Cada día en el Tolima se sienten más síntomas que dejan entrever que aunque la locomotora minera luce fuerte e imponente, su sistema de legitimidad y apoyo social parece estar bastante debilitado, sobre todo por los últimos hechos.
El fin de semana asesinaron a un reconocido líder campesino, opositor al proyecto La Colosa. Hace pocos días, también en Cajamarca, un grupo de investigadores del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que trabajaban en el convenio denominado “Delimitación de paramos y humedales”, fue atacado con explosivos mientras practicaba el reconocimiento de suelos en la zona, que permitiría identificar los servicios ecosistémicos de ese complejo de paramos, que por cierto tiene funciones de regulación y abastecimiento de agua para poblaciones del Tolima y el eje cafetero.
Aunque no se puede afirmar quien está detrás de estos lamentables y repudiables hechos, se podría llegar a pensar que éstos son una nueva expresión, no deseable, del rechazo a la imposición de la política extractivista del Gobierno nacional en nuestro territorio, el cual también se ha demostrado a través de numerosos actos de protesta como marchas, plantones y foros. Incluso, mediante una contundente movilización social que tuvo lugar en Piedras, en la que los resultados de la consulta popular convocada por el alcalde, motivada por la posible instalación de la planta de procesamiento del material extraído de la mina La Colosa en Cajamarca, demostró una categórica posición de rechazo por parte de sus habitantes frente a cualquier actividad minera que pretendiera desarrollarse en dicha localidad.
Entre tanto, a pesar del claro panorama de oposición de la mayoría de tolimenses frente a los proyectos mineros, en especial el de Cajamarca, el Gobierno nacional arremete cada vez más en materia normativa para apoyar el avance de su “maquina de desarrollo”. Primero emitió el decreto 934 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, que prohibió a los concejos municipales y las asambleas departamentales establecer zonas del territorio excluidas de la minería, y le reservo ese derecho única y exclusivamente al Ministerio de Ambiente, la autoridad minera, y las corporaciones autónomas regionales. Después vino la expedición de la resolución de la Agencia Nacional de Minería, en la que declaró el proyecto La Colosa como de “interés nacional”, pretendiendo anular cualquier acto administrativo local o regional que impida su avance, so pretexto de que el aprovechamiento de los recursos del subsuelo es de todos los colombianos. Para completar, la Procuraduría General, en una especie de contubernio con el ejecutivo, ha defendido la normativa que anula cualquier decisión de las autoridades locales frente a proyectos mineros, incluso, llegando al punto de haber fustigado el llamado a la consulta popular de Piedras, advirtiendo que el Alcalde podría haber incurrido en una extralimitación de funciones.
Esta fuerte confrontación de intereses, en la que por un lado el Gobierno nacional defiende los grandes capitales de empresas privadas, y por el otro, el pueblo del Tolima pretende hacer respetar el legítimo derecho de conservar su capital ambiental, está forjando el mayor desacuerdo social que se haya vivido en el Tolima en los últimos tiempos. Lo más preocupante es que de no llegar a resolverse este gran dilema, las tensiones cada día serán más fuertes, y las consecuencias cada vez más catastróficas.
Publicada por
CÉSAR PICÓN
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