Por estos días de octubre de 2009, un ingeniero de minas paisa, por cierto bastante dicharachero, de nombre Jorge Alberto Jaramillo Pereira, fue invitado a Ibagué por la Corporación Biotolima (léase Anglo Gold Ashanti), La Corporación para la Promoción de la Minería Responsable en Cajamarca (sic) y la Andi Tolima (con enormes intereses económicos ligados al desarrollo del proyecto minero de “La Colosa” en Cajamarca), a disertar sobre "Las ventajas de la minería responsable". El mensaje del incontaminado técnico se resume en que la minería de hoy no es igual a la del pasado, que la de hoy, portadora de tecnologías limpias, si es responsable y que los eventuales impactos ambientales y sociales negativos asociados a los proyectos mineros modernos pueden definitivamente ser compensados con los beneficios de la nueva operación minera.
Quienes tienen intereses económicos en el desarrollo de este proyecto, descalifican como desinformados a quienes nos oponemos a sus pretensiones. Para ellos, CORTOLIMA, la entidad técnica especializada encargada de la defensa de los recursos naturales del Departamento, La Procuraduría General de la Nación, defensora del interés público, la Procuraduría Regional-Ambiental del Tolima, y decenas de ONG ambientalistas y miles de ciudadanos de a pie, que se oponen al proyecto, son simplemente unos ignorantes, que no están actualizados acerca de las bondades de las nuevas tecnologías mineras. Al parecer, los únicos que tienen el monopolio de la información sobre las maravillas tecnológicas, ambientales y sociales de la moderna minería son precisamente los que buscan lucrarse de ella.
Consideran además estos portaestandartes de la nueva minería, que los estudios técnicos sobre los cuales los organismos estatales de control soportaron su decisión de rechazar la solicitud de exploración y explotación aurífera en Cajamarca están desactualizados. Al referirse al proyecto de “La Colosa” suelen afirmar, entre otras verdades a medias, que en ese lugar el bosque nativo hace mucho tiempo fue destruido y sustituido por potreros y que tan sólo sobreviven dos quebradas “La Colosa y la Guala”. La conclusión obvia a la que quieren inducir, quienes se encuentran detrás de estos poderosos intereses económicos es que, como no hay nada que perder, entonces no importa si una parte sustancial de la Cordillera Central se transforma en un inmenso paisaje lunar, constituido por una interminable cadena de enormes canteras.
Enorme desafío tienen en este momento las organizaciones sociales y ambientalistas del Tolima y Colombia, cuando se anuncian, según el diario tolimense El Nuevo Día, decisiones inminentes sobre el caso por parte del Gobierno Central. Ante esta eventualidad, deben éstas pasar de la etapa de la información, denuncia y retórica a la acción y movilización organizada y civilista. Sin ello, no será posible detener el apocalipsis ambiental que nos amenaza.
En la galería de los responsables por cobardía y codicia estarán los gobernantes del Departamento del Tolima, encabezados por su actual Gobernador y el Alcalde de Ibagué, señores Oscar Barreto y Chucho Botero respectivamente, los cuerpos colegiados de la Nación y del Tolima que no han tenido el valor de hacer prevalecer el interés general sobre el interés particular, los Gremios Económicos de la Región que han apoyado soterradamente el ecocida proyecto y el Gobierno Nacional que, de no mediar una profunda movilización ciudadana, terminará defraudando los intereses nacionales. Es a ellos a quienes debemos reclamar por la sed que en el futuro padeceremos los Tolimenses y Colombianos ante la segura extinción de las 163 fuentes hídricas que desaparecerán luego de la devastación promovida por la multinacional Sudafricana Anglo Gold Ashanti en las 512 hectáreas de explotación que pretende les autorice el Gobierno Nacional, por la destrucción de la biodiversidad existente en la región, por la contaminación con cianuro y otros metales pesados por cientos de años de los cuerpos de agua que puedan sobrevivir al desastre, por la lluvia ácida generada por la utilización de millones de toneladas de dinamita, por la supresión de miles de empleos agrícolas permanentes en la región, por el incremento de la violencia y prostitución y, por la agudización de la miseria para la mayoría de cajamarcunos.
Vale la pena indagar por el tipo de intereses que defiende el Gobierno del Presidente Uribe, habida cuenta que por la legislación tributaria vigente en Colombia promovida por su administración, las regalías que le quedarán al país apenas sumarán el 4% del total de los beneficios, quedándose la multinacional con el 96% restante. Cálculos recientes sobre la magnitud de los ingresos que se embolsillará la multinacional, a precios de hoy, estiman éstos en cerca de 13.000 millones de dólares, solamente en La Colosa.
Quienes tienen intereses económicos en el desarrollo de este proyecto, descalifican como desinformados a quienes nos oponemos a sus pretensiones. Para ellos, CORTOLIMA, la entidad técnica especializada encargada de la defensa de los recursos naturales del Departamento, La Procuraduría General de la Nación, defensora del interés público, la Procuraduría Regional-Ambiental del Tolima, y decenas de ONG ambientalistas y miles de ciudadanos de a pie, que se oponen al proyecto, son simplemente unos ignorantes, que no están actualizados acerca de las bondades de las nuevas tecnologías mineras. Al parecer, los únicos que tienen el monopolio de la información sobre las maravillas tecnológicas, ambientales y sociales de la moderna minería son precisamente los que buscan lucrarse de ella.
Consideran además estos portaestandartes de la nueva minería, que los estudios técnicos sobre los cuales los organismos estatales de control soportaron su decisión de rechazar la solicitud de exploración y explotación aurífera en Cajamarca están desactualizados. Al referirse al proyecto de “La Colosa” suelen afirmar, entre otras verdades a medias, que en ese lugar el bosque nativo hace mucho tiempo fue destruido y sustituido por potreros y que tan sólo sobreviven dos quebradas “La Colosa y la Guala”. La conclusión obvia a la que quieren inducir, quienes se encuentran detrás de estos poderosos intereses económicos es que, como no hay nada que perder, entonces no importa si una parte sustancial de la Cordillera Central se transforma en un inmenso paisaje lunar, constituido por una interminable cadena de enormes canteras.
Enorme desafío tienen en este momento las organizaciones sociales y ambientalistas del Tolima y Colombia, cuando se anuncian, según el diario tolimense El Nuevo Día, decisiones inminentes sobre el caso por parte del Gobierno Central. Ante esta eventualidad, deben éstas pasar de la etapa de la información, denuncia y retórica a la acción y movilización organizada y civilista. Sin ello, no será posible detener el apocalipsis ambiental que nos amenaza.
En la galería de los responsables por cobardía y codicia estarán los gobernantes del Departamento del Tolima, encabezados por su actual Gobernador y el Alcalde de Ibagué, señores Oscar Barreto y Chucho Botero respectivamente, los cuerpos colegiados de la Nación y del Tolima que no han tenido el valor de hacer prevalecer el interés general sobre el interés particular, los Gremios Económicos de la Región que han apoyado soterradamente el ecocida proyecto y el Gobierno Nacional que, de no mediar una profunda movilización ciudadana, terminará defraudando los intereses nacionales. Es a ellos a quienes debemos reclamar por la sed que en el futuro padeceremos los Tolimenses y Colombianos ante la segura extinción de las 163 fuentes hídricas que desaparecerán luego de la devastación promovida por la multinacional Sudafricana Anglo Gold Ashanti en las 512 hectáreas de explotación que pretende les autorice el Gobierno Nacional, por la destrucción de la biodiversidad existente en la región, por la contaminación con cianuro y otros metales pesados por cientos de años de los cuerpos de agua que puedan sobrevivir al desastre, por la lluvia ácida generada por la utilización de millones de toneladas de dinamita, por la supresión de miles de empleos agrícolas permanentes en la región, por el incremento de la violencia y prostitución y, por la agudización de la miseria para la mayoría de cajamarcunos.
Vale la pena indagar por el tipo de intereses que defiende el Gobierno del Presidente Uribe, habida cuenta que por la legislación tributaria vigente en Colombia promovida por su administración, las regalías que le quedarán al país apenas sumarán el 4% del total de los beneficios, quedándose la multinacional con el 96% restante. Cálculos recientes sobre la magnitud de los ingresos que se embolsillará la multinacional, a precios de hoy, estiman éstos en cerca de 13.000 millones de dólares, solamente en La Colosa.
Por todo ello, debemos unirnos el 11 de octubre de 2009 a la Caravana de solidaridad que partirá hacia Cajamarca, desde Ibagué a las 8 am. El lugar de concentración será la Universidad del Tolima. De igual forma, debemos promover la campaña para conseguir 20.000 firmas en contra de la multinacional Anglo Gold Ashanti, para lo cual debe ingresarse al siguiente enlace: http://firmemos.com/sialavidanoalaminaencajamarca
Tatiana Tracy García
e-mail: conciencia.ambiental09.gmail.com
Blog: http://conciencia-ambiental09.blogspot.com
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