alfonso López Pumarejo de la gobernación del Tolima, en el poco espacio que se dispuso para el evento, para participar [y no para que les socialicen] de la discusión sobre el megaproyecto de explotación aurífera de La Colosa. El hecho político definitivo es que, por segunda vez, en las dos únicas oportunidades con que ha contado la ciudadanía en los once años que la trasnacional lleva en las montañas de Cajamarca [primero con el nombre de Kedaha S.A, y ahora como AngloGold Ashanti Colombia], para manifestar su posición, ha dicho rotundamente NO, a despecho de quienes quieren tomar esa decisión desde un escritorio en Bogotá.

La primera oportunidad fue en Cajamarca, en el febrero de hace cuatro años en audiencia pública, en donde cajamarcunos y espinalunos, y de nuevo el gremio arrocero, amparados en los conceptos técnicos de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, y de la Procuraduría Regional Ambiental y Agraria del Tolima[1]; que recomendaron al Ministerio de la época adoptar el principio de precaución para no otorgar ni siquiera licencia de exploración a la empresa[2]; también rechazaron enérgicamente que se llevara a cabo el megraproyecto.

Dichos conceptos técnicos, deslegitimados por el gobernador de la época, Oscar Barreto Quiroga; rechazados por la empresa, opacados sistemáticamente por los medios de comunicación regionales, e ignorados por el Ministerio, que terminó otorgando la licencia de exploración, proceso que ya se venía adelantando ilegalmente por parte de la empresa desde el 2006; básicamente comprobaron la existencia de aguas subterráneas en la zona y el nacimiento de más de 160 afluentes, realidad que tuvo que ser aceptada por los “técnicos” de Anglogold que se habían obstinado demagógicamente en negarla [revisar publicaciones de la empresa asesoradas por los “periodistas” Silverio Gómez y Gilberto Martínez Prado]. Esa realidad es la que hoy los ha obligado a replegarse a los municipios de Piedras y Coello, en busca de explanadas y sobre todo de agua, para instalar la planta de metalurgia que convertirá el material molido en oro, es decir, donde llevar a cabo los procesos de cianurización que separarán el metal diseminado en muy pequeñas partículas dentro del material rocoso, y que luego será fundido en lingotes.

En ese sentido, fue clave la articulación del movimiento social, el gremio arrocero y los académicos, [también los cuestionamientos de la Contraloría General] del pasado viernes,  ratificando la impertinencia del megaproyecto, para la vida, la economía y la paz del departamento. Ahora, con estos actores y con los que vengan sobre el principio de defender la vida, debemos empezar a pensarnos a largo plazo

1.           Eterna etapa de prefactibilidad

El ministerio le dio vio libre a la empresa para continuar el proceso de exploración sobre la base de que en tres años, es decir en 2012, entregara un diagnóstico detallado de los bancos de flora y fauna de la zona, y un estudio hidrogeológico de la región, estudios que la empresa no ha entregado. Sin embargo, lo que sí reposa en las oficinas de Bogotá, no del ministerio sino de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla, es un oficio radicado por parte de la empresa solicitando la sustracción de más área para exploración. Sin estudios técnicos, que tanto le gusta reclamar a la empresa para la discusión, pasamos de ocho mil hectáreas concesionadas en títulos mineros, a 450 mil, que equivalen al ciento por ciento de Anaime y al 85 por ciento de Cajamarca. Y sin embargo, Anglogold sostiene que todavía no sabe si va a explotar.

Por lo menos, el proyecto de explotación aurífera La Colosa se encuentra hace más de cuatro años en etapa de prefactibilidad. Solo se sabe, para los intereses económicos de la empresa en la bolsa de valores, que ya no hay once sino 24 millones de onzas de oro en las montañas de Cajamarca. Pero no se sabe a ciencia cierta cuántas hectáreas de bosque comprometería el área de explotación, ni cuánto el volumen de roca que van a dinamitar [por eso tampoco se sabe cuántos kilos de dinamita estamos hablando] ni el agua que precisarían y que podrían reutilizar, y si se trata de agua subterránea, superficial o de lluvia, o de las tres; y tampoco los litros de cianuro que tomaría aislar el preciado metal. Tampoco precisaron la forma como trasportarían el material a la planta de metalurgia [porque aunque no saben si van a explotar ya están pensando en garantizar ese proceso], y ni siquiera saben dónde podría quedar ubicada. Nada. No se sabe nada. Todo está en etapa de prefactibilidad, aunque algunos compartimos la tesis de que, aunque no se puede defender lo indefendible, lo único que está explorando la empresa es la forma de sobre explotar el recurso, multiplicar la tasa de plusvalía y reducir en lo más mínimo la inversión de capital.

Por otra parte, parece que la nueva dirección de Cortolima ha empezado a emular la actitud de la empresa. Ahora es posible que la corporación tampoco sepa nada. Su director pasó de agache como organizador de la mesa, y no dispuso de su personal técnico para realizar exposición alguna, o en otras palabras, a despecho del carácter autónomo de la corporación, Jorge Enrique Cardozo no fijó ninguna posición, a pesar de contar con los conceptos que la misma corporación adelantó años atrás, durante el período de Carmen Sofía Bonilla, y con todos los recursos para realizar todos los estudios pertinentes.

Contrariamente, la asesoría técnica de la alcaldía de Piedras, y la Universidad del Tolima, fijaron posiciones claras, serias, y con sufi-ciencia le explicaron y describieron al auditorio, todas las implicaciones ambientales y sociales que comprometería la puesta en ejecución del proyecto, tanto en Cajamarca, en donde se llevaría a cabo a cielo abierto como en Piedras, Doima, Camao o Coello o cualquiera de los 51 puntos que supuestamente cuentan como “opcionados” para levantar la planta de metalurgia.

1.           Un gobernador desinformado pide consulta popular

El mandatario seccional pidió un compás de espera para tomar cualquier decisión frente al megaproyecto. Se declaró “confundido y totalmente desinformado, pese a toda la información que circula sobre el tema”, al tiempo que volvió sobre su supuesta “defensa a ultranza del medio ambiente” que asumió rápidamente con el cargo, a cambio de la timoneada lucha frontal contra Anglogold, con la que se jugaba los votos de la campaña.

El punto político importante de la posición del gobernador es su llamado a una consulta popular, iniciativa ciudadana que en la contraparte al megaproyecto nos hemos venido debatiendo desde que empezó esta pelea, y sobre la que hoy Delgado Peñón quiere capitalizar, para quedar bien con Dios y con el Diablo, “y que sean los ciudadanos quienes decidan si el proyecto va o no va.”

La propuesta de consulta en el marco de dos coyunturas, una de carácter político y la de otra de carácter económico, ambas de nivel macro, muy lejos de las posibilidades del gobernador. La primera tiene que ver con la discusión sobre la política agraria y desarrollo rural, que es el punto político más importante que se negocia en la agenda del proceso de paz en la Habana. Con el acenso del movimiento social y el rechazo generalizado a la locomotora minero-energética en todo el país [palmario en la agenda de los medios de comunicación que no pueden ocultar los abusos de las trasnacionales y la posición genuflexa del gobierno], la balanza se inclina políticamente a favor de uno de los negociantes, las Farc, que lograron imponerse en las conclusiones del Foro Agrario Integral con Enfoque Territorial, abierto en el marco de los diálogos, completamente desfavorables al auge desinstitucionalizado de los megaproyectos y al latifundio ganadero [de ahí la cólera de Uribe frente al proceso].

La segunda coyuntura tiene que ver con el problema macroeconómico que enfrenta el país por la dependencia de las rentas del sector minero-energético [sin haber arrancado la locomotora], fenómeno denominado como la enfermedad holandesa, y cuyo primer efecto, la revaluación de la moneda, pone en jaque a los sectores exportadores, en este caso del agro: los cafeteros y los arroceros [también a los floricultores], esa es la explicación por la cual los costos de producción de las cargas del café superan por mucho el precio que las comercializadoras están pagando a los campesinos. ¿Todavía piensan que Delgado Peñón está del lado de la consulta por afinidad con la democracia?

Pero como ni el gobernador del Tolima ni el director de Cortolima son demócratas ni tontos, la consulta se asoma como salvavidas, del primero, para no fijar ninguna posición que incomode al gobierno nacional, del que ha recibido bastantes beneficios, ni a su potencial base electoral, mucho menos cuando de telón de fondo están las elecciones para el congreso. De todas maneras, nadie con dos dedos de frente quiere ser recordado como el gobernador que abrió paso a la megaminería, aunque a Delgado Peñón tampoco lo vamos a recordar como quien la enfrentó.

Y en el caso del segundo, de Jorge Enrique Cardozo, quien entre otras cosas está allí porque su antecesora sí tuvo el valor civil de enfrentarse a la trasnacional, por eso se tuvo que ir de la corporación; la propuesta de consulta es una forma de hacerle el quite a su responsabilidad como director de la corporación de llevar la tercería en la vigilancia del proceso, y a su obligación de decirnos qué está pasando y qué va a pasar. Es desconcertante que el director de Cortolima avale la propuesta de preguntarle a la gente lo que se debe hacer aun contando con los instrumentos y los funcionarios para explicarle técnicamente todas las implicaciones, de todo calado, que la realización del megaproyecto traerían al departamento.

1.           Una democracia débil

El Estado colombiano es un Estado fallido, por eso a las trasnacionales y a su gruesa chequera, les queda tan fácil suplantarlo en las obligaciones con sus ciudadanos: carreteras,  ambulancias, escuelas, vivienda, servicios públicos, becas, empleos transitorios, proyectos productivos; financiación para eventos culturales, deportivos, religiosos, etcétera, etcétera, logran que AngloGold sea vista hoy en el Tolima más que como una empresa, como una fundación filantrópica. Y eso es lo que esa empresa quiere.

Pero ese no es el único problema para la débil tradición democrática colombiana: según fuentes no autorizadas, solamente en la emisora Ecos del Combeima, Anglogold Ashanti “invierte” en gastos de publicidad la suma de 76 millones de pesos anuales, aparte de los eventos que la emisora realiza y que la empresa no se niega en respaldar económicamente. Anglogold pauta en todas las emisoras comerciales del departamento, tanto en las locales como en las pertenecientes a cadenas nacionales, en el A.M y en F.M, en informativos matutinos y meridianos, y en la programación diaria de las casas comerciales. Actualmente patrocina un programa de televisión de un conocido periodista en El Kanal de Ibagué, y un programa propio en el canal de Cajamarca, adicional a eso patrocina al Deportes Tolima, al Conservatorio, y a cuanto evento, salida, actividad, iniciativa… que le permita reconocimiento ante la opinión pública.

Por eso extraña el reclamo de Rafael Herz, ex gerente de la empresa en Colombia, y hoy vicepresidente de sostenibilidad ambiental, quien apeló a la democracia para ser escuchado cuando los ciudadanos presentes en la mesa técnica no le permitieron continuar con su intervención. También el del procurador regional ambiental y agrario quien rechazó la supuesta beligerancia de algunos de los asistentes, pero no ha sido capaz de musitar palabra ante el lobby permanente de la empresa en todos los escenarios públicos del departamento, y las pocas garantías con que ha contado la ciudadanía y la contraparte al proyecto para dar el debate público en igualdad de condiciones.

Para no hablar desde fuentes no autorizadas, que no significa que no sean verídicas, considero saludable que la empresa trasnacional y las empresas de la información del departamento nos revelen la suma a la que ascienden sus contratos de publicidad e información. Dicha actitud, antes que violar sus estatutos comerciales, serían una muestra de trasparencia y de interés por hacer periodismo de calidad, como lo sugieren los códigos y las conclusiones de la Fundación Interamericana de Prensa que día a día viene promoviendo esa iniciativa en América Latina.

1.           Estigmatización del movimiento

La última perla de Anglogold, otro golpe más a la moribunda democracia colombiana, constituye la fotografía que el reportero gráfico de El Nuevo Día tomó de la pantalla del Smartphone de Herz, quien recibía de Iván Malaver, gerente de comunicaciones del proyecto, un mensaje en el que le decía textualmente: “Identificaron en el público de los opositores a varios guerrilleros de Anaime”, a lo que Herz le responde: “Entendido perfectamente”. ¿Quién los identificó? ¿Con qué argumentos se los acusa? ¿Por qué no les dieron captura? ¿Por qué la empresa si cuenta con esa información no los ha denunciado ante las autoridades? Si quienes identificaron a los “guerrilleros de Anaime” fueron efectivos de la fuerza pública, ¿Por qué le dieron aviso a la empresa y no procedieron a capturarlos? y si no se trató de la fuerza pública, ¿Tiene la empresa investigadores privados para vigilar a los opositores del proyecto? Afuera del auditorio vi a la policía mientras interrogaba a un hombre que llevaba una cámara escondida en el pecho y un morral desde el que, al parecer, contaba con aparatos que le permitían redireccionar la información que captaba desde su pequeño lente óptico. ¿Será esta la forma de identificar a“los guerrilleros de Anaime” de la oposición? Por hoy me quedo con el sarcasmo.

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La lucha por la defensa del medio ambiente no le compete solamente a quienes agitan la bandera del ambientalismo. Tampoco es un debate que comprometa exclusivamente a los técnicos o a los científicos, mucho menos se puede dejar en manos de la tecnocracia de carácter privado o público: los estudios y conceptos científicos deben supeditarse a los fines de lo político. Dicho de otra manera, la lucha en contra de los megaproyectos minero-energéticos nocivos para la vida, el territorio, la soberanía y la seguridad alimentaria, es eminentemente política e ideológica, como ideológico es el discurso especializado y tecnocrático que sobre supuestos técnicos quiere excluir a la ciudadanía de ocuparse de lo que le corresponde.

La lucha en contra de la voracidad de las trasnacionales es contra el imperialismo, y es perentorio que las comunidades se organicen, que la información deje de concentrarse en “los entendidos”, y que consolidemos unidad de acción sobre lo fundamental: la vida. Campesinxs, indígenas, estudiantes, docentes, académicxs, periodistas, organizaciones de base, todxs vamos al carnaval de la vida.

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[1] Según los estudios técnicos de la Procuraduría Regional Ambiental y Agraria, las afectaciones del proyecto son: “alteración y destrucción irreversible de ambientes nativos en el área de explotación, desforestación de importantes zonas de bosques nativos, bosques secundarios y páramos, eliminación de vegetación amortiguadora de los efectos de erosión y de sedimentación, reducción de la superficie, el volumen y la densidad ecológica original de los bosques; pérdida de cobertura vegetal, modificación en alto grado de sistemas de drenaje de agua superficial y subterránea, pérdida de biodiversidad alfa, gamma y beta, principalmente avifauna, anfibios y macroinvertebrados; contaminación de cuerpos hídricos presentes en la zona de influencia directa e indirecta del proyecto, cambios en la estructura hidráulica del suelo, graves e irreversibles alteraciones geomorfológicas en tiempo ecológico entre 1 y 100 años, distorsión de cuencas hídricas superficiales y subterráneas, contaminación del aire por emisiones de fuentes móviles y fijas de dióxido de carbono, oxido de nitrógeno, oxido de azufre, y material particulado; contaminación rutinaria y accidental del agua superficial y subterránea, del suelo y de la biota con residuos peligrosos; accidentes por derrames en el área de explotación, destrucción irreversible de los mosaicos de paisaje; graves y forzados cambios socio-culturales en la región municipio de Cajamarcar y departamento del Tolima”…

[2] Textualmente, el concepto de las autoridades ambientales regionales definió que “Ante el incumplimiento de los Términos de Referencia, los argumentos técnicos expuestos durante esta intervención y porque una sustracción a la Reserva Forestal Central va en contravía de los acuerdos internacionales, tales como el de la Diversidad Biológica, Convención Marco del Cambio Climático, Convención de las Naciones Unidades de Lucha contra la Desertificación, Convención Internacional sobre Comercio de Especies en Peligro, Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, la Corporación Autónoma del Tolima, “Cortolima” considera inconveniente para el Tolima que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial conceda la sustracción del área de Reserva Forestal Central solicitada por  AngloGold Aschanti Colombia para adelantar actividades de exploración minera”.