jueves, 30 de agosto de 2012

Los cinco frenos de la locomotora minero-energética


La locomotora minero-energética es una de las que más avanza. Sin embargo, las comunidades que habitan los territorios donde se están llevando a cabo algunos de estos megaproyectos están preocupadas. Del crecimiento de la explotación minero energética en el país se desprenden riesgos sociales, culturales y ambientales. Estos son cinco casos críticos de inconformidad social frente a la locomotora.
1. El cerrejón y la desviación del rio Ranchería
El Cerrejón es una de las minas de explotación de carbón a cielo abierto más grandes del mundo. Sus principales propietarios son las multinacionales BHP Billiton, Xstrata y Anglo American. Los problemas sociales allí son de vieja data y tiene que ver con la poca incidencia que han tenido las ganancias en la región y la insuficiente participación local en la fuerza laboral y los reasentamientos forzados de las poblaciónes del Viejo Oreganal y Tabaco. (Informe completo de los efectos socio ambientales).
Por otra parte a pesar de que la compañía ha desarrollado programas de desarrollo sostenible, la explotación ha tenido efectos como emisión de gases, la eliminación de flora y fauna, el ruido y el uso del agua con efectos negativos sobre el río Ranchería.  
Actualmente se discute el proyecto de expansión que espera sacar 500 millones de toneladas de carbón ubicadas debajo del rio, lo que implica su desviación en 26 kilómetros. El Cerrejón, en su Resumen del Proyecto de Expansión, reconoce que la pérdida parcial del agua sería de aproximadamente 40%; y que habría un aumento de la descarga de sólidos sobre el rio, aunque la empresa tiene planeado un programa para reducir al “mínimo” la erosión.
El proceso de preconsulta en las comunidades indígenas que se verían afectadas por la expansión, evidencia la negativa de los pobladores, además hay denuncias sobre el ofrecimiento de chivos, vacas, hilos y máquinas por el “sí” de los wayuu. La oposición al proyecto se expresó en el marco del Foro "Impactos de la Mega minería del carbón en la Guajira y la Nación" y en la movilización nacional del 1ro de agosto pasado. Actualmente el Río Ranchería se ha convertido en un símbolo de la resistencia guajira.
2. La Colosa en el Tolima
Las pruebas realizadas por la multinacional surafricana Anglo Gold Ashanti sugieren que en este territorio el oro está superficialmente disperso en un área de cerca de 515 hectáreas, las cuales explotarían por el método de minería a cielo abierto. Los cálculos señalan que en los 15 años que durará la explotación en Cajamarca, la empresa utilizará alrededor de un millón de toneladas de explosivos. Se estima que se removerán 600.000 toneladas de suelo diarias.
En oposición a la mina, los pobladores de la zona han realizado consultas, campañas informativas y actividades de movilización como la “minga de resistencia social y comunitaria” del 7 y 8 de mayo de 2011, el Carnaval en Ibagué para impedir La Colosa del 3 de junio de 2011, la Segunda Marcha Carnaval del 13 de octubre de 2011 y una tercera marcha el psado 5 de junio. 
3. El Paramo de Santurbán
La compañía canadiense Greystar Resources proyectaba la mina de oro "Angusturas", en el municipio de California, en Santander. Este proyecto fue desmontado por la presión social, pero ahora se vuelve a presentar bajo el nombre de “Eco Gold”. La explotación minera en una zona de Paramo sería nefasta para el ecosistema de Santurbán, que es excepcionalen los sistemas de alta montaña en el mundo.
Colombia tiene una legislación que busca proteger y conservar estas reservas naturales, por ello el debate está dado por la poca claridad sobre el límite del páramo, que produce agua para Cúcuta, Bucaramanga, y más de 30 municipios.
El 21 de noviembre de 2011 se realizo una segunda audiencia sobre el proyecto. A esta asistieron cerca de 1.300 personas evidenciando la división de la comunidad, mientras unos se oponen rotundamente al proyecto, otros celebran la llegada de la Greystar.
La oposición al proyecto se ha sentido en Bucaramanga. El 25 de febrero de 2011, ocho mil personas salieron a las callesen esta ciudad, era la tercera vez que se movilizaban. Este año, el 16 de marzo, se realizó otra movilización en defensa del agua y los páramos. Además, se creó el comité por la defensa del agua y el páramo, el comité de defensa del agua y a la causa se han unido algunas juntas de acción comunal de la ciudad y grupos ambientalistas y de izquierda, académicos y actores políticos locales.
4. Hidroeléctrica El Quimbo
Las obras de esta hidroeléctrica, a cargo de la transnacional Emgesa, fueron oficialmente inauguradas el 25 de febrero de 2011. Según el presidente Santos, presente en la inauguración, la hidroeléctrica ofrece la oportunidad al país de convertirse en una potencia energética. Sin embargo, en los municipios Gigante, Garzón, Altamira, El Agrado, Tesalia, y Paicol se manifiestan varias preocupaciones. Especialmente por la reubicación de 456 familias, la mayoría de las cuales sobreviven de actividades agropecuarias en el área. Los impactos ambientales, como los ya evidentes deslizamientos de tierra, y el bajo monto de la compensación también preocupan.
Asoquimbo (Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico del Quimbo), es la organización que ha liderado la oposición. Fundada hace más de tres años, esta entidad ha denunciado irregularidades en la licencia ambiental y en las compensaciones forestales. Cabe recordar el debate nacional por la publicación de un video-reportaje que contenía imágenes del violento desalojo efectuado contra los campesinos y pescadores que se rehusaban a salir de sus predios y se oponían al proyecto.
Por estos días justamente el tema de El Quimbo ha vuelto a sonar, pues desde el pasado miércoles 8 de agosto llegaron se concentraron en la zona indígenas, campesinos y pescadores tras esquivar dos retenes de la policía que trataron de evitar su paso. Tras deliberar en asamblea, el 11 de agosto decidieron salir nuevamente a protestar a la carretera que comunica el centro del país con los departamentos de Putumayo, Huila y Caquetá, a exigir un escenario de interlocución directa con el gobierno nacional respecto del proyecto. Frente a esta movilización el Esmad respondió dejando varios detenidos y 25 heridos.
5. El oro en Marmato, Caldas
En Marmato (Caldas) se vive un grave conflicto en el que los intereses de la empresa canadiense Medoro Resources están en contravía con los de la comunidad. MedoroResource ha señalado que en ésta mina explotada desde tiempos pre-coloniales, existen reservas del orden de 7 millones 49 mil onzas de oro. El Gobierno y la empresa consideran urgente trasladar el pueblo, argumentando que está en zona de alto riesgo, aunque sus pobladores señalan que la razón es diferente: explotar las minas a cielo abierto. Aunque en 2006 se presentó un deslizamiento de tierra, Corpocaldas declaró que el riesgo es mitigable.
Los pobladores y pequeños mineros en contra del traslado y de la explotación a cielo abierto, conformaron el Comité Cívico Prodefensa de Marmato exigiendo una consulta previa con las comunidades negras e indígenas en la región, pues aunque gran parte de la población es indígena y afro, la empresa argumenta que no hay resguardo ni un ente legalmente establecido ante el cual realizar la consulta previa.
El comité cívico prodefensa de Marmato resalta que el pueblo fue declarado patrimonio histórico por tanto no podría ser trasladado. En junio de 2010 la población se declaró en paro contra la compañía. En enero de 2011 los pequeños mineros organizaron un mitin y en mayo de 2011 hubo una protesta de 4.000 personas. La tensión aumento en la zona por el asesinato el primero de septiembre de 2011 del sacerdote José Reinel Restrepo Idárraga, quien lideraba el Comité Cívico Prodefensa de Marmato.
Los riesgos de los megaproyectos
Son serios los efectos ambientales de estos megaproyectos. Un ejemplo: para extraer 0.001 kilogramo de oro de manera industrial es necesario remover y destruir una tonelada de suelo, y cada kilo de oro consume 380.000 litros de agua pura, y deja además, residuos de mercurio y cianuro.
Los riesgos sociales no son menores: expropiación de las tierras, impactos en la salud, alteración de las relaciones sociales, destrucción de las formas de sustento, desplazamientos y desintegración social.
En el caso colombiano, preocupa que varias de las zonas de megaproyectos de esta índole coincidan con presencia de comunidades indígenas y afrocolombianas vulnerables. Por mandato constitucional, en estas debería realizarse una consulta previa, pero en la práctica este procedimento no siempre se hace como debería, a veces por malos manejos o simple desconocimiento. 
Por otro lado están también las comunidades campesinas quienes se resisten al cambio cultural y pérdida de sus tierras, pero legalmente no tienen derecho a consulta previa, lo que mantiene abierta la discusión acerca de si el Estado y las empresas privadas deben adelantar los proyectos aún cuando existe oposición expresa de la comunidad. 
COMENTARIOS
Robin Hood
22 agosto - 10:28 pm
Muy interesante esto de la mineria, y como dicen los indigenas del Cauca que tanto la ilegal como la ilegal son destructivas. Imoportante sobretodo al terminar el articulo Doña Fernanda, lo de los campesinos que no tienen derecho a la consulta previa. No me habia pasado eso en la cabeza.
De Santurban le que cuento que el entonces gobernador Serpa y tambien ex-alcalde de B/manga estaban a favor de la Greystar todo el tiempo, fue en el ultimo minuto que se echaron para atras al ver las movilizaciones, en las que Fenalco Santanter participo activamente y por ellos fue dificil que los macartizaran.

martes, 28 de agosto de 2012

Comer o no comer: ¿quién decide?


Alainet


Como serpiente que se muerde la cola, el sistema alimentario industrial –que es el principal causante del cambio climático global– se sacude por las pérdidas de cosechas debido a intensas sequías en Estados Unidos. En algunas partes, aunque hay cosecha, no se puede usar porque por falta de lluvia las plantas no procesan los fertilizantes sintéticos y se vuelven tóxicas para el consumo. Todo está relacionado al mismo sistema industrial: semillas uniformes, sin biodiversidad, con agrotóxicos y fertilizantes sintéticos, con alto uso de transportes, energía y petróleo –por tanto gran emisor de gases de efecto invernadero– y controlado por trasnacionales.

En el caso del maíz, la escasez se exacerba porque 40 por ciento de la producción en Estados Unidos se destina a etanol, es decir, a alimentar autos en lugar de gente.


Al ser Estados Unidos uno de los principales exportadores mundiales de maíz, soya y trigo, junto al hecho de que 80 por ciento de la distribución global de cereales está en manos de cuatro multinacionales que gestionan el abasto para obtener más lucros, la baja de producción en ese país tiene efecto dominó sobre el mercado global, donde los precios de los alimentos están disparados. Además de los granos, suben los precios de aves, puercos y res, ya que más de 40 por ciento de la producción de cereales del mundo se usa como forraje para cría industrial confinada de animales. Otro absurdo del mismo sistema agroindustrial, ya que sería mucho más eficiente usar los cereales para alimentación humana y consumir menos carne, o que la cría fuera en pequeña escala con forrajes diversificados. La cría industrial confinada y masiva de animales es el origen, además, de epidemias como la gripe porcina y aviar, que a su vez generan escasez y aumento de precios, como hemos visto recientemente en México con el aumento de precio de los huevos por un brote de gripe aviar.


Los que más sufren por los aumentos de precios son los más pobres, principalmente los urbanos, que usan 60 por ciento de sus ingresos en alimentos.


Por el contrario, la veintena de transnacionales que controlan el sistema alimentario agroindustrial (de Monsanto a Wal Mart, pasando por Cargill, ADM, Nestlé y algunas más), las que controlan las semillas y pies de cría, los agrotóxicos, la compra, distribución y almacenamiento de granos (también para biocombustibles), los procesadores de carnes, alimentos y bebidas, así como los supermercados, son los responsables de las crisis, pero se han blindado contra sus efectos –trasladando las pérdidas a los productores chicos, a los consumidores y al gasto público. Para ellas, el caos climático y la escasez no significan pérdidas, sino aumento de ganancias, como sucede con las semillas, agrotóxicos y fertilizantes que se vuelven a vender, o las empresas que almacenan cereales, los acaparan y especulan vendiéndolos más caros, o los productos en supermercados, cuyo precio aumenta mucho más que la proporción al inicio de la cadena.

El caso del maíz en México es ilustrativo. Pese a que los agricultores del norte del país afirman tener 2 millones de toneladas para vender, recientemente se importaron 1.5 millones de toneladas de Estados Unidos (transgénico), y por otra parte venderá 150 mil toneladas a El Salvador y otra partida a Venezuela. Anteriormente había comprado medio millón de toneladas a Sudáfrica. Absurdo para el clima, por los transportes innecesarios, y brutal contra la producción nacional. Cuestionado, el Secretario de Economía, Bruno Ferrari (anteriormente funcionario de Monsanto), se lavó las manos, alegando que es una decisión de empresas privadas.

El trasfondo, como explica Ana de Ita, del Centro de Estudios para el Campo Mexicano (Ceccam), es que en el contexto de las políticas para liberalizar la producción agrícola nacional que precedieron a la firma del TLCAN, se desmanteló la paraestatal Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), que equilibraba el comercio interno de maíz, entregando el mercado interno a las trasnacionales: empresas como Cargill, ADM, Corn Products International, junto a grandes porcícolas, avícolas y de procesamiento industrial de tortillas. Éstas compran a quien les convenga, sea porque es más barato o por otras razones, como comprar a agricultores con los que tienen contratos de producción en Estados Unidos.

Ese tipo de empresas –y sus ex funcionarios en el gobierno, como Ferrari– son las que afirman que hay que importar maíz, porque la producción nacional no es suficiente. Sin embargo, México ha producido en los últimos años alrededor de 22 millones de toneladas anuales, y el consumo humano es de unos 11 millones. Se usan en derivados industriales otros 4 millones de toneladas, restando aún 7 millones. Pero las empresas importan 8-9 millones de toneladas anuales adicionales, porque se usan 16 millones de toneladas de maíz en la cría industrial masiva de aves y cerdos –también de grandes empresas.


Si la cría fuera descentralizada y con forrajes diversos se tendría suficiente producción, sin epidemias y sin maíz transgénico de trasnacionales, con muchas más fuentes de trabajo rural. La importación de maíz a México no es necesaria, es sencillamente un negocio entre trasnacionales, condonado y subsidiado por el gobierno.


Si las políticas públicas protegieran la producción agrícola y pecuaria diversa y de pequeña escala, con semillas propias y públicas nacionales, se diversificarían los riesgos –incluso climáticos– y tendríamos producción alimentaria suficiente, accesible y de mucho mejor calidad.


Silvia Ribeiro es investigadora del Grupo ETC.

viernes, 24 de agosto de 2012

El Quimbo, en la mira de la Contraloría General

Por: Redacción Judicial


Debido a posibles irregularidades en el trámite de la licencia ambiental, el ente de control abrirá indagación preliminar al proyecto hidroeléctrico. Emgesa no ha sido notificada.

La Contraloría General de la Nación abrirá indagación preliminar al proyecto hidroeléctrico de El Quimbo en el Huila, tras hallar presuntas irregularidades en el trámite de otorgamiento de la licencia ambiental, que dio vía libre a la obra el 15 de mayo de 2009. La decisión se conoció ayer y fue tomada por el ente de control luego de evaluar varios documentos presentados por la Asociación de afectados por la hidroeléctrica el Quimbo (Asoquimbo), que serían prueba de que Emgesa-Endesa obtuvo la licencia sin contar con los estudios de impacto ambiental.
Aunque el contralor delegado para el Medio Ambiente, Javier Cruz, le dijo a El Espectador que por ahora el proceso se mantendrá en reserva, por tratarse de una indagación preliminar, confirmó que las presuntas irregularidades pudieron causar un detrimento patrimonial superior a los $350 mil millones debido a los daños sociales, ambientales y económicos generados con la intervención.
Además, señaló que la investigación busca determinar las posibles anomalías en las en que pudo haber incurrido el Ministerio de Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) frente al trámite de esta licencia, con el cual se avaló el proyecto hidroeléctrico planeado para generar 2.260 gigavatios de energía al año.
Sumado a esto, la Contraloría señaló que es necesario un nuevo censo a las comunidades afectadas por la hidroeléctrica, debido a que el que realizó la empresa se habría dejado por fuera varias localidades que no fueron visitadas y que en efecto resultarían afectadas por la generadora de energía. La construcción de la central que estaría lista en el 2014 y que ha avanzado en un 50%, tendría un área de influencia de 8.500 hectáreas, comprometiendo territorios de los municipios de Gigante, Garzón, Altamira, El Agrado, Tesalia, y Paicol. Para adelantar las obras fue necesario desviar el río Magdalena, con graves efectos ambientales, y reubicar al menos 300 familias que tuvieron que vender sus tierras para que fueran inundadas.
Hoy los miembros de Asoquimbo, que han hecho una férrea oposición al proyecto, celebran que la obra esté en la mira de la Contraloría. Siete meses atrás, representantes de asociación se reunieron con la contralora Sandra Morelli en su despacho en Bogotá para explicarle durante casi dos horas por qué consideran que la intervención tendría “serias anomalías suficientes para detener el proyecto”. De acuerdo con Miller Dussan, líder de Asoquimbo “Se otorgó la licencia sin tener listo el diagnóstico ambiental de alternativas, necesario para cualquier proyecto de este tipo”. Esos argumentos harían parte de las pruebas que tuvo en cuenta el ente de control para iniciar la investigación.
A través de un comunicado oficial Emgesa manifestó “que no ha formado parte de ningún proceso de indagación preliminar por parte de la Contraloría General de la República y tampoco ha sido notificada de ningún proceso de responsabilidad fiscal en su contra”.

Esta no es la primera vez que el proyecto está en la mira de un ente de control. El 8 de mayo de 2009, la Procuraduría General de la Nación recomendó al Ministerio de Ambiente “abstenerse de otorgar licencia para la construcción, debido a que no es conveniente que se inunden una de las mejores tierras de la región cuando se considera que el Huila es pobre en tierras productivas”. A su turno, también manifestaron sus reparos a la hidroeléctrica el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y laCorporación Autónoma del Magdalena entre otros.
“Lo que demuestra la decisión de la Contraloría es que teníamos razón: las pérdidas ambientales, económicas y sociales que consideramos como un detrimento nacional son mucho mayores a las compensaciones que planea la empresa”, basado en esta premisa, Asoquimbo planea instaurar una demanda ante el Consejo de Estado la próxima semana con el fin de que sean detenidas las obras de inmediato. Sin embargo, Emgesa insiste en que la empresa “cumplió debidamente con todas las obligaciones para el proceso del licenciamiento ambiental y que viene ejecutando las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo dentro del marco de lo establecido en dicha licencia”.
El Espectador
VIII 23 12


jueves, 16 de agosto de 2012

Perú ¿A quién tenemos como presidente?


Hugo Blanco*

 
Es preciso recordarlo y comunicar a quienes no se han enterado. La mayoría de los “políticos” prefiere olvidarlo.

Durante la guerra interna fue jefe militar en Madre Mía, Tocache, Huánuco, con el alias de “capitán Carlos”. Fue denunciado por asesinatos y torturas, luego pagó a los testigos para que cambiaran su declaración.

Se jactó de haber sido felicitado por sus superiores. ¿A quienes felicitaban los jefes en ese período? A quienes mataban inocentes (militares que no querían hacerlo tuvieron que huir del país). Su legajo de servicios militares durante esos años “se perdió”. Ahora sus jefes de entonces son premiados con cargos importantes.

En la campaña del 2006 un político de derecha dijo que no se debía castigar a los militares asesinos denunciados por la Comisión de la Verdad, protestaron los organismos de Derechos Humanos. Él también protestó, pero porque en campaña electoral no se debía tocar ese punto tan delicado para la “familia militar”. Ahora es ésa la familia gobernante.

Posteriormente fue nombrado jefe del cuartel Locumba, en Moquegua, pues Montesinos necesitaba gente de confianza para impulsar el trabajo de reelección de Fujimori.
El 29 de octubre del año 2000, Montesinos llamó cuatro veces desde su celular a dicho cuartel mientras se fugaba del país en el velero "Karisma" al mismo tiempo que se iniciaba el "Locumbazo". Las llamadas desde el celular 9970-8099 de Montesinos hacia el teléfono fijo054-713791 se realizaron a las 10:52 AM y las tres restantes luego de las 14 horas de ese domingo.

Ollanta sacó del cuartel a 57 soldados a hacer ejercicios. Afuera les comunicó que era un levantamiento contra el gobierno, luego los condujo al campamento minero de Toquepala de donde telefoneó a Radio Programas para comunicar del “levantamiento”, esto era urgente y necesario para que la atención se centrara en el levantamiento y no se sintiera la fuga de Montesinos.

Cuando dejó el campamento sólo le quedaban reservistas que había reclutado Antauro, los soldados habían huido.

Fujimori salió del país y luego renunció por fax. Ocupó la presidencia Valentín Paniagua.

Humala se rindió ante él luego de haber estado paseando por Moquegua y Arequipa durante más de un mes.

Como no ocurre en ninguna parte del mundo, contra ese levantamiento para derrocar al gobierno no hubo ni un disparo, jefes encargados de atacarlo informan que fueron ordenados de ir sin municiones.

¡En más de un mes de “levantamiento para derribar al gobierno” no hubo ni un rasguño! 

Luego estuvo detenido unos días y fue enviado como agregado militar a la embajada en Francia y después a Corea, recibiendo un jugoso sueldo.

Regresó al Perú y aprovechó la organización de reservistas verdaderos y falsos que había montado su hermano Antauro (quien ya estaba preso) a través del periódico Ollanta en el que escribía algunas cosas contra los intereses imperialistas.

Nunca estuvo en ninguna protesta popular. Nunca se dijo izquierdista, eso lo inventaron los “izquierdistas” para acomodarse.

Lo que sí es cierto, es que en su campaña en Cajamarca prometió defender el agua contra el oro y que una de sus primeras actitudes como gobernante fue decir “Conga va sí o sí”.

Jamás estuvo de acuerdo con la democracia. Como recordamos arriba, no consultó a los soldados si querían levantarse contra el gobierno, en tanto jefe militar él les ordenó que lo hicieran. Dice que en su partido no es como los otros, en que las juntas directivas son nombradas por elección. En su partido las designa él.

Nunca hubo congreso en su “partido”, es él quien da las órdenes, ni por un momento dejó su mentalidad jerárquica militar.

Para engañar al pueblo que había votado por él porque prometió cambios, puso un gabinete “progresista” transitorio, al que pronto cambió.

Ahora cambió a Valdés, no por reaccionario, sino porque inocentemente dice las cosas que el presidente piensa pero no las dice, como que admira a Fujimori y que Humala no debe cumplir sus promesas de campaña.

El nuevo gabinete seguirá la misma política aunque no diciendo lo  que piensa.

El pueblo debe ser consciente de que quienes gobiernan son las grandes empresas transnacionales en su propio beneficio a través de “la familia militar“ del presidente.

El Perú continúa siendo colonia, primero fue de España, luego de Inglaterra, después de Estados Unidos y ahora de las empresas transnacionales, a las cuales no les importa si matan a la naturaleza y a la población peruana, sólo les interesa ganar la mayor cantidad de dinero posible en el menor tiempo posible. Ollanta es el virrey.

A pesar de haber sabido esto consideré un triunfo cuando él ganó en las elecciones, pues si cualquier otro ganaba, el pueblo pobre se hubiera sentido derrotado. En cambio cuando Humala triunfó, exclamó “¡Ganamos!”, y cuando inició sus acciones se sintió indignado, traicionado, dispuesto a luchar para defender lo que votó y lo está haciendo.

Sólo el pueblo organizado se liberará a sí mismo.

* Dirigente histórico de la izquierda revolucionaria y de la Confederación Campesina del Perú. Es director del periódico "Lucha Indígena".

miércoles, 15 de agosto de 2012

Lo que no nos quieren contar...

Guillermo Rudas - La caja fuerte


Han pasado cuatro semanas desde que formulé al presidente de Cerro Matoso varias preguntas, sin que a la fecha haya recibido respuesta. El ministro de minas Mauricio Cárdenas también nos tiene en ascuas. Un día nos dice que la BHP Billiton tiene contrato de concesión hasta el 2029, tal como lo registran El Espectador(24.07.2012) y El Meridiano de Córdoba (4.08.2012). Pero a los pocos días se retracta: "Nosotros no vamos a trabajar en ese tema si no hay un compromiso firme de la empresa de hacer unas inversiones muy considerables para que la producción del ferroníquel aumente, y no vamos a hacer esa prórroga si no hay un aporte de regalías adicionales para la Nación…” (El Tiempo.com, 13.08.2012).


Lo que no nos ha dicho el ministro es que el contrato que firmaron con esta empresa hasta el 2029 es totalmente distinto al actual, que vence el próximo 30 de septiembre. Tampoco nos ha dicho que, en esa fecha, todos los activos de Cerro Matoso S.A. pasarían al Estado, sin indemnización alguna. Y más grave aún, no nos informa que el Estado tendría que arrendar a esa misma empresa todos esos bienes, cobrándole apenas el 1.25% de las utilidades después de impuestos.


BHP Billiton pagaría 140 millones mensuales de arriendo, teniendo utilidades declaradas de 17 mil millones mensuales, a pesar de que se trata de activos del Estado que valen 1.4 billones (sí, casi millón y medio de millones). Es como si usted encontrara un benefactor que le arrendara una casa por apenas un porcentaje mínimo (y fijo) de lo que a usted le queda en el bolsillo, mes a mes, después de pagar el mercado, el transporte, la educación, la salud, los impuestos… y un larguísimo etcétera. Con información que usted mismo le pasara al dueño, para decidir cuánto le va a pagar de arriendo. Es ni más ni menos el equivalente a tener un lujoso apartamento, valorado en 1.400 millones, arrendado por apenas 140 mil pesos mensuales.


Nada de esto nos ha dicho el ministro. Tampoco parece recordar que se trata de una empresa nada transparente, que tuvo que pagar 35 mil millones de pesos por regalías que venía liquidando a menor valor, al menos desde el 2004. Empresa cuyo presidente, Ricardo Escobar, quiso minimizar este grave hecho en carta que envió a El Espectador y La Silla Vacía, arguyendo que es “menos de un 3% del total de las regalías pagadas”. Y que reconoce ingresos por 23 billones entre 2007 y 2010, sin decirnos por qué reportó solo 9 billones a la Supersociedades.


Tampoco parece recordar el ministro que varios expertos, entre ellos el actual procurador Ordoñez, sostienen que se debe tener especial cuidado para evitar que se materialicen acuerdos lesivos para el país. Conceptos que llevaron a un directivo de la autoridad minera a renunciar a su cargo, 24 horas antes de terminar el gobierno de Uribe, porque se negó a prorrogar de afán el contrato a la BHP Billiton, como se lo ordenara su jefe, el entonces director del Ingeominas.


No hay que ser experto. Mire uno por donde lo mire, como simple ciudadano, se topa con elefantes de semejante tamaño. Hay contratos y más contratos, que regalan los recursos públicos, sin estar publicados en el Diario Oficial, ni en la web de quienes los suscriben. Reposan bajo total hermetismo en el Registro Minero, custodiados con extremado celo por quienes los firman, para que nadie más sepa de ellos. Todo esto, violando expresamente la ley que establece que “el Registro Minero Nacional […] es un instrumento abierto de información, al cual tendrá acceso toda persona en cualquier tiempo”; y que dicho Registro “dispondrá de los mecanismos y ayudas técnicas y de los medios físicos adecuados para que los usuarios de dicha información, la verifiquen y tomen personalmente…” (Código de Minas, Ley 685 de 2001, art. 329).


¿Es ésta la urna de cristal que anunció el presidente Santos? Al respecto, el señor ministro informa que “todo esta siendo analizado, no me voy a adelantar y el caso está obviamente en manos de la autoridad minera”; complementa diciendo que “no se ha tomado ninguna decisión”; y concluye afirmando que “en algún momento pues será socializada, compartida de manera que no nos adelantemos a los hechos” (El Espectador, 10.08.2012). Me pregunto si la BHP Billiton no ha dirigido, a la fecha, alguna comunicación a la autoridad minera al respecto; o si no se ha levantado acta alguna de las reuniones de negociación. De ser así, solicito respetuosamente al señor ministro que las publique, en cumplimiento del mandato del Código de Minas que establece que “el procedimiento gubernativo previo a la celebración del contrato es público y a él tendrá acceso toda persona”; y que “de todas las piezas y diligencias podrán expedirse, de plano, copias a quien las solicite” (Ley 685 de 2001, art. 260).


¿No sería mejor suspender estas negociaciones, hasta tanto la opinión pública esté debidamente informada?


La Silla Vacía VIII 15 12

domingo, 5 de agosto de 2012

Cerro Matoso: mina rica, pueblo pobre


REPORTAJE

Sábado 4 Agosto 2012

Semana.com


En tres décadas de explotación de la mina de níquel Cerro Matoso se han hecho ventas por 11.000 millones de dólares. Con tan fabulosa fortuna, ¿por qué los pueblos que la rodean siguen en la miseria y sus habitantes se quejan de extrañas enfermedades?
Es una paradoja. La Unión Matoso, el pueblo más miserable de Colombia, está a los pies de Cerro Matoso, la mina de níquel a cielo abierto más grande del continente y la cuarta en el mundo. Desde este pueblo cordobés se observan las volquetas que arrojan en la ladera toneladas de escoria, el polvo sobrante del proceso de purificación del ferroníquel. Lo derraman en lo que hace tres décadas era una montaña verde, en la que Luis Simón Márquez Flórez, 51 años de edad, cazaba animales, cultivaba y se bañaba en aguas diáfanas. "¿Quién iba a imaginarse que había más riqueza en las entrañas de la montaña?", dice.

En 1963, él vio los inicios de la exploración y 19 años después empezó a observar la explotación de la mina que en este tiempo ha pasado por diversos dueños. Hoy es propiedad de BHP Billiton, la compañía minera más grande del planeta. En este tiempo, según datos suministrados por la empresa, Cerro Matoso ha exportado 910.000 toneladas de níquel, que en ingresos brutos equivalen a 20,9 billones de pesos (11.000 millones de dólares). A Márquez Flórez no le caben en la cabeza estas fabulosas cifras y desconoce que la planta produce 50.000 toneladas anuales de ferroníquel que se exporta a las principales metrópolis del mundo. Lo que sí sabe es trabajar la caña flecha, cultivo silvestre y materia prima para hacer el sombrero vueltiao, como los que llevaban los deportistas colombianos en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. A eso se dedican los 520 habitantes de aquí. "Es un trabajo doloroso por causa de la escoria que arrojan de la mina", dice. Según sus testimonios, el viento lleva el polvillo hasta ellos. Penetra en sus pulmones, en sus ojos, en su piel. Se posa sobre sus techos y escurre con la lluvia a las canaletas y a los tanques de agua de consumo. La compañía, por su parte, niega que emita escoria y destaca que "en sus 30 años de operaciones, no ha recibido nunca una sanción por incumplir la legislación ambiental colombiana".
 

Dayro Romero, concejal de San José de Uré, habitante de La Unión Matoso, dice que hace poco hablaron con el presidente de la empresa, Ricardo Escobar, el primer colombiano en 30 años en dirigirla, y le dijeron que tenían que responder por el alto grado de contaminación por la escoria que está cayendo en su pueblo y por el grave impacto ambiental de la región. Escobar, según ellos, tomó nota de la situación y prometió averiguar si había irregularidades.

Los pobladores dicen que aguantan el dolor con estoicismo. Aquí no hay un puesto de salud, ni alcantarillado, ni siquiera agua pura para lavar las heridas. Carecen de cualquier servicio público. "La mayoría de mis 120 alumnos viven a diario con rasquiñas y gripas interminables", dice Eleidis Romero, la profesora de la escuela San Luis. Un estudio de la Universidad de Antioquia, que ha hecho exámenes médicos, dirigido al director de relaciones laborales de la empresa, dice: "Es importante observar que las mediciones ambientales realizadas presentan un nivel superior al permisible".

Márquez Flórez se muestra cansado. No así los niños semidesnudos, con evidentes signos de desnutrición, que caminan por las seis vías sin pavimentar. En lugar de asfalto están cubiertas de saprolita, un material también de desecho de la mina con alta cantidad de níquel, duro y filudo. Es extraño el niño que no se vea cortado por andar por las calles. A pesar de esto, sonríen. Nunca han visto otra realidad. Parecen vivir en la Edad Media aunque al frente tienen una industria con alta tecnología y unas instalaciones que consumen tanta energía eléctrica como toda Barranquilla.

La Unión Matoso y la mina de Cerro Matoso están a 90 minutos de Montelíbano. Los une una carretera que atraviesa paisajes de espléndidas sabanas, salpicadas por colinas en donde pasta el ganado a la sombra de los árboles. Abundan las variedades, cebús y búfalos bien alimentados. Sin embargo, en el casco urbano de este municipio de 85.000 habitantes se acaba el paisaje de postal: entre la maleza y los olores fétidos se ven inconclusas la plaza de mercado y el matadero municipal. El alumbrado público es deficiente, no hay alcantarillado y el agua no es potable. La versión que pasa de boca en boca es que la plata de la mina se extravió en la maraña de corrupción local y regional. La compañía muestra sus libros contables en los que dice que ha girado durante los 30 años de operaciones al Estado colombiano 1,5 billones de pesos por concepto de regalías.

¿Cómo se esfumó tan astronómica cifra? ¿Qué político responde? Nadie. Un caso que simboliza esta respuesta es el del liberal Moisés Náder Restrepo, elegido en cinco ocasiones alcalde de Montelíbano. En estos periodos acumuló 64 investigaciones de la Procuraduría por derrochar las regalías pero nunca fue sancionado. "Más vale malo conocido que bueno por conocer", dice un estudioso de la política local para explicar por qué la gente insiste en reelegirlo, "Saben que él ha sido perverso pero los demás han sido peores", concluye. El municipio ha sufrido el azote de los narcos y los paras. Hoy el fantasma de las bacrim gravita en toda la región.
 

Enfermos por el trabajo 

Aunque la plaza de mercado y el matadero parecen reliquias detenidas en el tiempo, algunos pobladores tienen preocupaciones más urgentes. A Julio Enrique Acosta Arcia, de 53 años, según consta en su registro médico, le encontraron diez elementos tóxicos en su cuerpo tras haber trabajado en la mina durante 23 años. Le han hecho 14 cirugías, le descubrieron un cáncer y hoy está en una silla de ruedas. Cree que la empresa ha mejorado en seguridad industrial, pero a él, que fue uno de los pioneros, le tocó una época en que esta era "bastante rudimentaria".
 

Acosta lidera a 80 exempleados que, según la acción de grupo que hoy hace trámite en un juzgado de Montería, fueron retirados de la empresa por enfermedades respiratorias, problemas motrices, erupciones cutáneas y accidentes de trabajo. Federman de la Ossa, de 64 años, ingresó en 1971 y se retiró en 2000 con diagnóstico de enfermedad pulmonar. Vive en El Varal, Pueblo Nuevo, y permanece en una hamaca, junto a siete medicamentos que debe consumir las 24 horas. SEMANA hizo un recorrido por la zona y encontró otros casos dramáticos. En Pica Pica, a 40 minutos de Planeta Rica, vive Alfaro Osorio, de 55 años, con enfermedad pulmonar crónica. En Montería, Emilio Soto, quien ingresó a Cerro Matoso en 1980 y se retiró en 2007 cuando le diagnosticaron una dermatitis de contacto crónica. Su cuerpo era una llaga purulenta que producía repugnancia en sus compañeros de trabajo, quienes se lavaban las manos después de saludarlo, decían que estaba podrido, creían que tenía sida.
 

Según sus testimonios, adquirieron estas enfermedades por inhalar gases, por manipular reactivos, por trabajar en los hornos en la refinería y por entrar en contacto con el material particulado que emite la planta en los procesos metalúrgicos del ferroníquel. La empresa tiene una versión muy distinta. "En los 30 años de operación, 39 personas han presentado enfermedades calificadas como profesionales. De estas, 29 casos corresponden a algún grado de pérdida auditiva".

¡Peligro! ¡Peligro! 

El níquel, dice la hoja de advertencia que va adherida a los costales de exportación, "es un material peligroso, puede producir cáncer, reacciones alérgicas cutáneas, es dañino para los pulmones tras exposición repetida o duradera; no inhalar polvo ni humo". Lo advierte Cerro Matoso a sus clientes. Sin embargo, los mineros viejos dicen: "A nosotros nunca nos lo dijeron".

En la década de los ochenta no había una preocupación por el tema de salud ocupacional, a pesar de que la International Agency for Research on Cancer (IARC), clasifica al níquel y sus compuestos en el grupo A1 de agentes cancerígenos. El pasado martes 24 de julio murió de cáncer Hildebrando Turizo, tenía 60 años, se lo habían diagnosticado hace diez años, fue operador de refinería y de la planta de recuperación. Cuando los periodistas de SEMANA lo visitaron en la clínica IMAT de Montería, el 13 de julio, contó que a él nunca le dijeron que "el níquel podía producir cáncer. El agua de consumo en la planta -aseguró- contenía minerales como hierro, cobalto, níquel, saprolita verde y café y azufre. La extraían de los yacimientos del cerro".

A la mayoría de los exempleados el trato que han recibido de los directivos de Cerro Matoso los ha desconcertado. Los extrabajadores consultados por SEMANA coinciden en afirmar que los médicos que les hacen los exámenes siempre hablan bajito, y las clínicas y laboratorios donde se los practican nunca les entregan los resultados sino que los envían a salud ocupacional de la empresa porque son "exámenes privados".

Pero si la empresa, como consideran los exempleados, ha sido indolente ante las enfermedades, la aseguradora del régimen de pensiones, a pesar de las evidencias, no ha aceptado que las enfermedades han sido contraídas en las labores que desempeñan. Por eso quedan sin trabajo y sin pensión. "Nosotros ignorábamos lo nocivos y venenosos que eran los materiales a los que estábamos expuestos. Yo entré caminando a Matoso y salí inválido", dice Acosta.

En este mes de septiembre se vence el plazo de la concesión a la compañía que explota la mina. BHP Billinton aspira a renovar el contrato por 30 años. El presidente Juan Manuel Santos, quien trabaja en impulsar la economía con lo que llama "la locomotora de la minería", tomará la decisión. El mandatario ha dicho en varios ocasiones que debe "haber absoluta igualdad entre lo que se extrae y lo que se reinvierte en la gente". Además, ha precisado que cualquier explotación debe hacerse con sostenibilidad y respeto hacia el medio ambiente. El ministro de Minas, Mauricio Cárdenas, valida esta premisa: "No vamos a permitir explotación que no beneficie a las comunidades de los municipios en donde están las minas". Gabriel Alberto Calle Demoya, el actual alcalde de Montelíbano, espera que en Cerromatoso no se siga ratificando ese presagio que dice: "Pueblo de mina, pueblo de ruina".