lunes, 28 de febrero de 2011

La Catástrofe Ambiental en Clave Sociocultural

Ricardo Sánchez Ángel
Un Pasquín
Febrero 28 de 2011

Las cifras consolidadas sobre la destrucción en curso a principios del 2011 por el gobierno son alarmantes. Existen 2.2 millones de personas afectadas en 710 municipios, 28 departamentos y el Distrito Capital. Los muertos se calculan en 301, heridos 292, desparecidos 62, viviendas destruidas 5.162 y afectadas gravemente 324.634. Un pueblo entero, Gramalote en Norte de Santander, está en escombros y sus habitantes en la diáspora (Ver Editorial de El Tiempo, Enero 9, 2011). A esto se suma la destrucción de carreteras, puentes, edificios públicos y demás instalaciones.

A su vez el gobierno nacional estima en 12 billones el costo de la inversión en la reconstrucción, una cifra ya criticada por exagerada y que pone en evidencia la voracidad de la tecnoburocracia en querer recursos cuantiosos y de los políticos  por usufructuar auxilios para sus clientelas. El estimativo de Luis Jorge Garay es de 4.8 millones de personas afectadas, 50% desempleadas y 15 billones el costo de la recuperación (El Espectador, diciembre 26, 2010) y no ha cesado la ola invernal en distintos lugares con mayor o menor intensidad.

No estaba el país, ni el Estado ni el gobierno preparados para la emergencia. Nunca lo han estado y hay que recordar la destrucción de Armero hace 25 años por la explosión del Volcán del Ruiz.

Pero no se trata solo de una cuestión preventiva como si los embates de la naturaleza fuesen por maldad o maldición. Esto es acudir a explicaciones supersticiosas, porque tales embates siempre han existido, tan solo que en todo el mundo se han agravado e incrementado en línea ascendente desde que comenzó el efecto invernadero y con ello el calentamiento global desde los años de 1850. Estableciendo hasta hoy una relación directa de causalidades entre el capitalismo, sus modos tecnológicos de producción, consumo, organización social y la destrucción profunda de la naturaleza.

Lo que no se ha dicho en la discusión de manera clara es que el desastre ambiental tiene unas raíces no solo naturales sino económico-sociales-culturales, con una clara dimensión política. La catástrofe ambiental en Colombia se suma a los desastres de distinto signo, tales como desempleo, marginalidad, subeducación, violencia, crímenes, diáspora interna y externa, corrupción generalizada, abusos, humillación, explotación, racismo…

Lo que va a operar es una simbiosis destructiva entre lo natural y lo social-económico, que debe ser visto en una perspectiva más general. Hace un año fue en Haití, antes en Nueva Orleans, luego en Chile, Paquistán, Rusia, Venezuela, Brasil, Australia y otros lugares. Reitero, todo esto tiene que ver con el calentamiento global del planeta, con los modelos y estilos económicos de destrucción ambiental.

El país requiere una transformación que vaya de lo urgente a lo permanente, de lo coyuntural a lo estructural. Un retorno y reinvención de la planeación real (no la del Plan de las locomotoras productivista, mercantil y antiecológica: Prosperidad para Todos, 2010-2014) de abajo hacia arriba, de las regiones al centro con un sentido democrático, de unidad nacional e integración con el vecindario andino y el Caribe. Donde los modelos hidráulicos y telúricos sean los criterios rectores. El movimiento alter-ambiental a escala mundial ha precisado la conducta ético política a seguir: No cambiemos el ambiente, cambiemos el sistema.


Los costos de la minería

El Tiempo
Febrero 27 de 2011.

"Debemos terminar con la minería a cielo abierto en las zonas montañosas, recuperar los lugares en donde se ha adelantado y garantizar que las fuentes de agua allí ubicadas sean seguras para el consumo humano." Esta es una de las conclusiones del estudio realizado por el Centro para la Salud y el Medio Ambiente Global, de la Universidad de Harvard, bajo la dirección de Paul R. Epstein, con la coautoría de once científicos, que tomó la minería de carbón a cielo abierto en los Apalaches como uno de sus temas centrales de investigación (Anales de la Academia de Ciencias de Nueva York, febrero del 2011).

En otra investigación se llegó a esta misma conclusión (Science, enero del 2010), al encontrar, como en aquella, que este tipo de minería está trayendo inaceptables impactos para la salud humana, la calidad de vida de la población, la biodiversidad, el suelo y las fuentes de agua, en esta emblemática cordillera norteamericana. Es imperativo que estos hallazgos de la ciencia sean tomados en cuenta para evaluar los proyectos de minería del oro a cielo abierto en Santurbán y en La Colosa, puesto que gran parte de sus impactos ambientales podría ser equivalente a los ocurridos en las diversas operaciones mineras de carbón de los Apalaches.

Además, la investigación de la Universidad de Harvard saca a la luz, como quizá ningún otro estudio lo había hecho antes, cómo las fallas en el mercado de la energía están contribuyendo a la generación de graves daños ambientales y sociales. En efecto, a partir de una minuciosa contabilización de los impactos del carbón sobre la salud humana y el medio ambiente, a lo largo de su ciclo de vida -que incorpora su explotación, su transporte y su combustión en plantas de generación eléctrica, incluyendo el flujo de los residuos resultantes-, se concluye que, en Estados Unidos, su costo podría ascender a medio billón de dólares anuales (¡o quinientos mil millones de dólares!). Es un gigantesco costo que las empresas mineras y de electricidad están generando no obstante que básicamente cumplen con la legislación ambiental y de salud. Precisamente, por eso se les denomina costos ocultos, y se estima que para evitarlos, mitigarlos o compensarlos se requeriría aumentar el precio actual del kW-hora entre dos y tres veces.
¿Cómo se ve Colombia a la luz de las conclusiones de este estudio? En el caso del carbón que explotamos y consumimos localmente, el conjunto de las empresas mineras y termoeléctricas, incluyendo las que cumplen a cabalidad con la normatividad, estarían generando costos ambientales y sociales ocultos, similares a los registrados en los Estados Unidos. Y en el caso del carbón de exportación, que es la mayor proporción, parte de los costos ocultos se generan en el territorio de los países consumidores, principalmente como consecuencia de su transporte a las termoeléctricas y de su combustión, e incluyen los correspondientes a los impactos asociados al cambio climático global.

Pero a los costos ocultos producidos por la totalidad de la minería de carbón de Colombia se adicionan, también, los enormes impactos ambientales y sociales generados como producto del lamentable desempeño de muchas de las empresas ubicadas en el centro del Cesar y en diversas regiones montañosas de los Andes, como lo ha mostrado Mauricio Gómez en sus documentales de CM&, que registran, además, el grotesco despilfarro de las regalías y la miseria imperante en estas zonas mineras.

Lo cierto es que la explotación del carbón y otros minerales marcha por una senda que está conduciendo paulatina y trágicamente hacia un declive acumulativo del patrimonio en biodiversidad y agua de Colombia, y que está causando cientos de muertes y graves problemas de salud a miles de ciudadanos. No es el único destino posible, pero a él pareceríamos estarnos autocondenando.