Proyecto minero a consulta popular

Asistí a la audiencia en Cajamarca para debatir el futuro del proyecto minero ubicado en La Colosa y la conclusión a que llego es que la mejor manera de resolver este asunto es acudiendo al mecanismo democrático de la consulta popular.
Allí se plantearon dos posiciones de fondo: los que están de acuerdo con que avance la etapa de la exploración y los que pensamos que no se puede permitir que este proyecto avance en ninguna de sus fases.
El argumento de una gran parte de la comunidad de Cajamarca que asistió, es el de que este municipio ha sido abandonado por años a su propia suerte por el Gobierno nacional y el departamental, en su realidad económica, social, cultural y ambiental y ahora que se presenta esta oportunidad de oro para su redención no se les puede negar su derecho al desarrollo y en consecuencia están de acuerdo con el proyecto. Otros opinan que están de acuerdo con la sustracción condicionada del área de reserva hasta que termine la exploración y luego según su resultado fijarán su posición frente a la exploración.
Respetamos profundamente la gran queja por la deuda social que el Estado tiene con este municipio, pero de ahí a concluir que la multinacional Anglogold Ashanti Colombia viene a pagarla, creo que es una apreciación simplista del problema y no es realmente el centro de la discusión del mismo. En efecto, no se necesita ser un experto en estudios de impacto ambiental para entender que los daños ambientales son catastróficos en un ecosistema clave para el departamento si este proyecto se realiza. En consecuencia, la reflexión que debemos hacernos es ¿sí estamos dispuestos los ciudadanos de los municipios afectados: Ibagué, Coello, Espinal, Suárez, Guamo y Flandes a defender nuestro hábitat y nuestra supervivencia, la de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos? ¿Será el Gobierno nacional que a través del Ministerio de Minas ya concedió la licencia de exploración el que va a defender nuestros derechos al medio ambiente sano?
Aquí la responsabilidad la tenemos a nivel local, por tres razones: 1.- Porque la C.P. señala que son los municipios los que deben dictar las normas para la protección del patrimonio ecológico y que existe una autonomía de las entidades territoriales. 2.- Porque es en estos municipios donde se van a sentir los principales problemas ambientales. La sequía por una fuente de agua que se acabe, la contaminación de nuestros ríos, la aridez de las tierras cultivadas, etc. 3.- El Municipio como entidad debe proteger sus recursos naturales porque también su supervivencia dependerá de que pueda garantizar esa autonomía.
Si lo anterior está claro ¿cómo hacemos esta lucha? Se puede acudir al aparato judicial con acciones populares, acciones de cumplimiento y hasta de tutela y es válido. Pero creemos que lo más conveniente por su eficacia, por el respeto a los que están de acuerdo con el proyecto, no es otro que el mecanismo de la consulta popular que puede ser convocada por el Gobernador o por los alcaldes de los municipios mencionados. Este mecanismo que acude al constituyente primario, que es el pueblo, tiene el efecto final de que la decisión tomada es obligatoria para todas las autoridades públicas.