jueves, 29 de julio de 2010

Flexibilizaciones en la Convención de Cambio Climático

Gerardo Honty

Alai-amlatina

Se están abriendo las puertas a la flexibilización de la Convención de Cambio Climático a juzgar por una nueva propuesta de su secretaría. Los gobiernos signatarios de ese acuerdo, considerarán esas iniciativas una vez más, ahora en Bonn, a partir del 2 de agosto, como parte de las tortuosas negociaciones para su próxima conferencia plenaria, en México.




La falta de acuerdo en el marco de la Convención es preocupante en tanto el tiempo pasa, las emisiones quedan (y aumentan), y los plazos para revertir el proceso de cambio climático se acortan. Bajo ese contexto, los países deberán considerar un documento elaborado por la Secretaría de la Convención, presentado el pasado 20 de julio, donde se analizan alternativas legales para dar continuidad al Protocolo de Kioto.





Esta es la tercera que vez que se reúnen estos grupos en lo que va del año, y al menos que se agregue alguna otra al calendario establecido, será el último encuentro antes de la COP 16 que se desarrollará en Cancún en diciembre. A su vez, desde el año 2007 la Convención de Cambio Climático viene reuniéndose en dos grupos separados para tratar por un lado la continuidad de Protocolo de Kioto y por otro lado los compromisos a largo plazo que los países irán a adoptar para enfrentar este problema global. Esta nueva reunión, a celebrarse en agosto en Bonn será la décimo tercera del Grupo del Protocolo de Kyoto, y la décimo primera del Grupo de Cooperación a Largo Plazo. Previamente, los grupos de países que integran G 77 + China, los Pequeños Estados Insulares y el Grupo Africano se reunirán cada uno por su lado para discutir y fijar sus posiciones.





Un mercado en riesgo





En esta reunión en particular, una de las preocupaciones principales es como evitar la posible caída del mercado de carbono que ocurrirá si no se lograra extender el Protocolo de Kyoto, o bien se deberá aprobar un nuevo texto que garantice la permanencia de los límites a las emisiones.





El protocolo firmado en 1997 ha generado un enorme mercado de comercialización de “permisos de emisión”, que mueve millones de dólares cada año y podría derrumbarse el 31 de diciembre de 2012, fecha en la que caduca el llamado “primer período de compromiso”. Considerando los tiempos que demandan los trámites internos de cada país para la ratificación de los tratados internacionales, existen sobradas razones para temer que los plazos ya no sean suficientes. Vale la pena recordar que el Protocolo de Kyoto, aprobado en 1997, demandó ocho para ser ratificado y recién entró en vigor en 2005.





En particular el Mecanismo de Desarrollo Limpio, única vía por la cual los países en desarrollo pueden participar del mercado de carbono, tiene como objetivo explícito (artículo 12 del Protocolo de Kioto) “ayudar a las Partes incluidas en el anexo I [países desarrollados] a dar cumplimiento a sus compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones contraídos” entre los años 2008 y 2012. Para varios expertos internacionales si no se logra prorrogar este mandato, a través de una enmienda al Protocolo o la ratificación de uno nuevo, ya no será posible extender certificados de reducción de emisiones.





A estos efectos la Secretaría de la Convención ha elaborado un documento (1) analizando las diferentes opciones para evitar la brecha que se crearía entre el fin del año 2012 y la entrada en vigor de un eventual nuevo protocolo. El texto recuerda que cualquier enmienda que quiera realizarse al Protocolo de Kioto –y de acuerdo a sus propias previsiones- deberá contar con la ratificación de al menos tres cuartos de los países Partes (143 países) antes del 3 de octubre de 2012. Esto deja poco menos de dos años de tiempo –si se llegara a un texto en la COP 16- para que los países procesen internamente la decisión en el marco de sus propios mecanismos de ratificación (generalmente la aprobación por parte del Poder Legislativo).





El texto también recuerda que el Protocolo de Kioto ha asumido un procedimiento de aceptación explícita para su entrada en vigor. Esto es, que los países deben declarar explícitamente su adhesión a la enmienda en cuestión. Pero abre la puerta para crear un procedimiento de aprobación implícita basándose en fórmulas adoptadas en otros tratados internacionales. Estos mecanismos alternativos permitirían asumir que todos los países están de acuerdo con las enmiendas a menos que expliciten su posición en contrario. Entre las opciones manejadas también está la posibilidad de adoptar una aplicación “provisoria” de una enmienda o extender el primer período de compromiso.



Otros problemas





Pero no solo el mercado de carbono corre riesgo de colapsar ante la falta de un acuerdo respecto a la continuidad del Protocolo de Kioto. También podrían caerse otras obligaciones adquiridas por los países, particularmente por los países desarrollados. Por ejemplo, el requisito de sostener un sistema nacional de estimación de emisiones de gases de efecto invernadero, la obligación de mantener un registro de la contabilidad de las transferencias y adquisiciones de los distintos “bonos de carbono” transados en el mercado, o la obligatoriedad de reportar información adicional sobre ciertos aspectos relacionados con sus emisiones.





También podría verse debilitado el mandato de cumplimiento de los compromisos de reducción asumidos. En tanto la penalización por el incumplimiento de las reducciones establecidas remite a deducciones de los compromisos para períodos futuros, la ausencia de nuevos períodos de compromiso sencillamente impide penalizar a los países infractores.



Sin embargo todo el documento presentado por la Secretaría está en condicional en la medida que, como todo texto legal, la letra del Protocolo asume diferentes interpretaciones. Esto hace sospechar que el camino de aquí a Cancún estará empedrado de pequeñas y grandes batallas jurídicas al interior de la Convención de Cambio Climático, particularmente dentro del Grupo del Protocolo de Kioto.



Bajando las expectativas





Sin embargo algunas conclusiones pueden extraerse del texto. En primer lugar que podría llegar a adoptarse una decisión que permita establecer un acuerdo vinculante entre las partes con el apoyo de 143 países y no ya de la unanimidad de los países miembros de la Convención. Una segunda cuestión es que existe la posibilidad de sustituir el procedimiento de aceptación explícita por uno de aceptación implícita, lo que sin dudas favorecería bastante la entrada en vigor de las nuevas enmiendas.





Por supuesto que esto está lejos de garantizar que lo que se apruebe sea efectivo desde el punto de vista de la mitigación del cambio climático y justo desde la perspectiva de la equidad en el reparto de los costos. Es a todas luces evidente que esta flexibilización de los mecanismos para la adopción de los nuevos acuerdos tiene como razón de ser los escasos compromisos asumidos por los países desarrollados (tanto en términos de reducción de emisiones como de aportes financieros), pero también la negativa de las economías emergentes a asumir algunas obligaciones. En consecuencia es bastante probable que las enmiendas que puedan surgir a partir de estas nuevas consideraciones sean insuficientes para lograr los objetivos de estabilización del clima.





Nota:



(1) Legal considerations relating to a posible gap between the first a subsequent commitment periods. Disponible en www.unfccc.int



Gerardo Honty es investigador en cambio climático del CLAES, Centro Latino Americano de Ecología Social



Fuente: http://alainet.org/active/39825

martes, 27 de julio de 2010

El derecho humano al agua

Roberto Bissio

Alai-amlatina

El agua es indispensable para la vida. Resulta tan obvio, tan básico, que la Declaración Universal de Derechos Humanos, el documento constitutivo del mundo contemporáneo, junto a la Carta de Naciones Unidas, enumera los derechos que hacen posible vivir “libres del miedo y la miseria” y los que atañen a la dignidad humana… pero no menciona entre ellos el derecho al agua. Ni al aire, dígase de paso. En 1948 no parecía posible que los fluidos esenciales llegaran a escasear.




Para solucionar esta omisión, la Asamblea General de Naciones Unidas ha sido convocada a votar el próximo miércoles 28 de julio una moción presentada por el embajador Pablo Solón de Bolivia y apoyada por otros 31 países, por la cual se declara por primera vez a nivel mundial como un derecho humano universal “el derecho al agua potable limpia y segura y al saneamiento”.



Las Naciones Unidas estiman que 884 millones de personas carecen totalmente de agua limpia y dos mil millones sólo tienen acceso a ella a más de tres kilómetros de sus hogares, lo que significa una carga abrumadora para mujeres y niños. Dos mil seiscientos millones de personas carecen de saneamiento adecuado y 1.200 millones defecan al aire libre. En una nota de apoyo a la resolución, el ex presidente ruso Mikhail Gorbachov recuerda que “por lo menos cuatro mil niños mueren cada día por enfermedades vinculadas al agua y más vidas se han perdido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial por el agua contaminada que por violencia y guerras”.



Catarina de Albuquerque, autora de un conmovedor informe al Consejo de Derechos Humanos sobre el agua y el saneamiento, explora cómo los derechos consagrados a la salud, la vivienda, la educación, el trabajo, la igualdad entre varones y mujeres y el propio derecho a la vida están relacionados. Pero no alcanza con estos derechos consagrados, sostiene: “El saneamiento es un aspecto de la dignidad humana; se debe considerar la vulnerabilidad y la vergüenza que tantas personas experimentan cada día”. Ya en 1980, el Tribunal Supremo de la India, al considerar la situación de un municipio que no ofrecía servicios sanitarios públicos básicos describió cómo ante esta carencia "la timidez se convierte en un lujo, y la dignidad, en difícil arte". Estas violaciones a la esencia misma de la dignidad humana no se captan en su totalidad cuando se considera el agua y el saneamiento sólo en su relación con otros derechos humanos y hacen necesaria esta resolución específica, concluye Albuquerque.



El texto que ahora considera la Asamblea de la ONU se concentra en los derechos individuales y expresamente deja de lado los temas de aguas fronterizas que son objeto de la legislación internacional ya consagrada, afirma la necesidad de enfocar el tema desde lo nacional y lo local, reafirma que la protección y promoción de todos los derechos humanos es de responsabilidad de cada estado y reclama cooperación internacional y trasferencia de tecnología para hacer posible el derecho al agua y al saneamiento para todas las personas y hogares.



El acceso al agua potable y al saneamiento como derecho humano, sostiene un informe publicado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en enero de este año, “debe ser equitativo y no discriminatorio, apropiado en calidad y cantidad, económica, social y ambientalmente sustentable y de costo accesible. Es obligación del Estado proteger a la gente de la desconexión a los servicios de aguas y de la contaminación, prohibir que individuos o empresas lesionen los derechos de otros. Como estos servicios son caros y en la región hay altos niveles de pobreza e indigencia, los pobres no podrán ejercer su derecho humano al agua si no reciben un apoyo eficaz del Estado, reflejado en los presupuestos y en la creación de instituciones eficientes y estables”.



Como 190 países ya reconocen de una u otra manera en sus constituciones y legislaciones el derecho al agua, la aprobación de esta resolución debería expresar un consenso mundial. Sin embargo, a juicio de Maude Barlow, presidenta del Consejo de Canadienses y ex-asesora sobre agua del presidente de la Asamblea General de la ONU, “algunos gobiernos se oponen al consenso y es probable que la resolución deba ser sometida a voto, con lo cual se arriesga dividir al cuerpo entre Norte y Sur”. Esta división no evitaría la aprobación de la resolución, ya que el Sur tiene amplia mayoría en la ONU, pero le quitaría peso político y viabilidad práctica.



Estados Unidos, Canadá, Australia y el Reino Unido aparecen como el principal obstáculo. Esto puede deberse a la tradición jurídica anglosajona hostil a los derechos “de segunda generación” que requieren que los gobiernos hagan algo (como educar o cuidar la salud de sus ciudadanos) en oposición a los derechos humanos ‘clásicos’ que simplemente requieren que los gobiernos se abstengan de hacer algo (de torturar, censurar, encarcelar arbitrariamente o allanar hogares de noche, por ejemplo).





En Londres la coalición liberal-conservadora de David Cameron ha dicho que quiere quitar de la resolución la mención al saneamiento y que ésta hable de “acceso” al agua pero no su reconocimiento como un derecho humano. En Australia, los laboristas en el poder han privatizado el agua y resienten, por lo tanto, un documento que parece ir en sentido contrario, mientras que en Canadá el primer ministro conservador Stephen Harper alega que no puede votarla porque ello obligaría a su país a compartir sus reservas hídricas con Estados Unidos.





En realidad, la resolución no dice nada sobre cómo deben los gobiernos garantizar el acceso al agua y el saneamiento. El proveedor puede ser público o privado, al igual que una institución que enseña o que cura, y la existencia del derecho no obligará a compartir internacionalmente las aguas nacionales, como tampoco está ningún país obligado a alimentar los hambrientos del mundo o alojar a los que carecen de techo. Pero un derecho humano al agua y al saneamiento sí podría poner un límite a los derechos de grandes corporaciones sobre los recursos hídricos consagrados en acuerdos bilaterales y multilaterales de comercio y de inversión.





Bolivia bien sabe de esto, ya que después de que la corporación Bechtel se retirara del país, huyendo de las protestas populares por el encarecimiento del agua privatizada en Cochabamba, el gobierno fue condenado a indemnizarla por un tribunal arbitral del Banco Mundial, que reconoció el derecho del inversor extranjero pero no el derecho humano de los bolivianos al agua.





Consagrar universalmente el principio jurídico para que esto no vuelva a ocurrir depende en gran medida ahora del país de origen de Bechtel. “La estrategia de seguridad nacional del presidente Barack Obama, basada en la promoción de los derechos humanos y el desarrollo sustentable en el mundo, debería ser traducida en apoyo al agua como derecho humano”, aconseja Gorbachov. El presidente Obama tiene una semana para tomar una resolución histórica.



Fuente: http://alainet.org/active/39769





Documento relacionado:





"Líquido vital, voracidad mortal" edición No. 456 de América Latina en Movimiento

- http://www.alainet.org/publica/456.phtml

¿SON LOS BOSQUES FÁBRICAS DE AGUA?

Humberto Pérez Salazar

Geólogo U. N.
Ibagué, julio 27 de 2010

En el imaginario colectivo, de tiempo atrás, existe la creencia que los bosques son fábricas de agua y que para evitar el agotamiento de la misma es preciso reforestar. La suposición anterior, la han difundido ecologistas, quizás dando a entender que se debe cuidar la calidad del agua y la regularidad de los caudales de las fuentes de aguas superficiales. La cantidad de agua en el planeta es casi la misma, sólo que por las acciones antrópicas, la del Ciclo Hidrológico se distribuye actualmente de manera diferente. Se cree que el agua se está acabando porque la población mundial crece desmesuradamente y porque existe mayor presión puntual sobre su uso, dado que los asentamientos humanos crecen vertiginosamente. La preocupación sobre el supuesto agotamiento no es válida, y además no debe desconocerse que el 98% del agua potable del planeta se encuentra bajo tierra, y que en Colombia las aguas del subsuelo se utilizan en mínima proporción, a pesar de su alta potabilidad y de su favorable accesibilidad. Si proyectos de minería a gran escala, como los de oro diseminado del Tolima y Santander, al construir sus gigantescas canteras a cielo abierto eliminan manantiales o nacimientos naturales de agua, y argumentan que no hay problema, pues como compensación se reforestará un determinado número de hectáreas, esta apreciación es errónea, porque los bosques no originan nuevos manantiales. Sin ignorar que los bosques evitan la erosión, regulan el caudal de los ríos y quebradas, favorecen la precipitación pluvial y generan oxígeno a partir del dióxido de carbono que toman las especies vegetales, se desconoce si combinan un ión oxígeno con dos de hidrógeno para fabricar el agua, por la sencilla razón que el agua no se fabrica fuera de los laboratorios. Fomentar la reforestación, obvio, que es favorable, pero afirmar que los bosques producen agua ha servido para que las empresas de megaminería, depredadoras del ambiente, contaminadoras del agua y eliminadoras de manantiales, afirmen que a estos los reemplazarán en los lugares donde se implementen plantaciones forestales. Ya quisieran los campesinos del Tolima contar con nuevos manantiales dentro de sus predios con el sólo hecho de sembrar árboles y sobre todo plantas de guadua, y los hidrogeólogos desearían también que esto fuera así, para evitar la perforación de pozos profundos. Los manantiales son descargas superficiales de agua subterránea sobre la superficie del terreno y constan de zonas de recarga, circulación y de descarga, que es el lugar donde aflora el agua. Para su existencia se requieren especiales condiciones geológicas, como la presencia de acuíferos, las cuales no aparecen, en un determinado lugar, por el sólo hecho de reforestar. Tampoco, los acuíferos se pueden cambiar de sitio, y sólo los movimientos tectónicos y las fallas geológicas pueden, en condiciones naturales, desaparecer o hacer aparecer manantiales en lugares inesperados. Lo anterior, conduce a cuidar los manantiales, especialmente los pocos profundos, a evitar la minería a gran escala, a conservar los bosques de galería y los existentes en las cabeceras de los nacimientos de agua, para que la precipitación pluvial sea mayor, y para que al aumentar la cobertura vegetal el agua lluvia erosione menos y sea atrapada por la vegetación, y posteriormente liberada en forma paulatina pero constantemente.

domingo, 25 de julio de 2010

“!Déjennos un futuro!”. Declaración de Redstone de los filósofos indígenas ambientales

AAVV
Sin Permiso
25/07/10

Nosotros filósofos ambientales indígenas llegamos de las cuatro esquinas del mundo a Redstone, Oklahoma para hablar del futuro de nuestro planeta.


La filosofía ambiental indígena reconoce y respeta una conexión mutuamente solidaria de entidades físicas y espirituales que une el pasado ancestral con el futuro distante. La visión de nuestros pueblos indígenas es alcanzar el bienestar espiritual y material por la acción consciente. La Madre Tierra es un Ser Vivo, dinámico con valor inherente y sus principios deben ser encarnados activamente para permanecer en armonía y equilibrio.

Hoy, estamos en un punto donde la humanidad está en el peligro de ser eliminada de los ciclos de nuestro planeta. Traemos este mensaje urgente en respuesta a las mujeres Indígenas, juventud y niños de alrededor del mundo que nos han pedido constantemente que les dejemos un planeta más equilibrado.

Venimos como individuos de culturas donde nuestras autoridades se basan en nuestras relaciones únicas con la naturaleza y el ambiente. Nuestros modos de vivir y existencia son amenazados por la resistencia de las naciones a incluir nuestras instituciones en las soluciones que pueden salvar nuestro planeta. Por eso, publicamos esta llamada al mundo.

Los conflictos ambientales, sociales, económicos, y políticos sobre los recursos naturales y los derechos de acceso; las preocupaciones del cambio climático, y otras cuestiones significativas que amenazan a las comunidades internacionales y locales no emergieron recientemente. Son resultado del proceso histórico que hoy afecta cada área de la creación.

Las estructuras espirituales, culturales, sociales, económicas, y políticas perdieron sus uniones comunitarias y ahora se concentran exclusivamente en el individuo. El mundo se movió de la concentración comunitaria al predominio del individuo, causando un desequilibrio ambiental peligroso con consecuencias significativas en la salud y en lo espiritual. El equilibrio debe ser restaurado para curar la tierra, y esto debe incluir la participación de todas las razas, géneros y culturas.

Los planes necesarios y eficaces para restaurar el equilibrio incluyen la realización de lo siguiente:

1. Reconocimiento de la interdependencia de todas las cosas;

2. Libre autodeterminación indígena;

3. La preservación de tierra, aire, agua, territorio, y recursos indígenas.

4. Protección y preservación del conocimiento, estilos de vida, lenguas, culturas, sitios sagrados, y tradiciones orales indígenas;

5. Autoridad indígena sobre todas las acciones que afectan las comunidades indígenas;

6. Respeto y protección de las agriculturas tradicionales y los recursos genéticos;

7. Soberanía y seguridad alimentaria;

8. Derechos de movimiento, de acceso, de participación y comunicación en el intercambio de conocimiento ambiental y cultural.

Debemos asegurar la prosperidad de la humanidad y de la naturaleza. Eso requiere una unificación de la gente diversa que está abierta a nuevas ideas; de la gente sabia, clara, y profundamente humana; Gente que puede superar los límites impuestos en sus mentes, que buscan en su conciencia y espíritu las soluciones.

Todos los gobiernos, las comunidades, los líderes, los individuos, las industrias, y las corporaciones debemos actuar juntos inmediatamente para restablecer el equilibrio que es esencial para la existencia.

Pedimos una revisión de las prácticas comerciales existentes y fin a la explotación y la degradación de los recursos naturales a favor de todas las generaciones que vengan. También pedimos que una parte de las ganancias de las empresas sea invertida en el desarrollo de recursos de energía renovables.

Como filósofos ambientales indígenas, respiramos vida en esta declaración y nos comprometemos a la realización de las disposiciones contenidas en ella.- 1º de Mayo de 2010



www.sinpermiso.info, 25 julio 2010

El oro sucio

Joaquim Sempere
Sin Permiso
25/07/10


El desastre del golfo de México, que costó la vida a 11 trabajadores de la plataforma petrolera Deepwater Horizon el pasado mes de mayo, ha sido y es noticia en todo el mundo porque ha afectado las costas de un país rico y poderoso. En cambio, en muchos países empobrecidos ocurren casos de contaminación parecidos desde hace decenios sin merecer la atención de los medios de difusión.

El caso seguramente más extremo es el de Nigeria, que proporciona a Estados Unidos el 40% del crudo que importa. Desde 1958, fecha en que Shell empezó la explotación del subsuelo del delta del río Níger, la contaminación de suelo, vegetación y agua no ha cesado. “Hemos perdido redes, chozas y ollas. Ya no podemos pescar ni criar ganado”, dice el jefe de una comunidad. La gravísima contaminación procedente de los 606 campos de petróleo del país deja a cientos de miles de personas en la miseria. Muchos pueblos han protestado, han iniciado querellas legales para lograr indemnizaciones, algunas de las cuales han prosperado. Y también han sufrido la represión. En 1995, bajo el Gobierno corrupto del dictador Sani Abacha, fueron ejecutados nueve miembros del Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni, entre ellos el escritor y candidato al Premio Goldman (el Nobel de la ecología) Ken Saro-Wiwa. La masiva protesta pacífica del pueblo ogoni contra la Shell fue reprimida por el ejército nigeriano con el resultado de más de mil personas muertas.

Se estima que en el último medio siglo se derramaron en Nigeria hasta 1,5 millones de toneladas de crudo, unas 30 o 40 veces el petróleo derramado en el golfo de México tras el primer mes del accidente. Los derrames tienen muchas causas. Los oleoductos y los depósitos están a menudo oxidados porque son viejos y no se reponen. Hay estaciones de bombeo semiabandonadas. Se estima que cada año hay más de 300 derrames mayores o menores. Todo el medio ambiente está devastado. “Si el accidente del golfo [de México] hubiera ocurrido en Nigeria, ni el Gobierno ni la empresa hubieran prestado mucha atención”, dice Ben Ikari, otro portavoz del pueblo ogoni.

Algo parecido puede decirse de lo que ocurre y ha ocurrido desde hace tiempo en Bolivia, Ecuador y en otros muchos países víctimas de la maldición de ese “oro negro” que mejor sería llamar oro sucio. Las compañías petroleras llegan, se llevan la riqueza y dejan la desolación. Así alimentamos los vientres insaciables de nuestros vehículos.

El consumo masivo de combustibles fósiles (el 80% de la energía mundial procede de fuentes fósiles) tiene, pues, unos costes que no se toman en consideración. Otro coste “invisible” es el transporte. Carbón, gas y petróleo circulan por la superficie del planeta representando el 42% en tonelaje de todas las mercancías mundiales (aunque sólo el 7% de su valor monetario). Un volumen tan descomunal de combustibles moviéndose por tuberías, trenes, camiones o buques supone un riesgo de derrames en tierras y aguas y de escapes de gas a la atmósfera (téngase en cuenta que cada molécula de gas metano tiene un efecto invernadero que multiplica por 24 el de una molécula de CO²). La historia de las fuentes de energía fósiles está llena de accidentes de esta clase.

Por último, el petróleo y el gas son causa de conflictos diplomáticos y bélicos, como es bien sabido. La guerra de Irak y sus secuelas están ahí para mostrarlo. Dice Lester Brown, del Earth Policy Institute, que cuando repostamos no pagamos todo lo que cuesta la gasolina. En su precio deberíamos incluir la contaminación atmosférica y sus efectos –calentamiento global y cambio climático–, pero también la contaminación local en los países productores, con la correspondiente destrucción de ecosistemas vitales, las mareas negras derivadas del transporte del crudo y los costes de las guerras y otros gastos militares por el control de las fuentes. Y aun así, el coste en dinero dejaría aparte otro coste: los enormes sufrimientos humanos y los daños ambientales que acarrea todo el tinglado.

A medida que el petróleo escasee más, es probable que aumenten los accidentes y los derrames. La industria, en efecto, se esforzará por extraer petróleo de lugares cada vez más remotos y difíciles, más profundos, situados en alta mar. Los costes de extracción aumentarán, y se tenderá a ahorrar en seguridad (como ha ocurrido con el Deepwater Horizon, donde uno de los obreros muertos había avisado a su familia de las pésimas condiciones en que trabajaba), en transporte y en almacenamiento. Recuérdese el mal estado del Prestige, el petrolero naufragado en las costas gallegas, que no cumplía las condiciones de seguridad estipuladas para el transporte marítimo de petróleo.

Las fuentes fósiles de energía son finitas, y habrá que sustituirlas por otras, a ser posible limpias y renovables. ¿Por qué no acelerar el cambio de modelo energético, sobre todo a la vista de los innumerables inconvenientes de las fósiles? ¿Por qué no dedicar más recursos económicos a las energías renovables en lugar de poner parches en oleoductos y petroleros? Además, conviene hacer bien las cuentas, incorporando a los cálculos todos los costes, visibles e invisibles, directos e indirectos. Así veremos que la energía solar en todas sus formas, incluida la eólica, es menos cara de lo que se dice. Ojalá la visibilidad del desastre del Caribe sirva para entrar en razón.

Joaquim Sempere es profesor de Teoría Sociológica y Sociología Medioambiental de la Universidad de Barcelona



Público, 22 julio 2010

Minería y cianuro

Manuel Rodríguez Becerra
El Tiempo
VII 25 10


El pasado mes de mayo, el Parlamento Europeo solicitó a la Comisión Europea la prohibición total del uso del cianuro en la minería del oro en todos los países de la Unión, mediante una resolución que obtuvo una mayoría abrumadora: 488 votos a favor, 57 abstenciones y 48 votos en contra. La Comisión no acogió la propuesta, pero la reconsiderará en el 2012. Con los años, es muy probable que se abra paso, siguiendo el camino trazado por Alemania, República Checa y Hungría, que no permiten el uso de este químico en la minería.


Las motivaciones del Parlamento Europeo para expedir esta resolución no deberían pasarse olímpicamente por alto en Colombia, ahora que el Ministerio del Ambiente está próximo a decidir sobre la solicitud de una licencia ambiental presentada por la empresa canadiense Greystar para explotar el mineral de oro a cielo abierto en el páramo de Santurbán (Santander), haciendo uso de cianuro en su procesamiento.

No sobra, entonces, transcribir cuatro de las quince motivaciones que llevaron al Parlamento Europeo a expedir la solicitud de prohibición del uso del cianuro en la minería:

"El cianuro es un químico de alta toxicidad utilizado en la industria de la minería del oro que puede tener un impacto catastrófico e irreversible sobre la salud humana, el medio ambiente y la biodiversidad."

"El derrame de cianuro en la minería ha causado treinta accidentes de la mayor gravedad en diversas partes del mundo en los últimos veinticinco años... Y no existe una garantía real de que no vuelvan a ocurrir, más si se tiene en cuenta la creciente incidencia de condiciones extremas de clima, y, entre ellas, las frecuentes lluvias torrenciales, como se prevé en la Cuarta Comunicación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático."

"La contaminación de las cuencas hidrográficas y las aguas subterráneas transfronterizas como consecuencia de la minería con cianuro señala la urgencia de que la Unión Europea encare las graves amenazas ambientales inherentes a este tipo de minería."

"La minería con cianuro produce pocos empleos, solamente durante un período de seis a dieciséis años. Pero, al mismo tiempo, puede causar enormes daños ambientales; los costos de los cuales no son por lo general asumidos por las empresas mineras, que desaparecen o se declaran en quiebra, sino por el Estado; es decir, por los ciudadanos con sus impuestos."

Lo grave es que Colombia corre estos mismos riesgos, pero en forma magnificada. Nuestros ecosistemas se caracterizan por una mayor fragilidad que los de Europa, que se agudiza en los ecosistemas de montaña, allí donde se concentran los títulos mineros para la extracción de oro otorgados por Ingeominas, como es el caso del páramo de Santurban. Además, "no nos encontramos en Dinamarca, sino en Cundinamarca", como lo revelan los múltiples vacíos y problemas del Código de Minas en materia de protección ambiental, así como la enorme debilidad de las autoridades ambientales para juzgar la viabilidad de los proyectos mineros, monitorearlos y controlarlos.

Como bien lo argumentó el ex ministro José Antonio Ocampo, la minería ofrece excepcionales oportunidades para el desarrollo del país, pero si "no es bien manejada, puede generar daños ambientales irreparables" y puede, también, traer consecuencias negativas para la economía y el desarrollo social (EL TIEMPO, 18 de julio).

Le faltó añadir a J. A. Ocampo que, infortunadamente, la gran y mediana minería de Colombia presenta hoy un balance ambiental negativo, así se identifiquen honrosas excepciones, y que los desastres de la desbocada minería ilegal son inenarrables. Si no se corrigen radicalmente estas graves situaciones y tendencias y, de ñapa, se aprueba la minería de oro con cianuro a gran escala, ¿a dónde diablos irá a parar nuestra cacareada riqueza en biodiversidad e hídrica?

Manuel Rodríguez Becerra

martes, 20 de julio de 2010

El descubrimiento del “efecto rebote”

Cédric Gossart


Le Monde Diplomatique

En junio pasado, el Consejo de Innovación Energética estadounidense –un think tank creado por Bill Gates y Jeff Immelt, dueño de General Electric– solicitó al presidente Obama triplicar los gastos de investigación en energías limpias para no darle ventaja a China. Pero estas energías no siempre generan los efectos esperados en el medio ambiente…


Su proveedor de agua le propone adoptar un comportamiento ecológico y pasar a la facturación electrónica, argumentando que así se ahorrará papel. Y como al hacerlo la empresa reducirá sus gastos, le ofrecerá tarifas más atractivas. ¡Así la ecología se uniría a la economía para mayor beneficio de todos! Pero en los hechos… ¿no lo incitarán esos precios más bajos a regar el césped o a tomar varios baños por semana? ¿Sigue entonces siendo tan ecológico? Los economistas denominan a esta paradoja “efecto rebote”. Decir que ella ensombrece las perspectivas de la economía “verde” es quedarse corto.

En Francia, 35.000.000 de contadores eléctricos viejos serán reemplazados próximamente por contadores “inteligentes”. En Lyon, una de las zonas de prueba de esta operación, los proveedores de electricidad instalarán en las casas de sus clientes –con su permiso– unas cajas con un dispositivo que les permitirá controlar el consumo a distancia, con un margen de error de un segundo, con la esperanza de que esta vigilancia motive una reducción del monto de la factura (1). Los ahorros para el proveedor –ya no hacen falta técnicos para controlar los contadores–, deberían traer además un descenso de los precios. ¡Es el fin de las disputas en torno al radiador porque los friolentos han subido disimuladamente el termostato del salón!

¿Pero en qué se utilizará el ahorro producido? Algunos estudios no publicados de los servicios de investigación de EDF (Electricité de France) demuestran que, cuando las tarifas bajan, los hogares modestos tienden a aumentar la temperatura de su vivienda. Los hogares ricos no se quedan a la zaga, con la frenética renovación del equipamiento de punta. Cuando un bien o un servicio baja su precio se tiende, sin pensarlo, a consumir una mayor cantidad del mismo. Y, más allá de la temperatura considerada suficientemente confortable, el excedente financiero se destinará a la adquisición de otros bienes de consumo (pantalla de plasma, viaje en avión, teléfono “inteligente”, etc.) cuyo balance de carbono será, por otra parte, probablemente aún menos favorable para el medio ambiente. Al final, el beneficio ecológico de la tecnología se encoge como piel de zapa –o pasa incluso, en algunos casos, a ser negativo– mediante un ajuste de los comportamientos individuales que, sin embargo, constituyen el blanco principal de las campañas oficiales de comunicación acerca del “desarrollo sustentable” que elevan al pináculo la imagen del “consumidor responsable”.

En este laborioso inicio del siglo XXI, industriales y gobernantes ven en la tecnología el milagroso catalizador capaz de poner en marcha un nuevo ciclo de crecimiento, de crear empleos, de reabsorber los déficits, de reducir las desigualdades y, por supuesto, de recuperar los ecosistemas naturales. En todas las estrategias planificadas para que el mejoramiento de la calidad de vida ya no esté atado a la explotación de los “servicios naturales” –energía, materias primas, procesamiento de residuos… (2)–, las nuevas tecnologías juegan un papel determinante. La informática, en particular, ofrecería una herramienta esencial para “enfrentar el desafío climático”, mediante la reducción del consumo de energía (3).

Gracias a las tecnologías verdes de la información y la comunicación (en español TIC verdes, en inglés green IT), así como a la permanente reducción de los costos de los productos electrónicos, los “productores responsables” ponen en el mercado teléfonos y computadoras “verdes”, que contienen plástico reciclado, bambú, etc. Algunos llegan incluso a financiar talleres con las normas europeas para el tratamiento de los residuos electrónicos, en países que los importan más o menos legalmente (4). Por el lado de los distribuidores, comprar aparatos usados a fin de reciclarlos para que sean comprados de nuevo es una práctica corriente. Así, cada uno puede disponer de un teléfono en cada bolsillo, de un televisor en cada habitación, de una computadora portátil en cada rodilla, y hasta “de música en todos los pisos” (Le Monde Magazine, 30-4-10). Pero la máxima sofisticación siguen siendo los funerales virtuales, alabados por la prensa por su “ecologismo”, porque es evidente, parece, que “permiten evitar un derroche de recursos naturales” (Le Monde, 17-4-10) –al menos en este caso particular, el efecto rebote no cuenta–. Por otra parte, su consideración podría perfectamente reducir los milagros de estas “tecnologías verdes” al estatus de quimeras.

Consecuencias paradójicas

Los economistas distinguen tres tipos de efectos rebote. El primero, denominado “directo”, es el más intuitivo: cuando se reduce la intensidad en energía de un servicio, su costo baja; el ahorro así realizado permite, por consiguiente, consumir más de ese mismo servicio. El ejemplo clásico es el del automovilista que reemplaza su viejo automóvil por un modelo más eficaz y aprovecha el ahorro en combustible para conducirlo más seguido y más lejos (5). Otro caso típico es el de la calefacción.

En Francia, el sector residencial y terciario va a la cabeza en el consumo de energía (43% del total, delante de los transportes y la industria): dos tercios de éste son imputables a la calefacción. Paradoja: por un lado, gracias a los trabajos de administración de la energía, a las reglamentaciones térmicas, etc., el consumo medio para calefaccionar un metro cuadrado pasó de 365 a 215 kilovatios/hora (kWh) entre 1973 y 2005; por el otro, el consumo de energía debido a la calefacción aumentó en un 20% desde 1970. ¿Un efecto rebote habría absorbido parte de las ganancias? Todo conduce a pensarlo. Entre 1986 y 2003, a pesar de las políticas de economía energética, la temperatura media de las viviendas francesas pasó de 19ºC a 21ºC (cada grado suplementario aumenta el consumo de energía en un 10%). Para mucha gente, mejorar el confort implica sobrecalefacción y sobreconsumo, incluso para los encargados de los edificios, a quienes a veces se les va la mano con el termostato de la calefacción colectiva. Según la Agencia del Medio Ambiente y del Manejo de la Energía (Ademe), un departamento ocupado no tendría que superar una temperatura media de 19ºC. Por encima de eso, el sentimiento de confort puede tener efectos nefastos sobre la salud (erupciones cutáneas, sudores, hiperventilación).

En Estados Unidos se produce el mismo escenario. Según el informe anual 2010 de la agencia estadounidense de la energía, el consumo energético y las emisiones de CO2 por dólar de Producto Interno Bruto (PIB) disminuyeron más del 80% desde 1980. Esto no impidió que el consumo total de energía y las emisiones de CO2 del país aumentaran en un 25% y en un 165% en el mismo período, respectivamente (6). De manera que los beneficios de una campaña pública de sensibilización para la sobriedad energética se anularon.

Algunas políticas son directamente cuestionadas cuando aparece un efecto rebote. Este es el caso de las normas de rendimiento energético, que favorecen el surgimiento de innovaciones tecnológicas (7). En efecto, se registran temperaturas tendencialmente más altas en las viviendas más nuevas que en las construcciones antiguas. Gracias a las técnicas para mejorar el aislamiento y la ventilación, mantener la temperatura de las habitaciones de una vivienda en un piso más alto ya no plantea problemas. De ahí que una política orientada a reducir el consumo de energía haya provocado el efecto contrario.

Se utilizaron varios métodos para medir el efecto rebote. Por ejemplo, la elasticidad precio: si el consumo en kWh aumenta un 2% luego de una reducción de las tarifas de la energía del 10%, el efecto rebote es del 20% (8). En el sector del transporte, se mide el aumento del consumo de combustible ocasionado por una mayor eficacia de los vehículos. En ese caso, la innovación tecnológica reduce el costo del transporte por kilómetro, lo cual tiende a alargar las distancias recorridas y a aumentar el consumo global de combustible (de un 20% a un 30% en Estados Unidos, según una estimación).

En el Reino Unido, un estudio evaluó el efecto rebote de las políticas de ahorro energético implementadas entre los años 2000 y 2010 en cerca del 30% (9). Es decir que las ganancias en eficacia energética producidas por esas políticas no pueden considerarse rentables a menos que logren superar ese índice del 30%.

Desperdiciar menos para equiparse mejor

El segundo tipo de efecto rebote es indirecto. Contrariamente al caso anterior, el consumidor estima haber alcanzado un nivel satisfactorio de consumo del servicio cuyo precio ha bajado. Pero gastará el dinero ahorrado de otra manera, lo cual conduce a aumentar los flujos materiales en la sociedad. Por ejemplo, una familia podría invertir la diferencia obtenida al aislar las ventanas en la compra de una consola de juego o de un nuevo televisor. ¿Habrá que ver en ello un efecto de la recomendación paradójica de adoptar un comportamiento “ecológicamente responsable” y, simultáneamente, dotarse del último artefacto de moda? ¡El mismo correo que prescribe al cliente, por una preocupación ecológica, adoptar la facturación por internet, le recuerda cuántos puntos tiene para cambiar “gratuitamente” de teléfono móvil!

El confort ya presupone un sobreequipamiento en artefactos eléctricos energívoros y contaminantes. Los artefactos eléctricos, descontando los de calefacción, representan el 20% del consumo de energía. A través de un efecto rebote indirecto, el ahorro efectuado en calefacción puede trasladarse al consumo de los productos de entretenimiento (equipamiento hi-fi, televisión…), que saltó de 18 kWh por vivienda en 1973 a 321 kWh, 25 años después (10).

La difusión del equipamiento electrónico conduce a un tercer tipo de efecto rebote, susceptible, esta vez, de modificar la estructura misma de las sociedades humanas. Cuando la eficacia para explotar un recurso aumenta, su costo disminuye, favoreciendo las actividades socioeconómicas que lo utilizan intensivamente. Estas últimas atraen entonces capitales financieros y colaboradores de alto rendimiento, fortaleciendo su posición hasta dominar a la competencia. En consecuencia, la economía entera se vuelca hacia ese recurso que se abarató.

El petróleo constituye una ilustración perfecta de este encadenamiento, si se considera el impacto de su explotación y producción sobre las sociedades mecanizadas, industrializadas, urbanas y motorizadas. De la misma manera, nuestra capacidad exponencial de transportar y almacenar un byte de información está en vías de transformar profundamente la sociedad. Como en el caso del automóvil, puede hacerse difícil para los individuos desprenderse de la “civilización de los hidrocarburos” a la que estamos, en sentido literal, pegados (11).

Aunque estos fenómenos no son nuevos, siguen siendo difíciles de aprehender, ya que obligan a concebir, para cada técnica empleada, el conjunto de las consecuencias estructurales que su empleo masivo puede generar.

En el libro La cuestión del carbón, el economista inglés William Stanley Jevons compartía en 1865 sus temores en relación al agotamiento, hacia fines del siglo XX, de esa fuente de energía vital para el poderío de su país. Es cierto que el carbón no desaparecerá tan rápido como él lo pronosticó, pero el argumento teórico de la “paradoja de Jevons” conserva su solidez: cuanto más eficazmente utilizamos el carbón, más consumimos.

En efecto, si necesitamos menos carbón para producir una tonelada de fundición en bruto, las ganancias de la industria siderúrgica aumentan. Lo cual incita a los industriales a aumentar sus volúmenes de producción y disminuir sus costos, provocando así un incremento del consumo de carbón y de las ganancias obtenidas. En consecuencia, crecen los dividendos y –en teoría– los salarios, así como el consumo neto de los trabajadores y los accionistas. Entonces, todo descenso del costo de la energía completa el “reservorio de demandas no satisfechas”; y un tiempo de trabajo suplementario tomado del descanso asegura el aumento del presupuesto necesario para satisfacer esas demandas (12). El consumo del recurso más eficazmente utilizado disminuye… pero para rebotar mejor.

Al igual que los combustibles energéticos, las tecnologías de la información son hoy indispensables en todos los sectores económicos. Como el automóvil, ellas transforman las sociedades, favorecen innovaciones más rápidas, aumentan las economías de escala (13). Gracias a ellas, un mayor número de productores se encuentran capacitados para innovar y … la obsolescencia de los bienes y servicios se acelera. Lejos de alargar la vida útil de los aparatos y la capacidad de repararlos, el ciclo vital de estos productos se acorta, provocando un aumento de la necesidad de materias primas para fabricarlos.

Existen otras causas de efecto rebote: consumimos un bien o un servicio porque procura un nivel más elevado de confort o rendimiento, pero también porque hace ganar tiempo (14); y éste puede tener importantes repercusiones al difundirse masivamente en la sociedad. Por ejemplo, los medios de transporte rápidos resultarán privilegiados, así como primarán los desplazamientos individuales sobre los colectivos y crecerán las filas de espera en los aeropuertos o los embotellamientos en las rutas …

Los usuarios de internet también son víctimas de un fenómeno de ese tipo. El acceso muy rápido a documentos que en el pasado habría sido necesario encargar por correo o ir a consultar a una biblioteca genera una profusión de información que finalmente desemboca en que dedicamos más cantidad de horas de lo previsto a leer esa documentación en la pantalla. Como sugiere Hartmut Rosa (15) todo sucede como si la aceleración exigiera… más tiempo.

Cédric Gossart. Profesor de Telecom École de Management (Evry).

Traducción: Patricia Minarrieta

Notas:

1 Sobre una experiencia europea, véase Mari Martiskainen y Josie Ellis, “The role of smart meters in encouraging behavioural change – p rospects for the UK”, Sussex Energy Group, Brighton, 2009.

2 “Croissance verte” (Patricia Crifo, informe al Conseil économique pour le développement durable, París, 2009); “capitalisme immatériel” (Maurice Lévy y Jean-Pierre Jouyet, L’Economie de l'immatériel. La croissance de demain, La Documentation française, París, 2006); “découplage absolu” (Tim Jackson, Prospérité sans croissance. La transition vers une économie durable, De Boeck, Bruselas, 2010).

3 Sobre las aplicaciones de las tecnologías de comunicación al desarrollo sustentable, véase Gilles Berhault, Développement durable 2.0, L’Aube, La Tour-d’Aigues, 2010.

4 Para eludir las restricciones legales sobre el transporte internacional de residuos peligrosos (Convención de Basilea), los desechos electrónicos son exportados a veces como material de segunda mano. Véase “De l’exportation des maux écologiques à l’ère du numérique”, Mouvements, N° 60, París, octubre-diciembre de 2009.

5 Steve Sorrell, “Jevons’ Paradox revisited”, Energy Policy, Vol. XXXVII, N° 4, Amsterdam, abril de 2009.

6 US Energy Information Administration (EIA), “Annual Energy Outlook, 2010”; US EIA, “Carbon dioxide (CO2) emissions” (www.eia.doe.gov).

7 Credoc, Consommation et Modes de Vie, N° 227, París, marzo de 2010.

8 Véase Fabrice Flipo y Cédric Gossart, “Infrastructure numérique et environnement. L’impossible domestication de l’effet rebond”, Terminal, N° 103-104, París, 2009.

9 Terry Barker, Paul Ekins y Tim Foxon, “The macro-economic rebound effect and the UK economy”, Energy Policy, Vol. XXXV, N° 10, Amsterdam, octubre de 2007.

10 Livre Blanc sur les Energies , 7-11-03. Véase también Insee Première, N° 1.121, París, enero de 2007.

11 Véase Khadija Sherife, “Cómo BP se ríe de la ley”, Le Monde diplomatique, ed. Cono Sur, Buenos Aires, julio de 2010.

12 Blake Alcott, “Jevons’ paradox”, Ecological Economics, Vol. LIV, N° 1, julio de 2005.

13 Michel Gensollen, “A quoi ressemblera le monde numérique en 2030?”, Annales des Mines- Réalités industrielles , París, mayo de 2009.

14 Horace Herring y Robin Roy, “Technological innovation, energy efficient design and the rebound effect”, Technovation, Vol. XXVII, N° 4, abril de 2007.

15 Hartmut Rosa, Accélération: Une critique sociale du temps, La Découverte, París, 2010.

domingo, 18 de julio de 2010

Trasnacionales mineras explotan la cordillera de Los Andes La historia oculta del Tratado Minero de Pascua-Lama

Francisco Marin
Sin Permiso

18/07/10






Promulgado hace casi nueve años, el Tratado Minero entre Chile y Argentina fue el instrumento que construyeron las trasnacionales mineras para explotar la Cordillera de Los Andes. Tuvieron el respaldo de gobiernos y parlamentos de ambos países. Sin embargo, gran parte de lo que persiguen sus promotores no se ha concretado: Un requerimiento presentado ante el Tribunal Constitucional de Chile, y su posterior dictamen, acabó por diluirlo.

A pesar de su trascendencia, esta historia ha permanecido oculta… hasta ahora.

El Tratado de Complementación Minera entre Chile y Argentina, promulgado el 20 de diciembre de 2000, aportó el marco legal en el que se inserta el proyecto aurífero Pascua Lama y muchos otros que se quieren construir en las altas cumbres de Los Andes.

Según sostiene el economista chileno, Julián Alcayaga (ver recuadro), en su libro El País Virtual: El lado oculto del Tratado Minero Chileno-Argentino, las corporaciones que promovieron este acuerdo buscaban tres objetivos fundamentales. Primero, que los minerales argentinos pudieran salir a través de puertos chilenos, dado que la distancia existente entre los yacimientos cordilleranos y el Atlántico hacía inviable sacarlos por ahí. También perseguían transformar la Cordillera de Los Andes en un “país virtual”, definida en el Tratado como “Área de Operaciones”, la que -a su entender- estaría al servicio de las transnacionales mineras. El tercer objetivo era levantar las restricciones a la propiedad extranjera en zonas limítrofes.

El Ciudadano da a conocer -con autorización del autor y en exclusiva para Chile-, aspectos relevantes de este libro recién concluido e inédito, que evidencian los detalles ocultos de la gestación de este Tratado, así como sus objetivos y el por qué de su fracaso parcial. Génesis de un Tratado expoliatorio

“Hacia 1989, en Argentina existían sólo cuatro empresas mineras extranjeras. Pero al año siguiente, coincidiendo con el llamado restablecimiento de la democracia en Chile, las multinacionales mineras comenzaron a comprar casi la totalidad de los yacimientos en ese país, que en ese tiempo tenían un bajo valor comercial, ya que no era rentable sacar esos minerales por los puertos del Atlántico, a más de mil kilómetros de distancia”, dice Alcayaga en El País Virtual.

Y añade: “Pese a esta dificultad, las transnacionales empezaron a adquirir las minas, con la seguridad que en un futuro cercano podrían exportar los minerales por Chile. Así, en 1993, cuando la casi totalidad de los yacimientos argentinos habían pasado a manos de las mineras extranjeras, éstas se propusieron crear un tratado entre ambos países que les diera las más amplias facilidades para sacar el cobre trasandino por el Pacífico”.

A partir de 1994 se constituyeron comisiones binacionales sobre el tema minero con composición público-privada. Esta voluntad de trabajo conjunto se plasmó en la Declaración Presidencial de Olivos, suscrita el 26 de abril de 1996, y que contó con el impulso del entonces presidente Menem, además de ministros y parlamentarios de ambos países, y destacados empresarios. Eran las bases del Tratado Minero.

El 29 de diciembre de 1997, en Antofagasta y San Juan, los presidentes Eduardo Frei y Carlos Saúl Menem, firmaban el acuerdo. Su ratificación quedaba en manos de ambos parlamentos nacionales, los que podrían aprobar o rechazar, pero no modificar lo establecido por los mandatarios. El Tratado suponía la creación de un Área de Operaciones de 340.835 km2. De esta superficie, 180.165 km2 serían aportados por Chile -lo que representa el 25 % de su territorio- y Argentina sumaría 160.670 km2 (6 % de su suelo). El pacto contemplaba que este territorio sería gobernado por una Comisión Administradora –poder ejecutivo- que estaría financiada por corporaciones mineras. Existiría un Reglamento Interno –una suerte de Constitución- que ella misma se generaría. La Comisión Administradora tendría atribuciones para disponer libremente de los recursos naturales contenidos en el Área de Operaciones. También podría otorgar concesiones de explotación y resolver las controversias que se presentasen entre “las partes”, es decir: Los Estados.

Otro aspecto muy relevante de este acuerdo es que permitía la constitución de servidumbres mineras en Chile para yacimientos ubicados en Argentina, y viceversa. Esto significa que los tribunales chilenos quedaban facultados –casi obligados- de otorgar permisos de construcción de caminos y mineroductos en favor de minas ubicadas en Argentina. A propósito de la radical renuncia que este convenio suponía a la soberanía de los países involucrados, Alcayaga se pregunta en El País Virtual: “¿Quiénes fueron los juristas que redactaron esas páginas?” La respuesta la obtendría a mediados del año 2000, en una cena en el restaurante La Maison de France Esta cita fue solicitada por Barrick al senador Jorge Lavandero, que entonces era presidente de la Comisión de Minería del Senado. Además era el máximo opositor en Chile al acuerdo. Asistieron los ejecutivos de Barrick, Sergio Jarpa y José Antonio Urrutia. También el destacado político democratacristiano Marcelo Trivelli y Pilar Velasco, quienes cabildeaban en favor de la transnacional por medio de la empresa de comunicaciones Extend. Lavandero asistió acompañado de Carlos Tomic, Hugo Latorre y Alcayaga.

“Poco a poco fuimos entrando en el tema central –relata Alcayaga en su libro-, que era el Tratado Minero. En un momento de la discusión, al defender la importancia del convenio, Urrutia – quizás por inadvertencia o entusiasmo –, afirmó que fue Barrick Gold la que elaboró el Tratado Minero entre Chile y Argentina”. Lavandero y sus asesores se retiraron indignados luego de recibir esta información.

Barrick Gold buscaba con desesperación que Lavandero desistiera de su férrea oposición, lo que no consiguió. Si se aprobaba el Tratado, la empresa obtendría beneficios formidables: era propietaria de varios yacimientos en la Cordillera argentina, además de Pascua Lama que está ubicada sobre la frontera. Para explotarlos necesitaba que se levantaran las restricciones a la propiedad de extranjeros en ambos lados de la cordillera chileno-argentina.

En el debate que hubo en el Senado se hizo evidente otro de los objetivos de este acuerdo que había pasado inadvertido. “En un instante, el senador Gabriel Valdés, solicitó una explicación de por qué se incluyó el sur de Chile en el Área de Operaciones del Tratado, si en esa zona no existen yacimientos mineros”. Aunque estaban presentes en la sesión el ex presidente Frei Ruiz-Tagle e importantes autoridades de Cancillería y Minería: nadie supo que decir. En entrevista con El Ciudadano, Alcayaga dijo que el hecho de incluir el sur de ambos países –que contienen una de las mayores reservas de agua dulce del mundo-, “demuestra que con este tratado, las transnacionales buscaban tener el control total de la cordillera chileno-argentina”.

Debate express

En la Cámara de Diputados no se realizó un debate serio. “Parecía que el objetivo era la aprobación inmediata, saltándose trámites esenciales para una adecuada aprobación de esta Ley, como desestimar que pasara por la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, trámite obligatorio, según la Ley Orgánica del Congreso Nacional, cuando un proyecto de ley contempla gastos en su aplicación”, como sostiene el citado libro. Y agrega: “Existiendo un acuerdo en la Comisión de Relaciones Exteriores y de Minería de votarlo fundadamente, finalmente se aprobó de modo económico en apenas… ¡cinco minutos! (…) Para evitar su estudio por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el Ejecutivo argumentó que la implementación del Tratado no implicaba gastos, lo que no era verdad y constituye uno de los defectos más relevantes de la Ley aprobatoria del Tratado”.

En lo poco que se alcanzó a discutir, sobresalió la decidida defensa que hizo del Tratado el diputado del PPD, Antonio Leal, dibujó un panorama prometedor para el norte chileno en caso de suscribirse este acuerdo. Ninguno de sus presagios se ha cumplido.

El 8 de agosto de 2000 los diputados aprobaron este acuerdo. Sólo dos parlamentarios, de los 120 que componen la Cámara Baja, votaron en contra: Jaime Mulet y María Rozas.

El Senado, para el análisis del Tratado, dispuso de una Comisión Unida de Minería y Relaciones Exteriores, que fue presidida en forma conjunta por los senadores Sergio Romero y Jorge Lavandero.

Al calor de la discusión, la mayor parte de los senadores hizo conciencia de que el Tratado Minero afectaría los intereses económicos nacionales, por el aumento de la oferta de cobre que supondría y la consiguiente baja de precio que esto ocasionaría. Se hacía evidente que las únicas beneficiadas serían las grandes mineras a las que no les importa que el precio del cobre baje porque, aunque productoras del mineral, son también consumidoras del mismo, como sucede con Mitsubishi, Billiton y Xstrata. Esos conglomerados no sólo extraen el cobre, sino que también lo funden, refinan y elaboran.

En el reportaje firmado por Magdalena Ossandón: Tratado Minero abre el Pacífico a minería argentina, aparecido en El Mercurio el 1 de noviembre de 1998, se afirmaba: “…la mina argentina Pachón, sin salida por Chile, vale 25 millones de dólares. Ese fue el precio que pagaron los canadienses que la compraron a los argentinos. Con salida por el Pacífico sube a 600 millones de dólares. Si tanto vale el pase, ¿no convendrá a Chile cobrar la cuenta justa?”.

Si los grandes beneficiados serían las transnacionales, los perjudicados serían, entre otros, los 80 mil pequeños mineros que hay en Chile, para los que los bajos precios resultan insostenibles. Con la mediana minería ocurre algo similar.

Los argumentos en favor de la conveniencia para Chile del Tratado, que se daban en el Parlamento chileno, eran muy débiles y se relacionaban con la eventual gestación de nuevos empleos –en la construcción y operación de las minas-, y el supuesto dinamismo que adquiriría la economía chilena (en transportes, insumos y servicios) gracias a los nuevos emprendimientos mineros.

En el Parlamento la mayor promotora del Tratado fue la ex Canciller, Soledad Alvear. Según afirmó el ex senador Lavandero, ella recorrió las oficinas de los senadores intentando conseguir su apoyo a la iniciativa. En el Informe de la Comisión Unida, boletín 2408-10, del 6 de octubre 1999, de la Cámara de Diputados, el abogado de SONAMI, Cristián Letelier Aguilar, afirma que “este Tratado presenta características de tal peculiaridad que constituye la única obra de Derecho Internacional Público que contiene normas de aplicación enteramente de interés empresarial y privado”.

Un informe de Joaquín Vial, director de Presupuesto del Gobierno de Frei, sostenía que el acuerdo minero derivaría en pérdidas para Chile de varios cientos de millones de dólares como resultado de la previsible sobreproducción. Los sucesivos gobiernos de Chile, se guardaron este y otros informes, como el del constitucionalista Jorge Ovalle, que mostraban los perjuicios, debilidades e inconstitucionalidades que suponía la aprobación del Tratado Minero.

El Fallo

El 29 de agosto de 2000 –pocas horas antes que el Senado aprobara el Tratado que suponía la privatización de la Cordillera en beneficio de las transnacionales-, 13 senadores chilenos presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Estos fueron: Evelyn Matthei, Jorge Lavandero, Fernando Cordero, Julio Canessa, Jorge Martínez, Ramón Vega, Enrique Zurita, Antonio Horvath, Rodolfo Stange, Beltrán Urenda, Jovino Novoa, Marco Cariola y Mario Ríos.

En dictamen de respuesta, fechado el 3 de octubre de aquel año, el Tribunal Constitucional (TC), no declaró inconstitucional el Tratado pero en sus considerandos, limitó fuertemente su alcance: “El dictamen establecía que los tribunales chilenos quedaban impedidos de otorgar servidumbres mineras a yacimientos argentinos y, tal vez más relevante que eso, la Comisión Administradora del Tratado ya no tendría facultades jurisdiccionales, quitándole el carácter de “país virtual” al Área de Operaciones del Tratado. Es decir, a pesar de que se rechazaba la inconstitucionalidad en la forma y en el fondo, habíamos logrado gran parte de nuestros objetivos”, señaló Alcayaga.

La prohibición a los tribunales chilenos de otorgar servidumbres era particularmente grave para las grandes mineras: Si un mineral ubicado en Argentina, como es Pachón, quiere obtenerlas para construir un mineroducto al mar, deberá tratar directamente con los propietarios de los terrenos afectados. Estos podrán cobrar lo que quieran por permitir la servidumbre. Si alguien se opone: no habrá paso de los minerales. Esta sola disposición ha implicado que ninguno de los cerca de diez megaproyectos mineros que se pretendían explotar en la cordillera argentina a partir de 2000 haya comenzado a operar. La construcción de El Pachón estaba contemplada para el segundo semestre de 1998. Sólo esta mina produciría, en sus inicios, 180 mil toneladas anuales de cobre, lo que constituye el 1% de la producción mundial de este mineral. El requerimiento y posterior fallo del TC arruinó sus planes.

El dictamen del Tribunal Constitucional confirmó que el Tratado contiene materias propias de una ley orgánica constitucional y debía ser tramitado y votado con el porcentaje de votación de ese tipo de normativas. “Pero dio por saneado el procedimiento, al afirmar que gracias al elevado quórum con que se aprobó el Tratado en el Congreso Nacional (sólo dos votos en contra en la Cámara Baja, y siete en el Senado), se depuraba el vicio de procedimiento”.

A entender de Alcayaga, la discusión del Tratado tuvo efectos favorables e impensados para Chile. Dice que después que los presidentes de los dos países firmaran el Tratado Minero (1997), la inversión del rubro para este lado de la Cordillera descendió drásticamente. Esto se debió a que los inversionistas estimaron que era mucho mejor trasladarse a Argentina, donde existen enormes yacimientos que luego del Tratado podrían comenzar a ser explotados por Chile. Además, bajo el mandato de Menem (1989-99) se estableció un marco jurídico en extremo favorable para las transnacionales de la minería.

“Ese veranito de San Juan de tres años de caída de la inversión minera en Chile (entre 1998 y 2000) y la no materialización de la inversión proyectada en Argentina, fue a la postre fundamental para que disminuyera la producción chilena de cobre y comenzara a declinar la sobreproducción mundial de este mineral generada por la abultada inversión del área en Chile. Pero ello no hubiera tenido ningún efecto si el Tribunal Constitucional chileno no hubiera impedido definitivamente que se materializaran los cuantiosos proyectos programados para la minería del cobre en Argentina”, sostiene Alcayaga.

Fruto de esta menor inversión de tres años y del estancamiento posterior en el aumento de la oferta, el precio actual del cobre -2,2 dólares la libra- es casi cuatro veces mayor que el de hace diez años.

Cabe destacar que Chile, que es el primer productor mundial de cobre, aumentó vertiginosamente su producción de este mineral a partir de la llegada de los gobiernos de la Concertación. De las 1,6 millones de toneladas que se producían en 1989 pasó a 4,6 millones en el 2000. Sin embargo, este aumento no implicó mayores ganancias, sino todo lo contrario. Con la sobreproducción, el mineral chileno saturó los mercados presionando su precio a la baja: su valor disminuyó a la mitad en los 90’. En 1999, con una producción tres veces mayor a la de diez años antes, el país recibía ocho veces menos ingresos netos.

Hay un aspecto del Tratado Minero que no fue tocado por el fallo del Tribunal Constitucional: El que permite a extranjeros explotar minas fronterizas. Por eso, Pascua Lama es aún posible. De todas maneras, Barrick no la tiene fácil. Alcayaga lo explica así: “Después de que el dictamen del TC declarase que la Comisión Administradora no tenía potestades de autotutela ni jurisdiccionales, está impedida de administrar fondos privados para financiar al Estado.

Ante esta inesperada consecuencia del dictamen, el Gobierno (de Lagos) tardó más de dos años para encontrar una solución ‘legal’ a la forma cómo los inversionistas (Barrick) podrían financiar los gastos del Estado chileno en los negocios mineros transfronterizos. Esta solución fue la publicación, recién el 9 de febrero de 2003, del Decreto Supremo Nº 116 del Ministerio de Minería”. Mediante esta disposición, se permite que Barrick y otras transnacionales mineras que se acojan al Tratado, paguen directamente a las instituciones involucradas en fiscalizarlas: O sea, Carabineros, el SAG, Aduanas, entre otras.

A entender de Alcayaga, esto infringe el numeral 20 del artículo 19 de la Carta Fundamental, que establece: “Los tributos que se recauden, cualquiera que sea su naturaleza, ingresarán al patrimonio de la Nación y no podrán estar afectos a un destino determinado”. Al margen de esta inconstitucionalidad, el autor de País Virtual expresa que sería “impresentable” que en Chile los fiscalizados comenzaran a pagar los gastos de sus fiscalizadores.

En trámite posible fin de Pascua Lama

El Comando de Defensa del Valle del Huasco, y otras organizaciones, presentaron una Acción Constitucional de Nulidad de Derecho Público del Decreto Supremo 116, que tiene el rol Nº 4670-2008 en el 9º Juzgado Civil de Santiago. Esta se encuentra en etapa de la prueba. Si prosperara, sería el fin de Pascua Lama.

El dictamen del Tribunal Constitucional chileno Su alcance jurídico será diferente en un país que en otro, como si existieran dos tratados en uno. Esto se debe a que como en Argentina no se cuestionó la constitucionalidad de este Tratado, la Comisión Administradora cuenta allí con todas las atribuciones que le entrega el Tratado Minero. Sin embargo, en virtud del Dictamen del Tribunal Constitucional chileno, las más importantes de esas atribuciones no tienen aplicación en Chile.

El autor del libro

Alcayaga pertenece a una familia de pirquineros. Socialista desde adolescente, tras el Golpe militar de 1973 fue detenido, torturado y condenado a 10 años de cárcel. En septiembre de 1976, se le conmutó la prisión por extrañamiento.

En la Unión Soviética estudió Economía (Universidad Patricio Lumumba). Más tarde, en París, haría estudios de postgrado en La Sorbona. En 1993, cuando ya llevaba casi una década de retornado a Chile, pudo establecer que las transnacionales mineras que operan en Chile no pagan impuestos. En el Libro negro del metal rojo (1999) describió los mecanismos usados con este propósito así como el papel que han jugado los gobiernos de Chile, desde el 11 de septiembre de 1973, para facilitar esta tarea.

Cómo se gestó el requerimiento

Alcayaga cuenta en su libro como fue que se gestó su decisión de impulsar un requerimiento por inconstitucionalidad del Tratado Minero. Dice que en la última sesión de la Comisión Unida –realizada el 4 de julio de 2000–, el senador Augusto Parra, al fundamentar su voto favorable al Tratado dijo: “Se han levantado varias cuestiones de constitucionalidad, de las cuales las que más fuerza le han hecho son algunas de las planteadas por el economista, señor Julián Alcayaga, pero, después de analizarlas detenidamente, se ha llegado a la conclusión de que carecen de elementos suficientes”. Esto aparece en la página 182, del Informe de la citada Comisión.

A pesar de algunas críticas, como las expresadas por los senadores Gabriel Valdez y Jaime Gazmuri, todos los senadores de la Concertación, salvo Jorge Lavandero, votaron en la Comisión Unida en favor del Tratado. El otro voto en contra que hubo en la citada Comisión lo aportó el almirante en retiro Jorge Martínez Busch. La opinión de Parra, más el voto del Almirante, alimentó las convicciones del pirquinero. “Por esta razón, tan pronto terminó esta última sesión (…) me acerqué al senador Martínez Busch para tantear la posibilidad que apoyara (…) un requerimiento en contra del Tratado. Se mostró de acuerdo en vista del peligro que el Tratado involucraba para la soberanía nacional, y quedamos en reunirnos al día siguiente para comenzar a prepararlo. Llegué con un borrador del recurso (…) A partir de ese día, y hasta el 29 de agosto nos juntábamos al menos dos o tres veces por semana para discutir los avances del requerimiento y conseguir las firmas de sus colegas senadores. Al mismo tiempo, las conversaciones del senador Jorge Lavandero con los senadores institucionales se hicieron más frecuentes y cordiales”. En la redacción y corrección del requerimiento colaboraron con el economista los abogados Pedro Foncea Navarro, Juan Subercaseaux, Francisco Corona y Julio Stuardo González.

Conseguir las doce firmas de senadores necesarias para validar este requerimiento era lo más importante. Alcayaga dice que el mayor mérito en este sentido lo tuvo Martínez y el también senador designado Fernando Cordero. Lavandero, por su parte, aunque intentaba, no lograba conseguir ninguna firma.

Alcayaga, en su afán por conseguir las rúbricas, tuvo que acudir a la casa de Augusto Pinochet. El senador Martínez así se lo solicitó puesto que un importante grupo de senadores se reunirían allí para saludar al malogrado tirano. Casi la mitad de las firmas del requerimiento se suscribieron allí. En las conclusiones de su libro, su autor sostiene que la experiencia con el Tratado Minero le dejó algunos aprendizajes. El primero es que, por más difícil que parezca una lucha: “nunca se deben bajar los brazos”. “La segunda lección –dice Julián- es que se pueden dejar de lado los prejuicios que pueden existir entre mundos o grupos opuestos, como los militantes de izquierda y el mundo militar, para lograr un objetivo común, en este caso parar el Tratado Minero, aunque las motivaciones para conseguirlo hayan sido muy diversas para cada grupo. Con apertura de espíritu se pudo lograr el objetivo común, aunque en un comienzo el sólo hecho de conversar era un desafío”.





Francisco Marin es un periodista especializado en temas ecològicos









http://www.argenpress.info, julio 2010

Tasa de cambio y tributación minera

JoséAntonio Ocampo
El Tiempo
18VII 10

Uno de los problemas centrales de la economía colombiana es la tendencia casi endémica a la revaluación. El peso está de nuevo sobrevaluado, como lo estuvo en 2006-2008 y a mediados de los años noventa. Colombia tiene, además, el triste privilegio de tener una de las tasas de cambio más volátiles del mundo.




Esta es una situación francamente inconveniente. La razón es simple: una revaluación encarece el costo en dólares de la mano de obra y, por lo tanto, reduce el empleo en las actividades de exportación y las que compiten con importaciones. Por eso, una tasa de cambio competitiva es un poderoso instrumento de generación de empleo. Bajo el régimen de convertibilidad de los años noventa, la tasa de desempleo explotó en Argentina en medio de un crecimiento económico rápido. Después de la devaluación del 2002, el crecimiento del empleo fue, por el contrario, vigoroso.



Un tipo de cambio competitivo contribuye también a generar nuevas actividades productivas. No es por otra razón que los países exitosos de Asia Oriental tienen una franca obsesión por la tasa de cambio. Muchos más proyectos orientados a los mercados mundiales serán rentables a una tasa de cambio de 2.200 o 2.300 pesos por dólar que a la actual de 1900. Hoy es irracional para un inversionista colombiano planear un proyecto que no sea rentable a una tasa de 1.900, lo cual sacrifica muchas actividades agrícolas, manufactureras y de servicios.



No es cierto, además, que no se puede hacer nada para mejorar el manejo cambiario. El hecho de que tengamos una de las tasas de cambio más volátiles indica, más bien, que somos particularmente deficientes en su manejo. Perú, por ejemplo, tiene una tasa de cambio mucho más estable que la nuestra, entre otras cosas porque su banco central interviene activamente en el mercado cambiario.



¿Qué se puede hacer? Lo primero es un compromiso a fondo del Banco de la República con el objetivo de tener una tasa de cambio competitiva. Para ello, aparte de intervenir mucho más en el mercado, tiene que estar dispuesto a otras regulaciones, en especial a limitar las entradas de capitales que contribuyan a la revaluación. Así lo hizo durante el auge precedente y debería repetirlo hoy, con el rigor que sea necesario.



La tarea de intervenir exitosamente en el mercado cambiario será, además, más fácil si el Gobierno reduce el déficit fiscal y si asume un compromiso firme de no acudir a los mercados externos para financiar sus desbalances. Esta es tarea difícil para el nuevo gobierno, dado el alto déficit fiscal que hereda.



El tercer reto y, de alguna manera, el más novedoso, es el manejo de la riqueza minera del país. El auge de las inversiones en minería tiene una razón básica: los precios reales de estos productos están desde el 2004 en los niveles más altos de la historia, impulsados por la demanda china, con sólo una corta excepción durante los peores meses de la crisis financiera internacional.



Aprovechar esta circunstancia es deseable, pero esa riqueza también puede convertirse en una condena. La minería genera muy poco empleo y, en cambio, puede destruir muchos puestos de trabajo a través de la revaluación que genera. Si no es bien manejada, puede generar daños ambientales irreparables. Y es una riqueza no renovable, por lo cual el país debe obtener beneficios fiscales importantes de su explotación.



Por este conjunto de circunstancias y por las muchas restricciones que existen en materia tributaria (entre ellos, los contratos de estabilidad jurídica), la mejor política para manejar la bonanza minera es un impuesto a la exportación de minerales. Se replicaría en este campo la manera como manejamos las bonanzas cafeteras en el pasado, con éxito bien reconocido. El mecanismo tiene, además, la ventaja de que puede ser decretado por el Gobierno a través del Consejo Superior de Comercio Exterior.



El mecanismo podría operar de manera muy simple: los exportadores pagarían una tasa de tributación alta (80 o 90%) por encima de un precio de referencia que se establecería para cada producto (petróleo, carbón, níquel y oro). Las sumas pagadas se mantendrían en su totalidad en un fondo de estabilización en el exterior. En el futuro podrá utilizarse para distintos propósitos, pero por ahora no sería conveniente traer esos recursos al país, porque derrotaría el propósito de que evitar que la bonanza minera afecte la tasa de cambio.



Se podría hacer más. Lo mínimo es eliminar todo incentivo tributario a la minería, como lo ha señalado el Ministro de Hacienda designado. De hecho, es una vergüenza que una parte importante de los beneficios tributarios colombianos se destinen hoy a la minería. Y podrían pensarse medidas adicionales. Por ejemplo, el rey de la minería en el mundo desarrollado, Australia, ha establecido un impuesto de renta extraordinario a las empresas mineras. Quizás podríamos reproducir también ese ejemplo.



* Ex Ministro de Hacienda
José Antonio Ocampo *

Diversos organismos sanitarios advierten sobre los efectos adversos, psicosociales y cancerígenos del vertido de petróleo en el Golfo de México

Emma Hitt
Sin Permiso

18/07/10










Entre las consecuencias del vertido de petróleo en el Golfo de México, deben preverse efectos psicosociales así como médicos, afirman expertos del Instituto de Medicina (IOM, por sus siglas en inglés) y de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

La explosión de la plataforma petrolera Deepwater Horizon en el Golfo de México ocurrió el 20 de abril de 2010. Ese día murieron 11 trabajadores y otros 17 resultaron heridos, pero se desconocen aún los efectos a largo plazo del vertido resultante. El 25 de junio, se habían comunicado 453 quejas por exposición al petróleo a la Asociación norteamericana de Centros de control de tóxicos. De estas llamadas, 174 procedían de Louisiana, 111 de Florida, 95 de Alabama y 38 de Mississippi. Notificaban síntomas como dolores de cabeza, garganta irritada, náuseas, vómitos, dolores oculares y mareos.

El petróleo crudo contiene una mezcla de compuestos de hidrocarburos volátiles: hidrocarburos policíclicos aromáticos que incluyen los carcinógenos benceno, tolueno y xileno. Según los CDC, los síntomas de exposición a estos compuestos incluyen somnolencia, mareos, latidos cardíacos rápidos o irregulares, dolores de cabeza, temblores, confusión y pérdida del conocimiento.

El 22 y 23 de junio, el IOM, que forma parte de las Academias Nacionales de EE.UU. en Washington, DC, realizó un taller en Nueva Orleans, Louisiana, a petición del Departamento de Salud y Servicios Humanos para debatir los problemas de salud relacionados con el vertido.



Los efectos de la exposición podrían manifestarse tras un período de latencia



Durante su presentación, el doctor Scott Barnhart, MD, MPH, de la Universidad de Washington en Seattle, señaló que los efectos de la exposición al vertido de petróleo podrían manifestarse tras un período de latencia. "El petróleo crudo contiene una mezcla compleja de metales pesados y de hidrocarburos volátiles y no volátiles aromáticos policíclicos, que pueden incluir cancerígenos" -- afirmó.



Según el Dr. Barnhart, la exposición puede ocurrir a través de las vías dérmica e inhalatoria, así como por la ingestión de alimentos contaminados de petróleo. La toxicidad depende de las dosis y tendría efectos neurológicos, renales, hepáticos, dermatológicos y hematológicos.



Niveles inciertos de carcinógenos



Gina Solomon, MD, científica del Consejo para la Defensa de los Recursos Nacionales, responde en su blog a la afirmación de BP de que "los trabajadores que participan en la limpieza del vertido no corren riesgos de salud, ya que las concentraciones en el aire de sustancias cancerígenas como el benceno están por debajo de los límites marcados [por la Administración de Seguridad y Sanidad Laboral]".



Sin embargo, según la experta, "BP no tiene en cuenta que sus propios datos han mostrado niveles de hidrocarburos superiores al 'nivel de acción' de la propia multinacional, así como niveles de benceno y de 2-butoxietanol (la sustancia química dispersante) superiores al límite de exposición recomendado por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Laboral".



Importancia de los efectos psicosociales del vertido



De acuerdo con Maureen Lichtveld, MD, MPH, profesora y directora del Departamento de Ciencias de Salud Ambiental en la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, Louisiana, el factor principal que deben investigar los médicos consiste en las consecuencias psicosociales.

"Desde el punto de vista clínico, los efectos inmediatos son la irritación y problemas respiratorios causados por compuestos orgánicos volátiles" – declaró la Dra. Lichtveld a Medscape Medical News-- "pero durante la reunión del IOM se acordó que el aspecto psicosocial debe tener una prioridad mucho más alta que en la actualidad, algo en lo que no suelen pensar los médicos". Añadió que "tras los sucesos de Nueva Orleans, con el Katrina, advertimos que aún persisten los efectos psicosociales dañinos". La Dra. Lichtveld participó en el taller del IOM.

Por su parte, la Dra. Solomon señaló que los estudios de seguimiento del vertido de Exxon Valdez mostraron, incluso años después, un aumento significativo de trastornos mentales entre la población local. "Aumentaron los casos de depresión, estrés postraumático y otros trastornos de ansiedad, y se obtuvieron puntuaciones inferiores en las evaluaciones de salud mental" – explicó a Medscape Medical News. Añadió que hasta la fecha no se dispone de datos suficientes para prever, en el futuro, un aumento del riesgo de cáncer, problemas reproductivos o secuelas neurológicas del vertido en el Golfo de México. "Habrá que supervisar a la población" – advirtió.



Guía para profesionales de la salud



Según la Dra. Solomon, los médicos deberían proporcionar una orientación preventiva para proteger a sus pacientes. "Los residentes en la comunidad no deben pescar en zonas declaradas fuera de los límites o donde sea evidente la contaminación por petróleo; y debe desecharse como incomestible tanto el pescado como el marisco que tengan olor a petróleo."



Además, debe evitarse que la piel entre en contacto directo con agua contaminada, petróleo o bolas de alquitrán. "En cuanto los residentes perciban un olor fuerte a petróleo o sustancias químicas, deben refugiarse en un ambiente con aire acondicionado, preferiblemente en modo de recirculación, para no inhalar el aire contaminado".



"En general, pueden estar seguros de que la calidad del aire ha sido buena, en general, en la costa del Golfo, y que son improbables los efectos sobre la salud a largo plazo" – afirmó.

Los CDC están supervisando los posibles riesgos y enfermedades que puede ocasionar la exposición al vertido. En la actualidad hay 242 empleados de dichos Centros, así como de la Agencia para Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades, trabajando en el proceso de supervisión; la semana pasada, 21 de ellos fueron asignados a los estados de la costa del Golfo.



Los profesionales de la salud pueden consultar la información sobre el vertido en el sitio Web de CDC. Los temas incluyen: toxicidad del fuel oil, preguntas frecuentes, recomendaciones para realizar un historial de exposición, vigilancia de la salud, y hojas informativas sobre sustancias dispersantes y crudo ligero.



CDC invita a los médicos a enviarles por correo electrónico sus preguntas sobre el vertido del Golfo de México.





Emma Hitt es una escritora científica especializada en temas de medicina



Traducción para www.sinpermiso.info: Amparo Pérez Gutiérrez

www.medscape.com, 28 junio 2010

martes, 13 de julio de 2010

Verdades Sobre el Cianuro

El Nuevo Día
MARTES 13 DE JULIO DE 2010

El cianuro es una sustancia química altamente reactiva y tóxica, utilizada en el proceso de extracción del oro; se usan alrededor de 900 grs. por tonelada de material.


Ingresa a los organismos vivos por vía respiratoria, dérmica y digestiva; los síntomas de intoxicación aguda son: irritación de mucosas, ardor de boca y faringe, dolor de cabeza, mareo, confusión, ansiedad, náuseas, vómitos, convulsiones, taquicardia, tensión en el pecho, edema pulmonar.

Las compañías mineras informan que el cianuro, en presencia de oxígeno y luz solar, se descompone dando productos no tóxicos que son el dióxido de carbono y nitratos.

La realidad de la reacción

El cianuro necesita un medio neutro y luz solar para que ocurra su descomposición.

* Influencia del medio (pH): en medio ácido el producto de la reacción es altamente toxico, en medio básico no se transforma y en medio neutro se produce su descomposición.

* Influencia de la luz: en lagos y lagunas hay muchas zonas oscuras, lo que impediría la transformación a productos no tóxicos.



Factores que afectan el proceso

La velocidad de las reacciones químicas depende, entre otros factores, de la cantidad de los reactivos en contacto. Los potenciales arroyos, lagunas o lagos contaminados, sólo tienen oxidación a nivel superficial (zona de mayor contacto con el aire) en temporadas relativamente cálidas ya que en invierno las bajas temperaturas lo impiden. Por lo tanto la velocidad de descomposición del cianuro depende de cuan aireada esté el agua contaminada.

Las reacciones no siempre ocurren en un solo paso como se esquematizan teóricamente. Generalmente aparecen productos intermedios, altamente letales y que pueden permanecer por mucho tiempo en el ambiente como el cianógeno, cianatos, tiocianatos y el amonio.

Es decir, la reacción total no es un seguro sobre los riesgos que se deben tener en cuenta y la permanencia por mucho tiempo de estos productos intermedios pone en peligro a todos los seres vivos alrededor.



El mecanismo de reacción y productos intermedios

En un informe de la Agencia de Protección Ambiental de USA, (EPA), desconocen el alcance del proceso de fotolisis, inclusive si esta ocurre en gran medida. En las dos oportunidades en que el informe menciona la fotólisis usa la expresión "podría ser" y termina diciendo que se desconoce el alcance de esta reacción.

Estudios realizados por el geoquímico Robert Moran demostraron la presencia de cantidades considerables de cianuro en lugares como Missouri (25 años después de la explotación minera) y Auschwitz (45 años después del uso del gas CNH en las cámaras de exterminio usadas por los nazis).

El impacto ambiental

La minería es desde el punto de vista ambiental una de las actividades más dañinas. Cientos de miles de hectáreas de minas superficiales se hayan sin restaurar en el planeta y otra buena cantidad de subterráneas nunca fueron rehabilitadas.

En la explotación minera nunca se tiene en cuenta el desecho. Entre la "mena" que contiene el mineral deseado y la "ganga" que es el material de desperdicio, existen miles de toneladas de residuos que deberían ser removidos y eliminados como las llamadas "colas".

El sistema minero destruye la superficie del terreno creando inmensos cráteres contaminados, pero también deforma caminos y paisajes. Las áreas de tierra que están encima de las perforaciones o en las inmediaciones colapsan. La erosión del viento y las lluvias hacen el resto: los sedimentos generalmente se contaminan y escurren en solución. En zonas de un ecosistema lluvioso, preocupa mucho más por el drenaje de ácidos que destruyen la vida acuática y dañan de manera irreversible las reservas de agua.

Hasta aquí sólo se ha mencionado una pequeña parte del impacto por la extracción del mineral. No contabilizamos el irreparable daño tóxico de la planta fundidora que habrá de separar y obtener el mineral definitivo.

En un informe preparado por Zoe Hartley el 2 de noviembre de 1995 sobre el caso Omai, en Guayana, se menciona que 2,59 billones de litros de agua residuales contaminadas con cianuro se derramaron por una brecha en el estanque de escorias de la mina de oro de Omai, conteniendo unas 800 partes por millón de éste veneno que escurrieron hacia el río Omai, afluente del Esquibo, arrastrando metales pesados que contaminaron toda la cuenca.

Los metales alterados de su estado natural tienen concentraciones más altas, son más resistentes a la descomposición y no son fácilmente reintegrados en los ciclos químicos del mundo natural: se requieren décadas o siglos. En virtud de su peso, los metales pesados se depositan como sedimento. La corriente fuerte de un río puede agitar el sedimento y soltar los metales pesados, como ocurrió en Omai".

Algunos ejemplos para destacar

Un extenso y pormenorizado trabajo, elaborado por Miguel Marsh, permite citar algunos de los casos de contaminación debido a explotaciones auríferas.

Se trata de derrames que dejaron un saldo de muertos inmediatos, enfermos, y centenares de kilómetros de ríos de los Estados Unidos, Asia, África, Europa y América del Sur, envenenados.

Un solo caso en Rumania, en enero de 2000, liquidó cien toneladas de peces e inutilizó el agua potable de 2.5 millones de habitantes cuando una represa de cianuro de sodio comenzó a verter sus líquidos en el río Tizsa, el segundo más grande del país. La presencia de metales pesados en 80 kms. del río hizo intervenir a la Organización Mundial de la Salud, OMS.

Un camión que transportaba cianuro a una mina se precipitó de un puente en el país asiático de Kygyzstan y derramó más de mil 700 kilos de cianuro en un río, con un saldo de dos muertes, casi cien personas hospitalizadas y mil habitantes que debieron ser tratados por distintos problemas de salud.

Los riesgos del cianuro están siendo cuestionados por la comunidad internacional, a pesar de que los fuertes intereses de las multinacionales operan para que no se legisle en su contra. Pero en Turquía el tribunal administrativo más alto del país dictó una prohibición contra el uso de cianuro en la minería a cielo abierto, argumentando que "los riesgos presentes lesionaron las garantías de salud integral y de protección del medio ambiente de la Constitución turca". Mientras que en los Estados Unidos los habitantes del estado de Montana votaron una prohibición contra el uso de cianuro después de sufrir docenas de fugas tóxicas durante muchos años.

Fuente: Argenpress.info

Recopilación: GLADYS MORENO PINZÓN

domingo, 11 de julio de 2010

CLAUSURA Y CIERRE DE LAS MEGACANTERAS A CIELO ABIERTO, EN MINAS DE ORO DISEMINADO

Humberto Pérez Salazar


Geólogo U. N.

Cualquier desprevenido observador y neófito en el tema puede quedar favorablemente impresionado cuando le muestren los sitios de las canteras de las minas de oro a cielo abierto de los proyectos de explotación a gran escala, cuando se han clausurado y cerrado y sobre las mismas se han adelantados labores de estética y embellecimiento. Quizás, aprecie rellenos cubiertos con membranas plásticas, que suavizan la morfología y esconden cuanto hay debajo de ellas, zonas empradizadas y reforestadas y en el mejor de los casos parques de recreación con juegos para niños o adultos que pretenden mostrar la amabilidad de estos lugares y la inocuidad de las explotaciones megamineras. La percepción, sin duda, la reforzarán los representantes o propietarios de las compañías mineras, quienes generalmente han sufragado los gastos del invitado, permanentemente lo han acompañado desde que llega al territorio de las minas y hasta que abandona el mismo, al igual que le han prodigado atenciones sociales y lúdicas, para que su estadía sea más grata y para que esté en mejor disposición anímica de asimilar el mensaje que ellos desean trasmitir. Pero, ojo, las apariencias engañan y una cosa es el aspecto externo y otra muy diferente es cuanto sucede hacia el interior de esa fachada, en el seno de las canteras, por la acción natural de los agentes químicamente activos que continúan reaccionado entre si y sobre las rocas mineralizadas, hasta producir sustancias químicas contaminantes, algunas no biodegradables y lesivas para el entorno y para la salud de quienes se relacionan con el mismo. En la actualidad y por fortuna, en el país no se cuenta con este tipo de megaminería para oro diseminado, aunque muy pronto y para desventura de los colombianos lo habrá en Santander y en el Tolima. Para la comprensión del tema, si no ha sido invitado, o si ya lo fue, para que contraste lo observado, es preciso evaluar las consideraciones que se exponen a continuación.


La clausura y el cierre de las canteras a cielo o tajo abierto de las explotaciones a gran escala de oro diseminado, como las que quizás deben proyectarse para Santander y el Tolima, guardan cierta similitud con la clausura y el cierre de los rellenos sanitarios, donde los esfuerzos se concentran en la estética y la apariencia armoniosa de sus partes externas, sin considerar a fondo que los desechos sólidos continúan descomponiéndose por más de un cuarto de siglo, así el sitio de disposición se haya clausurado, cerrado y abandonado. La forma externa del relleno sanitario, generalmente de domo, el cubrimiento del mismo con cobertura vegetal como pasto, la siembra de árboles, la instalación de canchas de futbol y de baloncesto, y de bancos de concreto y algunas casetas, armoniosamente distribuidos, pareciera que son las preocupaciones mayores de quienes operaron estos sitios de disposición final de residuos sólidos y desean salir del mismo, lo más rápido posible, con la entrega que se hace generalmente a entes municipales. Pero, el problema no termina con esconder las “basuras” con una gruesa capa de material de cobertura, con la instalación de algunas torres para los gases y con la construcción de lagunas para el almacenamiento de lixiviados. Es necesario garantizar la estabilidad del relleno sanitario y evitar que colapsen como lo hizo el de Doña Juana en la capital de la república, prevenir la fuga de gases y lixiviados en distintas partes del domo, y lo más importante garantizar el tratamiento de estos lixiviados, hasta que cesen de generarse. Adicional a lo anterior, se requiere garantizar que las geomembranas que se encuentran en la base del sitio de disposición y en las lagunas de acumulación de lixiviados, conserven su carácter impermeable, pues de otra forma se escaparían los lixiviados hacia las corrientes de aguas superficiales, o en el peor de los casos se infiltrarían a través de las fracturas de las rocas y contaminarían las aguas subterráneas. El mantenimiento de la capa exterior del material de cobertura debe ser permanente y rigoroso, pues al erosionarse deja escapar olores nauseabundos y permite la infiltración del agua, la cual atenta contra la estabilidad del relleno sanitario. También, posibilita la proliferación de vectores, moscos, mosquitos, ratas y otros roedores, que atenta contra la salud de quienes habitan en los alrededores. Las minas de oro diseminado que contienen polisulfuros metálicos, como las del Tolima, indefinidamente producen drenajes ácidos, pues por la acción del agua los sulfuros se convierten en ácido sulfúrico, que, casi siempre, son hábilmente escondidos y no mostrados a los turistas de la megaminería. Estos drenajes ácidos son equivalentes a los lixiviados de los rellenos sanitarios y la meteorización de los polisulfuros metálicos también genera gases, que guardadas proporciones corresponden a los hidrocarburos que se producen en los rellenos sanitarios y que se utilizan como fuente de energía doméstica o simplemente se expulsan a la atmósfera. Los drenajes ácidos, aguas con bajo potencial de hidrógeno -PH- al alterar las características físicas y químicas del agua superficial modifican el hábitat de la fauna y la flora y menguan su existencia. La utilización de estas aguas aciduladas en cultivos agrícolas y forestales alteran el ciclo biológico de las mismos produciendo disminución en su productividad y pérdidas económicas. Además, atentan contra la salud de quienes consumen alimentos, que eventualmente contendrían residuos de cianuro, como podría posiblemente ser el caso del arroz que se cultiva en el distrito de riego de Usocoello, en El Espinal-Tolima. Los drenajes ácidos pueden viciar las aguas subterráneas, para siempre, porque descontaminar las aguas del subsuelo es casi que imposible. La producción de drenajes ácidos persiste por periodos superiores a cien años y son pasivos ambientales que deben asumir los países donde se explotaron las minas, pues las empresas extranjeras abandonan los territorios tan pronto extraen el oro que es viable explotar desde el punto de vista económico. Experiencias internacionales de explotación a gran escala de depósitos de oro diseminado a cielo abierto demuestran que el dinero de las regalías y los impuestos recibidos no alcanzan para resarcir los pasivos ambientales, constituyéndose, por ello, la minería a gran escala en un pésimo negocio, lo cual refuerza la expresión común que las regalías y los impuestos recibidos por este tipo de explotación minera son: PAN DE HOY Y HAMBRE DE MAÑANA. Los PAD, sitios de acumulación de roca molida e impregnada con soluciones de cianuro de sodio, son verdaderos cerros, superiores en tamaño al de Pan de Azucar en Ibagué. Así se cubran con membranas plásticas y descansen sobre gigantescas geomembranas, potencialmente acusan problemas de inestabilidad y contribuyen a la creación de drenajes ácidos, pues es imposible aislarlos completamente de los agentes químicamente activos, como el agua, el oxígeno, el dióxido de carbono y el hipotético ácido carbónico, presentes en la atmosfera. Los escombros o estériles, material lítico con oro diseminado en cantidades insuficientes para su explotación, contienen igualmente polisulfuros metálicos que ocasionan drenajes ácidos, aunque estén cubiertos por membranas de plásticos, con vistosa apariencia externa. Los diques de colas producen igualmente contaminación en las aguas superficiales y subterráneas, aunque son lugares que no siempre se muestran a los turistas. Las geomembranas que recubren las piscinas a donde llegan las soluciones de cianuro de sodio con el oro disuelto, preocupan a largo tiempo, pues al romperse contaminan los cursos de aguas superficiales y aún el agua subterránea. La estética de estas piscinas salta a la vista, pero el estado de las membranas es oculto. Por otro lado, poco se le dice a los turistas con respecto a los manantiales que afloraban en el lugar donde se ubicaron las canteras y que desaparecieron, y si se les insinúa que para reemplazar las fuentes naturales de agua se está reforestando, es preciso entender que los bosques no producen agua, aunque regulan los cauces y generan O2 a partir del CO2 que consumen las especies vegetales. Se podrían exponer mayor número de problemas ocultos, pero por la brevedad del escrito se omiten, aunque es oportuno observar con mirada crítica las apariencias externas que se ciernen sobre los paisajes estéticos y armoniosos, construidos sobre las megacanteras, para deleitar a los turistas y para extraer, por parte de las compañías mineras multinacionales, los recursos naturales de los países subdesarrollados, sin mayores problemas, y sin las inversiones cuantiosas que requiere la restitución del entorno y la seguridad de la no contaminación, después de la clausura y el cierre de las megaminas de oro diseminado. De acuerdo a los expertos, si se restituyeran las condiciones ambientales a las existentes antes de iniciar la explotación del oro y si se realizaran las inversiones económicas para garantizar la no contaminación con cianuro y con drenajes ácidos, ningún proyecto de megaminería de oro a cielo abierto que utilice cianuro, sería viable desde el punto de vista económico. No queda más que tener en cuenta que las apariencias engañan, que los paisajes también se maquillan y que debajo de una cobertura vegetal, estética y superficial, existen y se propagan graves problemas ambientales, los cuales se ocultan a los engolosinados turistas.





Ibagué, 29 de junio de 2010