Editorial Periódico EL ESPECTADOR

Editorial| 27 Feb 2009 - 11:00 pm

La minería: en ruta hacia el desarrollo sostenible

LA POLÉMICA DESATADA ENTRE LOS defensores de la explotación minera en Colombia —y en este caso en particular en apoyo a los trabajos realizados por la multinacional sudafricana AngloGold Ashanti en Cajamarca (Tolima)— y quienes por razones ambientales se oponen a la exploración y la perforación, corre el riesgo de derrapar en fundamentalismos de parte y parte que en nada le ayudan al país.

Una es la explotación minera que se realiza en zonas aptas y bajo licencias ambientales debidamente tramitadas, y otra es, como ocurre con la mina a cielo abierto más grande de América Latina, la situación en parajes que exigen una protección superior. Nadie se explica cómo es posible que en aras de la inversión extranjera, fomentada en muchos casos sin traba alguna, se arriesgue el futuro de un páramo como el que ha sido intervenido en la zona de reserva en la que despliega sus actividades mineras la multinacional.

Y como éste, según lo revelado por la prensa en los últimos días, otros ecosistemas sufren los embates de las cuestionables decisiones del Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas), órgano que ha emitido algunas de las licencias de exploración que podrían afectar a 15 parques naturales. En el Instituto Humboldt, para visualizar el daño causado, se afirma que un 48 por ciento de los dos millones de hectáreas que tiene Colombia en páramos ya está afectado.

Razón no le falta a la Procuraduría en su solicitud al Ministerio de Ambiente para que les ponga un freno inmediato a las labores que realiza la AngloGold Ashanti. Es más, el propio ministro, Juan Lozano, estuvo de acuerdo y dio a entender que prima sobre cualquier consideración empresarial la protección del agua. Una postura valerosa que rápidamente fue desatendida por el presidente del Organismo Latinoamericano de Minería en Colombia, Gerardo Cañas, para quien la actitud del Ministro no pasa de ser un “capricho” que obligará a que las multinacionales que lideran el sector minero, dada la recesión mundial, partan en busca de mercados menos restrictivos.

Más allá del obvio chantaje con que supone Cañas habríamos de ceder en la protección de nuestro patrimonio ambiental, en lo que quizás pueda tener algo de razón es en la debilidad jurídica de la legislación colombiana a la hora de proteger los páramos. El código minero, pese a que la Corte Constitucional se pronunció y varias demandas nacionales e internacionales obligan a su modificación, permite la exploración y explotación minera en ecosistemas de especial interés ecológico.

Cualquiera sea la decisión definitiva del Ministerio de Ambiente en el caso de Cajamarca, nadie puede obviar que Colombia pronto será un país minero. Su potencial en este prometedor escenario permanece intacto. Es preciso superar la etapa de las simples actividades extractivas, transitar de la exploración artesanal a una actividad industrial. Satanizar entonces una actividad comercial llamada a convertirse en un factor de desarrollo, y ya lo es en La Guajira y el Cesar, es tan torpe como sacralizar las proclamas conservacionistas de algunas organizaciones no gubernamentales que no transan en ninguno de sus postulados.

La disyuntiva, en suma, no puede ser entre desarrollo y medio ambiente como si se tratara de dos postulados perfectamente contradictorios. Ya hace mucho que se habla de la posibilidad de promover una actividad minera compatible con un desarrollo sostenible que minimice los impactos ambientales y sociales. Quizás sea hora de pensar en su aplicación.