viernes, 12 de septiembre de 2014

Carta de ambientalista colombiano al Consejo Nacional de Planeación

Bogotá, septiembre 9 de 2014

Juan Pablo Ruiz
Representante por los ambientalistas
Consejo Nacional de Planificación

Referencia: Aspectos ambientales en el Plan Nacional de Desarrollo PND 2014-2018
Apreciado Juan Pablo:
Han corrido cuarenta años desde la expedición del Decreto-Ley 2811 de 1994, cuando la mayoría de la población actual de Colombia  no había nacido (36 de 46 millones de habitantes) y aún lo ambiental continúa relegado a un lugar secundario en el Plan Nacional de Desarrollo. Cuando en los inicios de la década de 1990 confluyeron tres procesos que recogieron a nivel legal e institucional aspiraciones de los ambientalistas y del movimiento ambiental a nivel nacional e internacional, como fueron la Constitución de 1991, la Cumbre de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río 1992 y todo el proceso de debates internacionales que la precedieron, así como la promulgación de la Ley 99 de 1993 que creó el Ministerio de Medio  Ambiente,  el Sistema Nacional Ambiental y los principios básicos de las políticas ambientales en su Artículo 1ro. Las esperanzas de inscribir definitivamente lo ambiental en el eje  de los planes de desarrollo nacional, regional y local estaban en su pico más alto. Sin embargo, los procesos de liberalización de la economía y los tratados comerciales durante las últimas décadas, fueron abriendo un gran abismo para que en él sucumbieran los intentos de orientar la economía hacia la sustentabilidad ecológica, económica y social que caracteriza el paradigma ambiental.
Lo que se dio durante la década de 1990, cuando los recursos económicos para el sector ambiental crecieron, fueron  por un lado las leves conquistas en materia de incremento de áreas protegidas y reconocimiento legal de los derechos de los pueblos indígenas y negros sobre sus territorios y  por otro el desconocimiento de los derechos territoriales de los campesinos que representan la mayoría de la población rural colombiana. Hemos vivido en la realidad cotidiana un permanente desconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos ancestrales, a pesar de su reconocimiento legal y los instrumentos de consulta previa, un incremento de la ocupación y degradación de sus territorios por los grandes poderes económicos extractivistas, que no solamente han afectado ecológicamente a estos, sino que han colocado a cientos de pueblos indígenas y afrodescendientes al borde de la extinción, cuando no a la miseria y al desplazamiento forzado como efecto del conflicto armado que no es ajeno a esos procesos de ocupación territorial por los pulpos de la energía, la agroindustria de biocombustibles, las actividades petroleras y mineras. No es gratuito que el Atlas Mundial de Conflictos Ambientales coloque a Colombia en un crítico, por decir lo menos, segundo lugar en el mundo en estos conflictos. El gobierno ha venido mostrando que fortalece el Sistema Nacional Ambiental con entidades como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Si, es cierto que existe un fortalecimiento de esta y otras entidades como el IDEAM y El Instituto von Humboldt, pero contradictoriamente han sido estas entidades  las primeros en salir en defensa de las petroleras en la última crisis ambiental, ocasionada por la sequía en el departamento de Casanare,  y son mudos, indiferentes o ausentes frente a la degradación creciente del Río Grande la Magdalena, corazón de Colombia, tal como lo hemos venido conociendo con dolor de nación, cuando los últimos años hemos recorrido esta arteria fluvial, metro a metro desde La Dorada hasta Bocas de Ceniza.
El aparato institucional que constituye el SINA no ha logrado parar los procesos de deforestación, contaminación y degradación de los recursos hídricos, destrucción y saqueo de la biodiversidad y pobreza de las poblaciones rurales, aun cuando se han gastado inmensas sumas de dinero en procesos de reforestación, estudios ecológicos y ambientales , sin planificación y en medio de una tendencia creciente en todo el aparato del Estado hacia la dilapidación de los recursos públicos por la corrupción público-privada. Ejemplo de ello son los 100 millones de dólares gastados en el cuatrenio 1998-2002 en reforestación sin que haya surgido algún bosque o recuperación de microcuenca alguna como producto de estas inversiones ambientales. En el distrito capital los últimos veinte años se han gastado cerca de 10 billones de pesos en el sector ambiental sin resultados  satisfactorios a la vista y la CAR a pesar de los abundantes recursos económicos invertidos, como autoridad ambiental regional no ha entregado resultados en la descontaminación del río Bogotá y recuperación de su cuenca hidrográfica.
La realidad de las zonas rurales, donde reposan los principales recursos naturales y la fuente de los bienes y servicios ecosistémicos o ambientales, BSA, son vistos tanto por el PND 2014 - 2018 como por el documento de los ambientalistas como bienes económicos conmensurables, es decir como capital natural convertibles en pesos, desconociendo las realidades culturales y  simbólicas que son la base de las cosmovisiones de los pueblos ancestrales y fundantes de la nación colombiana. Pareciera que hay una clara intensión de otorgar valor a los BSA para colocarlos a la oferta para que los mejores postores del capital se los lleven con mínimas regalías para la nación y las comunidades que los han conservado  por centurias y milenios. El proceso ya ha comenzado con los proyectos REDD, que han entregado intervención y decisión sobre los usos de los territorios indígenas a los agentes del mercado del carbono, que son los mismos enviados por las petroleras, tal como ha sido denunciado en numerosos foros internacionales realizados sobre esta iniciativa comercial.  El documento de los ecologistas llama a fortalecer el REDD, desconociendo estas realidades.
No es el mejor camino orientar la gestión ambiental basado en un mayor flujo de recursos económicos hacia el sector ambiental, desconociendo las realidades enunciadas, que aunque parezcan duras son apenas la punta del iceberg de lo que realmente está pasando en las localidades y las regiones, con la mirada pasiva y tolerante de las autoridades ambientales. Tal vez sea mejor profundizar  el análisis sobre las verdaderas causas de los paros agrarios y las protestas contra las represa de Ituango,  el Quimbo y Sogamoso, así como contra las minera en Cajamarca y Santurbán,  y los alzamientos indígenas en las mingas regionales y nacionales, para descubrir que el verdadero protagonista de la protección ambiental no está en una burocracia ambiental bien paga y con los bolsillos llenos de recursos del Estado para dilapidarlos, favoreciendo los intereses extranjeros, sino en los sujetos ambientales que representan estas movilizaciones populares, que han venido demostrando que las gentes están dejando de ser objetos manipulables de los investigadores ambientales y de las políticas del Estado y han despertado para crecer y consolidarse como sujetos políticos en defensa del agua y la naturaleza dadora de los bienes y servicios ecosistémicos, que tanto el PND como los ambientalistas, representados en el Consejo Nacional de Planeación,  buscan realizarlos como pesos corrientes para acomodarse como elites que circulan entre la dirección del Estado- la dirección de las empresas - los organismos multilaterales y las grandes organizaciones ecologistas internacionales y que han venido desconociendo las crudas realidades sociales y económicas de la mayoría de la población colombiana.
Una política ambiental  y de desarrollo construida desde las organizaciones sociales campesinas, negras e indígenas, basada en el fortalecimiento de estas, en la capacidad de autogobierno de las mismas sobre sus territorios, que parta del reconocimiento de los conflictos ambientales y de la necesidad de salidas democráticas para solucionarlos,   es una alternativa que  podría enderezar el rumbo hacia la sustentabilidad ambiental y la mejora de la calidad de vida de la mayoría de la población colombiana. Un aparato estatal en el sector ambiental seria eficiente si cuenta con la legitimidad otorgada por la sociedad y no como en el presente,  donde estudios como los que actualmente se realizan con miles de millones de pesos para ordenar los páramos, que toman a los campesinos como un objeto más de estudio, desconociendo el sujeto social su memoria biocultural e irrespetando su dignidad, están cayendo presas de la corrupción de alcaldes, gobernaciones y contratistas, que seguramente entregarán productos de alta calidad en cartografía y técnica,  pero que no habrán ayudado en nada a la mejora de la calidad de vida de los campesinos de las altas montañas colombianas y contribuirán a deslegitimar más la gestión pública frente a las comunidades rurales.
Si bien algunas de las propuestas del documento de los ambientalistas son plausibles, el documento, tal como está formulado, no ayuda a la búsqueda de reales soluciones a la problemática ambiental colombiana. La nación necesita un Estado que como administrador de sus recursos, defienda la calidad de vida y el bienestar de la mayoría de la población y reconozca y respete la democracia participativa que debe ser vibrante  y definitoria en un Estado Social de Derecho como es el mandato de la Constitución de 1991.Reducir la participación de la sociedad a las veedurías ciudadanas es caer en la trampa de una democracia de papel.
Cordialmente,

Alfonso Avellaneda Cusaría
Profesor Titular Programa de Ingeniería Ambiental
Universidad El Bosque
Investigador Ambiental

Email: avellaneda.alfonso@gmail.com   

viernes, 5 de septiembre de 2014

Paro general en La Convención




El Paro General de la provincia comenzó el día 28 de agosto.
Aunque la declaración del paro se hizo por una serie de demandas, los puntos más sentidos por la población fueron dos, voceados enérgicamente por los manifestantes: la redistribución del canon pagado por la explotación del gas y la corrupción en su manejo por los municipios.
La redistribución .- Hace retroceder gravemente el proceso de descentralización del país, pasando 20% del canon por la explotación del gas que afecta ecológicamente a la provincia, al gobierno central y otro porcentaje al gobierno regional (departamental).
La corrupción de los municipios en el manejo del canon .- Es notable el análisis que hace de la corrupción Henry Farfán, el dirigente de Tierra y Libertad de La Convención. La expongo en forma casi literal:
El alcalde, cuando piensa en una obra, no es porque el pueblo la necesite, sino porque proyecta un nuevo robo.
Para comenzar, sobrevalora el costo de la obra desde la formulación del perfil, eleva en forma astronómica el costo de los materiales y la cantidad de mano de obra requerida. Si una bolsa de cemento cuesta 28 soles, en el perfil aparece el costo de 80 soles. Si se requieren 200 bolsas, señalan la necesidad de 1,500. Si se necesita 40 obreros, en el proyecto indican que se requiere 300. Así, la obra termina costando 1’800,000 soles.
Ponemos como ejemplo la refacción de la Plaza de Armas de Quillabamba, capital de la provincia, que debía costar 700,000 soles y terminó costando más de 5’900.000 de soles hasta donde se sabe,
Luego de comenzada la obra, a los dos meses, los alcaldes ya están pidiendo la ampliación presupuestal.
La compra de materiales se hace de empresas de los allegados a los alcaldes y regidores.
Ningún órgano de control (Órgano de Control Institucional, Órgano Regional de Control Interno, Contraloría General de la República) funciona. Las denuncias a la Fiscalía no prosperan, jamás esta institución investiga (ya sabemos la corrupción de ella a nivel nacional), ya que el Fiscal tiene camionetas y maquinaria pesada alquiladas al municipio y sus familiares trabajan en los municipios ganando elevados sueldos.
Desarrollo del Paro
Desgraciadamente el paro, aunque es fuerte, no tuvo la contundencia de otras veces.
En la ciudad de Quillabamba la multitud conformada por los trabajadores urbanos y los campesinos venidos del interior de la provincia, recorre diariamente las calles, desde la madrugada hasta la noche, portando las banderas del Comité Central de Paro, de las federaciones provinciales de campesinos y de trabajadores urbanos, del sindicato de profesores, de los sindicatos de mercados. El almuerzo colectivo es preparado con los aportes de alimentos venidos del campo y de los trabajadores de mercados.
La alcaldesa de Quillabamba, Fedia Castro, por supuesto, está furiosamente en contra del paro que denuncia su corrupción, se pronunció por radio rabiosamente contra mi apoyo a él, ordenó que la policía abriera a la fuerza los mercados e interviniera violentamente contra los manifestantes, lo que afortunadamente, la policía no hizo. Se comprende su actitud, pues la multitud, en su recorrido por las calles, a voz en cuello, la denuncia como corrupta.
Los últimos informes, hoy día, 2 de setiembre, indican que los dirigentes viajaron a Lima a conversar con los representantes del gobierno, que la multitud tomó el municipio del distrito de Echarate (en cuya jurisdicción se extrae el gas y por lo tanto recibe más dinero). Algunas organizaciones de transportistas manifestaron su apoyo al paro.
Nuestra posición
Cuando la prensa local nos entrevista a los compañeros de Tierra y Libertad o a mí, manifestamos que, además de reiterar que es la población organizada quien debe elaborar el presupuesto municipal, como se hizo en Limatambo, la ley debiera señalar la fiscalización de la ejecución de obras a lo largo de su desarrollo por las organizaciones populares existentes: Federaciones de Campesinos, Federaciones de Trabajadores que incluyen a los trabajadores de mercados, Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación (SUTE), juntas vecinales y frentes de defensa, colegios p rofesionales como el colegio de ingenieros, el colegio de abogados, y otras.
La campaña de Tierra y Libertad
En primer lugar aclaro que mi participación en la campaña electoral de Tierra y Libertad en Cuzco es de mi exclusiva responsabilidad, no todo el colectivo de “Lucha Indígena” está de acuerdo con ella.
Entre mis principios políticos está el señalamiento de que cualquier acción conjunta debe darse por principios programáticos. Tierra y Libertad de La Convención tiene el principio programático de que la administración municipal debe ser ejercida, a través del alcalde, por la población organizada; como lo fue, ejemplarmente, la administración del distrito de Limatambo por el dirigente de Tierra y Libertad Cusco, el compañero Wilbert Rozas.
Se entiende que como no toda la población de los distritos de La Convención está organizada, la primera tarea será organizarla. Naturalmente, si el alcalde electo no cumple con dicho principio, Tierra y Libertad y yo, lo denunciaremos por su traición, como lo hacemos ante cualquier compromiso político no cumplido.
El mes de agosto participé en la campaña en los distritos de Echarate, Maranura y Q’ellouno. Quedé impresionado por la claridad política de la exposición del candidato de Maranura y por la capacidad organizativa del candidato de Q’ellouno.
Mi presencia
Mi presencia en Quillabamba durante el paro me sacudió el alma. Era el retorno a los inicios de los años 60 en que combatíamos en la realización de la primera reforma agraria del Perú. Me encontré con combatientes viejos como yo y con jóvenes y adultos que supieron por sus mayores de nuestra lucha. Fue un abrazo cariños por ambos lados.
En las asambleas del Comité Central de Paro me invitaban a estar en la mesa de dirección y a que tomara la palabra. En los recorridos por las calles hicieron que participara de quienes sostenían la banderola del Comité Central de Paro o de la Federación Provincial de Campesinos de La Convención y Lares (hoy Yanatile), mi organización.
Me invitaron a que diera una charla en el SUTE, la organización de los profesores.
Los folletos que vendía sobre la primera reforma agraria del Perú, realizada por el campesinado organizado de La Convención, volaron, no quedó ni uno, como tampoco quedó ningún periódico “Lucha Indígena”, ni el folleto escrito por los compañeros Claudia Palomino y Roberto Ojeda sobre la construcción de un nuevo mundo que realizan los indígenas zapatistas de Chiapas, México.
Me sentí renacer con los abrazos combatientes y cariñosos de los convencianos de antes y de ahora.


Nota de última hora. POLICÍA MATA A JOVEN DE 17 AÑOS EN PROTESTA DE LA CONVENCIÓN