martes, 26 de agosto de 2014

Agua, oro y 'fracking'

Mientras escasea el agua en el país, el Gobierno y la Procuraduría parecen empeñados en arriesgar las fuentes hídricas y cerrarles el paso a los ciudadanos que las defienden.
Por: César Rodríguez Garavito
Un primer riesgo es bien conocido: la minería de oro a cielo abierto y gran escala, que precisa cantidades ingentes de agua para desentrañar de las rocas las chispas doradas. Por ejemplo, para extraer los 24 millones de onzas de oro que tendría la mina de La Colosa, en Cajamarca (Tolima), serían necesarios nueve millones de metros cúbicos de agua y cuatro millones de kilos de cianuro anuales, según Semana Sostenible. Agua que vendría del río Coello y otros que han nutrido la economía arrocera del Tolima y terminaría en un lago artificial de químicos y escombros en el municipio de Piedras u otro cercano a Ibagué.
Por eso los habitantes y las autoridades de la región han venido usando el mecanismo constitucional de las consultas populares para tener voz en las decisiones sobre el futuro del agua, la agricultura y el medio ambiente, como lo hicieron el año pasado en Piedras. Por eso también países como Costa Rica, que apuestan en serio por el desarrollo sostenible, han prohibido la minería de oro a cielo abierto.
Cabría esperar que el Gobierno Nacional (que se muestra alarmado por la sequía en otros departamentos) y la Procuraduría (que tiene el deber constitucional de proteger el medio ambiente) respaldaran a los protectores del agua en Tolima, Casanare, Santander, Antioquia y otros lugares. En realidad pasa lo opuesto. La Procuraduría sigue disuadiendo a las autoridades locales para que desatiendan los pedidos ciudadanos de consultas populares, como lo hizo la semana pasada en las sesiones del Concejo de Cajamarca. En contravía de un fallo reciente de la Corte Constitucional (C-123 de 2014) y de la posición de la misma Procuraduría en ese caso, advierte a los alcaldes y concejales que podría sancionarlos por hacer las consultas.
El Gobierno, que ha defendido la misma postura, se perfila hacia una promoción enconada de la minería y una oposición activa al movimiento por el agua. Así se entiende el nombramiento de un débil ministro de Ambiente y la prioridad encargada al vicepresidente Vargas Lleras y el nuevo ministro de Minas de acelerar la locomotora minera y la expedición de licencias de explotación.
Lo cual nos lleva al otro riesgo que se cierne sobre las fuentes de agua: los planes gubernamentales de otorgar licencias, sin estudios suficientes, para la explotación de gas mediante la técnica del fraccionamiento hidráulico (fracking). Como se sabe, el fracking requiere más agua que la minería tradicional, por consistir en grandes inyecciones del líquido a presión, a fin de liberar el gas atrapado en las rocas subterráneas. Lo que se sabe menos es que, precisamente por el impacto que puede tener sobre el agua, el fracking ha sido prohibido o suspendido en Alemania, Francia, Sudáfrica y en departamentos y municipios de Canadá, España y Estados Unidos (incluyendo el estado de Nueva York y 418 localidades). En varios de esos lugares los ciudadanos se han manifestado en consultas populares como las que erróneamente condena la Procuraduría.
En vista de la incertidumbre y lo mucho que está en juego, lo procedente sería declarar una moratoria del fracking, como lo propusieron Diana Rodríguez y Celeste Kauffman en nuestro blog de La Silla Vacía, así como el exministro Manuel Rodríguez en su columna en El Tiempo. Antes de que sea tarde. 
* Miembro fundador de Dejusticia. @CesaRodriGaravi
·         * Miembro fundador de Dejusticia. @CesaRodriGaravi / | Elespectador.com
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jueves, 21 de agosto de 2014

Capitalismo verde vs medio ambiente




Las conclusiones del último informe del IPCC (organismo de la ONU) aseguran que el cambio climático ya está aquí. Concluye que sólo un escenario agresivo de disminución de las emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero) podría llegar a limitar el aumento de la temperatura en 2ºC a nivel planetario. Los fracasos de las cumbres por el clima que se han celebrado en los últimos años y que no han conseguido llegar a ningún tipo de acuerdo vinculante en la reducción de GEIs son una muestra de la incapacidad del capitalismo global para afrontar una crisis ecológica que es fruto del propio desarrollo del capitalismo.Los defensores del capitalismo verde argumentan que de hecho muchas de las medidas que hay que emprender para un desarrollo sostenible no cuestan dinero, al contrario, ahorran. Por ejemplo, si una cadena de supermercados mejora su sistema de transporte de mercancías puede disminuir las emisiones de GEI a la vez que consigue un ahorro económico. El problema sin embargo no es si esto es posible o no, sino qué se hace de los materiales y energía que han ahorrado. ¿La empresa de supermercados hará una donación a un gobierno o a una entidad ecologista para impulsar mejoras en el medio ambiente? ¿O preferirá invertir el ahorro para abrir nuevos supermercados (aumentando así el gasto de materiales y residuos)? La lógica de la competitividad y la propiedad privada de los medios de producción son los factores clave que imposibilitan el desarrollo de un capitalismo que sea sostenible ambientalmente.
En vez de intentar pensar en medidas imposibles de aplicar para hacer un capitalismo verde lo que hace falta es que pensemos cómo podemos recuperar el control de la relación entre la humanidad y la naturaleza sobre la que se sustenta, una relación que hoy está secuestrada por los consejos de administración de las grandes empresas que deciden qué hacen con la riqueza que hemos generado colectivamente. Se trata de pensar un desarrollo que ha de basarse en el reconocimiento de los límites naturales del crecimiento, atendiendo a los ritmos de recuperación de los ecosistemas de los que depende la economía y toda la humanidad. Y para hacer esto necesitamos una economía global planificada de forma democrática que responda a los intereses de la mayoría.
Guillem Boix es ambientólogo militante de En lucha En lluita
Artículo publicado en el Periódico En lucha Diari En lluita
http://enlucha.org/diari/capitalismo-verde-vs-medio-ambiente/#.U_NaGEjc0gM

El poder de los supermercados

ESTHER VIVAS
Jueves 21 de agosto de 2014

La gran distribución comercial (supermercados, hipermercados, cadenas de descuento…) ha experimentado en los últimos años un fuerte proceso de expansión, crecimiento y concentración empresarial. Las principales compañías de venta al detalle han entrado a formar parte del ranking de las mayores multinacionales del planeta y se han convertido en uno de los actores más significativos del proceso de globalización capitalista.
Su aparición y desarrollo ha cambiado radicalmente nuestra manera de alimentarnos y consumir, supeditando estas necesidades básicas a una lógica mercantil y a los intereses económicos de las grandes empresas del sector. Se produce, se distribuye y se come aquello que se considera más rendible.
Operación supermercado
En el Estado español, la apertura del primer supermercado se llevó a cabo en el año 1957 y tuvo lugar en Madrid. Se trataba de un “supermercado-autoservicio” de carácter público promovido por el régimen franquista bajo el programa “Operación supermercado” que importó el modelo de distribución comercial estadounidense bajo la influencia del Plan Marshall. Su objetivo: modernizar el “comercio patrio”. La experiencia fue todo un éxito, dando lugar en muy poco tiempo a una red de supermercados públicos en varias ciudades como San Sebastián, Bilbao, Zaragoza, Gijón, Barcelona, La Coruña, etc.
En 1959 se abrió el primer supermercado de capital privado en Barcelona, fundado por las familias Carbó, Prat y Botet, propietarias de comercios de ultramarinos, y que lo bautizaron con el nombre de Caprabo, tomando la primera sílaba de cada uno de sus apellidos. Su apertura, como cuenta el libro Caprabo 1959-2009, significó una auténtica “revolución” entre los consumidores, atraídos sobre todo por el hecho de poder coger directamente de las estanterías los productos a comprar. Con el paso del tiempo, los supermercados privados, que el mismo gobierno franquista animó a crear, se impusieron, creando una extensa red de autoservicios en todo el Estado, y los de carácter público fueron desapareciendo.
En ese mismo momento en Europa, los supermercados eran una realidad emergente. En 1957, en Gran Bretaña existían 3.750 establecimientos, en la República Federal de Alemania 3.183, en Noruega 1.288 y en Francia 663. El Estado español e Italia se situaban a la cola, con 3 y 4 autoservicios respectivamente. Los supermercados eran considerados un símbolo de modernidad y progreso. A partir de entonces, su extensión fue in crescendo, diez años más tarde, en 1968, el número de supermercados en el Estado sumaba ya 3.678 y veinte años después, en 1978, la cifra alcanzaba los 13.215 establecimientos. Su modelo de distribución y venta al detalle se generalizó a lo largo de la década de los 80 y 90, llegando a ejercer a día de hoy un dominio absoluto de la distribución alimentaria.
Además, la mayor parte de nuestra cesta de la compra, entre un 68% y un 80%, la adquirimos en supermercados, hipermercados y cadenas de descuento. Según la revista especializada Alimarket, y con datos del 2012, el 68,1% de la alimentación envasada y la droguería la compramos en este tipo de canales, principalmente en los supermercados, frente al 1,5% que adquirimos en la tienda tradicional, el 25,1% en comercios especialistas y el 5,3% en otros. Según el informe Expo Retail 2006, casi el 82% de la compra de alimentos se realiza a través de la gran distribución, el 2,7% en tiendas tradicionales, el 11,2% en establecimientos especializados y el 4,2% es adquirido en otros lugares. En consecuencia, el consumidor cada vez tiene menos puertas de acceso a los alimentos y el productor menos opciones para llegar al consumidor. El poder de venta de los supermercados es total.
Mucho poder en pocas manos
Una distribución moderna que además concentra su peso en muy pocas compañías. De hecho, la mayor parte de nuestras compras en el supermercado se llevan a cabo en sólo seis cadenas, que controlan el 60% de dicho mercado. Se trata de Mercadona, con un 23,8% de la cuota de mercado, Carrefour con un 11,8%, Eroski (que incluye a Caprabo) con un 9,1%, Dia con un 6%, Alcampo (que integra los supermercados Sabeco) con un 5,9% y El Corte Inglés (con SuperCor y OpenCor) con un 4,3%. Les siguen Lidl, Consum, AhorraMás y DinoSol, que en conjunto conforman las diez principales empresas del sector. Nunca el mercado de la distribución alimentaria había estado en tan pocas manos.
En Europa, la dinámica es la misma. En el conjunto del continente, las diez principales cadenas de supermercados controlaban, con datos del 2000, más del 40% de la cuota de mercado. Actualmente, se calcula que la concentración es aún mayor. En países como Suecia, solo tres compañías de supermercados monopolizan alrededor del 95% de la distribución, y en países como Dinamarca, Bélgica, Francia, Holanda y Gran Bretaña, unas pocas empresas dominan entre el 60% y el 45% del total, según un informe de Veterinarios Sin Fronteras.
Asimismo, algunas de las mayores fortunas en Europa están vinculadas a la historia de la gran distribución. En Alemania, la persona más rica del país fue hasta el 16 de julio del 2014, fecha de su muerte, Karl Albrecht, fundador y copropietario de los supermercados Aldi. Tras su fallecimiento, el número uno pasó a ser ocupado por Dieter Schwarz, propietario del grupo Schwarz, que incluye las cadenas de supermercados Kaufland y Lidl. En Francia, la segunda fortuna del país está en manos de Bernard Arnault, propietario del grupo de artículos de lujo LVMH y con una participación muy importante en Carrefour. Y sin ir más lejos, en el Estado español, el segundo puesto del ranking de las grandes fortunas recae en Juan Roig, propietario de Mercadona.
La “teoría del embudo
Una concentración que se visualiza claramente en la llamada “teoría del embudo: miles de campesinos por un lado y millones de consumidores por el otro y tan solo unas pocas empresas de la gran distribución controlan la mayor parte de la comercialización de los alimentos. Tomemos el ejemplo del Estado español. En el extremo superior del embudo, contamos con alrededor de 720 mil campesinos y personas que trabajan en el campo y en el extremo inferior unos 46 millones de habitantes y consumidores, en medio 619 empresas y grupos del sector de la distribución con base alimentaria (con Mercadona, Carrefour, Grupo Eroski, Dia, Alcampo, El Corte Inglés, Lidl, Consum, AhorraMás, Makro, Gadisa, Grupo El Árbol, Condis, Bon Preu, Aldi, Alimerka a la cabeza) determinan la relación entre ambos. Y un dato a tener en cuenta: de entre estas 619 compañías, solo las 50 primeras ya controlan el 92% de total de la cuota de mercado.
Son estas empresas las que que determinan a qué precio se pagan los productos al agricultor y qué coste tienen para nosotros en el “súper”, dándose la paradoja de que el campesino cada vez recibe menos dinero por aquello que vende y nosotros, como consumidores, pagamos más. Queda claro, quién gana. Se trata de un oligopolio, donde unas pocas empresas controlan el sector, que empobrece la actividad campesina, homogeneiza aquello que comemos, precariza las condiciones laborales, acaba con el comercio local y promueve un modelo de consumo insostenible e irracional.
El poder de la gran distribución es enorme y nuestra alimentación queda supeditada a sus intereses económicos. Pensamos que somos nosotros quienes decidimos lo que comemos, pero ¿es así?
21/08/2014
Publico.es
http://blogs.publico.es/esther-vivas/2014/08/21/el-poder-de-los-supermercados/

miércoles, 20 de agosto de 2014

Coincido con Juan Pablo Ruiz: el presidente Santos nada dijo en el discurso de reposesión sobre medio ambiente.
Por: Alfredo Molano Bravo
Nada. Nada. O mucho, desde otro punto de vista: un vacío siempre es un mensaje. Lo confirma el nombramiento del nuevo ministro del ramo: el Gobierno no está interesado en conservar el medio ambiente sino en transarlo y por eso nombró a un señor, muy elegante, según dicen: Gabriel Vallejo, de los Vallejo bien de Manizales que llaman por allá azucenos. Fue candidato a la Alcaldía de Caldas por el uribismo. Es un gurú de altísimo nivel de una nueva disciplina del saber científico: el servicio al cliente. Traducido a lo cotidiano, quiere decir que cuando uno quiere cambiar unos calzoncillos rojos que compró por unos azules, va la dependencia y allí le dan el número de un call center. Normalmente ese dato se apunta en un papelito que termina la vida derritiéndose en una lavadora. Pero si uno se acuerda y llama, le va peor: hay que hacer 20 llamadas cercenadas por un pito intermitente. Si por fin se consigue una voz humana que no es de carne y hueso sino de grabadora, bota una serie de números sobre la variedad de servicios al cliente que se ofrecen. De ahí en adelante uno —el cliente— se ahoga en el mar de la incertidumbre. Es la misma sensación que ha producido en la opinión pública el nombramiento de un personaje en cuya hoja de vida no se encuentra la expresión medio ambiente. Ni siquiera una de las dos palabras. Tiene grados, cierto, y según lo que puede uno deducir de su hoja de vida, es un gran especialista en promociones comerciales y eventos internacionales, muchos dedicados a los cosméticos. Por eso es posible que quien intrigó su nombramiento haya sido la exministra de Medio Ambiente Sandra Suárez, que promovía cremas para el cutis. Así que Vallejo se mostrará extremadamente atento a responder las llamadas que le hagan sus clientes privilegiados, como será sin duda el nuevo ministro de Minas, doctor Tomas González, quien sí sabe lo que hace desde cuando fue alto ejecutivo de la conocida British Petroleum Company. La BP, como la llaman sus clientes, explotó los campos Cusiana y Cupiagua y fue denunciada por tener vínculos con grupos paramilitares (www.nocheyniebla.org/node/68).
El caso espinoso de esta pareja de clientes mutuos es que el Ministerio de Medio Ambiente se convirtió en el vagón de cola de la locomotora minera, una dependencia a la cual se le pasan memos para que firme licencias ambientales. Para hablar en concreto: la ministra saliente, doctora Sarmiento, dejó listo y empaquetado un proyecto que fija la ruta legal para determinar las áreas protegidas, sin consulta previa y sin que sea discutida por la opinión pública. Un tamalito bien amarrado que espera a Vallejo en el cajón del escritorio. Se trata de una guía para declarar los parques nacionales naturales, parques naturales regionales, áreas de reserva forestal protectoras y demás áreas protegidas y hasta ahí, vamos bien. Lo que sigue es escandaloso: al maquinista de la locomotora se le otorga la facultad de decidir si existe interés minero en la zona que se busca declarar área protegida. O sea: si la Anglo Gold Ashanti Colombia S.A., la Pacific Rubiales o la Drummond le han echado el ojo a una zona, esa región no podría ser declarada parque nacional, ni reserva forestal, ni nada que permita conservarla. En el modelo de reglamentación vale la pena subrayar el inestimable daño que le han hecho la minería y la explotación de petróleo al agua. Lo que sucedió en Casanare, la muerte de los 5.000 chigüiros y 20.000 vacas, tiene que ver con la actividad de los petroleros, como la misma Contraloría lo ha probado; lo que puede suceder con el río Ranchería si vuelve a subir el precio del carbón y lo que sucede hoy con los huecos que abren las retroexcavadoras en casi todo el país buscando oro muestran la relación de los dos sectores. De manera que nuestro patrimonio natural, del que tanto se habla, queda en manos desde ahora de un ministro que sabe lo que quiere y otro que no sabe dónde está parado.

lunes, 18 de agosto de 2014

Extractivismo, enclaves y destrucción ambiental

Revista CEPA


En las últimas décadas se impuso un modelo primario exportador, similar al que conoció el país en la segunda mitad del siglo XIX, lo que ha venido acompañado de la desindustrialización, la penetración renovada del capital extranjero, principalmente de las multinacionales imperialistas, la expropiación de bienes comunes y la imposición del dogma de las ventajas comparativas, como criterio que justifica nuestra especialización en producir bienes primarios. Cada uno de estos aspectos ameritaría un análisis detallado, pero nos limitamos a mencionar los aspectos generales del capitalismo extractivista que se consolidó en el país, y que se constituye en un factor importante para explicar lo que acontece en Colombia en estos momentos.

Características

El extractivismo no se refiere solamente a la explotación de minerales o hidrocarburos, sino que incluye a diversas actividades económicas que se realizan en el país. El extractivismo se podría definir como el conjunto de actividades económicas –con sus correspondientes derivaciones militares, sociales, políticas, ideológicas y culturales– que posibilitan el flujo de materia, energía, biodiversidad y fuerza de trabajo desde un territorio determinado (en este caso Colombia) hacia los centros dominantes en el capitalismo mundial, donde se consumen a gran escala para garantizar la reproducción del capital. El extractivismo tiene características que lo identifican como modelo económico y social, con unos mecanismos particulares de funcionamiento político, como se describe brevemente a continuación.

En el extractivismo retornan las economías de enclave –un concepto que se creía enterrado en la historia latinoamericano y que hace unas décadas sonaba como un anacronismo–, en la medida en que las inversiones extranjeras de “tipo productivo” que se implantan en el territorio nacional (en las ciudades y en el campo) operan con la mirada puesta no en el mercado interno sino en el mercado mundial. En los enclaves no se efectúan procesos de acumulación de capital en el plano local y/o nacional –con los encadenamientos productivos que eso generaría– sino que las actividades se desenvuelven en consonancia con los intereses del capital transnacional, cuyo funcionamiento está ligado a los grandes mercados de los países centrales. Como enclaves operan los agronegocios, la minería pero también las zonas turísticas, los parques naturales, y los espacios urbanos que están vinculados el capitalismo mundial. Como economía de enclave de tipo extractivista funciona la producción de flores en la sabana de Bogotá, que supone el traslado de agua al mercado mundial. Son enclaves las maquilas, las zonas francas, los puertos y también los eslabones de la “economía ilegal” (una noción cada día más difícil de usar por la hibridación con lo legal), ligados a la trata de personas– al tráfico de especies animales, al comercio mundial de estupefacientes, al blanqueo de divisas…

Las relaciones laborales que se imponen en los enclaves borran los derechos de los trabajadores, puesto que anulan sus conquistas históricas e implantan la flexibilización y la precarización como norma dominante. Aparte de que generan poco empleo, y este es efímero, aumentan los niveles de explotación de la fuerza de trabajo, con la finalidad de incrementar la tasa de ganancia de las inversiones efectuadas. Los parámetros laborales que se imponen en toda la economía replican lo que sucede en los enclaves, que viene a ser la generalización de los salarios chinos, no importa si se trata de actividades propiamente primarias, o del sector servicios, o de lo que queda de industria. Al mismo tiempo, se eliminan los sindicatos y se obstaculiza la lucha colectiva de los trabajadores, a la par con el incremento del trabajo informal, la terciarización laboral, y la eliminación de los derechos de los hombres y mujeres que viven de su trabajo. La degradación laboral se convierte en una de las cartas de presentación que ofrece el Estado y las clases dominantes locales para atraer inversiones extranjeras, quienes argumentan que en este país existe una fuerza de trabajo barata, capacitada y sumisa dispuesta a dejarse explotar por los inversores extranjeros que quieran invertir su capital en nuestro territorio.

El Estado es el garante de la imposición de estas condiciones laborales, las que se usan como un gancho que atrae a los emprendedores extranjeros. En lo esencial, el Estado es un peón al servicio del imperialismo y de sus empresas, y toda su política está destinada a presentarse como el “alumno más aventajado de la clase” a escala regional, es decir, el que está dispuesto a dar lo que sea sin contraprestación alguna e incluso pagándole a las multinacionales para que se llevan nuestras riquezas naturales. Al respecto, el estudio Minería en Colombia: fundamentos para superar el modelo extractivista afirma que entre el 2005 y el 2010 “las empresas mineras pagaron en promedio $878 mil millones anuales por concepto del impuesto a la renta”, pero en ese período “tuvieron deducciones, descuentos y exenciones que representaron un gasto tributario para el país de $1,78 billones. Es decir, por cada $100 efectivamente pagados por este concepto, las empresas mineras tuvieron descuentos que terminaron representando pérdidas para el Estado de más de $200. Esto significa que por cada peso que pagan esas empresas, el Estado les concede dos, que provienen de los dineros que los habitantes comunes y corrientes le cancelamos al Estado por concepto de impuestos. En síntesis, las ETN vienen a un territorio de Colombia, expulsan a las comunidades que allí habitan, destruyen los ecosistemas, contaminan las aguas, dejan luego de pocos años un tremendo cráter de miseria y destrucción, y aparte de todo les pagamos para que hagan todo eso.

Los enclaves vienen acompañados de la militarización de los territorios, porque el Estado se compromete a proteger las inversiones extranjeras, con el pretexto de que esa es la condición que garantiza la permanencia de esas inversiones. Por esto observamos que en los últimos años se ha presentado un crecimiento exponencial de las fuerzas represivas del Estado para resguardar las zonas de extracción de minerales e hidrocarburos, y los lugares donde se siembran los cultivos de exportación. La militarización no solamente la efectúan las fuerzas legales, sino los grupos paraestatales que son un componente esencial del modelo extractivista, creadas, financiadas y auspiciadas tanto por el Estado como por empresarios locales y transnacionales, como lo demuestran los ejemplos del banano en Urabá, del carbón en la costa caribe, de la palma aceitera en el Choco y en la costa pacífica. Los enclaves no generan modernización ni innovación tecnológica propia, sino que allí se implantan, cuando se hace, la tecnología que es producida y controlada por las multinacionales.

En concordancia la economía y el territorio colombianos se han convertido en una especie de basurero para la chatarra producida por las multinacionales, algo que se acentúa con los Tratados de Libre Comercio, que facilitan el ingreso de las tecnologías que ya se consideran obsoletas en esos lugares, como sucede, por ejemplo, con las armas, aviones y máquinas de guerra que el Estado colombiano le compra a Estados Unidos, la Unión Europea o a Rusia. Adicionalmente, nuestro territorio se convierte en el basurero de los residuos contaminantes que se exportan desde los centros imperialistas, lo cual se legitimó en términos legislativos en los últimos años con la Resolución 809 de mayo 10 de 2006, que autorizó el ingreso a Colombia de residuos tóxicos y peligrosos para la salud y el medio ambiente. Los Tratados de Libre Comercio rematan la arquitectura institucional en el plano interno del país, para consolidar la lógica extractivista, lo cual se fundamente con dispositivos jurídicos que protegen al capital transnacional. Estos tratados se sustentan en la teoría de las ventajas comparativas que revive el esquema de división internacional del trabajo del siglo XIX y que nos condenan irremediablemente a abandonar cualquier intento de construir una economía propia y autónoma y nos obligan a vivir prisioneros de la exportación de materias primas agrícolas y minerales.

En términos de la propaganda, adquieren fuerza el imaginario de enclave y la mentalidad extractivista (propio del colonialismo interno) que se basa en el prejuicio de pensar que el comercio internacional en sí mismo es la garantía de acceder al progreso, la modernización y la prosperidad. Ese mentalidad extractivista domina todas las actividades, como el deporte, la educación o la salud, por lo que no sorprende que los padres quieren que sus hijos sean exitosos futbolistas que conquistan el mercado europeo, o que el objetivo de los dueños de las universidades sea la competitividad, para lo cual preparan fuerza de trabajo barata y sumisa que le sirva al capitalismo transnacional en distintos frentes. Con el imaginario de enclave se impone la idea que el modelo exportador constituye la tabla de salvación del país, y quienes se oponen –trabajadores, campesinos, indígenas y afrodescendientes- son considerados como enemigos del progreso y del bienestar que se supone genera el libre comercio.

Consecuencias

El extractivismo tiene consecuencias nefastas en el ámbito social y ambiental. En el plano social destruye y desestructura a las comunidades locales, introduce nuevos hábitos y pautas de consumo, genera una mentalidad rentística y obliga a los habitantes de un territorio a subordinarse a los intereses de fracciones minoritarias de las clases dominantes que se articulan con el mercado internacional y se apropian de algunas migajas que les deja el libre comercio. El extractivismo aumenta la pobreza, la dependencia, la destrucción de los bienes comunes de tipo natural, que replican la eterna paradoja de la pobreza y la desigualdad en medio de la riqueza de recursos. Al mismo tiempo, se destruyen a las comunidades indígenas, y las que sobreviven son incorporadas brutalmente a la lógica extractivista, como acontece en Arauca, Boyacá, los Llanos Orientales, para mencionar algunos casos.

La destrucción de los ecosistemas por el extractivismo forma parte de la historia de la actual Colombia desde la época de la dominación española. Ahora, el extractivismo contemporáneo acelera esa destrucción en la medida en que involucra a todas las actividades económicas y cubre la totalidad del territorio nacional. La puesta en marcha de megaproyectos mineros y agrícolas altera en forma inmediata y, en la mayor parte de los casos, de manera irreversible la riqueza natural de nuestros suelos y subsuelos. Los ejemplos abundan, como se comprueba con el impacto negativo de desviar ríos, como en el Quimbo (Huila), en Ituango (Antioquia), o en la Guajira (con el río Ranchería), para satisfacer el apetito de las empresas que extraen bienes naturales.

Otro ejemplo de actualidad es lo que sucede en Paz de Ariporo (Casanare) –el segundo municipio más grande del país, con una extensión mayor que departamentos como Quindío. Risaralda, Atlántico y Sucre- en donde hace pocas semanas murieron miles de chigüiros, babillas, y otras especies de la fauna local, como resultado de la confluencia de diversas actividades depredadoras, entre ellas las de tipo extractivo. Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) los acontecimientos trágicos de Casanare son un resultado de la combinación funesta de por lo menos “cinco pecados”: impacto destructivo en los páramos de alta montaña, donde nacen los ríos que surten al Casanare, por la introducción de cultivos y ganadería; una ganadería intensiva que compacta los suelos y obstruye la infiltración de aguas lluvias y escorrentía; una baja capacidad de retención de humedad debido a la textura arenosa de los suelos; una limitada capacidad productiva de los suelos; y, la utilización de aguas subterráneas por parte de las empresas petroleras, que agrava una situación local que ya se encuentra afectada por las modificaciones climáticas.

En cuanto al impacto de las actividades petroleras, debe recordarse que en el Departamento de Casanare operan las compañías Geopark, Perenco, Pacific Stratus Energy, Parex, New Granada Energy, Cepcolsa, Petrominerales, Ecopetrol, Canacol, Interoli, Adventage. En toda la Orinoquía colombiana estas empresas extraen diariamente 720 mil barriles de petróleo y 15 millones de barriles de agua, un dato que en sí mismo indica la magnitud del hidrocidio en marcha. En este contexto destructivo, resulta tragicómica la declaración del viceministro de Energía Orlando Cabrales, quien aseguró al conocer la magnitud del ecocidio del Casanare que las empresas petroleras no eran responsables y, en un verdadero oxímoron, aseguró que “agua y petróleo no son antagonistas. Son el futuro y el gran desafío que tiene este país para impulsar el desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de todos los colombianos”.

La mortandad de animales, y la escasez de agua que se empieza a percibir en el territorio mencionado es el resultado de un desequilibrio en el ciclo hídrico, por la destrucción de paramos y humedales, el aumento en la demanda y consumo de agua para la exploración y explotación de petróleo, junto con la ganadería que seca los suelos y la demanda de agua por cultivos como el arroz y la palma aceitera. Según el profesor Orlando Vargas de la Universidad Nacional, “la sequía se origina en el mal manejo del suelo, la destrucción de las zonas de recarga acuífera y la falta de planificación del territorio”.

Dicha tragedia ambiental está ligada en forma directa al extractivismo y al libre comercio, un vínculo criminal del que se tienen nefastos antecedentes históricos a nivel mundial, tal y como aconteció en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se presentaron los holocaustos de la era victoriana, que en un determinado momento fueron considerados como una derivación inmediata de los cambios climáticos que produce el fenómeno meteorológico de El Niño. Pero estas alteraciones no se dan en el vacío sino en condiciones económicas y sociales específicas, que aumentan el impacto destructor en la medida en que la producción local, que permite la subsistencia de los pequeños productores, ya no se dedica a alimentarlos sino que se exporta al mercado mundial. O también que la utilización del agua para propiciar la exportación de productos al mercado mundial destruye las fuentes hídricas y los ecosistemas, con lo que se garantiza la muerte de plantas y animales nativos, como un resultado directo del imperialismo ecológico. En concreto, en el período mencionado se presentaron terribles hambrunas que dejaron, como mínimo, 32 millones de muertos en India, China, Brasil y otros lugares del mundo, como resultado de la vinculación directa, por la vía del libre comercio impuesto a sangre y fuego por Inglaterra, entre la producción local de alimentos y su destino al mercado mundial. Mientras que los campesinos morían de inanición, el trigo y otros cereales que habían producido con sus manos y en sus tierras llenaba las arcas de los exportadores mundiales de alimentos que iban con destino principal a Europa.

Esta referencia histórica sirve para recordar que hoy las condiciones climáticas son peores que hace un siglo y por lo tanto sus efectos son más destructores, porque un trastorno climático en marcha afecta al mundo entero, pero que impacta de manera inmediata a ciertas regiones. Investigaciones recientes recalcan que las zonas tropicales (en donde se encuentra Colombia) son las primeras afectadas, básicamente por su estabilidad climática y por su biodiversidad. El último informe del Panel Intergubernamental sobre el cambio climático señala que uno de los países más afectados es y va a ser Colombia, por la deforestación, la contaminación hídrica, la minería y la ganadería extensiva. Algunos hechos lo indican con preocupante contundencia. Por ejemplo, los glaciares están muriendo aceleradamente ante nuestros ojos y al ritmo actual los que quedan van a desaparecer en las próximas décadas: en los últimos 60 años el área de los glaciares se ha reducido en un 60% y de 19 glaciares que teníamos en nuestro territorio en 1900 hoy sólo existen 6. Así mismo, de los 34 paramos que posee el territorio de Colombia (donde se encuentra el 49% de todos los que existen en el mundo) 22 están en grave riesgo de destrucción, como resultado de la ganadería, las quemas, la explotación minera y la expansión de la frontera agrícola.

Hoy las condiciones son más adversas que en la época victoriana –un momento en que hasta ahora estaba despegando la explotación del petróleo, rodaban los primeros automóviles en algunas ciudades de los Estados Unidos, en el mundo existían 1.650 millones de personas y la mayor parte de la gente vivía en el campo–, a la hora de considerar la retroalimentación entre el trastorno climático a escala global (que está en marcha en forma acelerada e irreversible) y los fenómenos locales (como el de Paz de Ariporo), que están relacionados con el funcionamiento del capitalismo extractivista. Además, lo acontecido en Paz de Ariporo indica a nivel micro y por anticipado cómo van a ser las guerras climáticas, en las cuales la sed insaciable de materia y energía del capitalismo destruye los hábitats locales al tiempo que exacerba la lucha por la supervivencia de los más pobres, que ya no tienen acceso ni siquiera al agua, y condena a la extinción a especies animales y vegetales, junto con la destrucción de la biodiversidad y de los ecosistemas. En este sentido, lo que sucede en Casanare es una terrible advertencia de lo que nos espera con el trastorno climático.

Luchas

En diversos lugares del territorio colombiano se han presentado protestas, resistencias y rebeliones contra el extractivismo y sus variantes. Según un estudio realizado para el Atlas Global de Justicia Ambiental, en estos momentos en Colombia se presentan 72 conflictos socio-ambientales. En Tolima, Santander, Cauca, los Llanos Orientales y otros lugares de Colombia se han desplegado notables protestas y la gente se organiza de múltiples formas para enfrentar la “locomotora minera” y los proyectos extractivistas. Entre esas luchas se destacan las libradas por los habitantes de Cajamarca y San Turban contra la minería del oro, y también las de los trabajadores petroleros en Puerto Gaitán contra la Pacific Rubiales., aunque tienen sentidos diferentes. Mientras los trabajadores petroleros están interesados en mejorar las condiciones de trabajo, sin cuestionar la misma extracción de petróleo, y las organizaciones laborales, como la Unión Sindical Obrera (USO) propenden por la nacionalización de los hidrocarburos y su explotación por parte del Estado, las comunidades locales, campesinas e indígenas, buscan que no sean extraídos esos bienes comunes de las entrañas de la tierra. Esto último se expresa en la lucha de los pobladores de El Tolima, que saben lo que implica la apertura de una descomunal mina de oro. Por eso, llevan años denunciando ese crimen social y ambiental, como lo ratificaron en la consulta de Piedras, donde el 99% de los votantes dijeron no a la AngloGold Ashanti.

La oposición al extractivismo en Colombia ha tenido un mayor calado en aquellas regiones en donde las comunidades locales sienten directamente afectadas sus condiciones de vida y de subsistencia y lo hacen, además, a partir de una defensa del territorio en donde entran en juego otras nociones de territorialidad, producidas por y para las mismas comunidades. Esto indica que, en contra de la propaganda de la globalización que nos anuncia el “fin de los territorios”, éstos adquieren una renovada fuerza para el capital y, por lo mismo, en esos lugares concretos es donde se ponen en juego las estrategias de lucha y de construcción de nuevas alternativas, desde abajo y desde el sur, como ha aflorado en los últimos años con los paros agrarios.

Gran parte de los conflictos ambientales se ubican en zonas habitadas por comunidades indígenas y pueblos afrocolombianos, como acontece en la Costa Atlántica en donde grupos étnicos soportan y se enfrentan al impacto negativo de la explotación de carbón, la expansión de la Ruta del Sol, la construcción de represas (Ranchería y Puerto Brisa) y los proyectos turísticos en el Parque Nacional Tayrona.

Aparte de los impactos económicos, sociales y ambientales del extractivismo en la vida cotidiana de las comunidades se despliegan un conjunto de antivalores (¿como cuáles?) que destruyen sus formas organizativas, sus tradiciones y sus relaciones ancestrales con sus territorios, tal y como lo demuestran los Awá, para quienes el petróleo es la sangre de la tierra y por lo tanto nunca debe ser extraído de las entrañas del suelo. Los conflictos socioambientales se constituyen en una respuesta de las comunidades al extractivismo, como se pone de presente con el hecho que hayan aumentado desde el momento en que se incrementó la concesión de títulos mineros durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos.

Notas:
Luis Jorge Garay (Director), Minería en Colombia. Fundamentos para superar el modelo extractivista, Contraloría General de la República, Bogotá, 2013.

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/U/uso_de_toxicos_aun_en_entredicho/uso_de_toxicos_aun_en_entredicho.asp 

IGAC, Estos son los “cinco pecados” que podrían haber desencadenado la tragedia ambiental en El Casanare, en http://www.igac.gov.co/wps/wcm/connect/ 

Orlando Cabrales, “Agua o petróleo: un falso dilema”, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13826183 

Citado en http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/ndetalle/article/mala-planificacion- y-uso-del-suelo-atizan-sequia-en-los-llanos.html 

Mike Davis, Los holocaustos en la era victoriana tardía. El Niño, las hambrunas y la formación del Tercer Mundo, Universidad de Valencia, Valencia, 2006.

Ver: “El alarmante informe sobre cambio climático”, Revista Semana, marzo 31 de 2014.

IDEAM, Glaciares de Colombia: más que montañas con hielo, Bogotá, 2012; Greempace Colombia, Cambio climático: Futuro negro para los páramos, Bogotá, noviembre de 2009.

Harald Welzer, Guerras climáticas. Por qué mataremos (y nos matarán) en el siglo XXI, Katz Editores, Buenos Aires, 2010.

Colombia es el país con más conflictos ambientales de América Latina, http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/mapa/30830


(*) Renán Vega Cantor es historiador. Profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional, de Bogotá, Colombia. Autor y compilador de los libros Marx y el siglo XXI (2 volúmenes), Editorial Pensamiento Crítico, Bogotá, 1998-1999; Gente muy Rebelde, (4 volúmenes), Ed. Pensamiento Crítico, Bogotá, 2002; Neoliberalismo: mito y realidad; El Caos Planetario, Ediciones Herramienta, 1999; Capitalismo y Despojo, Ed. Pensamiento Crítico, Bogotá, 2013, entre otros. Premio Libertador, Venezuela, 2008. Su último libro publicado es Colombia y el Imperialismo contemporáneo, escrito junto con Felipe Martín Novoa, Ed. Ocean Sur, 2014.

viernes, 8 de agosto de 2014

Ley de Semillas

El lobby de Monsanto, semillero de entregadores



Las semillas son el génesis, el legado cultural y biológico de la humanidad; en ellas se encuentran la memoria y las prácticas de pueblos antiquísimos, las semillas representan culturalmente las epopeyas de los pueblos por conservarlas y mantenerlas intactas de toda contaminación y plagas, son el pasado, el presente y el futuro. En ellas está contenida la mirada, lo aprendido y las prácticas de las poblaciones campesinas del mundo que las cultivaron durante milenios. La conservación de estas contiene todo ese pasado y futuro a la vez. Pero en ellas está implícita la independencia alimentaria de los pueblos. Contemporáneamente la conjunción entre forma de producción y para que se produce, determina en gran medida el futuro de ellas y de las poblaciones que las cultivan.

En su ciclo vital, las semillas comprenden un universo de acciones de los hombres, estableciendo el carácter social de su uso; su importancia a la hora de delimitar y condicionar la organización de los pueblos, en tanto base de la alimentación, es fundamental a la hora de establecer determinados modos de desarrollo.

La conjunción de concepciones sobre el uso de la tierra y sus bienes naturales, ha motorizado la dinámica de desarrollo de las poblaciones del mundo; las semillas como el elemento central para la alimentación del planeta. Pero la estandarización y la imposición unilateral de un tipo determinado de semilla y un también determinado uso de estas, constituye el desarrollo de un conflicto que se recalienta expansivamente en los rincones más recónditos del mundo.

100 años atrás, aproximadamente, el establecimiento de un programa consensuado en los centros de poder mundiales, empezó a elucubrar una forma de cambiar esa tradicional forma de cultivos, en donde, y en torno de esto, los campesinos ejercitaban prácticas productivas que componían su cultura y su modo de concebir la vida; este programa empezaba a imponer un modo de producción de alimentos basada en la industrialización de estos y su proceso de sembrado. Ese tipo de práctica de agricultura industrial iba y va, de la mano del desarrollo del capitalismo a nivel global, en el cual la estandarización de las semillas y la tendencia a la homogenización de estas compone el centro de las políticas de las corporaciones capitalistas más importantes del mundo, este tipo de política, necesitó y necesita imponer una modificación de las relaciones de quienes históricamente desarrollan un tipo de agricultura independiente basada en el respeto por la tierra y su ciclo natural de restablecer su fuerza vital, basada en el descanso de la tierra; una agricultura basada en el respeto de este ciclo natural, una agricultura de baja intensidad.

Como en el periodo de la conquista de Nuestramerica, en donde el inicio de este proceso, se impone fundando una de las catástrofes ecológicas más serias que han ocurrido en nuestros territorios: la destrucción del sistema incaico de agricultura de terrazas, perpetrado por los conquistadores… este desequilibrio ecológico fue la principal herramienta utilizada para consolidar la conquista, la única manera de los conquistadores de hacer perdurar su dominio sobre un pueblo entero era destruyendo los medios de subsistencia de esa población(1). Es decir, la producción de alimentos siempre ha constituido un elemento fundamental a la hora de consolidar un esquema de dominación y una matriz de acumulación de poder.

La agricultura campesina, local, comunitaria, de subsistencia, o familiar, todavía produce el 75% de los alimentos que se consumen en el planeta; y el 90% de los campesinos y campesinas de todo el mundo, que no usan métodos mecanizados o motorizados, producen ellos mismos la mayoría de sus semillas.(2)

El problema sustancial a que se enfrenta el campesinado del mundo, es el avance de la producción industrial de semillas modificadas genéticamente por parte de las corporaciones más poderosas del mundo, relacionadas fuertemente al rubro y a los países centrales; el lobby de estas compañías sobre los países productores de alimentos y semillas estratégicas pone en peligro la independencia alimentaria y la soberanía política de los pueblos. La generación de semillas modificadas compone un universo de variedades, las cuales “mejoradas” han sido estandarizadas para adaptarse en todas partes al mismo paquete tecnológico, sin el cual serían incapaces de crecer: fertilizantes y pesticidas químicos, maquinaria y grandes trabajos de acondicionamiento destructor de las tierras, de los árboles y de las reservas de agua disponibles. Todo este paquete tecnológico necesita la energía del petróleo. (3)

Paquete tecnológico, ley de semillas y Monsanto.

Sin el esquema agroindustrial dependiente, que es sostenido por el Estado Argentino a través del Ministerio Agricultura y su titular Carlos Casamiquela, está promoviendo desde el año 2012, una inminente modificación de la Ley de Semillas argentina. En los últimos meses, funcionarios del Ministerio conjuntamente con representantes de las transnacionales del agro negocio avanzan sobre la promoción del proyecto de Ley de Semillas enviada al Congreso Nacional.

La Ley de Semillas promovida por el Gobierno Nacional es, en realidad, un pedido de las transnacionales que intentan la privatización de las semillas, prohibiendo la reutilización que los productores hacen de aquellas que obtienen en sus propias cosechas, como así el derecho fundamental de los agricultores a intercambiar libremente las semillas y la selección y la mejora de estas.

La transnacional Monsanto es una de la más interesada en la modificación de la anterior Ley de Semillas, la 20247, porque avanza sobre el control de las semillas, la modificación de la ley les permitiría la monopolización del mercado y la hegemonía y el poder corporativo de los alimentos. La ley propone, en realidad está implícito en el espíritu de ella, el “uso propio” de las semillas, al limitar la posibilidad de acopiarlas por parte de los agricultores para la siguiente cosecha. La Ley “legaliza” las restricciones sobre la selección, la mejora, el derecho a la obtención de estas, el acopio, e intercambiar libremente estas. La exigencia de estar inscripto en el Registro Nacional de Usuario de Semillas limita a los agricultores a la práctica milenaria de intercambiar semillas.

La agresividad con que la ley avanza en la expropiación y privatización de la biodiversidad nativa, los bienes genéticos y silvestres, como también en la configuración de un esquema de “derechos intelectuales” para quien formulara una modificación y producción de una nueva variedad de semilla, permitiéndole tener el control y el manejo por años sobre esta.

El Proyecto extiende por 20 años el derecho de obtentor, que es una forma de propiedad intelectual sobre la semilla; y, para el caso de vides, árboles forestales, árboles frutales y árboles ornamentales, la duración de la protección es de 25 años.

La criminalización sobre el campesinado no es algo nuevo en Argentina, pero en este caso dicha legislación institucionaliza la penalización de quien no se encuentre dentro de la ley, pudiendo decomisar y embargar cultivos a quien no cumpliese con esta.

El INASE (Instituto Nacional de Semillas) tendría la facultad de regular la producción y el comercio de semillas de las especies nativas y criollas. Para la Agricultura Familiar y Pueblos Originarios se debe tener presente que este Capítulo se introduce fundamentalmente para poder aplicar las “excepciones” que plantea el anteproyecto de Ley en su artículo 32, y que parece ser una especie de consuelo para que los agricultores acepten el cercenamiento al uso propio de las semillas. Tampoco está permitida la semilla de uso propio en las especies frutales, forestales y ornamentales, ni en variedades sintéticas, multilíneas e híbridas, demostrando una vez más que la única intención es garantizar el control corporativo sobre las semillas. (4)

El manejo corporativo que pretende la ley beneficia solamente a las transnacionales, y pone en consonancia a la iniciativa agraria argentina con una política global alimentaria, que tiene a la llamada Ley Monsanto como su pieza principal, pasando por alto el derecho de los campesinos, base de las políticas públicas para la conservación y uso sostenibles de los recursos genéticos de las plantas. La ley no permite en la práctica la aplicación de los derechos contemplados en los artículos 5, 6 y 9 del Tratado de las Semillas de la FAO.

Las leyes Monsanto

Las “leyes Monsanto”, o “leyes UPOV 91”, llamadas así por la Convención UPOV del año 1991, proliferan por todo el mundo como una suerte de receta jurídica global que se imponen en cada territorio a sangre y fuego. Las patentes, como así el daño que producen las semillas modificadas y patentadas sobre los cultivos sanos por contaminación aledaña a los campos de semillas modificadas, como también por los programas de ayuda alimentaria, conforman un escenario sin retorno, a espaldas y en detrimento de los campesinos y la población en general.

El Certificado de Obtención Vegetal (C.O.V) es otra herramienta de las empresas para declarar la propiedad sobre las semillas, porque protege la variedad estandarizada de las semillas industriales, sin tener en cuenta que las corporaciones y las instituciones científicas estatales aliadas en la investigación y desarrollo de las semillas a las corporaciones transnacionales han utilizado, gratuitamente, en la parte inicial del proceso de transformación, su primer recurso genético, producidas por generaciones milenarias de campesinos.

Un elemento importante a tener en cuenta, y que suena al unísono con las medidas globales de las empresas, son las normas sanitarias y de bioseguridad que suponen un fraude industrial a gran escala, ya que autorizan a las multinacionales a supervisarse ellas mismas, certificando libremente y sin control, los niveles de calidad, para la utilización de estas.

Las leyes Monsanto a escala mundial imponen normas que crean un registro electrónico de todos los campesinos que producen sus propias semillas; a partir de esto los gobiernos pueden remitir esta lista de campesinos a la industria, con el fin de perseguirlos por “falsificación” ante los tribunales.

Las compañías semilleras nucleadas en la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) y lideradas por Monsanto, han construido un aceitado mecanismo de Lobby político, tanto en el parlamento argentino como en el Ministerio de Agricultura, para la aprobación de una ley que destruye el derecho de los pueblos a encapsular su memoria colectiva y su decisión de elegir independientemente como quiere desarrollar su agricultura, a preservar la biodiversidad y la memoria genética silvestre para las generaciones venideras.

Notas

1) Memoria Verde. Memoria Ecológica de la Argentina. Antonio Brailovsky. Diana Foguelman. Ediciones Debolsillo. BsAs 1991.
2) Cuaderno Nº 6 de la Vía Campesina. Cuadernos de la Vía Campesina Junio de 2013.
3) Idem 2.
4) Declaración de las organizaciones sociales de Argentina, contra la Ley de Semillas. CAMPAÑA NO A LA NUEVA LEY 'MONSANTO' DE SEMILLAS EN ARGENTINA Las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones.

Entrevista con la activista Vandana Shiva

"Los políticos encubren los conflictos del agua como si fueran religiosos y étnicos"

eldiario.es


Nacida en India, Vandana Shiva es física y activista defensora del medio ambiente y los derechos de las mujeres. El periódico británico The Guardian la definió como una de las científicas más destacadas y prometedoras del mundo. En su libro “Las guerras del agua”, Shiva destaca que este recurso es un derecho humano fundamental que no puede ser tratado como una mercancía. En el mundo, 768 millones de personas no tienen acceso al agua potable.
-Pregunta: ¿Qué importancia tiene el agua para la vida humana, las comunidades y la naturaleza? ¿Qué importancia tiene para usted y su cultura?
-Respuesta: El agua es la sangre misma de la vida. El 70% del planeta, el 70% de las plantas, el 70% de nuestro cuerpo es agua. Sin agua no hay vida. El agua circula a través de todas las especies y por el ciclo hidrológico, que nos conecta a todos en una comunidad. Es la comunidad del agua.
Yo nací en el Himalaya y crecí en la región que es la fuente del Ganges. El movimiento Chipko al que me uní hace una década es un movimiento de mujeres para proteger el bosque y el agua. Durante 10 años hemos estado construyendo movimientos para evitar la privatización de las aguas del Ganges. Nuestro lema es 'Nuestra madre Ganges no está en venta'. Los detuvimos.
-Varios analistas internacionales señalan que el siglo XXI estará marcado por las guerras del agua.
-Las guerras por el agua ya están ocurriendo. Los recursos hídricos disminuyen, la demanda de agua aumenta. Los medios de comunicación y los políticos encubren los conflictos del agua y los presentan como si fueran religiosos y étnicos. Eso facilita la división y las políticas de gobierno. Si los conflictos del agua fueran tratados como conflictos por el agua las élites se verían obligadas a abordar la justicia del agua, la democracia del agua y la paz del agua.
-En su libro 'Las guerras del agua' resalta la importancia de lograr una democracia real del agua. ¿Podría explicar los principios fundamentales de esta idea?
-En el núcleo de la solución del mercado a la contaminación está la suposición de que el agua existe en cantidad ilimitada. La idea de que los mercados pueden mitigar la contaminación facilitando una mayor asignación no tiene en cuenta que la desviación de agua para un área produce la escasez de agua en otros lugares. En contraste con las teorías de las empresas que promueven una solución de mercado para la contaminación, las organizaciones de base reclaman soluciones políticas y ecológicas.
Las comunidades que luchan contra la contaminación industrial han propuesto un proyecto de ley sobre la Comunidad de Derechos Ambientales, que incluye los derechos para “limpiar” la industria, a la seguridad frente a la exposición nociva, a la prevención, al conocimiento, a la participación, a la protección y la observancia; a una indemnización y a la limpieza. Todos estos derechos son elementos básicos en una democracia del agua, en la que se protege el derecho al agua potable para todos los ciudadanos. Los mercados no pueden garantizar ninguno de estos derechos.
-El libro también insiste en el negocio gigante que representa la venta de agua embotellada.
-Una mujer llamada Mylamma inició un movimiento en contra de un gigante como Coca Cola en la planta de Plachimada y, junto con ella, una pequeña aldea de Keral consiguió cerrar la planta. Dicha planta en Plachimada recibió el encargo en marzo de 2000 de producir 1.224.000 botellas de productos de Coca Cola al día y una licencia condicional para instalar una bomba de agua con motor. Sin embargo, la compañía comenzó a extraer ilegalmente millones de litros de agua limpia. Comenzaron a extraer 1,5 millones de litros por día. El nivel del agua comenzó a caer y la instalación indiscriminada de pozos para aprovechar el agua subterránea tuvo graves consecuencias para los cultivos. Como resultado hubo una notificación contra la empresa y su licencia fue cancelada. Trataron de sobornar al presidente del panchayat (concejo comunal), pero no tuvieron éxito. No sólo el robo de agua, sino también la contaminación del ambiente y las áreas cercanas por el vertido del material de desecho, que estaba causando un grave peligro para la salud.
Como resultado de estos vertidos de pozos, siempre de agua potable, las instalaciones de la agricultura se han secado. El oficial médico del distrito les informó que el agua no era apta para beber. Las mujeres de Plachimada no iban a permitir esta hidro-piratería y comenzó una protesta a las puertas de Coca Cola y se lanzó un ultimátum a los mismos. En el litigio de interés público fue presentado por uno de los panchayats en contra de Coca Cola en el Tribunal Superior de Kerala, y el tribunal también apoyó a la gente y la Justicia Balakrishan Nair ordenó a Coca Cola detener la piratería de agua de Plachimada.
-Usted cita ejemplos de cómo los grandes proyectos hidráulicos, las alteraciones del curso de los ríos o construcciones de presas, en general tienen consecuencias irreversibles para las comunidades.
-Los proyectos en los valles de los ríos se consideran generalmente la solución para las necesidades de agua para la agricultura, el control de las inundaciones y la mitigación de la sequía. En las últimas tres décadas, la India ha sido testigo de la construcción de unas 1.554 presas. Entre 1951 y 1980, el gobierno gastó 1,5 mil millones de dólares en las presas de riego de gran o mediano plazo. Sin embargo, el retorno de esta inversión ha sido mucho menor de lo previsto. En las tierras de regadío donde se deberían haber producido al menos cinco toneladas de grano por hectárea, se ha mantenido en 1,27 toneladas por hectárea.
Las pérdidas anuales debido a la inesperada baja disponibilidad de agua, una fuerte sedimentación, reducción de la capacidad de almacenamiento, y el anegamiento, ascienden ahora a 89 millones de dólares. La construcción de represas en dos de los ríos más sagrados de la India, el Ganges y el Narmada, ha generado una vehemente protesta de las mujeres, los campesinos y tribus cuyas vidas y modos de subsistencia han sido interrumpidos y los lugares sagrados han sido amenazados. La gente de Narmada Valley no solamente resiste el desplazamiento debido a las presas de Sardar Sarovar y Narmada, están librando una guerra contra la destrucción de civilizaciones enteras.
-¿Cuáles son las claves para el desarrollo de proyectos que combinen los avances de la tecnología y el cuidado responsable del medio ambiente?
-Para garantizar la sostenibilidad y la equidad en la gestión del agua y el uso del agua dos indicadores son de vital importancia: cómo afecta el ciclo hidrológico, y de qué forma impacta en el agua de la gente. Si estos dos criterios se tienen en cuenta podemos garantizar la sostenibilidad en el uso del agua y la equidad y la democracia en la gestión del agua. Durante las dos últimas décadas, los movimientos por la democracia del agua han aumentado y han desafiado la idea de que el agua es una mercancía así como las políticas de privatización del agua.
En Nueva Delhi se detuvo la privatización del abastecimiento de agua de la ciudad mediante la Alianza Ciudadana para la Democracia del Agua. En Italia en un referéndum los ciudadanos votaron la democracia del agua en junio de 2011. En abril de 2011 la ONU adoptó una resolución sobre el agua como un derecho humano. Incluso con toda la codicia de las multinacionales, la energía democrática de los movimientos sociales también está creciendo y desafiando a la privatización del agua.
-Entonces mucha gente está reaccionando frente a políticas que degradan la naturaleza y la forma de vida de muchas comunidades.
-Desde el movimiento 15M para ocupar Wall Street, la Primavera Árabe al Invierno Ruso, personas de todo el mundo se están levantando contra la corrupción, la deshonestidad y la falta de democracia real en la clase política, que a su vez está atada por una camisa de fuerza de las políticas de privatización impuestas por las instituciones financieras. Nuestras democracias han pasado de ser del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, a ser de las corporaciones, por las corporaciones y para las corporaciones.

Principios de la 'democracia del agua'1. Recibimos el agua libremente de la naturaleza.
2. Todas las especies y los ecosistemas tienen derecho a una parte de agua en el planeta.
3. La vida está interconectada a través del agua. Todos tenemos el deber de garantizar que nuestras acciones no causen daños a otras especies y a otras personas.
4. El agua debe ser accesible para las necesidades de sustento. La compra y venta con fines de lucro viola nuestro derecho inherente.
5. El agua es limitada y puede agotarse si no se usa sosteniblemente.
6. Toda persona tiene el deber de conservar el agua y la sostenibilidad del uso del agua, dentro de los límites ecológicos y justos.
7. El agua no es una invención humana y no tiene fronteras. Es por naturaleza un bien común. No puede ser de propiedad como la propiedad privada y venderse como una mercancía.
8. Nadie tiene el derecho de abusar, de malgastar, verter residuos o contaminar los sistemas de agua.
9. El agua es intrínsecamente diferente de otros recursos y sus productores. No puede ser tratada como una mercancía.

Fuente original: http://www.eldiario.es/desalambre/politicos-encubren-conflictos-religiosos-etnicos_0_282772327.html