miércoles, 31 de julio de 2013

La Consulta Popular en Piedras



El pasado 28 de Julio en el municipio de Piedras, ubicado en el Departamento del Tolima, se realizó la primera Consulta Popular en toda la historia de Colombia frente al uso del territorio para realizar labores de minería aurífera a gran escala. Esta iniciativa ciudadana tiene sus orígenes en el valor de las multitudes ante la presencia de la multinacional Anglogold Ashanti (AGA) que, vale decirlo, inició sin los debidos permisos sus trabajos en esta zona del Departamento. Producto de este clamor popular, el Alcalde de esta jurisdicción decidió elevar ante el Tribunal Administrativo del Tolima la solicitud para su realización, recibiendo una respuesta positiva. En definitiva, la Consulta fue una conquista de los habitantes del municipio.


De esta manera, la pregunta aceptada por el Alto tribunal fue: “Está de acuerdo, como habitante del municipio de Piedras, Tolima, que se realice en nuestra jurisdicción actividades de exploración, explotación, tratamiento, transformación, transporte, lavado de materiales, provenientes de las actividades de explotación minera aurífera a gran escala, almacenamiento y el empleo de materiales nocivos para la salud y el medio ambiente, de manera específica el cianuro y/o cualquier otra sustancia o material peligroso asociado a dichas actividades y se utilicen las aguas superficiales y subterráneas de nuestro municipio en dichos desarrollos o en cualquier otro de naturaleza similar que pueda afectar y/o limitar el abastecimiento de agua potable para el consumo humano, la vocación productiva tradicional y agrícola de nuestro municipio.”, ante lo cual la ciudadanía debía marcar Sí o No.

Ante la convocatoria realizada, el pueblo se ha pronunciado. Según cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil, 2971 personas marcaron la casilla del No, mientras que 24 personas se inclinaron por el Sí. Por su parte, se presentaron 10 votos nulos y 10 tarjetas no marcadas, para un total de 3007 sufragantes de un potencial de 5007. En términos porcentuales, la participación ascendió a cerca del 60%, superando los índices de abstención que se han presentado tradicionalmente en Colombia. Con un 98.8% a favor del No, la voluntad del pueblo debe ser interpretada como un mandato popular. Así, se pueda afirmar que, para esta ocasión, la decisión fue tomada por la mayoría de la mayoría. Es de resaltar que según la Ley 134 de 1994, encargada de regular los mecanismos de participación ciudadana, en este tipo de Consulta, la “decisión del pueblo es obligatoria” (art 8).

Este ejercicio de expresar la voluntad popular favoreciendo las libertades públicas debe ser visto como un apoyo para sostener el Estado Social de Derecho pues le otorga a éste legitimidad y al mismo tiempo una supremacía moral. Es tal la relevancia de la Consulta que la Revista Semana escribió “el resultado puede no solo volver inviable La Colosa sino afectar proyectos mineros en todo el país” y el mismo ministro de Medio Ambiente calificó lo sucedido como un hecho político. Si se recurre al símil de un enfrentamiento de boxeo, se podría decir que el contrincante que en teoría parecía el menos fuerte, en la práctica logró tal dimensión que envío a su rival contra la lona. Así, Anglogold Ashanti mordió el polvo de las cuerdas ante la gallardía y valentía de las gentes de Doima – Piedras.

Una característica superlativa que merece ser reconocida en toda su dimensión fue la activa participación de las mujeres. Ellas, con su importante papel se han encargado de ejercer un notorio liderazgo. Su presencia significa reconocer la vigencia del ecofeminismo como horizonte de acción. Sumando a esto, es admirable la coherencia y firmeza en los principios de los habitantes de Doima - Piedras, quienes no se dejaron seducir por las canonjías de la multinacional.

Los resultados establecen la necesidad de seguir avanzando en formas determinantes que conjuren las pretensiones de AGA de arrasar con la Cordillera Central y las riquezas naturales del Departamento. En este orden de ideas, se ubica la realización de un Paro Cívico Regional para salvaguardar los más genuinos intereses regionales a favor de la vida, el agua y el ambiente.


Autores: Iván Henao – Alejandro Leal

martes, 30 de julio de 2013

El desastre de Chevron en Ecuador

La petrolera, condenada a pagar 19 mil millones de dólares, desconoce la sentencia

Orsetta Bellani


La compañía, condenada a pagar 19 mil millones de dólares por el derrame petrolero ocurrido en la Amazonía ecuatoriana, no quiere aceptar la sentencia.“Nací a 200 metros del pozo petrolífero, criado en este desastre que para mí era lo normal. Sólo cuando me mudé a otro lugar entendí que aquí la vida es diferente”, relata Donald Moncayo, que ha pasado su infancia en los alrededores de la ciudad de Lago Agrio, en el noreste de Ecuador. Lago Agrio se encuentra en la provincia amazónica del Sucumbíos y ha sido escenario de uno de los más grandes desastres ambientales del mundo: entre 1964 y 1990 la compañía petrolífera estadounidense Texaco - en 2001 fusionada con Chevron - habría vertido alrededor de 68 mil millones de litros de agua tóxica y 680 mil barriles de crudo en la Amazonía.
“Cerca de cada pozo petrolífero, Chevron abrió ‘piscinas’ donde echaba los desechos tóxicos”, explica Ermel Chávez, dirigente del Frente de Defensa de la Amazonía. “Las piscinas no fueron revestidas y, por consiguiente, los líquidos se filtraron hasta los ríos y los acuíferos. Texaco perforó más de 300 pozos en la selva ecuatoriana y creó unas 880 piscinas: este territorio está completamente contaminado”.
Las que en Sucumbíos llaman “piscinas” en realidad son charcos gigantes de petróleo en el medio de la selva. Alrededor de los pozos abandonados por Chevron viven comunidades, donde la gente bebe el agua de los pozos y los niños juegan cerca de las piscinas. El desastre causado por Texaco no sólo ha tenido un impacto grave en el ecosistema, sino también en la salud de la población: en esta zona del país la tasa de cáncer, abortos espontáneos y de nacimientos con malformaciones congénitas es la más alta de Ecuador. Además, la crisis ambiental obligó al desplazamiento los pueblos indígenas de la zona, cuya salud y vida es muy dependiente de la salud del territorio.
“En las piscinas echaron barros de perforación y petróleo de prueba, además de las aguas que resultaron del lavado de los pozos. En 1996 Chevron inició la reparación de unas 150 piscinas, que consistió en taparlas con tierra. Ahora le demostraré que no se trató de una verdadera reparación”, denuncia Donald Moncayo, habitante de la zona, mientras extrae una muestra de tierra de una piscina reparada. La sumerge en un bote lleno de agua que en pocos instantes se vuelve aceitosa y negra como el petróleo. Sin embargo, después de la falsa remediación, el estado ecuatoriano liberó a la empresa de toda responsabilidad.
La historia del proceso a Chevron-Texaco es muy larga: en 1993 un grupo de personas – que luego creó el Frente de Defensa de la Amazonía, reuniendo a unas 30 mil personas – llevó a juicio Texaco y en febrero de 2011 un tribunal del Sucumbíos condenó la compañía a pagar 9,5 mil millones de dólares para arreglar los daños causados y a disculparse públicamente.
No han presentado las excusas y el año siguiente, el tribunal aplicó la sanción prevista: la duplicación de la multa. Ahora Chevron tiene que pagar 19 mil millones de dólares, la multa más alta impuesta a una transnacional por daños ambientales.
“El proceso no se acabó, ganamos aquí en Sucumbíos pero falta la ejecución de la sentencia, estamos trabajando en eso”, explica Pablo Fajardo, jefe del equipo de abogados del Frente de Defensa del Amazonía, el David que le ganó al Goliat. “Chevron no pagó nada.
Un juez ordenó el embargo de sus acciones y dividendos pero la compañía ya no está en Ecuador. De todos modos, logramos que se impusiera una convención internacional que prevé que la medida sea eficaz en otros países como en Argentina, donde se está congelando el dinero de Chevron en una cuenta especial a nombre de los afectados de la Amazonía ecuatoriana.
Esperamos actuar de la misma forma en otros países también: está cerca un fallo en Canadá para seguir ejecutando la sentencia, nuestro objetivo es seguir hasta cobrar el ultimo centavo que nos deben para limpiar todo esto”.
Sin embargo, a principios de junio la Corte Suprema argentina revocó el embargo de los bienes de Chevron Argentina y el 15 de octubre en Nueva York iniciará un nuevo proceso en que la compañía pide sanciones penales, una indemnización económica y una declaración pública admitiendo que la sentencia de Sucumbíos fue obtenida de manera irregular.
“La empresa dice que es una sentencia fraudulenta, pero el daño esta aquí, la evidencia es tan fuerte que no hace falta corromper a un juez. Que demuestren que no contaminaron al medio ambiente”, comentó el abogado Pablo Fajardo.
Fuente: http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/64203-el-desastre-de-chevron-en-ecuador.html

CAR demanda 29 títulos mineros en áreas de reserva forestal

Afectan el Páramo de Guargua y de Laguna Verde, en Cundinamarca.

Por encontrarse expedidos en áreas protegidas o en zonas de páramos, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) presentó las primeras 29 demandas en contra de títulos mineros que identificó en su jurisdicción.
Se trata de contratos de concesión para la exploración de minas de carbón otorgados en su momento por la Agencia Nacional de Minería y el Servicio Geológico Colombiano (antes Ingeominas) y que hoy afectan el Páramo de Guargua y de Laguna Verde, en los municipios de Tausa, Cogua, Nemocón, La Calera, Soacha, Sutatausa, Cármen de Carupa, Cucunubá y Suesca.
Con este paquete de demandas que cursa desde el pasado 29 de mayo en la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la CAR busca la declaración de nulidad absoluta de tales contratos. En total, serán 216 acciones de este tipo que la autoridad ambiental tiene previsto promover en los próximos meses contra títulos expedidos en áreas incompatibles con la minería y que han sido identificados en todo el departamento.
De acuerdo con Alfred Ballesteros, director de la CAR, este hallazgo evidencia la desarticulación y la incoherencia que se da entre las actuaciones de las autoridades mineras y ambientales.
"El código minero no establece que para expedir un título o contrato de concesión deba pedirse antes el concepto de la autoridad ambiental sobre el terreno solicitado. Tampoco tiene en cuenta la cartografía elaborada por la autoridad ambiental para las áreas protegidas o de reserva por lo que entrega el título sin importar para que zona se va a usar", sostuvo Ballesteros.
El problema reside en que una vez obtienen el título que solo es de exploración, muchos de los mineros inician la explotación de la zona sin contar con la licencia ambiental, por lo que la actividad se torna ilegal.
"Estamos investigando el impacto ambiental generado por esta situación en las zonas identificadas. Ya iniciamos un proceso de evaluación sancionatorio que podría culminar con multas de hasta 5 mil salarios mínimos legales vigentes", señaló Ballesteros.
El director de la CAR hizo un llamado para que se empiece a trabajar en la modificación del artículo 48 del código minero de modo que antes de que se otorgue un título se verifique si la zona requerida tiene algún tipo de restricción ambiental.
De otra parte se anunció el inicio del proyecto piloto del Esquema de Pagos por Servicios Ambientales, una estrategia que busca que los campesinos que viven en áreas protegidas abandonen sus actividades agrícolas y se dediquen a cuidar el medio ambiente. De esta forma, se les pagará una suma de dinero proporcional a las utilidades que obtenían por hectárea de cultivo.
El programa iniciará en los Páramos de Guerrero (Zipaquirá, Cogua y Tausa) y en el Páramo de Rabanal (Gachetá y Lenguazaque) y se tienen destinados recursos que ascienden a los 4 mil millones de pesos.

¿Megaminería en líos?

Desde el pequeño municipio de Piedras (Tolima) sus habitantes mandaron un mensaje contundente y gigantesco al Gobierno Nacional y a todo el país: no a la megaminería en esa región. A través de una consulta popular consignaron 2.791 votos por el No, 24 por el Sí, dos votos nulos, y 10 tarjetas no marcadas.

Por: Elespectador.com
¿Qué significa esto? De acuerdo a la ley inmediatamente competente, es decir, la 134 de 1994, que habla sobre mecanismos de participación ciudadana, la decisión es obligatoria. ¿Por qué? Simples formas de la democracia directa que deberán tener algún efecto: tuvo el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos y participó no menos de la tercera parte del total que conforma el censo electoral.
¿Cuál es el problema? Que esta decisión, que atiende las necesidades y deseos directos de una comunidad entera como la de Piedras, choca con la voluntad nacional de adelantar grandes proyectos de minería en el territorio nacional.
Y choca en grande, digamos, jurídicamente hablando: el pasado 9 de mayo el Gobierno Nacional firmó un decreto, el 0934 del 9 de mayo de 2013, que prevé lo que pasó en el Tolima: que por más que un municipio se oponga, dice la norma, no podrá impedir la entrega de títulos mineros.
Este problema de gobernabilidad es el que deberá atender el gobierno de Juan Manuel Santos si no quiere que su locomotora minera (sobre todo cuando el sector está rebotado en paros) se le salga de las manos y se quiebre en medio de la falta de legitimidad.
En este escenario ambos parecen tener razón. Tienen razón los habitantes del municipio de Piedras, por supuesto, quienes evalúan una política pública desde el instrumento más directo al que tienen alcance, como miembros de una entidad local. Y se oponen y levantan su voz de una forma pacífica, justo en el momento en que el país está a la vuelta de la esquina de estar envuelto en llamas por las protestas masivas. Y tienen razón en no querer que se dañe su agua: uno de sus más preciados bienes, al que han cuidado celosamente y rendido tributo cada vez que pueden.
Tiene razón, también y en cierto sentido, el Gobierno, no tanto por imponer por decreto una decisión de este estilo, sino por abordar el problema desde la estructura administrativa: ¿no debería la minería estructurarse, con todas las previsiones, desde el Ministerio de Minas, que para eso es que está? Y ahí nos preguntamos ¿no podrá haber un lineamiento claro, acordado con las comunidades locales, para que la minería pueda avanzar bajo una política nacional?
La pregunta jurídica queda abierta: para decirlo de manera coloquial, ¿qué mata a qué? ¿Consulta a decreto? En nuestra opinión, sí, la autonomía de la comunidad es un asunto que va hasta la médula de la Constitución Política, de la descentralización política y de, finalmente, el derecho de las personas a participar en decisiones que las afectan.
Con todo, lo que deja este episodio, mucho más allá de quién tenga la razón y quién gane el pulso (estará por verse), es el elemento de la legitimidad: algo hay de malo en esto de la minería en el Tolima para que una población se pronuncie a través de la consulta popular (sólo ha habido 28 en el país). Esto, en últimas, muestra desconfianza en que el Estado sea suficientemente fuerte para pararse frente a los intereses de las grandes empresas, regular y proteger a sus ciudadanos.
¿Atenderemos, al menos para concertar cosas, a las comunidades o impondremos a la fuerza un modelo que no parece convencerlos mucho?
Por: Elespectador.com VII 29 2013

sábado, 27 de julio de 2013

Japón TEPCO ocultó la filtración de agua contaminada al mar

Agencias


La empresa que administra la dañada central nuclear Fukushima Dai-ichi decidió demorar el anuncio de que la planta filtraba agua contaminada al mar porque no deseaba preocupar al público hasta que tuviera la certeza del problema, afirmó el viernes la compañía.

La empresa Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) admitió por primera vez a principios de semana que su planta nuclear situada en la costa nororiental de Japón estaba filtrando agua subterránea contaminada en el océano, un problema que según muchos expertos habían sospechado desde poco después de que la crisis se desatara hace más de dos años.

La planta fue objeto de múltiples fusiones de sus reactores luego que un sismo y el tsunami subsiguiente destruyeron sus sistemas de generación de electricidad y de enfriamiento en marzo del 2011. Tras sufrir una grave filtración de agua contaminada en abril de ese año, TEPCO afirmó que había controlado el problema y hasta el lunes había negado que se estuviesen produciendo más filtraciones subterráneas en el océano.

La empresa eléctrica japonesa ha sido criticada reiteradamente por dilatar las revelaciones sobre problemas y percances que han ocurrido en la planta TEPCO que aún opera con equipos provisionales y ha tenido un sinnúmero de problemas, inclusive recientes apagones y filtraciones menores de sus tanques de almacenamiento.

El presidente de TEPCO, Naomi Hirose, dijo el viernes que la empresa admitió haber demorado el anuncio de que la planta filtraba agua contaminada al mar pese a que se habían detectado señales obvias en mayo, debido a que los funcionarios deseaban tener la certeza de que había un problema antes de hacer tan "importante anuncio".

Hirose se disculpó por la demora y dijo que él y el vicepresidente ejecutivo de TEPCO, Zengo Aizawa, se reducirían su sueldo 10% durante un mes a causa del asunto.

La reunión trimestral de TEPCO de su comisión observadora de reforma que está integrada por cuatro expertos extranjeros estuvo dominada el viernes por discusiones sobre las filtraciones de agua contaminada.

El director de la comisión de reforma, Dale Klein, dijo que sentía decepcionado y frustrado por el manejo de TEPCO sobre la revelación de las filtraciones.

Extractivismo, movimientos y revolución

Raúl Zibechi
La Jornada


Días atrás se realizó un encuentro en Caracas para debatir las relaciones entre movimientos y estados, y cómo la autonomía y el poder popular pueden construir alternativas a un desarrollo anclado en el modelo extractivo. Participaron militantes de 30 organizaciones y movimientos, desde las cooperativas agrupadas en Cecosesola y la Red Nacional de Sistemas de Trueke hasta indígenas amazónicos y yupka, colectivos juveniles, culturales y artísticos, afrodescendientes, feministas y diversas expresiones urbanas y rurales. También hubo debates y encuentros con el Movimiento de Pobladoras y Pobladores.

Es importante constatar la fuerza y determinación de estos movimientos, la profundidad y certeza de su análisis, el carácter autónomo de sus reflexiones, la certidumbre de que enfrentan un periodo decisivo en la vida política. Si hubiera que sintetizar, algo más que difícil cuando las palabras circulan y dan vueltas y más vueltas, tres serían los temas centrales que debaten: salir del extractivismo, profundizar la autonomía y construir un modelo productivo de nuevo tipo.

El extractivismo apareció de dos modos. Uno esperable y ya habitual, vinculado a los daños sociales y ambientales que provocan las explotaciones mineras y petroleras, que amenazan la vida de las comunidades indígenas y campesinas. El asesinato del cacique yupka Sabino Romero por mafias de ganaderos el 3 de marzo en la Sierra de Perijá, estado de Zulia, es parte de la ofensiva de los terratenientes contra quienes luchan por la demarcación de sus territorios ancestrales en una zona donde avanza la minería.

Muchos grupos no indígenas y aún urbanos pelean contra las consecuencias del modelo extractivo. A las consecuencias que ha generado durante más de medio siglo un modelo asentado en la extracción y exportación de petróleo, se suma ahora la creciente presencia de mineras y la construcción de grandes obras de infraestructura.

La crítica a la cultura rentista, que convierte a los movimientos en dependientes del Estado y tiene una larga tradición en Venezuela, fue algo inesperado. Uno de los grandes cambios en ese país ha sido la democratización de la renta petrolera, antes reservada a unos pocos y ahora derramada hacia los sectores populares. Sin embargo, esa democratización no hizo sino reforzar la cultura rentista e instaló el modelo productivo como algo inamovible. En el seno de los movimientos, esa cultura atenta contra la productividad, como señalan los colectivos que integran el Parque Cultural Tiuna el Fuerte.

Lo interesante de esta mirada es que coloca el problema abajo, no arriba. El extractivismo es un dato de la realidad, al igual que la hegemonía de la cultura rentista. Pero lo que denominan como ausencia de productividad es parte de un desafío cultural que se puede encarar y ganar. De eso hablaron los movimientos y en esa tarea están centrando sus esfuerzos.

Los productores agrupados en Cecosesola (Cooperativa Central de Servicios Sociales del Estado Lara) abastecen de alimentos a una cuarta parte de la población de Barquisimeto, capital del estado de Lara con sus tres mercados semanales que venden 450 toneladas de alimentos. En sus seis centros de salud atienden 190 mil personas al año. Todo lo que hacen es autogestionado.

La red de trueke intercambia lo que produce, desde alimentos hasta artesanías, pero también saberes y servicios, utiliza monedas comunales y se pregunta cómo impulsar la construcción de poder popular sin ser destruida por funcionarios ineptos o el poder del dinero.

El Movimiento de Pobladores y Pobladoras tiene más de 300 edificios ocupados en Caracas, muchos estaban abandonados y ahora los autogestionan. El mayor movimiento urbano agrupa a inquilinos que resisten los desalojos, los comités de tierra urbana que nacieron en 2002 cuando se aprobó la regularización de asentamientos urbanos autoconstruidos, a los trabajadores residenciales, antes llamados conserjes, y a los damnificados por desastres naturales. Están construyendo 14 grupos de viviendas con base en la ayuda mutua, crean comunidades urbanas en camino hacia una profunda revolución urbana.

Tiuna el Fuerte es una de las experiencias juveniles urbanas más potentes del continente. Es uno de los pocos colectivos que consiguen trabajar con jóvenes pobres con prácticas ilegales, para construir con ellos espacios de creación cultural y artística mediante su participación en la Escuela Endógena de Hip Hop. Las reflexiones sobre el rentismo petrolero de las mujeres de Voces Latentes, que trabajan junto a los colectivos de Tiuna el Fuerte, es notable: si logramos modificar la cultura rentista y la inclusión a través del consumismo, por una cultura productiva y autogestiva, estamos empezando a salir del modelo extractivo.

Se dirá, en sintonía con cierto estructuralismo, que hasta que no se cambie el modelo productivo no se modificará el comportamiento de la población, que la cultura depende de la producción, que la cultura por sí sola no puede, que ese modo de hacer política tiene resonancias posmodernas. Sin embargo, la lucha de clases, la lucha en general, no es un dato estructural sino una construcción ética de los de abajo. No hay determinismos desde las fuerzas productivas hacia el resto de la sociedad. No deberíamos juzgar sin conocer las intenciones de quienes están haciendo.

En Venezuela hay potentes movimientos, entendidos como prácticas colectivas capaces de transformar parcelas de la sociedad modificando el lugar material y simbólico de quienes los integran. En ocasiones esa porción de la sociedad se ha sentido y se siente apoyada por el Estado y por los diversos gobiernos. En ocasiones no. Lo cierto es que hay gente en movimiento, haciendo para cambiar su vida y su sociedad. Suceda lo suceda en los próximos años, estarán allí, batallando por un mundo mejor.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2013/07/26/index.php?section=opinion&article=022a2pol


lunes, 22 de julio de 2013

El Día Mundial Contra la Minería a Cielo Abierto



A partir de la revolución industrial, originada hacia finales del XVIII, se asiste a una realización tecnológica de alcance global, que permite entretejer con filigrana los valores de la solidaridad y la fraternidad, fundamentales para la supervivencia de la especie humana, como principal problema ambiental. Ésta, al tiempo posibilita presenciar en vivo y en directo iniciativas ciudadanas de todo orden y también desastres ambientales.

Los avances tecnológicos son un medio expedito para ejercer el internacionalismo efectivo y la unidad de la ciudadanía en torno a diversas propuestas. De esta manera, se ha impulsado por La Internet, el Día Mundial Contra la Gran minería a Cielo Abierto para el 22 de Julio. Esta convocatoria que empezó a gestarse a escala nacional y fue liderada hacia el año 2009 por activistas mexicanos, en respuesta a los trabajos auríferos que realizaba en el Valle de San Luis de Potosí la multinacional canadiense New Gold, ha adquirido visos internacionales.

Es así como, para esta ocasión, se ha recibido el apoyo entusiasta de artistas como Manu chao e, igualmente, se espera también la participación ciudadana en países como Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Uruguay y Venezuela, principalmente. A propósito de esta fecha es imperativo recordar el carácter altamente perjudicial con el medio ambiente de este tipo de minería pues para el caso del Tolima, en el proyecto La Colosa, a juzgar por las características de la rocas, se recurriría a este tipo de minería.

Tal como se ha documentado el proceso de minería a cielo abierto consiste, en primera instancia, en exponer las rocas, raspando toda la capa vegetal, lo cual ya genera un impacto ambiental negativo al afectar la flora, la fauna y los ecosistemas, además el desprendimiento de la capa vegetal produce erosión, con lo cual es probable que los sedimentos del suelo se depositen en los cauces de las quebradas La Colosa y La Arenera, afluentes de los ríos Bermellón y Coello, afectando los cultivos del Departamento. También se ha prevenido sobre la utilización de Cianuro para el beneficio del oro, sustancia química letal para la supervivencia de la especie humana.

De tal forma, la problemática que se cierne sobre el Departamento del Tolima y la cordillera central, incluida su capital, Ibagué, merece resaltar la importancia del Día Mundial Contra la Gran minería a Cielo Abierto como una oportunidad propicia para resaltar el valor del agua y el medio ambiente como bienes comunes para la humanidad, invitando a la constitución de formas de vida más saludables que impliquen un profundo respeto por la naturaleza y sus dinámicas ecosistémicas. En horabuena, hay que expresar, ¡El Territorio Pijao, libre de Megaminería!


Por: Alejandro Leal Castro.

domingo, 21 de julio de 2013

Pascua Lama, minería transfronteriza, crisis, y resistencia de los pueblos

R. Gómez Mederos
Rebelión


La importancia de un promisorio freno al proyecto Pascua Lama del lado chileno, y la consideración de un posible cierre en plena etapa de construcción de su infraestructura logística y edilicia, pone de manifiesto las contradicciones y fundamentalmente las falacias, con que se han construido en el imaginario social, las benevolencias del modelo minero depredador, inscripto en una política hegemónica global, que destina a nuestras naciones a ser proveedoras de commodities y materias primas; política homologada por el consenso de Washington (Item:Elimination of the barriers to the foreign direct investments) y los intereses de los países desarrollados como Europa, Japón y EEUU, pero además, una política de influencia y cooptación, por parte de las naciones emergentes más influyentes (Brasil, China y Rusia), en cuanto a aprovechar las ventajas jurídicas y económicas que brindan nuestros países. Es decir, estamos en el medio, indefensos, ante el avance sin límites de los intereses de las naciones más poderosas sobre nuestros territorios.
El conflicto y la posterior retirada de la minera Vale de la provincia de Mendoza, dueña en Malargüe, de Potasio Rio Colorado, con una inversión inicial de 6000 millones de dólares, justificado en una suerte de argumentación menciona: “que en el contexto macroeconómico actual los fundamentos económicos del proyecto no están alineados con el compromiso de Vale”, muestra como esta poderosa minera de Brasil, además miembro del Mercosur, influye en la economía de Argentina. Recordemos que Vale tiene también en la provincia de San Juan, junto a Golden Arrows, el Proyecto de minería metalífera, Mogote, hoy en plena etapa de exploración.

La justificación reciente que expuso Jaime Bergé, presidente de la Cámara Minera de San Juan, con respecto al conflicto con Vale dice que, “La situación de Vale en Mendoza le pega al país, es una realidad. Los costos internos argentinos siguen creciendo respecto al dólar y eso choca. Chocó en Vale y en el tiempo chocará a Veladero y a los demás por el peso que significa producir” (1). De estos dichos se desprende, que las mineras deberían tener aún más beneficios de los que hasta ahora tienen, con la ley de inversiones mineras 24196.

La resolución de la corte de Copiapó, del vecino país de Chile, que ha hecho posible paralizar Pascua Lama, fue por incumplimiento de la Resolución de Calificación Ambiental desde 2009 en adelante, por daño al ecosistema glaciar en el que se encuentra el emprendimiento minero. La transnacional Barrick Gold, símbolo mundial de innumerables daños ambientales, e inclusive acusada de violaciones a los derechos humanos en distintas partes del mundo, por las poblaciones, la prestigiosa Amnistía Internacional y por Corp Watch; aduce, a pesar de haber prometido cumplir todas las exigencias ambientales de la legislación de ambos países (Argentina y Chile) y de utilizar tecnología de punta para no producir daño al ecosistema, ya en el año 2006 los glaciares Toro 1,Toro 2 y Esperanza, habían reducido su superficie en un promedio del 70% , gracias a la intervención de la compañía.

Barrick Gold llegó al punto de proponer, en un supuesto pan de manejo, el traslado de un glaciar colindante, llamado “Guanaco”, utilizando palas mecánicas. La autoridad ambiental regional en Chile descartó la propuesta mediante una resolución del 15 de Febrero de 2006. (2)Aun así Barrick Gold, después de “acatar” la resolución, presentó abiertamente la construcción del botadero Nevada Norte, en un sector que cubría enteramente un glaciar de roca.

Pascua Lama, al igual que otros megaproyectos, re fundamenta y coteja una modificación de la matriz energética nacional, que incide directamente en la población; para tener una idea de la magnitud del consumo energético de estos, tres ejemplos importantes: Bajo La Alumbrera (de la inglesa Xtrata Cooper) en la provincia de Catamarca, consume 1583GwH/a, es decir el 80% del consumo de Tucumán; en el caso de Pascua Lama (Barrick Gold), el consumo estipulado es de 930 GwH/a, el 85% de consumo de la provincia de Salta, y Potasio Rio Colorado, el 83% de lo que genera Atucha I 1848 GwH/a.(3) Es decir que la economía nacional transita un camino totalmente condicionado a este nuevo esquema energético, he impacta directamente sobre el transporte público, sobre el de carga y la economía en general. Para generar energía en la República Argentina, el porcentaje de las fuentes primarias es del 43,63 % para el Gas, el 40,20 % en el caso del petróleo y el 6,04 % de la hidráulica, como las tres formas más importantes. (4)

En la oferta energética de Argentina, las fuentes primarias se ocupan para generar energía térmica, energía hidráulica y energía nuclear respectivamente. Lo que se deduce de aquí, es que la relación entre lo que se genera de energía para el consumo normal en la actualidad, y lo que será necesario a partir del tremendo consumo de estos proyectos, es que, no hay tantas posibilidades de generar más de lo que hasta ahora se genera, debido a que pasamos de ser exportadores de recursos energéticos para generar esta, a ser importadores, con lo cual, o es para estos grandes consumidores o para la población en general.

Esta modificación, en términos sustanciales, cuantitativos y cualitativos, en el cual Pascua Lama es un punto más del modelo en general, incide sobre todos los rubros de la economía y el consumo ciudadano, incidencia que se desprende de una política de priorización del modelo capitalista primario y extractivo. La argumentación de una forma combinada, primaria y a la vez industrial de sustitución de importaciones, es desenmascarada por la crisis energética evidente, la cual se hace cada vez más aguda.

El proyecto Pascua Lama y su freno reciente, pone en cuestión el marco estratégico en el cual este se enmarca, el extractivismo no solo como modalidad de acumulación capitalista en términos económicos, sino también como una estructura que modifica y re categoriza los sistemas fronterizos, es decir, la desaparición exacta y objetiva de las fronteras nacionales, en donde estas mega-estructuras se asientan, “la fragmentación territorial, con áreas relegadas y enclaves extractivos asociados a los mercados globales”(5). Estas fragmentaciones territoriales, son además el producto directo de una estrategia a nivel mundial, no solamente del esquema del mercado global en sí mismo, sino de una forma de dominación territorial del capitalismo monopólico generalizado a escala planetaria; si bien la minería transfronteriza evidencia una transformación de la frontera del estado nación tradicional, esta solo tiene características tácticas, si se lo mira solo como un hecho en sí mismo, (es decir, solo como una iniciativa económica de una empresa transnacional). Lo que en realidad está en juego, es la distribución territorial y la enajenación de la nación en sí , a partir de la categorización del territorio, como centro de interés específico (6) , en cuanto a su riqueza en recursos naturales (bienes comunes), por parte de “Los estados hegemónicos más fuertes, que van alimentando cada vez más su poderío en este juego de reparto del mundo, y a su vez, consolidando una nueva institucionalidad supranacional, dominada por los estados fuertes” (7).

Pascua Lama, en la frontera argentina–chilena, Majaz - Río Blanco y Ecua corrientes en la frontera Ecuatoriana–Peruana, El Mutún, exponente orográfico ubicado en una zona biogeográfica amazónica del Pantanal, en la frontera boliviano-brasileño, dan cuenta en simultaneo, de la importancia estratégica del modelo minero transfronterizo a nivel suramericano, y la intensiva presencia de las transnacionales mineras en el continente.

Para la Argentina y Chile, el tratado minero establece un ámbito de aplicación específico, entre los paralelos 23, 49 y en un sector del paralelo 51, cuya superficie es de aproximadamente 550.000 Km2.

El Tratado de Integración y Complementación Minera, suscripto en la provincia de San Juan, República Argentina, y Antofagasta, Chile, el 29 de Diciembre de 1997, y promulgado el 24 de marzo del año 2000, bajo la ley 25243, sienta las bases jurídicas por el que se hace posible el proyecto Pascua Lama y las demás iniciativas de minería transfronteriza. Este acuerdo binacional constituye, entre tantas cosas, la entrega de los recursos hídricos compartidos para uso a discreción por las transnacionales mineras, donde existan proyectos mutuos o no. Este es el caso específico, sacado a la luz por el diario El Tribuno, de Salta en el año 2008, un plan que prevé bombear a la puna chilena, 6000 litros de agua por segundo desde pozos subterráneos que ya empezaron a construirse en el 2007, en las zonas de la Quebrada del Agua, Laguna Socompa, el Salar de Llullaillaco y el Salar del Río Grande, a muy pocos kilómetros de la línea cordillerana que separa Salta de Antofagasta; los 6000 litros de aguas serían bombeados desde dos acueductos que nacerán en Socompa y Sico, hacia Antofagasta, con destino a las minas La Escondida y Chuquicamata de la australiana BHP Billiton. La construcción del acueducto hasta La Escondida desde Socompa, costaría 203 millones de dólares, y la línea a Chuquicamata desde Sico, 224 millones de dólares. Las empresas asociadas al proyecto cobrarían 1,5 dólares el metro cúbico durante 20 años, lo cual les redituaría 5700 millones de dólares. (8)

Es cada vez más claro, el esquema de dominación y las nuevas funcionalidades a que han sido destinados los estados dependientes, en donde estos van “convirtiéndose en estructuras de administración de los intereses globales de los actores mencionados del bloque imperial y perdiendo cada vez más su función como representantes de sus comunidades políticas” (9).

De igual manera, el cierre promisorio del proyecto binacional Pascua Lama, nos da cuenta del poder que tienen los pueblos a la hora de las grandes decisiones, y de como la organización de la resistencia al sistema en general y sus versiones de acumulación, va teniendo sus frutos, que aunque pequeños, de gran incidencia en la estructuración del bloque hegemónico regional.

“Cuando un imperio proclama la paz trae guerra, cuando exalta la solidaridad esconde un ataque, cuando reclama adhesión trama entrega y cuando ofrece amistad distribuye hipocresía” (10)

Julio 2013. Argentina.

Notas:

(1) Diario de Cuyo. San Juan. 2013

(2) R. Gómez Mederos. Libro Glaciares Andinos. Recursos Hídricos y Cambio Climático, Desafíos para la Justicia Climática en el Cono Sur. Edición Programa Cono Sur Sustentable .Heinrich Böll Stiftung Cono Sur. Chile. Setiembre2011.

(3) Foro Minería de Uranio. UNC. 2012

(4) www.iae.org.ar

(5) Gudynas(2009 b y 2010c)

(6) Paroldi Patricia. Las nuevas formas de despojo. Ensayo. San juan 2010

(7) R. Gómez Mederos. Recolonialidad, globalización y nuevas tecnologías de dominación. Universidad de la Madres 2010.

(8) R. Gómez Mederos. El estrecho camino del Agua en la región. Transnacionales vs Pueblos .Rebelion.org. Enero 2009

(9) Aníbal Quijano. Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. Argentina. Julio del 2000.


(10) Gustavo Cirigliano. Elsa Bruzzone. Las Guerras del Agua (II). Capital Intelectual 2008.

sábado, 13 de julio de 2013

Fukushima y las consecuencias ininterrumpidas de una industria y una tecnología suicidas





Es una información de la agencia EFE fechada el 10 de julio de 2013 [1]. Lleva por título “El agua radiactiva de Fukushima se está filtrando al mar”.
El CSN nipón, la Autoridad de Regulación Nuclear (NRA), ha anunciado (públicamente) que tiene la “firme sospecha” (es decir, la firme convicción) de que el agua altamente radiactiva que se concentra en la accidentada central nuclear de Fukushima se está filtrando al suelo y al mar frente a la planta”. Los niveles de concentración de cesio y estroncio radiactivos en muestras de aguas subterráneas tomadas en las instalaciones de Fukushima se han disparado
Lo ya anunciado, lo ya señalado documentadamente como escenario más que probable por estudiosos y especialistas. Entre nosotros, por ejemplo, por el científico republicano franco-barcelonés Eduard Rodríguez Farré [2].
El presidente del NRA, Shunichi Tanaka, ha declarado a la agencia nipona Kyodo que se debe hallar “la causa que hay detrás de estos altos niveles de contaminación y establecer las medidas prioritarias para solucionarlo”. ¿Medidas para solucionarlo? ¿Causas de un desastre ya anunciado?
De hecho, como se ha señalado también, el principal reto para desmantelar la central, hipótesis que la compañía privada propietaria, la multinacional Tokio Electric Power (TEPCO) se negó a considerar inicialmente (había que amortizar la inversión: el capitalismo no es un humanismo), es “la acumulación en el subsuelo de los edificios que albergan los reactores nucleares de agua contaminada”. Esta agua contaminada se incrementa diariamente por la filtraciones del sistema de refrigeración y del agua subterránea que proviene de las zonas colindantes.
Tepco considera que el foco puede ser un pozo junto al mar. Pero incluso la NRA considera que puede que no sea el único origen de estos niveles -¡imprevistos!- de contaminación. Se conjetura que la nueva situación sea debida a la mezcla de barro contaminado con cesio, tras el accidente de 2011, con el agua subterránea proveniente de las montañas.
Las muestras de agua subterránea analizadas (y recogidas en un punto de control situado entre los reactores y el Océano Pacífico) por la operadora de la central, señala EFE, registraron niveles de materiales radiactivos hasta 100 veces más grandes (¡pasados tan sólo tres o cuatro días!) respecto a las pruebas realizadas el viernes 5 de julio. La muestra obtenida contenía entre 9.000 y 11.000 becquereles/litro de cesio-134 (según fuentes) y entre 18.000 y 22.000 becquereles/litro de cesio-137 (también según fuentes). En esa agua había 900.000 becquereles de otras sustancias que emiten radiaciones beta; el estroncio por ejemplo. Cesio-134 y cesio-137, como es sabido, son elementos altamente radiactivos.
TEPCO dice haber adoptado medidas para sellar el agua contaminada en zonas de la propia central, pero el NRA -¡el mismo organismo regulador que se ha mantenido fiel y servil a la multinacional en 100 o 2.011 ocasiones anteriores!- ha reconocido que “la empresa no puede controlar la propagación de todos los materiales contaminados al mar o al suelo”. La multinacional ha señalado que por el momento no ha detectado “un impacto significativo” en el entorno. ¡Qué esperábamos! ¿Qué alma bendita puede confiar en TEPCO a estas alturas de esta trágica historia?
Por otra parte, el ex director de la central, Masao Yoshida, murió el pasado martes 9 de julio a los 58 años de edad, “debido a un cáncer de esófago”. Según la compañía el cáncer “no sería directamente imputable a las radiaciones” [3]. ¿E indirectamente? ¿Qué significa aquí “directamente”? ¡Que tortuosa cosmovisión mueve a Tecpo a semejante declaración ante el cadáver de su heroico trabajador que sabia perfectamente que se jugaba la vida en el desempeño de su trabajo!
En honor de Yoshida, que dejó el cargo a fines de 2011 al diagnosticársele el cáncer de esófago, hay que recordar que manejó esta crisis en condiciones terribles, “oponiéndose a veces a directivas incoherentes o a la lentitud de su empresa, evitando según expertos del sector que la situación fuera totalmente incontrolable”. Sólo dejó el cargo, a finales de 2011, cuando se le diagnosticó el cáncer de esófago.
Pocos días después de la hecatombe de marzo de 2011, el científico y humanista Eduard Rodríguez Farré habló de un “Chernóbil a cámara lenta”. Lo expresó así:
Tampoco las consecuencias para el medio ambiente serán inocuas. La contaminación nuclear se deposita en el suelo y en el mar, se incorpora a la cadena trófica de los peces, que son la base de la dieta en Japón, del resto de animales -el yodo-131 aparece precozmente en la leche-, de las plantas, la fruta y las verduras. Este proceso se irá acumulando, pasará de un ser vivo a otro e irá empeorando (miles de renos tuvieron que sacrificarse en el Ártico tras Chernóbil: estaban contaminados por los líquenes que habían ingerido). La persistencia de estos radioelementos en el medio perdura largo tiempo y su presencia puede detectarse en los alimentos incluso años después de un accidente nuclear.” [4]
Tampoco erró en esta descripción. ¿Lo nuclear es seguro, barato, pacífico, eficaz económicamente, no contaminante (globalmente considerado), razonable, prudente, socialmente rentable, imprescindible,…? ¿Quién con juicio no alterado ha podido afirmar algo así?
No más cuentos. ¡Nuclear, no gracias!

Notas:
[2] Eduard Rodríguez Farré y SLA, Ciencia en el ágora, Barcelona, El Viejo Topo, 2012, capítulos I y VI.

Salvador López Arnal es miembro del Frente Cívico Somos Mayoría y del CEMS (Centre d’Estudis sobre els Movimients Socials de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona; director Jordi Mir Garcia)

Alto a las corporaciones agroindustriales

Vandana Shiva
IPS


La privatización de los recursos de la tierra es una receta para la escasez y la desertificación, para la violencia contra las mujeres, el hambre y, como sucede en la India, el suicidio de los campesinos.

Hasta no hace mucho el agua y la biodiversidad han sido en la India bienes comunes utilizados por las mujeres. Este es el sistema que está siendo amenazado por la privatización.
El cuidado del suelo durante generaciones es parte de una cultura según la cual los seres humanos tienen a la tierra en custodia y la reconocen como una madre que nutre a la humanidad. Un buen uso agrícola mejora al suelo y fabrica humus, que es el quid de la fertilidad de la tierra. Cuando la tierra es convertida en una mercadería, el suelo puede desaparecer en la imaginación y en la realidad.

Un aviso de la compañía constructora e inmobiliaria EMAAR-MDG, con sede en Dubai, que se propone “Hacer una nueva India”, dice: “Donde ahora hay campo habrá casas, centros comerciales, clubes de golf.” Lo que se olvida es que donde hay campos hay un suelo, cultivos, poblaciones y campesinos, especialmente mujeres agricultoras, que en la India integran la mayor parte del campesinado.

Cuando el suelo es cedido al hormigón y los caseríos se convierten en selvas de cemento, las comunidades dejan paso a las corporaciones empresariales y a los consumidores, y las mujeres como productoras a las mujeres como sexo disponible.

La conversión de la tierra en mercancía va de la mano con el uso y abuso de la química en la agricultura. La India gasta anualmente unos 2.000 millones de dólares en subsidios para fertilizantes químicos.

Al suelo viviente se le introducen insumos externos como los fertilizantes sintéticos, que con el tiempo destruyen los procesos por los cuales se crea la fertilidad de la tierra.

Las mujeres son expertas en el empleo de insumos internos en la agricultura, ya que trabajan con los productos de la propia tierra para fertilizar el suelo. No hacen falta insumos externos. Los materiales orgánicos son reciclados y convertidos en compost, o sea en fertilizantes orgánicos, mientras que los cultivos de leguminosas fijan nitrógeno en la tierra.

El otro insumo externo en la agricultura está constituido por las semillas compradas. En la medida que las semillas se convierten en propiedad de las corporaciones, éstas crean semillas “no renovables” de modo que los agricultores se vean forzados a comprarlas todos los años. Las deudas en las que se incurre al comprar éstos y otros insumos externos constituyen la principal razón para la epidemia de suicidios de granjeros, que a su vez dejan a viudas endeudadas y sin tierra. Los agroquímicos contaminan la tierra y nuestros cuerpos, en tanto que las semillas “no renovables” de las corporaciones agroindustriales atentan contra la biodiversidad y la libertad de los campesinos.

El acceso a las simientes está siendo obstruido por leyes que hacen ilegal el manejo por parte de los campesinos de las semillas como un bien común y conceden al estado el poder de otorgar licencias a las variedades, lo que obliga a los granjeros a buscar la aprobación del Estado a través del registro de las patentes. El pretexto es el control de la calidad, pero los criterios usados para otorgar las licencias en realidad niegan a los campesinos el derecho a utilizar sus propias simientes tradicionales, forzándolos a adquirir las semillas de las corporaciones agroindustriales.

El gobierno de la India trató de introducir tal ley en la forma de la Seed Act 2004. Sin embargo, nosotros llevamos a cabo una amplia y exitosa campaña de no cooperación y declaramos que ahorrar y compartir semillas era un deber y no un crimen, así como que continuaríamos ahorrando y compartiendo nuestras semillas y defendiendo a la biodiversidad.

En el caso de la biodiversidad, el acorralamiento de los bienes comunes biológicos está teniendo lugar a través de las patentes. Las patentes sobre biodiversidad constituyen el centro del artículo 27.3 (b) del Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Un problema asociado con las patentes es el de la biopiratería practicada por las corporaciones, el pirateo y patentado de la sabiduría indígena y de la biodiversidad, como ocurre en el caso de patentes sobre el trigo, el arroz basmati y otras especies vegetales autóctonas de la India, como neem y haldi. Desde que una patente otorga un derecho exclusivo para usar, producir, vender los productos patentados y procesarlos, las patentes sobre la biodiversidad y las semillas de hecho impiden el uso y acceso a las semillas como bien común.

Una agricultura estable sólo puede basarse en la vigencia de los derechos, fundamentalmente de los derechos de los campesinos y del pueblo, no de los de las corporaciones privadas.

Vandana Shiva es bióloga, ambientalista y escritora.

Fuente: http://www.ipsnoticias.net/2013/07/india-alto-a-las-corporaciones-agroindustriales-2/



martes, 2 de julio de 2013

REFORMA DE LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN

Una agricultura sin campesinos
ESTHER VIVAS
Viernes 28 de junio de 2013
La Unión Europea parece estar empeñada en acabar con el pequeño campesinado. Así se desprende de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) aprobada anteayer en Bruselas. Unas medidas que benefician, una vez más, a los grandes terratenientes y a la agroindustria, en detrimento de aquellos que trabajan y cuidan la tierra.
Un solo dato: a pesar de que en el Estado español sólo 350.000 personas están dadas de alta como trabajadores en el campo, 910.000 reciben ayudas. ¿Quiénes son, pues, esos 560.000 perceptores de subvenciones que no son campesinos pero sí reciben dicho dinero? El informe Una Política Agraria Común para el 1%, de Veterinarios Sin Fronteras, lo deja claro. Se trata de empresas de la agroindustria, grandes viticultoras, supermercados y terratenientes. Sus nombres y apellidos: Pastas Gallo, Nutrexpa, Osborne, Nestlé, Campofrío, Mercadona, la Casa de Alba, por sólo mencionar los mayores beneficiarios.
Eso sí. Con la nueva PAC, ni aeropuertos ni ferrocarriles ni campos de golf recibirán más ayudas agrarias. Imagino que el robo, o desvío de fondos, resultaba demasiado escandaloso. Otros amigos de Arias Cañete, en cambio, seguirán recibiendo cuantiosas subvenciones. A destacar, su esposa, Micaela Domecq, terrateniente andaluza y propietaria de Bodegas Domecq. Ya se sabe, quien parte reparte.
Como afirma el sindicato agrario COAG, en su valoración y análisis de la reforma de PAC"se corre el riesgo de desmantelamiento de un sector, el agrario, estratégico para nuestra economía". Algo que no es nuevo, pero que con las actuales medidas no hace sino agudizarse. Hoy, menos del 5% de la población activa en el Estado español trabaja en la agricultura, y una parte muy significativa son personas mayores. Algo que, según los estándares actuales, es símbolo de progreso y modernidad. Tal vez, tendríamos que empezar a preguntarnos con que parámetros se definen ambos conceptos.
La agricultura campesina es una práctica en extinción. Anualmente, miles de fincas cierran sus puertas. Sobrevivir en el campo y trabajar la tierra no es tarea fácil. Y es que quiénes más salen perdiendo en el actual modelo de producción, distribución y consumo de alimentos son, precisamente, aquellos que producen la comida. La renta agraria se situaba en 2007, según la COAG, en un 65% de la renta general. Su empobrecimiento es claro. Avanzamos hacia una agricultura sin campesinos.
Y, si estos desaparecen, ¿en manos de quién queda nuestra alimentación? Creo que la respuesta es clara: en manos de un puñado de empresas de la agroindustria y la distribución que controlan cada uno de los eslabones de la cadena alimentaria, desde las semillas hasta el producto final. Cargill, Monsanto, Syngenta, Dupont, Procter & Gamble, Nestlé, Kraft, Mercadona, Eroski, Carrefour, Alcampo, El Corte Inglés... son quienes, finalmente, nos dan de comer. Y, así nos va.
Publico.es, 28/06/2013.