martes, 26 de agosto de 2014

Agua, oro y 'fracking'

Mientras escasea el agua en el país, el Gobierno y la Procuraduría parecen empeñados en arriesgar las fuentes hídricas y cerrarles el paso a los ciudadanos que las defienden.
Por: César Rodríguez Garavito
Un primer riesgo es bien conocido: la minería de oro a cielo abierto y gran escala, que precisa cantidades ingentes de agua para desentrañar de las rocas las chispas doradas. Por ejemplo, para extraer los 24 millones de onzas de oro que tendría la mina de La Colosa, en Cajamarca (Tolima), serían necesarios nueve millones de metros cúbicos de agua y cuatro millones de kilos de cianuro anuales, según Semana Sostenible. Agua que vendría del río Coello y otros que han nutrido la economía arrocera del Tolima y terminaría en un lago artificial de químicos y escombros en el municipio de Piedras u otro cercano a Ibagué.
Por eso los habitantes y las autoridades de la región han venido usando el mecanismo constitucional de las consultas populares para tener voz en las decisiones sobre el futuro del agua, la agricultura y el medio ambiente, como lo hicieron el año pasado en Piedras. Por eso también países como Costa Rica, que apuestan en serio por el desarrollo sostenible, han prohibido la minería de oro a cielo abierto.
Cabría esperar que el Gobierno Nacional (que se muestra alarmado por la sequía en otros departamentos) y la Procuraduría (que tiene el deber constitucional de proteger el medio ambiente) respaldaran a los protectores del agua en Tolima, Casanare, Santander, Antioquia y otros lugares. En realidad pasa lo opuesto. La Procuraduría sigue disuadiendo a las autoridades locales para que desatiendan los pedidos ciudadanos de consultas populares, como lo hizo la semana pasada en las sesiones del Concejo de Cajamarca. En contravía de un fallo reciente de la Corte Constitucional (C-123 de 2014) y de la posición de la misma Procuraduría en ese caso, advierte a los alcaldes y concejales que podría sancionarlos por hacer las consultas.
El Gobierno, que ha defendido la misma postura, se perfila hacia una promoción enconada de la minería y una oposición activa al movimiento por el agua. Así se entiende el nombramiento de un débil ministro de Ambiente y la prioridad encargada al vicepresidente Vargas Lleras y el nuevo ministro de Minas de acelerar la locomotora minera y la expedición de licencias de explotación.
Lo cual nos lleva al otro riesgo que se cierne sobre las fuentes de agua: los planes gubernamentales de otorgar licencias, sin estudios suficientes, para la explotación de gas mediante la técnica del fraccionamiento hidráulico (fracking). Como se sabe, el fracking requiere más agua que la minería tradicional, por consistir en grandes inyecciones del líquido a presión, a fin de liberar el gas atrapado en las rocas subterráneas. Lo que se sabe menos es que, precisamente por el impacto que puede tener sobre el agua, el fracking ha sido prohibido o suspendido en Alemania, Francia, Sudáfrica y en departamentos y municipios de Canadá, España y Estados Unidos (incluyendo el estado de Nueva York y 418 localidades). En varios de esos lugares los ciudadanos se han manifestado en consultas populares como las que erróneamente condena la Procuraduría.
En vista de la incertidumbre y lo mucho que está en juego, lo procedente sería declarar una moratoria del fracking, como lo propusieron Diana Rodríguez y Celeste Kauffman en nuestro blog de La Silla Vacía, así como el exministro Manuel Rodríguez en su columna en El Tiempo. Antes de que sea tarde. 
* Miembro fundador de Dejusticia. @CesaRodriGaravi
·         * Miembro fundador de Dejusticia. @CesaRodriGaravi / | Elespectador.com
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jueves, 21 de agosto de 2014

Capitalismo verde vs medio ambiente




Las conclusiones del último informe del IPCC (organismo de la ONU) aseguran que el cambio climático ya está aquí. Concluye que sólo un escenario agresivo de disminución de las emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero) podría llegar a limitar el aumento de la temperatura en 2ºC a nivel planetario. Los fracasos de las cumbres por el clima que se han celebrado en los últimos años y que no han conseguido llegar a ningún tipo de acuerdo vinculante en la reducción de GEIs son una muestra de la incapacidad del capitalismo global para afrontar una crisis ecológica que es fruto del propio desarrollo del capitalismo.Los defensores del capitalismo verde argumentan que de hecho muchas de las medidas que hay que emprender para un desarrollo sostenible no cuestan dinero, al contrario, ahorran. Por ejemplo, si una cadena de supermercados mejora su sistema de transporte de mercancías puede disminuir las emisiones de GEI a la vez que consigue un ahorro económico. El problema sin embargo no es si esto es posible o no, sino qué se hace de los materiales y energía que han ahorrado. ¿La empresa de supermercados hará una donación a un gobierno o a una entidad ecologista para impulsar mejoras en el medio ambiente? ¿O preferirá invertir el ahorro para abrir nuevos supermercados (aumentando así el gasto de materiales y residuos)? La lógica de la competitividad y la propiedad privada de los medios de producción son los factores clave que imposibilitan el desarrollo de un capitalismo que sea sostenible ambientalmente.
En vez de intentar pensar en medidas imposibles de aplicar para hacer un capitalismo verde lo que hace falta es que pensemos cómo podemos recuperar el control de la relación entre la humanidad y la naturaleza sobre la que se sustenta, una relación que hoy está secuestrada por los consejos de administración de las grandes empresas que deciden qué hacen con la riqueza que hemos generado colectivamente. Se trata de pensar un desarrollo que ha de basarse en el reconocimiento de los límites naturales del crecimiento, atendiendo a los ritmos de recuperación de los ecosistemas de los que depende la economía y toda la humanidad. Y para hacer esto necesitamos una economía global planificada de forma democrática que responda a los intereses de la mayoría.
Guillem Boix es ambientólogo militante de En lucha En lluita
Artículo publicado en el Periódico En lucha Diari En lluita
http://enlucha.org/diari/capitalismo-verde-vs-medio-ambiente/#.U_NaGEjc0gM

El poder de los supermercados

ESTHER VIVAS
Jueves 21 de agosto de 2014

La gran distribución comercial (supermercados, hipermercados, cadenas de descuento…) ha experimentado en los últimos años un fuerte proceso de expansión, crecimiento y concentración empresarial. Las principales compañías de venta al detalle han entrado a formar parte del ranking de las mayores multinacionales del planeta y se han convertido en uno de los actores más significativos del proceso de globalización capitalista.
Su aparición y desarrollo ha cambiado radicalmente nuestra manera de alimentarnos y consumir, supeditando estas necesidades básicas a una lógica mercantil y a los intereses económicos de las grandes empresas del sector. Se produce, se distribuye y se come aquello que se considera más rendible.
Operación supermercado
En el Estado español, la apertura del primer supermercado se llevó a cabo en el año 1957 y tuvo lugar en Madrid. Se trataba de un “supermercado-autoservicio” de carácter público promovido por el régimen franquista bajo el programa “Operación supermercado” que importó el modelo de distribución comercial estadounidense bajo la influencia del Plan Marshall. Su objetivo: modernizar el “comercio patrio”. La experiencia fue todo un éxito, dando lugar en muy poco tiempo a una red de supermercados públicos en varias ciudades como San Sebastián, Bilbao, Zaragoza, Gijón, Barcelona, La Coruña, etc.
En 1959 se abrió el primer supermercado de capital privado en Barcelona, fundado por las familias Carbó, Prat y Botet, propietarias de comercios de ultramarinos, y que lo bautizaron con el nombre de Caprabo, tomando la primera sílaba de cada uno de sus apellidos. Su apertura, como cuenta el libro Caprabo 1959-2009, significó una auténtica “revolución” entre los consumidores, atraídos sobre todo por el hecho de poder coger directamente de las estanterías los productos a comprar. Con el paso del tiempo, los supermercados privados, que el mismo gobierno franquista animó a crear, se impusieron, creando una extensa red de autoservicios en todo el Estado, y los de carácter público fueron desapareciendo.
En ese mismo momento en Europa, los supermercados eran una realidad emergente. En 1957, en Gran Bretaña existían 3.750 establecimientos, en la República Federal de Alemania 3.183, en Noruega 1.288 y en Francia 663. El Estado español e Italia se situaban a la cola, con 3 y 4 autoservicios respectivamente. Los supermercados eran considerados un símbolo de modernidad y progreso. A partir de entonces, su extensión fue in crescendo, diez años más tarde, en 1968, el número de supermercados en el Estado sumaba ya 3.678 y veinte años después, en 1978, la cifra alcanzaba los 13.215 establecimientos. Su modelo de distribución y venta al detalle se generalizó a lo largo de la década de los 80 y 90, llegando a ejercer a día de hoy un dominio absoluto de la distribución alimentaria.
Además, la mayor parte de nuestra cesta de la compra, entre un 68% y un 80%, la adquirimos en supermercados, hipermercados y cadenas de descuento. Según la revista especializada Alimarket, y con datos del 2012, el 68,1% de la alimentación envasada y la droguería la compramos en este tipo de canales, principalmente en los supermercados, frente al 1,5% que adquirimos en la tienda tradicional, el 25,1% en comercios especialistas y el 5,3% en otros. Según el informe Expo Retail 2006, casi el 82% de la compra de alimentos se realiza a través de la gran distribución, el 2,7% en tiendas tradicionales, el 11,2% en establecimientos especializados y el 4,2% es adquirido en otros lugares. En consecuencia, el consumidor cada vez tiene menos puertas de acceso a los alimentos y el productor menos opciones para llegar al consumidor. El poder de venta de los supermercados es total.
Mucho poder en pocas manos
Una distribución moderna que además concentra su peso en muy pocas compañías. De hecho, la mayor parte de nuestras compras en el supermercado se llevan a cabo en sólo seis cadenas, que controlan el 60% de dicho mercado. Se trata de Mercadona, con un 23,8% de la cuota de mercado, Carrefour con un 11,8%, Eroski (que incluye a Caprabo) con un 9,1%, Dia con un 6%, Alcampo (que integra los supermercados Sabeco) con un 5,9% y El Corte Inglés (con SuperCor y OpenCor) con un 4,3%. Les siguen Lidl, Consum, AhorraMás y DinoSol, que en conjunto conforman las diez principales empresas del sector. Nunca el mercado de la distribución alimentaria había estado en tan pocas manos.
En Europa, la dinámica es la misma. En el conjunto del continente, las diez principales cadenas de supermercados controlaban, con datos del 2000, más del 40% de la cuota de mercado. Actualmente, se calcula que la concentración es aún mayor. En países como Suecia, solo tres compañías de supermercados monopolizan alrededor del 95% de la distribución, y en países como Dinamarca, Bélgica, Francia, Holanda y Gran Bretaña, unas pocas empresas dominan entre el 60% y el 45% del total, según un informe de Veterinarios Sin Fronteras.
Asimismo, algunas de las mayores fortunas en Europa están vinculadas a la historia de la gran distribución. En Alemania, la persona más rica del país fue hasta el 16 de julio del 2014, fecha de su muerte, Karl Albrecht, fundador y copropietario de los supermercados Aldi. Tras su fallecimiento, el número uno pasó a ser ocupado por Dieter Schwarz, propietario del grupo Schwarz, que incluye las cadenas de supermercados Kaufland y Lidl. En Francia, la segunda fortuna del país está en manos de Bernard Arnault, propietario del grupo de artículos de lujo LVMH y con una participación muy importante en Carrefour. Y sin ir más lejos, en el Estado español, el segundo puesto del ranking de las grandes fortunas recae en Juan Roig, propietario de Mercadona.
La “teoría del embudo
Una concentración que se visualiza claramente en la llamada “teoría del embudo: miles de campesinos por un lado y millones de consumidores por el otro y tan solo unas pocas empresas de la gran distribución controlan la mayor parte de la comercialización de los alimentos. Tomemos el ejemplo del Estado español. En el extremo superior del embudo, contamos con alrededor de 720 mil campesinos y personas que trabajan en el campo y en el extremo inferior unos 46 millones de habitantes y consumidores, en medio 619 empresas y grupos del sector de la distribución con base alimentaria (con Mercadona, Carrefour, Grupo Eroski, Dia, Alcampo, El Corte Inglés, Lidl, Consum, AhorraMás, Makro, Gadisa, Grupo El Árbol, Condis, Bon Preu, Aldi, Alimerka a la cabeza) determinan la relación entre ambos. Y un dato a tener en cuenta: de entre estas 619 compañías, solo las 50 primeras ya controlan el 92% de total de la cuota de mercado.
Son estas empresas las que que determinan a qué precio se pagan los productos al agricultor y qué coste tienen para nosotros en el “súper”, dándose la paradoja de que el campesino cada vez recibe menos dinero por aquello que vende y nosotros, como consumidores, pagamos más. Queda claro, quién gana. Se trata de un oligopolio, donde unas pocas empresas controlan el sector, que empobrece la actividad campesina, homogeneiza aquello que comemos, precariza las condiciones laborales, acaba con el comercio local y promueve un modelo de consumo insostenible e irracional.
El poder de la gran distribución es enorme y nuestra alimentación queda supeditada a sus intereses económicos. Pensamos que somos nosotros quienes decidimos lo que comemos, pero ¿es así?
21/08/2014
Publico.es
http://blogs.publico.es/esther-vivas/2014/08/21/el-poder-de-los-supermercados/