Autor(es): Dimitriu, Andrés - Galafassi, Guido
Dimitriu, Andrés. Docente e investigador de la Universidad Nacional del Comahue, integrante del Consejo Editorial de la revista Theomai.Galafassi, Guido. Investigador del Conicet, docente de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Universidad de Buenos Aires.Integrante del Consejo de Redacción de Herramienta.
Los pobladores y organizaciones de la comarca Andino-Patagónica (los municipios vecinos al Paralelo 42 entre las provincias de Río Negro y Chubut) y especialmente de Esquel, han logrado alertar a la opinión pública nacional e internacional acerca las devastadoras características de los mega-proyectos mineros en la región y a lo largo de toda la cordillera. Esa movilización social, por otra parte, también ha puesto en evidencia la sorprendente distancia material y mental que todavía existe en nuestro país con respecto a sus recursos y la ignorancia -tanto la que de alguna manera fuera justificable como la que es deliberadamente fabricada- con respecto a procesos productivos o extractivos en gran escala.
Manejo de recursos naturales y neoliberalismo
Con gran parte de la población concentrada en las ciudades, no llama la atención que las decisiones estratégicas de esos procesos (procesos productivos o extractivos en gran escala) sean empujados hacia lo que el historiador francés Fernand Braudel llamaba las exclusivas "zonas de opacidad". Se refería al espacio donde, escribía, "merodean los grandes depredadores" y se realizan las grandes ganancias, identificándolo como el "anti-mercado". ¿Por qué esta referencia? La mayoría de los "tratados" internacionales actuales son negociados prácticamente a puertas cerradas. Uno de los caso más notorios es el controvertido y gigantesco "Acuerdo Multilateral de Inversiones "(AMI), suscripto en 1996 por algunos funcionarios argentinos en el nombre de todos y publicitado como "la nueva constitución mundial", nada menos, que cayó bajo la mesa durante el encuentro de la Organización Mundial de Comercio de 1999 en Seattle gracias al naciente movimiento anti-globalización. Pero el lugar del AMI fue rápidamente ocupado por otra serie de medidas de protección a las ganancias, como el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS/GATS). La naturaleza y toda actividad humana se someten así a las relaciones de poder y a las reglas de comercio existentes. Estos "tratados", a su vez, son los que nutren las estrategias para la región, como el ALCA norteamericano o su menos conocida versión europea, liderada por un exclusivo club de empresas agrupadas en la Ronda Europea de Industrialistas (ERT), el ALCU. ¿Pero por qué tanto manejo tecnocrático? Estas tratativas son sustraídas a la vista de la sociedad porque generan desempleo, devastación ambiental, "efectos colaterales" y externalidades materiales y culturales incalculables, porque desconocen derechos laborales, derechos humanos, pactos internacionales preexistentes y porque solo sirven para concentrar más aún la riqueza en pocas manos. Son impulsados por quienes tienen muy poco que ver con la vida material y el mercado que, en el sentido que le da Braudel, es más contextual, competitivo y tiene menos ganancias justamente porque interactúa y se compromete más con la economía y la sociedad que las alberga. Estos arreglos son ocultados para evitar la crítica social y para anular la competencia.
Es en este contexto que hay que interpretar la firma del Tratado Minero Chile-Argentina, gestado durante la presidencia de Menem entre 1991 y 1999, un mega plan de "crecimiento" y "desregulación" que pretende transformar la cordillera de los Andes en uno de los distritos mineros más grandes (y privado) del planeta. Ese "acuerdo" -similar al de otros 70 países "endeudados"-- fue oportunamente complementado por una serie de leyes, códigos y normas de "desarrollo sustentable" que protege y asiste al sector con innumerables subsidios, ventajas impositivas y facilidades directas e indirectas. Son hermosas todas estas leyes en cuanto a sus términos, pero son prácticamente inservibles al momento de hacer valer los derechos de los ciudadanos y sus garantías jurídicas. No sirven para proteger el ambiente natural, una de las principales ventajas comparativas de la Argentina.
El anuncio de emprendimientos extractivos en gran escala podrá tener resonancias positivas para quien no tenga la precaución de investigar en detalle las condiciones concretas pactadas y las consecuencias ambientales y sociales de la minería. "Crecer -- dirán-- es lo que necesitamos". Sin embargo, ocurriría exactamente lo contrario de avanzar este plan, porque el triunfo estadístico de tal "crecimiento" de la "inversión" solo refleja una fracción del problema. A diferencia del Cerro Rico de Potosí, que lleva más de cuatro siglos de explotación, cualquier emprendimiento minero actual puede desplazar montañas de rocas, tierras y escombros en pocos años, generando inmensos cráteres y lagunas artificiales. Este plan equivale a cientos, si no miles, de Cerros Potosí. La minería actual prácticamente no ocupa gente y menos aún a trabajadores del lugar. En cambio "produce" una descomunal cantidad de residuos tóxicos y constituye una amenaza ambiental permanente, con gran cantidad de accidentes y conflictos documentados en todo el mundo. No responde a necesidades industriales de una economía igualitaria sino que nutre a circuitos industriales y especulativos que poco o nada tienen que ver con las acuciantes necesidades y potencialidades de nuestra región. No solo "deja" insignificantes "regalías" sino que alimenta el destructivo circuito especulativo global, afectando los valores inmobiliarios rurales y urbanos y muchas dimensiones de la vida social y del trabajo, no solo de la zona circundante a cada explotación sino también en las ciudades más alejadas.
Devastación en la explotación minera del oro
El tema de la minería hay que verlo en el contexto de ciclos económicos largos, desde el mercantilismo, el colonialismo, el imperialismo del siglo XIX, hasta las formas actuales, que no son menos brutales y torpes. Algunos países, primordialmente la España colonial, el imperio británico, Francia, Alemania, Bélgica y más adelante los Estados UnidosEEUU, Canadá, Australia y China, entre otros, son países cuyos ‘éxitos’ económicos generaron una gigantesca deuda ecológica (ver http://www.deudaecologica.org/artic.html) que borraron bajo la alfombra por más de dos siglos y que por cierto no figura en las estadísticas. Lo que comúnmente llamamos ’economía’, entonces, es solo la fina y rutilante capa exterior de un modo de producción que esconde monumentales destrozos, sufrimiento y explotación humana en todo el mundo. Destrozos que se externalizan (una palabra elegante para expresar que se ocultan), como los residuos químicos, la pérdida de biodiversidad e incalculables daños de tipo social. Pero que esto haya sido así por siglos no es motivo para darlo por hecho, naturalizarlo y decretar que es una trayectoria inevitable, que "‘así son las cosas" ’o, peor aún, que así seguirán en el futuro, aunque corrigiendo los "‘excesos"’ con más tecnología.
La explotación minera a cielo abierto en la región de los bosques patagónicos y zonas vecinas de excepcional belleza significaría, lisa y llanamente, la transformación y devastación de una gran cantidad de cerros y valles, la tala rasa de bosques nativos y el consecuente impacto negativo sobre las poblaciones humanas y las actividades económicas asentadas en la región. Afectaría irreversiblemente la calidad del agua. Esta población vive desde hace más de un siglo en base a la utilización de los recursos naturales renovables del área. La minería en gran escala también implicaría un ataque directo a la base económica, a las visiones del mundo y a la vida de los Pueblos Mapuche-Tehuelche que aún resisten en esta región (más del 40 % de la población regional tiene algún ancestro mapuche o tehuelche) y que la habitan desde tiempos inmemoriales.
El oro, principal objetivo de los proyectos de la cordillera patagónica, ya es extraído con la misma técnica (a cielo abierto) en varios lugares del país: Cerro Vanguardia, en Santa Cruz y Andalgalá, en Catamarca, son los más conocidos, pero ciertamente no los únicos. El oro, que se usa en un 85% para joyería y genera gran cantidad de residuos tóxicos, constituye uno de los refugios preferidos para la especulación, especialmente durante las guerras anunciadas. En los últimos meses, sin ir muy lejos, su cotización aumentó un 15%, bordeando hoy los US$U$S 400.- por onza.
El proceso de explotación del oro planeado utilizaría seis toneladas de cianuro por día en una de estas minas. Tal despropósito involucra el altamente riesgoso transporte por mar y tierra de ese químico y la posterior liberación de sus productos de descomposición y de metales pesados a los cursos de agua, a las aguas subterráneas, a los suelos y finalmente a toda la cadena alimenticia. La voladura de más de cuarenta y dos mil toneladas de roca por día y su posterior molienda, además de los problemas inmediatos de polvos en suspensión, dará origen en cada mina a los conocidos drenajes ácidos y a la solubilización de metales pesados, que pueden persistir por siglos, con sus secuelas de irremediable contaminación tanto de las cuencas del Atlántico como del Pacífico.
Esto significaría la incalculable pérdida de calidad de vida, de biodiversidad y de potencialidad económica contrariando en forma absoluta cualquier principio de utilización de recursos de una manera ambiental y socialmente sustentable y equitativa. Como contrapartida, el capital especulativo transnacional, necesariamente asociado con un poder político local para llevar adelante semejante atentado, vería rápidamente engrosadas sus ganancias para marcharse una vez el recurso se agote, dejando que los costos y las consecuencias de la devastación, en muchos casos irreversibles, sea asumido por las comunidades locales y regionales.
La Argentina, como país centrado en la economía agropecuaria, acredita pocos antecedentes y experiencia en la cuestión minera. La sociedad está más atenta y cercana a la cuestión agraria pampeana que a lo que ocurre en el mar, en las estepas o en la cordillera. Un mito corriente es pensar el país como un territorio "rico" sin tener en cuenta de qué manera concreta esa riqueza es generada y controlada, con cuáles beneficios (y distribuidos luego de qué manera y con cuáles principios), cuáles son las condiciones laborales y cuáles las múltiples consecuencias ambientales, culturales y sociales, si no políticas, de la instalación negligente en este caso de industrias extractivas, sea minería, hidrocarburos, pesca o madera.
La movilización social
Si desde hace cien años, la burocracia porteña viene dibujando la Patagonia a su antojo, o como respaldo territorial a sus crisis financieras con la banca británica (1870 y 1879), o para hacer negocios inmobiliarios alrededor del ferrocarril o los parques nacionales (con los Ezequiel Ramos Mexía y Bustillo), declarando esta región un "‘desierto"’ (de gente), o también como inagotable de fuente de recursos naturales; ahora esto cambió, sin retorno. Ha empezado a aparecer una ciudadanía variada e interconectada que rechaza al sistema porque descubre sus inconsistencias y las vive en carne propia. Este arco iris social y político asume, como habitante del lugar, su posición de poder explicarle al resto del país y del mundo cómo es y cómo debería ser la Patagonia, de manera que los mapas centralistas, especialmente los mapas que ‘designan’ o ‘disponen’ usos territoriales, como en el caso de la minería, el petróleo, los transportes, o cualquier otra actividad en gran escala, deberán ser sometidos a un proceso de legitimación social y, más que probablemente, revisados totalmente. La razón es muy simple: es ilegítimo hacer gaseosos e inconsistentes planes de ‘crecimiento económico’ sin el consentimiento informado de la población, sin su participación efectiva en el gobierno. La población movilizada ha decidido que la política minera del neoliberalismo debe ser rechazada y reconsiderada totalmente.
Así fue que el 23 de marzo de 2003 los vecinos de Esquel, Cholila, EpuyenEpuyén y Lago Puelo (Chubut) le dijeron No (por más del 81% en Esquel y más del 90% en Epuyén) a los emprendimientos mineros en la cordillera a través de una consulta popular organizada por ellos mismos y aceptada por las autoridades municipales y provinciales, solo porque pensaban que el Sí a la mina ganaría fácilmente y porque la gran movilización popular no les dejaba tampoco muchas opciones. Entre los argumentos para el No a la mina, de los vecinos organizados en asamblea figuran: "Porque en la explotación de oro que se pretenda realizar se empleará un procedimiento que se llama ‘"lixiviación con soluciones de cianuro’", lo que representa un peligro potencial para las personas y el medio ambiente al utilizarse en grandes cantidades una sustancia altamente tóxica y contaminante. Porque habrá una "afectación directa del agua en cantidad y calidad. Porque los beneficios económicos que este tipo de emprendimiento le representa al País, a la Provincia y a nuestra zona son inexistentes comparados con las inmensas ganancias que se llevarán. Porque se trata de un proyecto de beneficios transitorios y ‘"cortoplacistas’". Es, ni más ni menos, una clara aplicación del principio ‘"pan para hoy y hambre para mañana’". Porque no podemos confiar en el control que puedan hacer nuestras autoridades, máxime teniendo en cuenta el poderío económico que tienen las empresas mineras y el nivel de corrupción que existen en nuestro país. Porque el emprendimiento transformará grandes extensiones de tierra y desfigurará el paisaje, cambiando la topografía del lugar y, en caso de ser a cielo abierto, dejará un cráter de gran magnitud. Porque somos muchos -y cada vez somos más-- los que estamos cansados de que se disfracen distintos proyectos para que unos pocos (siempre los mismos) obtengan beneficios importantes en contradicción con los intereses del pueblo."[1]
A un año de este plebiscito popular que rechazó la instalación de minas de oro en la comarca, tanto la empresa Meridian Gold (que tiene varias concesiones en la zona de la Comarca Andina) como las otras empresas con concesiones en toda la cordillera, mantienen sus proyectos sin ninguna intención de cancelarlos; la clase política continúa sin escuchar a la comunidad y en consecuencia el pueblo mantiene la lucha. A los de Esquel, las mineras y su Estado anuncian, en el curso del 2004, nuevos emprendimientos en Cholila, San Martín, Gobernador Costa y también en Ing. Jacobacci (Río Negro). Ante este último anuncio surgió una nueva protesta de la población, asumiendo los pueblos originarios del área un protagonismo muy importante. Así, en un comunicado de prensa de abril del 2004, el Consejo Asesor Indígena de Río Negro decía: "En el nombre del Progreso se ejecutó la Campaña al Desierto, nos despojaron de nuestro territorio ancestral, intentaron nuestro exterminio. En el nombre del progreso se llevan adelante políticas nocivas no sólo para los mapuches, sino también para el resto de la sociedad argentina. Se entregan a unos pocos los recursos básicos y estratégicos de todos. En el nombre del progreso, con las explotaciones mineras ¡¿se espera que concertemos sin resistencia nuestro suicidio por envenenamiento?!"
Para rechazar la política minera y lograr que las empresas abandonen la región definitivamente, se realizaron en marzo de 2004 diferentes actividades de discusión, difusión y concientización, organizadas por la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel, las que culminaron con una multitudinaria marcha el mismo día 23. Las actividades por el aniversario comenzaron el día 21 con caminatas por los paisajes que corren peligro y con talleres sobre Movimientos Sociales y el Rol de las Asambleas más un festival musical, pues la consigna era "festejar luchando". Los objetivos fueron promover la información sobre el tema, revalidar el sistema de asambleas como forma de toma de decisiones, organizar un plan de trabajo para modificar la legislación vigente y aunar esfuerzos para hacer cumplir la voluntad popular expresada en el plebiscito del último año. El día 22 se realizó una asamblea masiva donde se analizaron los más de dos años de lucha, el estado de situación actual y los pasos a seguir. El 23, en la Plaza San Martín, se expuso la obra de teatro "La criatura cumple un año," escrita y actuada por los propios vecinos de la Asamblea, y por la tarde se desarrolló la marcha por las calles de Esquel en la cual participaron alrededor de 4.000 vecinos de Bariloche, El Bolsón, Lago Puelo, Cholila, Epuyén y representantes de otras comunidades de América Latina perjudicadas por la minería. Para estas actividades fueron invitados además representantes de diversas organizaciones que están apoyando la lucha de los vecinos: Colectivo de Información Oro Sucio[2], Delegados de ATE-SegemarEGEMAR (Sec. de Minería), Red y Revista Theomai[3], las ONGs OXFAM (Perú) y Mineral Policy Center, más tarde Earthworksaction (Estados UnidosEEUU), etcétera.
La movilización del pueblo que comenzó hace casi dos años no pasó desapercibida para el establishment político y económico: cuarenta personas fueron amenazadas por oponerse al proyecto minero y, por el mismo motivo, muchos habitantes sufren persecuciones laborales. También hay anuncios y preparativos para establecer "diálogos constructivos con los locales", incluyendo un sistema combinado de RRPP, lobbies y presiones corporativas.
Esquel es el primer lugar de América donde la acción de la población logró que un proyecto de explotación minera suspenda sus actividades. En este sentido, el 23 de marzo de 2003 es una fecha de gran importancia porque sentó un precedente importante sobre el derecho de cada comunidad a ser consultada cuando su calidad de vida esté amenazada. Con la gran repercusión alcanzada se transformó en caso testigo y dio voz a otros puntos de la Argentina donde se mantiene la misma lucha: ciudades, pueblos y parajes de Catamarca, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Neuquén, Córdoba, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe y Río Negro, además de Chubut, conformaron la Red de Comunidades Afectadas por la Minería, desde donde se denuncia la entrega de los recursos naturales, se exige la inmediata prohibición de los métodos de explotación minera contaminantes y se reclama la urgente anulación de la legislación vigente del sector. Así, la misma esencia de la democracia representativa es puesta en cuestión, revalorizándose los mecanismos de participación directa en la toma de las decisiones a través de la democracia directa e inclusiva. La explotación capitalista-neoliberal de los recursos naturales y humanos también está siendo cuestionada, comenzando a desarrollarse un ámbito de debate sobre los patrones y modelos de desarrollo local[4], y nacional en un proceso que asume ciertas similitudes con los otros movimientos sociales (desocupados, fábricas recuperadas, asambleas populares) surgidos en los últimos años de crisis del capitalismo argentino. Podríamos así decir que estamos frente a un cambio político paradigmático, en donde una ciudadanía activa empieza a identificar y fijar objetivos económicos generales y pensar en cómo lograrlos.
[1]El texto completo del documento, así como toda la información disponible, puede encontrarse en el sitio web de la Asamblea de Vecinos:
http://www.esquelonline/~noalamina
[2] Sitio web de Oro Sucio: http://www.orosucio.madryn.com/
[3] La Red y Revista Theomai han organizado una "Declaración de científicos y académicos por el No a la mina" que puede verse en, http://theomai.unq.edu.ar/Esquel%20Llamamiento.
[4] Ver por ejemplo Naomi Klein "Once strip-mined, twice shy", The Globe and Mail, Monday, Septiembre 29, 2003 - PáginaA17, http://www.globeandmail.com/servlet/ArticleNews/TPStory/LAC/20030929/CONAOMI29
· Revista Herramienta Nº 26
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