miércoles, 26 de febrero de 2014

Entre el capitalismo y la ecología

Quemanta


En las Conferencias Internacional sobre Desarrollo Sostenible un tema que está lamentablemente ausente es el de la adaptación de nuestros sistemas económicos a los cambios climáticos. Pareciera que las distintas oficinas de las Naciones Unidas caminan por carriles paralelos, nunca se encuentran. Y sin embargo la realidad es una misma y no habrá más desarrollo si no nos fijamos en los informes sobre calentamiento global. Algo hay que hacer. La gran pregunta que anima el artículo es ¿Puede un gobierno ser capitalista y defensor de la ecología al mismo tiempo? Para eso le doy una mirada a las políticas de Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador.En los cuatro casos se han dictado una serie de disposiciones legales e incluso constitucionales que pretenden proteger la naturaleza. En los cuatro se han desarrollado procesos de cambios que deberían haber potenciado estas políticas. El Perú logro derrotar la dictadura de Fujimori y comenzó un proceso de “transición a la democracia” que incluye la prisión del dictador. Ecuador, Bolivia, Colombia, han tenido importantes cambios constitucionales que incluyen artículos con contenido ecológico. Y sin embargo vemos en los cuatro que el extractivismo está ganando la batalla.
El nuevo siglo se inició en el Perú con un Gobierno de Transición, al ser declarado con incapacidad moral el Presidente Alberto Fujimori, por haberse fugado del país en medio de una grave crisis política. Durante el corto periodo de ocho meses de gobierno de Valentín Paniagua, se restableció el estado de derecho en el país, se logró estabilidad política, respeto a la institucionalidad democrática Alejandro Toledo, luego de un proceso electoral democrático, se convirtió en el presidente del Perú para el periodo del 2001 al 2006.
El 2005 se dictó la Ley General del Ambiente que establece los principios y normas básicas para el efectivo ejercicio del derecho constitucional al ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida. Regula la gestión del ambiente y sus componentes en el Perú, y estipula la aplicación de medidas de adaptación y mitigación para eliminar o controlar las causas que generan la degradación ambiental. El 2008 se crea el Ministerio del Ambiente con el fin de aplicar políticas acordes con dicha ley y los compromisos internacionales adquiridos.
Y sin embargo son cada vez más los espacios agrarios que pasan a convertirse en zonas mineras. En un país que en los años 60 produjo una importante reforma agraria que puso las tierras en manos de quienes la trabajan esto ha significado un constante enfrentamiento entre la política extractivista del gobierno y el movimiento social: 12 muertos durante el gobierno de Alejandro Toledo, 67 durante el segundo gobierno de Alan García y 27 muertos durante el gobierno Ollanta Humala.
Bolivia es un país que resulta importante por varias razones. Tiene un gobierno que resulta de luchas ambientales y que corresponde al liderazgo del cocalero Evo Morales. Tiene una actitud de mayor independencia frente al mercado internacional. Promueve mayor inversión social, cambios institucionales que favorecen la participación ciudadana y fortalecimiento del Estado. Ha elevado el Buen Vivir a categoría constitucional lo que supone una relación más positiva entre los seres humanos y entre estos y la naturaleza. Por último hay que destacar el liderazgo mundial que dio lugar a su momento más destacado: la Cumbre de Cochabamba de 2010.
A fines de la década del 2000, e inicios de la siguiente, los temas de cambio climático ocuparon un lugar central en la agenda política del país, de la mano del presidente Evo Morales, para quien es central la interpelación a las causas estructurales del cambio climático y la demanda a los países desarrollados a reducir sus Gases de Efecto Invernadero en sus fuentes domésticas y no a través de los mecanismos financieros de mercado.
El 2013 sin embargo ha estado marcado por el conflicto de la carretera TIPNIS. Se trata de un proyecto de unir el Pacifico con el Atlántico y que sin embargo afecta a un país que hace más de un siglo reclama su salida al mar. Evidentemente los beneficiados son Chile y Brasil. Pero también hay intereses Bolivianos, nuevamente relacionados a la política extractivista. En el plano de la institucionalidad del cambio climático, se genera el debilitamiento progresivo del Programa Nacional de Cambio Climatico hasta su cierre en 2012, así como el cierre del Mecanismo Nacional de Adaptación al Cambio Climático en 2011.
En Colombia desde finales de la década del ochenta, la economía ha venido siendo objeto de una significativa diversificación hacia la superación del modelo mono exportador del café, por uno que incluye múltiples productos primarios, mediante el auge de industrias extractivas (minerales e hidrocarburos), manufacturas y prestación de servicios. Todo a partir de la implementación del modelo económico neoliberal impulsado por el Consenso de Washington de 1989.
Si bien la Constitución Política de 1991 no contiene disposiciones que aludan directamente al cambio climático, si contempla un amplio catálogo de normas en materia ambiental y reconocimiento de la diversidad cultural. A esto se suma la Ley 99 de 1993, que creó el sistema nacional ambiental y reconoció los principios de la Declaración de Río de Janeiro de 1992 —sobre medioambiente y desarrollo— como principios orientadores de la política. Además, el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, en particular en materia de derechos ambientales y la protección de los territorios, han hecho de Colombia un país bandera en esta materia.
 Algunas organizaciones de la sociedad civil, con experticia en materia de cambio climático y áreas prioritarias para la conservación, decidieron formar una Mesa para apoyar las iniciativas del gobierno. Además, participaron en la realización conjunta de talleres de información y diálogo temprano con pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas. Lastimosamente las recomendaciones y estrategias formuladas por la Mesa prácticamente se quedaron en la mesa, por no tener la capacidad de articularse con sectores gubernamentales.
Colombia es, de los cuatro, el país con menos preocupación ambiental. En la actualidad, la economía del país se encuentra en un proceso dirigido a alcanzar mejores niveles de competitividad, lo cual se acompaña de la flexibilización de la normatividad ambiental y la no definición de salvaguardas socioambientales.
La Constitución de la República que actualmente rige la vida jurídica del Ecuador es fruto de un proceso profundo de cambios en la estructura institucional del Estado, que inició en septiembre de 2007 con la inauguración de los trabajos de la Asamblea Constituyente de Montecristi, y que culminó con la promulgación de la nueva Constitución en octubre de 2008 luego de su aprobación mayoritaria en referéndum. El nuevo texto constitucional incorpora tres pilares fundamentales sobre los que sustenta su visión de país. Los tres resultan de gran relevancia en relación a la naturaleza, la diversidad cultural y los derechos vinculados a ellas: el buen vivir o sumak kawsay, el reconocimiento de derechos a la naturaleza y el carácter plurinacional del Estado ecuatoriano. Con respecto al cambio climático, la Constitución establece que el Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero, la deforestación y la contaminación atmosférica; además, tomará medidas para la conservación de los bosques y la vegetación, y protegerá a la población en riesgo (Art. 414).
Y sin embargo la iniciativa más atrevida del gobierno ecuatoriano muestra claramente sus límites. Se trata del compromiso del país para mantener indefinidamente inexplotadas las reservas de 846 millones de barriles de petróleo en el campo ITT (Ishpingo-Tambococha-Tiputini), equivalentes al 20% de las reservas del país, localizadas en el Parque Nacional Yasuní en la Amazonía ecuatoriana. Pero es un compromiso condicionado a lo que haga la banca mundial. El Presidente Correa propuso que la comunidad internacional contribuya financieramente con al menos 3.600 millones de dólares, equivalentes al 50% de los recursos que percibiría el Estado en caso de optar por la explotación petrolera. Como la comunidad internacional no ha respondido el gobierno ecuatoriano piensa pasar por encima de los artículos que hablan de los derechos de la naturaleza, que prohíben la deforestación, que protegen a las comunidades en aislamiento voluntario.
En resumen: no puede haber cambio social que no pase por la ruptura con el capitalismo. Los intentos han sido saludables. Las propuestas de defender la naturaleza están ahí y seguramente son honestas. Pero no bastan. Y ya en los cuatro países los pueblos han comenzado a andar en la dirección del ecosocialismo. En esa dirección nos apuntamos.
 http://quemanta.org/2014/entre-el-capitalismo-y-la-ecologia-2/

Ecuador

Sigue el engaño de la minería responsable


Carlos Zorrilla, William Sacher y Alberto Acosta *
Rebelión


Saben cuánto va a utilizar el proyecto, el agua del río (en Quinsacocha)? Uno por ciento, porque se saca el agua y se la recicla, esa es la minería moderna. Presidente Rafael Correa. [2] 


Cuando se trata de vender la idea de que la minería a gran escala no causará mayores impactos ambientales y sociales, los empresarios mineros y el Gobierno recurren a los mitos de la "minería responsable". Este discurso ha sido diseñado por las grandes transnacionales mineras, en el marco de la Iniciativa Minera Global (Global Mining Initiative), hace más de 10 años. Es un paquete publicitario que incluye la noción de que todos los problemas que la gran minería genera son estrictamente técnicos, y que se pueden resolver con "tecnología de punta". Asimismo, se quiere vender la idea de que la gran minería moderna -con sus pretendidos altos estándares- rompe con las taras de la minería de "antaño" (y las de la pequeña minería) en cuanto a sus impactos sociales y ambientales.

Tanto las empresas como nuestros gobiernos invierten millones de dólares en vídeos, spots televisivos, publicidad impresa, foros, entre otros, para promover esta visión de la "minería responsable". A esta se asocian los imperativos del "progreso" y del "desarrollo", cuyas aplicaciones han hecho tanto daño a los pueblos del Sur global, particularmente en América Latina. Con esta narrativa, se quiere convencer al público de que la gran minería no impactará a las comunidades ni al medio ambiente de forma significativa.

En el Ecuador, estamos bombardeados por estos discursos. El Gobierno del presidente Rafael Correa, mucho más que en los gobiernos neoliberales, ha sido de los más dedicados a difundir los mitos de la "minería responsable". El mismo presidente, afirmó por ejemplo que "con la minería responsable se puede recuperar el 95% de los impactos". [3] La empresa minera transnacional ECSA y altos funcionarios del Ministerio de Recursos No Renovables, llegaron incluso a afirmar que el agua usada para extraer el cobre de la mina a cielo abierto del proyecto Mirador será devuelta al medio ambiente "en mejores o iguales condiciones que fue captada" [4] . Desde su portal de internet, la empresa minera estatal, la ENAMI, irónicamente se compromete por su lado a promover "la minería para el buen vivir", caminando "juntos por una minería responsable" [5] .

El mito de la minería "responsable" se basa -entre otras características- sobre la premisa que la técnica moderna y la ciencia actual son capaces de diagnosticar, prever y controlar todos los impactos que la minería a gran escala puede provocar. La creencia ciega en la capacidad de la ciencia y la tecnología están muy arraigadas en el imaginario moderno.

A esta creencia ingenua, basta oponer la historia reciente de la megaminería en el mundo, que demuestra hasta la saciedad cuáles son sus enormes y nocivas huellas. Una amplia documentación que circula a nivel internacional evidencia los múltiples impactos sociales, ambientales, económicos y políticos que provocan las grandes empresas mineras: contaminaciones crónicas y accidentales de las aguas, del suelo y aire; destrucción irreversible del paisaje; afectaciones graves a la salud pública; pérdida de soberanía alimentaria; destrucción de economías basadas en actividades productivas sustentables; despojos y militarización de territorios; violencias físicas y simbólicas; tráficos ilícitos y explotación de seres humanos; asesinatos; evasión fiscal y violaciones de leyes, derechos humanos y constitucionales; debilitamiento de la democracia; ataques a la soberanía nacional, entre otros.

La minería a cielo abierto, como la que se quiere implantar en Ecuador en la zona de Íntag o en la Cordillera del Cóndor, supone la excavación de un tajo de cientos de metros de profundidad y varios kilómetros de diámetro. Esta intervención destruye de forma permanente la capa vegetal, no solamente del área de la mina en sí, sino también de miles de hectáreas alrededor, las cuales muchas veces son utilizadas como botaderos de desechos sólidos, piscinas de relave y para otras instalaciones sin las cuales las minas no pudieran funcionar. El simple hecho de traer rocas sulfurosas que contienen metales pesados desde el subsuelo hasta la superficie donde están expuestas al aire y las aguas de lluvia, desencadena procesos de contaminación ambiental que perduran siglos. Hay evidencias, por ejemplo, de minas operadas en el tiempo del imperio romano que siguen contaminando fuentes de agua.

¿Una minería social y ambientalmente "responsable"?

Si es que algún día existiera una verdadera responsabilidad, esta debería partir por respetar ciertos principios fundamentales, como el derecho de las comunidades y gobiernos locales a decidir sobre la instrumentación de cualquier actividad que represente un riesgo para su bienestar presente o futuro. Sin el respeto de este derecho, simplemente no hay minería responsable. La "consulta" tal como la suelen manejar los gobiernos dedicados a la promoción de la megaminería, no tiene mucho sentido. Las decisiones de las comunidades nunca son vinculantes. Es, lastimosamente, en estas condiciones que se realizaron las consultas en los territorios afectados por los proyectos mineros en el Ecuador. Vale recordar la parodia que fueron las recientes consultas realizadas en la Amazonía Sur del Ecuador en el marco de la Décimo Primera Ronda Petrolera. [6] En lugar de estas mascaradas, y como lo exige el convenio 169 de la OIT (ratificado por Ecuador en el 1998), se debería exigir el consentimiento previo libre e informado de las comunidades.

Por otra parte, una minería realmente responsable debería reconocer, en ciertas situaciones y áreas, que la extracción no puede representar el mejor uso del suelo o de emprendimiento económico. Sobre todo en territorios sensibles como son:

- el bosque nublado y páramos que protegen las cuencas hidrográficas y almacenan agua;
- las lagunas y ríos, así como manglares y humedales;
- donde exista un excepcional potencial turístico, agropecuario, o riqueza arqueológica;
- que albergan especies en peligro de extinción;
- donde exista grandes riesgos sísmicos;
- de alta pluviosidad (lo que exacerba los riesgos de contaminación del agua);
- donde la roca tiene altas concentraciones en compuestos sulfurosos (que generan contaminación por drenaje ácido de mina), entre otras. 
Preguntamos: ¿qué sentido tiene destruir el patrimonio cultural milenario, impactar a las actividades económicas auténticamente sustentables, contaminar de manera irreversible el agua, el aire y la tierra, así como transformar el clima que le da vida a miles de campesinos, pueblos ancestrales, pescadores y recolectores de mariscos, para sustentar una actividad minera altamente destructiva y cuya duración es de apenas un par de décadas?

Además, una minería "responsable" con el ambiente reconocería que antes de iniciar actividades con tan fuerte impacto ambiental, es absolutamente indispensable contar con largas series de datos históricos (al menos décadas) confiables sobre la hidrometeorología y la sismicidad del área a ser intervenida. En Ecuador, con muy pocas excepciones, estos datos no existen.

Por último, la minería "responsable" es imposible si no existen instituciones públicas sólidas e independientes del sector minero, capaces de evaluar y monitorear la actividad. Por ejemplo, no se puede hablar de minería responsable si la gestión minera está a cargo de instituciones que aprueban Estudios de Impacto Ambiental que carecen de rigor científico, como muchos de los que se han elaborado y aprobado en el Ecuador. No se puede hablar de minería responsable cuando una mayoría de las empresas transnacionales presentes en el país usan paraísos fiscales y bancarios como Las Islas Vírgenes, Bermuda, Barbados, Panamá, entre otros, lo que presumiblemente les permite evadir sus obligaciones en términos fiscales en el Ecuador.

La minería que se está desarrollando en la actualidad en el país no cumple con todas las características que acabamos de mencionar cuando de responsabilidad se habla, más bien da paso a la peor actividad productiva posible, en los lugares lo menos apropiados, como son las Cordilleras del Toisán y del Cóndor, e incluso en los páramos como en la zona de las lagunas de Quimsacocha.

Es así como podemos anticipar que en Ecuador, dadas las condiciones políticas, ambientales y geológicas del país, la minería "responsable" y la recuperación del medio ambiente en las proporciones anunciadas en los discursos oficiales nunca se llevarán a cabo. Menos aún en un país donde no se cumple con la Constitución y tampoco con el Mandato Minero, aprobado en abril de 2008 en la Asamblea Constituyente de Montecristi, con el que se pretendía al menos normar la situación de caos en la minería a gran escala, heredada del modelo neoliberal. [7]

En síntesis, ¿es posible creer en una minería bien hecha y responsable, que no ocasione severos impactos ambientales y sociales y que, además, se constituya en la senda para el Buen Vivir?

Por supuesto que no. La realidad contradice esta afirmación, que no pasa de ser una burda manipulación.

La explotación minera industrial moderna implica la extracción masiva -y en un tiempo muy corto-, de la mayor cantidad posible de recursos minerales; recursos que se han formado en procesos de muy larga duración, a escalas tectónicas. En la actualidad, los sitios de alta concentración mineral se van agotando, sin embargo, los elevados precios del mercado mundial permiten que la explotación minera sea rentable aún en los yacimientos en donde el mineral es escaso. Para hacer producir estos yacimientos, es necesario aplicar una minería industrial de gran escala, con uso masivo de químicos a veces sumamenteóxicos, el consumo abundante de agua y la acumulación de grandes cantidades de desechos. El examen de la minería industrial alrededor del planeta evidencia un sinnúmero de daños y destrucciones múltiples e irreversibles de la Naturaleza. Por igual son incontables las tragedias humanas, tanto como la destrucción de las potencialidades y riquezas culturales de muchos pueblos. En el ámbito económico la situación tampoco es mejor. Los países de América Latina, África y Asia, cuyas economías dependen fundamentalmente de recursos minerales o petroleros, nunca saldrán de la pobreza.

El capital global, en contubernio con gobiernos liberales y "progresistas", una vez más está ganando la partida, y la única forma de parar es con el fortalecimiento de la resistencia pacífica a nivel local y generando alianzas para que cada vez más gente sea conciente de la realidad de la minería y de sus terribles consecuencias.-


* Carlos Zorrilla: Activista. Cofundador de la DECOIN, de la Asociación de Caficultores de Íntag y de la Red Nacional de Bosques Privados. Residente de la zona de Íntag desde 1978. Autodidacta en impactos de la minería a gran escala. William Sacher: PhD en ciencias atmosféricas y oceánicas. Candidato a doctor en economía en la FLACSO-Ecuador.  Alberto Acosta: Profesor e investigador de la FLACSO-Ecuador. Exministro de Energía y Minas. Expresidente de la Asamblea Constituyente. Excandidato a la Presidencia de la República.

Notas

[2] Sabatina, 29.10.2011.
[3] El Ciudadano , 9.12.2011.
[4] Declaración de Federico Auquilla, viceministro de Recursos Naturales No Renovables en el Enlace Ciudadano número 249, 10.12.2011.
[5] http://www.enamiep.gob.ec/
[6] Véase, por ejemplo el documental "La consulta inconsulta" de Tania Laurini y Julián Larrea Arias, 2013.


Colombia

Consultas populares en Colombia contra industrias extractivas


Joan Martínez Alier  
Sin Permiso



El 28 de julio de 2013 en la localidad de Piedras en el Tolima, Colombia, los vecinos acudieron a votar en contra de un gran proyecto minero de Anglo Gold Ashanti llamado La Colosa, porque la empresa planea verter los relaves en ríos de ese lugar. Cerca de allí, en Coello, el novelista Alvaro Mutis pasó parte de su añorada paradisiaca infancia. Los vecinos votaron. Podían votar 5,105, hubo  3,007 votantes de los cuales  2,971 votaron contra la minería y solamente 24 a favor. Los organizadores insisten que, según la ley colombiana 134 de 1994, la decisión local debería ser de cumplimiento obligado por el gobierno nacional.

Piedras se añade así al registro de localidades latinoamericanas que desde Tambogrande en Perú y Esquel en Argentina hace ya más de diez años, han ejercido la democracia local para oponerse a proyectos mineros. En Guatemala es donde ha habido más consultas (bajo el convenio 169 de la OIT que protege en teoría a pueblos indígenas) y sigue después Perú. No es fácil organizar una votación ordenada en amplios territorios rurales con población dispersa frente a las reticencias del gobierno nacional. Eso requiere colaboración municipal.

La coyuntura política en Colombia con el esperado descenso de la violencia y las conversaciones de paz en La Habana, dan nuevos ánimos a quienes quieren ejercer la democracia local sin ser inmediato objeto de represalias mortales.  Hace pocas semanas se ha producido otra consulta. Al nororiente de Bogotá, el 15 de diciembre se realizó en Tauramena, Casanare una consulta contra el desarrollo petrolero en la parte alta del municipio. El 96% de los 4610 votantes dijo NO a la pregunta: “¿Está usted de acuerdo con que se ejecuten actividades de exploración sísmica, perforación exploratoria, producción y transporte de hidrocarburos, en las veredas San José, Monserrate Alto, Monserrate La Vega, Guafal del Caja, Bendiciones, Visinaca, Lagunitas, Aguamaco, Zambo, Oso y Jaguito, donde se ubica la zona de recarga hídrica del municipio de Tauramena?”

El resultado de la consulta (“dejemos el petróleo y el gas en tierra”) pone en entredicho la exploración sísmica que promueve la empresa nacional Ecopetrol en el Casanare y un sector de Boyacá. Este proyecto afectaría 798 manantiales. La consulta ha provocado un intenso debate aunque el gobierno nacional intenta desconocer su legitimidad. Sin embargo, el presidente de Ecopetrol ha dicho que a pesar de que este proyecto “es estratégico para las metas de producción petrolera del país”, la empresa no va a pasar “sobre la voluntad de la gente”. 
La ONG CENSAT Agua Viva publicó un video donde aparecen vecinos contentos y ministros enojados.(http://www.youtube.com/watch?v=Y4323_sy5L8&feature=share&list=UU1VeLWlnOhehWSq2QGUgjlw).

Las autoridades municipales piden que se respete la decisión autónoma de los habitantes del municipio de Tauramena pues la legislación nacional indica que “la decisión tomada por el pueblo en consulta popular, será obligatoria” (artículo 55 de la Ley 134 de 1994). Tauramena no exige que la empresa genere mayor “inversión social” sino respeto por la soberanía de los pueblos para determinar y ordenar autónomamente sus territorios.

Amenazan las consultas populares. Pero también los acuerdos municipales. Por tanto tras la firma de  acuerdos municipales anti-mineros en tres municipios del sudoeste de Antioquia, se dio el decreto 0934 del 9 de mayo de 2013 reglamentando el artículo 37 del Código de Minería por parte del Ministerio de Minas y Energía,  estableciendo que ninguna autoridad local o regional tiene competencia para excluir la actividad minera,  ningún esquema de ordenamiento territorial municipal o distrital puede regularla. La decisión de establecer zonas excluidas y restringidas para la minería compete exclusivamente a las autoridades minera y ambiental. Normas parecidas se han dado en otros países latinoamericanos.

Es decir, ni se facilita o reconoce las consultas populares ni se permite a las autoridades municipales electas oponerse a las industrias extractivas.

Algunos jueces de la Corte Constitucional que en febrero 2014 está por emitir un fallo al respecto, han dicho que los concejos municipales no sólo tienen el deber de velar para que los habitantes gocen de un ambiente sano y se les garantice la vida y la salud, sino que están facultados para elaborar sus planes de ordenamiento territorial como mejor les parezca. No cabe anular la posibilidad de reglamentación que los municipios tienen para determinar los usos del suelo dentro de su territorio.  Los concejos municipales son competentes debido a los grandes impactos ambientales que las actividades mineras tienen sobre el modelo local de desarrollo económico, las fuentes de agua disponibles y la vida cotidiana de los pobladores. Coloquialmente se dice en Colombia que es posible que la Corte Constitucional le dé un “tatequieto” a la minería.


miércoles, 19 de febrero de 2014

El desafío de la transición energética: medidas anticapitalistas o alternativas infernales, no hay otra opción

DANIEL TANURO
Lunes 10 de febrero de 2014

El reputado científico estadounidense James Hansen se ha convertido a la energía nuclear. Junto con otros tres especialistas conocidos en materia de calentamiento global, el antiguo climatólogo jefe de la NASA ha firmado una carta abierta dirigida “A las personas que influyen en la política medioambiental pero se oponen a la energía nuclear”. El texto lo publicó íntegramente el New York Times en noviembre de 2013/1, y dice en particular lo siguiente: “ Las renovables como el viento y la solar y la biomasa desempeñarán sin duda un papel en una futura economía de la energía, pero esas fuentes energéticas no pueden desarrollarse con la rapidez suficiente para suministrar una electricidad barata y fiable a la escala requerida por la economía global. Aunque teóricamente fuera posible estabilizar el clima sin energía nuclear, en el mundo real no hay ninguna vía creíble hacia una estabilización del clima que no comporte un papel sustancial para la energía nuclear. (…) No habrá solución tecnológica milagrosa, pero ha llegado la hora de que aquellos y aquellas que se toman en serio la amenaza climática se pronuncien a favor del desarrollo y el despliegue de instalaciones de energía nuclear más seguras (…). Con el planeta que se calienta y las emisiones de dióxido de carbono que aumentan más rápidamente que nunca, no podemos permitirnos dar la espalda a cualquier tecnología que tenga el potencial de suprimir gran parte de nuestras emisiones de carbono. Han cambiado muchas cosas desde la década de 1970. Ha llegado la hora de plantear un enfoque nuevo de la energía nuclear en el siglo XXI. ” (…)
Hansen, Lovelock, Monbiot…
Este texto es típico de las “alternativas infernales” a que se enfrenta uno cuando se mantiene dentro del marco capitalista. No cabe dudar de las motivaciones de James Hansen y de sus colegas: su inquietud ante el grave peligro de cambio climático no es fingida y se basa en un conocimiento científico profundo. Hansen, en particular, es conocido por haber hecho sonar la alarma ya en 1988 ante una comisión del Congreso de EE UU. Desde entonces viene repitiendo que hay que llevar a los tribunales a los patronos del sector de la energía fósil por “crímenes contra la humanidad y contra el medio ambiente”. El pasado mes de abril, Hansen incluso dejó su cargo en la NASA para dedicarse enteramente a la militancia climática. Por tanto, no es casualidad que la “carta abierta” esté dirigida especialmente a los defensores del medio ambiente…
No es la primera vez que investigadores científicos comprometidos cambian de opinión con respecto a la energía nuclear, argumentando que el átomo es un “mal menor” ante las catástrofes que traerá consigo el calentamiento planetario. Otro antiguo colaborador de la NASA, James Lovelock, el padre de la “hipótesis Gaia”, hizo lo mismo hace algunos años. Un caso un poco diferente, pero significativo, es el de George Monbiot. Este era más militante que investigador, pero sus crónicas en The Guardian eran conocidas por su rigor científico, y su conversión al átomo armó mucho ruido. Sería pedante tratar con desprecio estas tomas de postura a favor de la energía nuclear, pues habría que ver en ellas una invitación a no eludir el hecho de que la transición energética hacia un sistema “100 % renovables” constituye efectivamente un propósito que encierra dificultades inusitadas, casi siempre subestimadas incluso en publicaciones serias y de calidad.
El desafío de la transición
Algunas semanas antes de la cumbre de Copenhague sobre el clima, en 2009, dos científicos estadounidenses publicaron en Scientific American un artículo en que afirman que la economía mundial podría abandonar los combustibles fósiles en 20 o 30 años. Para ello, “bastaría” producir 3,8 millones de aerogeneradores de 5 megawatios, construir 89.000 centrales solares fotovoltaicas y termodinámicas, equipar los tejados de los edificios con paneles fotovoltaicos y disponer de 900 centrales hidroeléctricas/2… El problema de las proyecciones de este tipo es que cuando pretenden resolver el problema de la transición, en realidad lo escamotean. La cuestión, en efecto, no estriba en imaginar en abstracto un sistema energético “100 % renovables” (que evidentemente es posible), sino en trazar el camino concreto para pasar del sistema actual, basado en más del 80 % en las energías fósiles, a un sistema basado exclusivamente en el viento, el sol, la biomasa, etc.
Si se tienen en cuenta dos imperativos: en primer lugar, que las emisiones deben reducirse entre un 50 y un 85 % de aquí a 2050 (del 80 al 95 % en los países “desarrollados”) y, en segundo lugar, que esta reducción debe comenzar a más tardar en… 2015, y para que el plan de transición no sea pura ficción, los autores del artículo del Scientific American tendrían que haber contestado a la siguiente pregunta: ¿cómo producir 3,8 millones de aerogeneradores, construir 89.000 centrales solares, fabricar paneles fotovoltaicos para equipar los tejados de las casas y edificar 900 presas sin dejar de respetar los dos imperativos citado, cuando el sistema energético depende en un 80 % de los combustibles fósiles cuya combustión comporta inevitablemente la emisión de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero?/3
Producir menos
Esta pregunta no tiene 36 respuestas posibles, sino una sola: es preciso que el aumento de las emisiones que se deriven de las inversiones suplementarias requeridas para llevar a cabo la transición energética se compense (con creces) mediante una reducción suplementaria de las emisiones en otros sectores de la economía. Es cierto que una parte sustancial de este objetivo puede y debe alcanzarse a base de medidas de eficiencia energética. Sin embargo, esto no permite obviar el problema, ya que en la mayoría de los casos un aumento de la eficiencia también requiere inversiones, y por tanto necesita energía que es fósil en un 80 %, y por tanto será fuente de emisiones suplementarias que deberán compensarse entonces mediante otras reducciones, y así sucesivamente.
Cuando se examinan las proyecciones de sistemas con un 100 % de renovables, se constata que el error consistente en saltar por encima del problema concreto está muy extendido. Para mejorar la eficiencia del sistema energético, el informe Energy Revolution de Greenpeace, por ejemplo, prevé, entre otras cosas, transformar 300 millones de viviendas en casas pasivas en los países de la OCDE. Los autores calculan la reducción de emisiones correspondiente… pero no tienen en cuenta el aumento de las emisiones causado por la producción de los materiales aislantes, las ventanas de doble vidrio, los paneles solares, etc. En otras palabras, su porcentaje de reducción es bruto, no neto/4. Se mire por donde se mire el problema, siempre se llega a la misma conclusión: para respetar los imperativos de la estabilización del clima, las enormes inversiones de la transición energética deberán venir de la mano de una reducción de la demanda final de energía, sobre todo al comienzo, y por lo menos en los países “desarrollados”. ¿Qué reducción? Las Naciones Unidas avanzan la cifra del 50 % en Europa y del 75 % en EE UU/5. Es un porcentaje enorme y ahí es donde duele, pues una disminución del consumo de semejante magnitud no parece realizable sin reducir sensiblemente, y durante un periodo prolongado, la producción y el transporte de mercancías… es decir, sin cierto “decrecimiento” (en términos físicos, no en puntos del PIB).
Antagonismo
Ni que decir tiene que este decrecimiento físico es antagónico con la acumulación capitalista que, por mucho que se mida en términos de valor, es difícilmente concebible sin cierto incremento cuantitativo de materiales transformados y transportados. La “disociación” entre aumento del PIB y flujo de materiales, en efecto, solo puede ser relativa, lo que significa que en este punto se manifiesta de nuevo la incompatibilidad fundamental entre el productivismo capitalista y los límites del planeta/6. Es esta incompatibilidad cada vez más evidente la que tratan de eludir James Hansen, James Lovelock, George Monbiot y otros en nombre de la urgencia cuando reclaman el rescate de la energía nuclear. Es lamentable e indigno de su rigor científico que lo hagan banalizando los riesgos y sobre todo afirmando gratuitamente que las tecnologías “del siglo XXI” (¿cuáles?) permitirán garantizar una energía nuclear segura y el reciclaje de los residuos que genere.
En el mundo real [capitalista] no hay ninguna vía creíble hacia una estabilización del clima que no otorgue un peso sustancial a la energía nuclear”, dice la carta abierta de Hansen y demás firmantes. Esta afirmación es completamente falsa: para triplicar el peso de la energía nuclear en el consumo eléctrico de aquí a 2050 (con lo que llegaría a representar tan solo un poco más del ¡6 %!) habría que construir casi una central por semana en todo el mundo durante 40 años. Aparte de los peligros demostrados en el caso de Fukushima, nos encontraríamos entonces con un sistema eléctrico híbrido, ya que obedecería a dos lógicas opuestas: centralización y despilfarro con el átomo, descentralización y eficiencia con las renovables. No es una “vía creíble” la que proponen Hansen y sus colegas, sino una imposibilidad técnica. No conduciría más que a un callejón sin salida fatal, pues combinaría calentamiento y radiaciones.
Geoingeniería
La misma negativa a oponerse al capitalismo se traduce en el caso de otros científicos en la resignación ante los proyectos de geoingeniería. Esta incluso se menciona en los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIECC): el resumen del primer tomo del 5º informe señala que “se han propuesto métodos con vistas a alterar deliberadamente el clima terrestre para frenar el cambio climático, la llamada geoingeniería”. Los autores señalan que estos métodos “pueden tener efectos colaterales y consecuencias a largo plazo a escala mundial”. A primera vista, esta prudencia parece razonable. Sin embargo, aunque prudente, la mención de la geoingeniería por el GIECC es sumamente inquietante. Significa que ciertas recetas de aprendiz de brujo empiezan a considerarse eventualmente factibles.
Por cierto que entre bastidores se multiplican las investigaciones y experiencias, en ocasiones incluso de forma ilegal. Bill Gates y otros inversores consagran millones de dólares a esta cuestión. Su razonamiento es muy simple: conscientes de que un capitalismo sin crecimiento es un oxímoron, concluyen que no se alcanzarán los objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, y puesto que la urgencia climática impone hacer algo, sea lo que sea, sonará la hora de la geoingeniería y se abrirá un mercado inmenso. Científicos poco escrupulosos, financieros, petroleros, hombres de negocios de todo pelaje, todos se frotan las manos sin pensar en las consecuencias… a menos que las consecuencias formen parte del plan. No soy forofo de las teorías del complot, pero si pensamos en el día en que algunas grandes empresas que posean las patentes respectivas controlen la red de espejos espaciales gigantes sin la cual la temperatura de la Tierra subiría de golpe 6 °C, no cabe duda que su poder político sería inmenso, y que resultaría más difícil que nunca arrebatárselo. La misma lógica del capital le lleva a soñar con un termostato terrestre cuyo control absoluto le permitiría cobrar su diezmo a la población del planeta.
La única vía creíble
Hay que partir de lo que ha dicho en propio James Hansen en numerosas ocasiones: el principal obstáculo para salvar el clima son las grandes empresas que se benefician del sistema energético fósil. Se trata de un obstáculo colosal. Este sistema cuenta con miles de minas de carbón y centrales térmicas de carbón, más de 50.000 campos petrolíferos, 800.000 km de gasoductos y oleoductos, miles de refinerías, 300.000 km de líneas de alta tensión… Su valor se cifra entre 15.000 y 20.000 billones de dólares (casi un cuarto del PIB mundial). Ahora bien, todos esos equipamientos, financiados a crédito y concebidos para durar 30 o 40 años, deberían desguazarse y ser sustituidos en los 40 años subsiguientes, en la mayoría de los casos antes de estar amortizados. Y eso no es todo: las compañías de energías fósiles deberían renunciar además a explotar los cuatro quintos de reservas demostradas de carbón, petróleo y gas natural que figuran en el activo de sus balances…
La única “vía creíble” hacia una estabilización del clima es la que pasa por la expropiación de las compañías de energías fósiles y de las finanzas: los “criminales climáticos” justamente denunciados por Hansen. Transformar la energía y el crédito en bienes comunes es la condición necesaria para la elaboración de un plan democrático con vistas a producir menos, para cubrir las necesidades, de forma descentralizada y compartiendo más. Este plan debería comportar especialmente la supresión de las patentes en el ámbito de la energía, la lucha contra la obsolescencia programada de los productos, el fin de la primacía del automóvil, una extensión del sector público (particularmente para el aislamiento de los edificios), la reabsorción del paro mediante una reducción generalizada y drástica de la jornada laboral (sin merma del salario), la supresión de las producciones inútiles y nocivas como las armas (con recolocación de los trabajadores), la localización de la producción y la sustitución de la agroindustria globalizada por una agricultura campesina de proximidad. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero lo primero que hay que hacer es decirlo. E impulsar las movilizaciones sociales masivas indispensables para hacer de esta utopía una utopía concreta.
15/1/2014
Traducción: VIENTO SUR
Notas:
1/ http://dotearth.blogs.nytimes.com/2... influencing-environmental-policy-but-opposed-to-nuclear-power/
2/ “A plan to power 100% of the Planet with renewables”, Mark Z. Jacobson and Mark A. Delucchi, Scientific American, 26 de octubre de 2009 | 188.
3/ Aquí no nos pronunciamos sobre la pertinencia del plan en cuestión en sus distintos aspectos. Además, esta enumeración de las inversiones necesarias es incompleta. Como señalan los autores, además de los millones de aerogeneradores, etc. se trata de concebir un nuevo sistema de transmisión sustituyendo unos 300.000 km de líneas eléctricas de alta tensión por una red “inteligente” adaptada a la intermitencia de las energías renovables.
4/ Energy Revolution, A Sustainable World Energy Outlook. Greenpeace, GWEC, EREC, 2012.
5/ Naciones Unidas, Estudio Económico y Social Mundial 2011.


jueves, 6 de febrero de 2014

La transnacional Barrick Gold "suspende" completamente el proyecto minero Pascua Lama

Ecoportal


La minera canadiense Barrick Gold (TSX, NYSE: ABX) decidió suspender completamente su proyecto de oro y plata Pascua-Lama en la frontera entre Chile y Argentina y someterá la operación a cuidado y mantenimiento este año.
En noviembre Barrick anunció una suspensión temporal del proyecto tras una serie de problemas ambientales y legales. “Tomamos la decisión de suspender la iniciativa en vista de la persistente merma de los precios de los metales y una continua incertidumbre y riesgo“, manifestó su gerente general, Jamie Solalsky, en la versión XVII del evento Annual Whistler Institutional Investor Conference de CIBC. Aunque Pascua-Lama ha sido una de las principales prioridades de Barrick, Solalsky dijo que también ha sido uno de sus mayores desafíos. La suspensión ahorrará a la compañía cerca de US$1.000mn en el 2014, de acuerdo con el ejecutivo, quien añadió que el año pasado invirtió US$1.800mn-2.000mn en el proyecto.
En el año en curso Barrick invertirá alrededor de US$300mn en Pascua-Lama, de los cuales gran parte se destinará al proceso de disminución de actividades, que en su mayoría se ejecutará en los primeros seis meses del año. El resto se destinará a obligaciones de financiamiento ambientales y sociales, y para costos de cuidado y mantenimiento camino hacia la completa suspensión de la iniciativa, agregó Solalsky.
Otros costos podrían derivar también de requerimientos de los entes reguladores en Chile y Argentina.
Agregó que del total a invertir, “cerca de un cuarto se capitalizará y el resto se gastará”. La compañía suspenderá la capitalización de costos de intereses para el proyecto en el cuarto trimestre, lo que incrementará los costos financieros para este año.
Barrick sigue avanzando hacia la segunda fase del sistema de manejo de agua exigen los reguladores ambientales chilenos. “No economizaremos en eso”, agregó el ejecutivo.
El futuro desarrollo de Pascua-Lama se llevará a cabo en etapas, de acuerdo con el ejecutivo, lo que permitirá redefinir los costos de capital generales.
El costo asociado al inicio de la producción en el proyecto se ha duplicado con creces en los últimos años. En el 2011, la compañía elevó el gasto de capital de US$3.300mn-3.600mn a US$4.700mn-5.000mn. A febrero del 2013, el cálculo se había establecido en US$8.000mn-8.500mn con la puesta en marcha prevista para el 2014. La estimación se revisó posteriormente durante el año.
La suspensión “nos permitirá recalibrar el proyecto y tener más certeza sobre el plazo en que conseguiremos los permisos necesarios, además de una mayor claridad en algunos temas legales que enfrentamos“, dijo Solalsky.
También dejará a la compañía en una posición mucho mejor para “reestablecer la línea de base del proyecto y analizar posibles reducciones de costos con los contratistas“. El ejecutivo indicó que Barrick planea retomar la idea de conseguir un potencial socio para desarrollar el proyecto.
La operación debiera producir 800.000-850.000oz/a de oro y 35 millones de onzas (Moz) de plata al año. El proyecto alberga reservas probadas y probables de 17,9Moz de oro y 676Moz de plata. En Latinoamérica, Barrick cuenta con minas y proyectos en Argentina, Chile, República Dominicana y Perú.
Ecoportal
 

miércoles, 5 de febrero de 2014

El momento de la verdad en Ecuador: ¿qué hacer con el petróleo del Yasuní?


El debate para extraer petróleo del subsuelo del Amazonas llega a su momento decisivo
Ecuador quiere financiarse con el petróleo de la reserva del Yasuní después de que fracasara el proyecto de conservarlo intacto a cambio de una aportación internacional
Hablamos con las voces en contra de la extracción, que preparan la convocatoria de una consulta popular, y con los que la defienden
Vista aérea del Parque Nacional del Yasuní, designado por la Unesco en 1989 como una reserva de la biosfera./ Dolores Ochoa
Vista aérea del Parque Nacional Yasuní, declarado por la Unesco reserva mundial de la biosfera en 1989. / Dolores Ochoa
Extraer o no extraer. El debate palpita con fuerza en las calles de Quito, Guayaquil y Santo Domingo. Las asociaciones de ecuatorianos en España hacen lo propio para que la polémica sea objeto de coloquio también en las ciudades de Madrid, Barcelona o Valencia. 
150 especies de anfibios, 121 de reptiles, 596 de aves, 200 de mamíferos, 500 de peces y 4.000 de plantas. En una sola hectárea, según fuentes del Gobierno ecuatoriano, viven más especies de animales que en toda  Europa y más especies de árboles y arbustos que en Estados Unidos y Canadá juntos.
“Catalogado como  la zona más biodiversa del planeta”, recuerda Esperanza Martínez, presidenta de  Acción Ecológica, “el Parque Nacional Yasuní alberga a los dos pueblos en aislamiento voluntario de Ecuador, los Tagaeri y los Taromenan, que se internaron en la selva virgen a inicios de los setenta, justo cuando arrancaba la exploración y futura explotación petrolera  en el país".
A esta riqueza natural y humana, hay que sumarle, precisamente, una que todavía hoy permanece invisible al ojo humano: el petróleo que subyace bajo los campos de Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), situados en la cuenca alta del río Napo, tributario del Amazonas.
“No me gusta la minería, no me gusta el petróleo, pero mucho menos me gusta la pobreza y la miseria”, repite a ambos lados del Atlántico el presidente de Ecuador, Rafael Correa. 2013 fue el año en que el ordenó archivar la  Iniciativa Yasuní-ITT, una propuesta gestada en la sociedad civil en 2006, auspiciada por el Gobierno en 2007 y destinada a dejar en el subsuelo el petróleo del Amazonas a cambio de una compensación económica por parte de la comunidad internacional, ya que se trata de una reserva de la biosfera de importancia global.
Abandonado el llamado  Plan A por falta de apoyo de los países extranjeros, el Gobierno de Correa puso en marcha el  Plan B el pasado agosto, dando luz verde a la empresa estatal Petroamazonas para que comenzara las operaciones exploratorias en el terreno.
Economistas, ecologistas y ambientalistas iniciaron entonces una movilización internacional con el objetivo de recolectar las 584.116 firmas (5% del padrón electoral) que obliguen al Gobierno a convocar una consulta popular, dejando así el futuro del Yasuní ITT en manos de los más de 15 millones de ciudadanos ecuatorianos. "Es potestad del pueblo pronunciarse sobre temas de interés social”, sostienen diferentes agrupaciones desde  YASunidos, colectivo contrario a la extracción.
La llegada de 2014 ha iniciado la cuenta atrás: quedan 3 meses para saber si los detractores de la explotación consiguen el apoyo suficiente para que el referéndum tenga lugar. “El futuro de Ecuador es responsabilidad de todos”, afirma Aída Quinatoa, presidenta de la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España (CONADEE).
Recolección de firmas en Quito durante una marcha indígena en contra de la explotación petrolera./ YASunidos
Recolección de firmas en Quito durante una marcha indígena en contra de la explotación petrolera. / YASunidos
“El petróleo –recuerda José Lema, presidente del  Colegio de Ingenieros Geólogos de Ecuador– aún representa el 40% de las exportaciones y contribuye a mantener una balanza comercial positiva”. Tras más de 6 años con Rafael Correa al frente del Gobierno, con la Constitución de 2008 casi recién salida del horno (donde indígenas y naturaleza cobran más protagonismo), y con unas elecciones seccionales a la vuelta de la esquina, el interés del país camina en una única dirección: desvincularse de una economía extractivista de la que todavía se confiesa dependiente.
La pregunta del millón sería: ¿cuándo? Para Correa y Lema “extraer es una cuestión de conciencia y justicia social, Ecuador saldrá de la pobreza con apoyo internacional o no”. Para voces críticas como Martínez y Quinatoa, “hay otras opciones, y explotar es un atentado contra la naturaleza y las generaciones futuras”.
Instalados en bandos ideológicos opuestos, los primeros asumen las “contradicciones propias de las políticas de cambio a favor de las mayorías”. Los segundos apuestan por otras alternativas y no aceptan “el precio a pagar para construir proyectos como, por ejemplo, el  FLOK Society". La polémica está servida.

Llamada fallida a la corresponsabilidad internacional

A cambio de mantener el Yasuní libre de perforaciones y cumplir así con el compromiso de uno de los objetivos del  Plan Nacional del Buen Vivir (sumak kawsay, en lengua quechua), Correa pidió en 2007 responsabilidad internacional ante la Asamblea General de las Naciones Unidas: 846 millones de barriles de petróleo en el campo ITT, equivalentes al 20% de las reservas del país, quedarían sin sacarle rendimiento económico si el mundo asumía su responsabilidad aportando 2.700 millones (el equivalente al 50% de lo que el Estado percibiría si extraía los casi mil millones de barriles que se calcula que hay en el parque).
“Se compensaría así la pérdida de ingresos y se gratificaría el papel de sumidero de CO2 del parque nacional”, proclamaba el entonces ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pastor. No en vano, dejar el petróleo bajo tierra significaba no emitir más de 400 millones de toneladas de CO2 (similar a las emisiones de España en un año).
Sin embargo, pese a las potentes campañas publicitarias y al apoyo de países como Alemania, la propuesta del mandatario ecuatoriano, el famoso Plan A, fue un estrepitoso fracaso: sólo se logró recaudar el 0,37% de lo previsto.  “La iniciativa se adelantó a los tiempos, y no fue comprendida”, dijo Correa el 15 de agosto de 2013, al anunciar la finalización de ésta. Apelando a una lógica ambiental y económica, añadió: “No era caridad lo que pedíamos, sino corresponsabilidad con el cambio climático”.
En conversaciones con eldiario.es, Alberto Acosta, exministro de Energía y Minas y coimpulsor de la iniciativa, discrepa y considera que, “en realidad, quien no la comprendió y no estuvo a la altura del reto propuesto por la sociedad ecuatoriana al mundo fue el propio presidente Correa”.
Indígenas guaraníes usando sus prácticas de caza en el Parque Nacional Yasuní./ Dolores Ochoa (AP)
Indígenas huaoranis ejerciendo sus prácticas de caza en el Parque Nacional Yasuní. / Dolores Ochoa (AP)
El Plan B, explotar el 1 por 1.000 del Yasuní ITT, siempre fue, según Acosta, “la primera opción” del Gobierno: “El presidente jamás tuvo una posición firme a favor de la iniciativa, sus mismas acciones minaban las grandes posibilidades que tenía el proyecto. Debió ser la punta de lanza de una política exterior que, a partir del reclamo de la deuda ecológica, propusiera la construcción de una justicia ecológica global”. 
Este giro del presidente, para el economista Alfredo Serrano, miembro de la  Fundación CEPS, responde, sin embargo, a una urgencia social y humana: “Correa lo intentó pero no pudo ser, el neoecologismo yerra si su propuesta política se ancla en conservar toda la naturaleza intacta dejando de atender muchas injusticias acumuladas por el neoliberalismo”. O dicho de otro modo, como puede leerse en la misma página web de Iniciativa: “El mundo no aprovechó la oportunidad que propuso el ITT, el futuro de Ecuador no tiene por qué ser responsable de aquello”.
La falta de corresponsabilidad internacional no hizo desaparecer la fuerte concienciación ecológica y colectiva que la sociedad había alcanzado ni tampoco las necesidades de un país en vías de desarrollo: “En Ecuador –coinciden voces de ambos bandos– urgen inversiones superiores a los 70.000 millones de dólares (52.900 millones de euros) para erradicar una pobreza ya en descenso (en los últimos 6 años los índices se han reducido del 37 al 27%) y extender el bienestar a las comunidades menos favorecidas”. La clave está, y aquí es donde la polémica alcanza su punto álgido, en cómo conseguir esos ingresos.

Tecnología punta frente a Constitución

“Sólo se intervendrá una extensión mínima del Yasuní, unas 1.000 hectáreas” (en total ocupa 982.000), y además se hará con una “tecnología punta que respete a las comunidades y al medio ambiente”, ha asegurado el Gobierno en reiteradas ocasiones. Esperanza Martínez, de Acción Ecológica, hace saltar la voz de alarma al subrayar la ilegalidad del plan: “El artículo 57 de la Constitución prohíbe los procesos extractivistas en zonas donde viven pueblos aislados”. Defensores de la explotación como Alfredo Serrano sostienen que “la actividad no incidirá en la vida de los pueblos aislados, ya que los campos están alejados de la llamada zona intangible donde habitan esas nacionalidades”.
“Ahora existe una normativa adecuada y la voluntad política del Gobierno para defender los recursos naturales de una forma eficiente”, asevera la ministra del Ambiente, Lorena Tapia. José Lema, del Colegio de Ingenieros Geólogos, cree que, efectivamente, el “daño será menor”. Como antecedente, cita los trabajos que  Petroamazonas efectúa en el campo Pañacocha, ubicado en otra norteña reserva natural, que ha recibido reconocimientos internacionales por sus buenas prácticas ambientales. “Esta empresa estatal viene desarrollando trabajos similares en esa área, donde existe una afectación temporal, mientras se realiza el oleoducto solamente”.
Los opositores a la explotación alertan de la afectación que sufriría la fauna, la flora y los pueblos en aislamiento voluntario en el área protegida más grande de Ecuador. Para Alberto Acosta, “no existe la posibilidad de una explotación sin afectación a la naturaleza ni al entorno social”.
Patricio Chávez, representante de  Amazonía por la Vida, coincide con el exministro en que “se ha explotado petróleo en la Amazonía ecuatoriana desde hace más de cuatro décadas y, aun así, el país nunca ha podido solventar sus carencias, todo lo contrario, en las provincias petroleras los índices de pobreza y enfermedades son más altos que en el resto del país. Además, apunta, el hecho de que en la ecuación del ITT haya también actores internacionales como China nos hace sospechar que esta dinámica no va a cambiar”.
 El Parque Nacional Yasuní fue designado Reserva de la Biosfera por la Unesco en 1989./ YASunidos
El Parque Nacional Yasuní, a unos 250 kilómetros al sureste de Quito, es famoso por su extraordinaria biodiversidad.
El presidente del Movimiento de los Índigenas de Ecuador, Carlos Pérez, de la Confederación Kichwa (Ecuarunari), asegura que “la única manera de evitar es no tocar, ya que la pobreza no se combate sembrando más pobreza; debemos apostar por ser una potencia ambiental que respete a la madre Naturaleza”.
En este sentido, el economista Alfredo Serrano advierte de que “se ha pasado del antropocentrismo al pachamacentrismo, de manera casi frívola si se tiene en cuenta la deuda social y ecológica heredada” (Pachamama es la Madre Tierra incaica).
“La economía ambiental, al servicio del neoliberalismo, opta por explicar todo parcialmente, con enfoque mecanicista, crematístico y antropocéntrico. Por el contrario, la economía ecológica –subraya Serrano– procura tener una visión integral, que acepta la complejidad aunque sea a costa de ser menos preciso, que entiende que los sistemas interactúan entre sí. El hombre no puede ser el centro del mundo, pero la naturaleza tampoco”.
Acosta, amigo y colega de Serrano, contraataca: “Proponer una salida del extractivismo ampliando el extractivismo es una torpeza, nuestra supervivencia depende de la naturaleza y no al revés”.

Otros planes, otras opciones, otras voces

Informes gubernamentales revelan que la extracción de crudo del ITT podría generar unos 40 mil millones de dólares (cerca de 30.000 millones de euros) en poco más de 20 años, es decir, que se podrían obtener unos 2.000 millones por año (unos 1.500 millones de euros).
No obstante, avanza Acosta, “si el Gobierno requiere recursos, puede obtenerlos de múltiples formas”. Según las últimas encuestas, el 92,7% de la población apoya la idea de mantener el petróleo bajo tierra. El  Centro de Derechos Económicos y Sociales enriquece el debate y pone sobre la mesa una tercera opción, el  Plan C: “Redistribuir la riqueza para no explotar el Yasuní y salvaguardar a los indígenas aislados”.
Organizados en la plataforma  YASunidos, miles de ecuatorianos, convencidos de que “otra forma de habitar el mundo es posible”, se afanan desde el pasado 18 de octubre por conseguir el mínimo de firmas necesario para la consulta antes del 15 de abril. En España, también. Aída Quinatoa, presidenta de  Conadee, lidera movilizaciones en ciudades como Madrid o Barcelona para que sus compatriotas –que rozan el medio millón– apoyen lo que ella considera la más justa de las causas: “No explotar el ITT para vivir en armonía con la naturaleza”.
El Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana, ocupa 982.000 hectáreas./ YASunidos
El Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana, ocupa 982.000 hectáreas. / YASunidos
La condición finita del petróleo como fuente de riqueza y los perjuicios que comunidades indígenas y colonos sufrieron a raíz de la actividad petrolera de la compañía  Chevron-Texaco constituyeron el germen de notables resistencias en contra de las extracciones de hidrocarburo en el país. “La iniciativa –aunque haya fracasado, sostiene Acosta– potenció una conciencia ciudadana y ecológica sin precedentes que ayudó a la construcción de la tesis de una moratoria petrolera en el centro sur de la Amazonía ecuatoriana”.
“Si hay un tema en el que Ecuador nos ha puesto de acuerdo, es el Yasuní”, asiente Esperanza Martínez. “La resistencia nos hará libres”, añade Carlos Pérez. Sin embargo, no todos los indígenas o ecologistas están a favor de la no extracción. Algunos, como Alfredo Serrano, insisten en “conciliar justicia ambiental con justicia social, afrontando sin invisibilizar la tensión entre pueblo y naturaleza para que todos puedan disfrutar del buen vivir”.
A esta forma de ver las cosas se suma un grupo de amazónicos liderados por una treintena de alcaldes que han declarado su apoyo al plan del Ejecutivo asegurando que sólo de esa forma las poblaciones de la Amazonía podrán desarrollarse.

2014, el año del desenlace

“¿Está usted de acuerdo con que el Gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente bajo suelo?”. La pregunta de consulta impulsada por los colectivos sociales se suma a una larga lista de interrogantes: la intención manifiesta de reducir la dependencia de los recursos naturales ha puesto a Ecuador en el punto de mira internacional.
¿Superará el país latinoamericano el modelo neoextractivista en 2014? ¿Será vinculante el resultado de la consulta si ésta llega a efectuarse? ¿Ganarán terreno las alternativas gestadas en colectivo que proponen una distribución de la riqueza más igualitaria? O, por el contrario, ¿asistirá Ecuador a un proceso paulatino de recorvensión económica explotando sus recursos naturales y sin, como dicen, afectar al medio ambiente y a las comunidades indígenas? La cuenta atrás ha comenzado.