Semillas
en debate
Página12
“La
ley Monsanto”. Es una de las formas en la que movimientos campesinos, pueblos
indígenas y organizaciones sociales bautizaron al proyecto de ley de semillas
que prepara el Ministerio de Agricultura. Según afirman las organizaciones, la
medida, que sería tratada antes de fin de año en el Congreso, no dio
participación a campesinos y pequeños productores, limita el “uso propio”
(posibilidad de utilizar las semillas de la cosecha) y favorece a las
corporaciones del agro. “El proyecto de ley pone en riesgo la soberanía
alimentaria de nuestro país a través de la concesión de nuevos privilegios para
las empresas transnacionales e implica la pérdida de los derechos de nuestro
pueblo”, denuncia una declaración conjunta del Movimiento Agroecológico de
Latinoamérica (Maela) y de la Red de Acción en Plaguicidas de América Latina
(Rapal).
“El
proyecto de modificación de la ley está formulado a la medida de Monsanto. En
el 2003 Monsanto anunció que discontinuaba su programa de mejoramiento de soja
en el país ‘debido a la baja rentabilidad del negocio, que imposibilita
mantener los niveles adecuados de investigación en Argentina’. Su reclamo
específico era una nueva ley de semillas que le permitiera tener ‘seguridad
jurídica’ en sus operaciones”, explicó Carlos Vicente, de la organización
internacional Grain, que estudia el mercado de semillas y las corporaciones
agrícolas.
El
21 de agosto pasado, el ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, presentó la
nueva soja (RR2) junto a los directivos de Monsanto. “Hay que respetar la
propiedad intelectual”, reclamó ese mismo día el ministro y adelantó que el
Gobierno estaba trabajando en una nueva ley de semillas, que contemple el cobro
de regalías para quienes desarrollan las semillas transgénicas.
Ahora,
las organizaciones campesinas y pequeños productores denuncian que no fueron
convocados a debatir el proyecto que podría modificar su forma de producir
alimentos. Solicitaron el proyecto al Ministerio de Agricultura y a la Comisión
de Agricultura del Congreso, pero no lo obtuvieron. Recién un mes después, el
proyecto fue filtrado a las organizaciones.
“Manifestamos
nuestro rechazo al proyecto de ley de semillas. Manifestamos la necesidad de
analizar, discutir y presentar un proyecto que de manera participativa satisfaga
las necesidades de los productores”, reclamaron los dirigentes argentinos de
Maela y Rapal en una carta abierta dirigida a la Presidenta y al ministro de
Agricultura. En las críticas sobresale la definición que se hace de productor
(artículo 1). “Es reduccionista. Es grave porque de esa definición luego se
deriva quiénes serán sujetos de derecho para conservar sus propias semillas”,
explica. También apunta al artículo 4, de creación de una comisión nacional de
semillas con “escasa o nula” participación de la agricultura familiar.
Las
organizaciones reivindican el derecho a guardar parte de la cosecha como
semilla, para la próxima siembra, el llamado “uso propio” de la semilla. Según
advierten, la decisión de las empresas de semillas, con Monsanto a la cabeza,
es limitar el derecho histórico al “uso propio”, bajo el argumento de respetar
la “propiedad intelectual”. Con el proyecto de ley, el uso propio pasa de ser
un “derecho” a transformarse en una “excepción”.
“El
proyecto ilegaliza o restringe gravemente prácticas que han estado en vigencia
desde los inicios de la agricultura, como es el seleccionar, mejorar, obtener,
guardar, multiplicar e intercambiar semilla libremente a partir de la cosecha
anterior. Esta práctica es un derecho fundamental de los agricultores y
agricultoras del mundo”, denuncian el Movimiento Campesino Indígena (MNCI),
Grain y Amigos de la Tierra en un documento llamado “Diez motivos para luchar
contra el proyecto de ley que pretende privatizar las semillas en la
Argentina”. Las organizaciones firmantes alertan que el proyecto de ley crea
condiciones para “expandir la presencia de empresas semilleras transnacionales
en el país” y reclaman que el debate sea abierto a todos los sectores de la
sociedad.
La
Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional del Comahue también
cuestionó el proyecto de ley, propuso tomar como referencia la ley de Bolivia
(considera la función social de la semilla) y solicitó “una indiscutible
intervención del Estado que sostenga a las comunidades originarias y campesinas
así como también a la ciudadanía toda en pos de proteger y alentar el libre
intercambio de semillas. Es necesario imposibilitar la concentración, los
derechos de la propiedad de las semillas y frenar el desarrollo del monocultivo
en manos de multinacionales”.
La
Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina (Compa),
con presencia en 17 provincias, afirmó que el proyecto “atenta contra la
diversidad y la producción de alimentos para el pueblo, ya que termina entregando
su control a las corporaciones”. Lamenta que la “política agropecuaria priorice
el agronegocios y la generación de retenciones por sobre la producción de
alimentos santos para el pueblo”.
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