En Antioquia, Chocó, La Guajira y Cesar, el oro y el carbón siguen sin
traer progreso a las regiones
Por: Sergio Silva Numa / Angélica
María Cuevas G.
Noviembre 3 de 2012
Los departamentos con más
presencia minera siguen viviendo entre homicidios y pobreza.
Las aguas del río San Juan, un importante afluente que serpentea por el
Chocó desde los Andes colombianos, lo vieron todo. El 19 de octubre sus playas
tuvieron que soportar el peso de la minería. Ahí, en la arena, aparentemente
por oponerse a las explotadoras de carbón que se enamoraron de la riqueza de la
selva, amaneció sin vida José Nelson Ledesma, líder comunitario de Profundó, un
corregimiento al oriente de la región.
Y aunque él, de 67 años, jamás denunció amenazas o intimidaciones, todos
los rumores apuntan hacia los mismos culpables: bandas criminales que se están
adueñando de las tierras para extraer sus tesoros. Muchos, ahora, tienen miedo
y quieren irse; quieren dejarlo todo y echarse a andar.
Ellos, como muchos colombianos, tal vez tendrán que padecer desde ahora
—aunque el oro de sus vecinos ya se los había anunciado hace un par de lustros—
el paso de una locomotora que, pese a haber obtenido millonarias ganancias, no
refleja su fortuna en las condiciones socioeconómicas de las regiones en que se
encuentran los recursos explotados.
Eso es lo que se logra concluir de un estudio realizado por el
economista e investigador Guillermo Rudas y financiado por el Fondo Nacional
Ambiental. Su proyecto no pretende otra cosa que evidenciar el panorama que se
desprende de la explotación minera, un asunto que, como dice Santiago Londoño,
secretario de Gobierno de la Gobernación de Antioquia, “ha hecho que la riqueza
del subsuelo nunca se convierta en la riqueza de quienes habitan el suelo”.
La investigación de Rudas resalta los enormes recursos que la actividad
minera le aporta al país: su participación en el impuesto a la renta, por
ejemplo, lo pone en el primer lugar de todos los sectores económicos.
Sin embargo, ese dinero, en ocasiones debió ser mucho mayor al estimado,
dice Rudas. Calcula que en 2010 este sector debió declarar $16 billones por
impuesto a la renta, pero por ventajas fiscales esa cifra se redujo a tan solo
$5,5 billones.
De igual manera, las regalías dejaron cuantiosos montos: para 2011 el
país recaudó $8,8 billones, a diferencia de los $2,7 billones que logró en
2004.
Pero aún así, esas inimaginables cifras no parecen verse reflejadas en
el bienestar de quienes habitan los principales lugares de explotación del
país. En el caso de Cesar y La Guajira, departamentos que durante décadas han
tenido explotación carbonífera de grandes multinacionales, existen índices que
contrastan de manera sorprendente con el promedio del resto de regiones del
país. La mortalidad infantil supera en casi 10 puntos el índice nacional; las
necesidades básicas insatisfechas (NBI) son del 56%; y el porcentaje de miseria
alcanza el 43% en el caso de La Guajira, mientras que en el país es de 12%.
El desalentador paisaje se replica en muchos territorios. El oro, otra
de las principales fuentes de la minería y del que se exportan más de 60
toneladas anuales, también ha dejado secuelas pese a su preciado valor
comercial. Chocó, Bolívar, Córdoba y Antioquia son los más claros ejemplos de
esta situación.
Según la investigación de Rudas, en Chocó está el más alto índice de
mortalidad infantil: 69 puntos frente a los 26 del promedio colombiano.
Antioquia, por su parte, es la que más muertes violentas presenta, con 57 por
cada cien mil habitantes. Pero el dato más alarmante es el índice de miseria
que agobia a todo este territorio: en Chocó el 34% de sus habitantes padecen
esta condición, en Córdoba el 35% y en Bolívar el 38%.
En el sur de este último departamento la minería está acabando con los
ecosistemas y la salud de la población. Mercurio y cianuro transitan por los
ríos que surten de agua y peces a los habitantes, desembocando en graves
enfermedades. “Por eso, aunque tengamos 27 ciénagas, la tierra, la fauna y la
flora están totalmente destruidas. Y con eso viene la violencia: los Urabeños y
las Águilas Negras se están apoderando de los municipios de San Pablo y
Simití”, cuenta José Férez Marconi, personero del último.
Allí en Simití se vive el trabajo infantil, la prestación precaria de
servicios básicos, el aumento de extorsiones y un sin número de casos de
violencia sexual contra las mujeres. “La minería lo único que nos ha traído es
pobreza”, dice Férez.
Con él concuerda Jhoaris Perea, personero de Condoto (Chocó). Ahí, por
culpa de los grupos armados que llegaron a apropiarse de terrenos que en sus
entrañas guardan reservas minerales, en 2004, una buena parte de la población
tuvo que abandonar sus hogares. “Éramos conocidos como la capital del oro y del
platino, pero ese nombre ya no concuerda con el desarrollo del municipio. Esa
riqueza no se ve”, asegura Perea.
En Condoto, la minería, como si no le bastase con distribuir la fortuna
que acumula de forma inequitativa, también ha destruido casas, denuncia el
personero. Dice que las 30 que conformaban el barrio Platinero empezaron a
agrietarse porque por culpa de las ineludibles máquinas que se adentraban en la
tierra, el suelo no pudo evitar removerse. Las grietas entonces comenzaron a
aparecer en las paredes, anunciando un inminente derrumbe. Hace un año luchan
con la empresa responsable, pero todavía esperan, por lo menos, llegar a un
acuerdo conciliatorio.
Esos escenarios, repletos de violencia y miseria, no cesan de repetirse
a lo largo y ancho de esos departamentos. “En Antioquia la situación está muy
complicada. En municipios como Remedios y Segovia (Bajo Cauca) esa debilidad
está acompañada de una feroz confrontación de bandas criminales. Con las Farc y
el Eln, que controlan la minería ilegal, se han multiplicado los homicidios
terriblemente. En el nordeste la tasa de homicidios se encuentra en 100 muertes
por cada 100.000 habitantes; eso supera por tres las muertes violentas de
Medellín (35/100.000) y está muy por encima del promedio del departamento
(41/100.000)”, afirma el secretario de Gobierno departamental.
Antioquia, además, tiene el infortunio de respirar mercurio. Es justo al
nordeste donde se producen las mayores cantidades del tóxico mineral, para
luego viajar por un río Cauca que atraviesa gran parte del país y un aire que
alcanza distancias inimaginables.
Hoy en día las minas auríferas ilegales están reemplazando los cultivos
ilícitos. “Es que es un negocio que mueve mucho dinero: una bolsa de oro se
cotiza en US$1.600 y se calcula que Antioquia extrae anualmente 24 toneladas.
Se requiere el fortalecimiento de las instituciones”, dice Londoño.
“¿Puede la locomotora avanzar hacia la superación de la pobreza y el
manejo del déficit fiscal que plantea el actual plan de desarrollo?”, pregunta
Rudas en su informe.
Tal vez, mientras predomine este panorama, la respuesta a esa pregunta
será repetitiva e ineluctable. Tal vez, como él mismo lo dice, hasta que se
reforme el actual régimen tributario y se mejore la capacidad del Estado para
ejercer control, la explotación minera y de hidrocarburos no podrá superar los
retos económicos, sociales y ambientales.
Y para Rudas aún queda una enorme duda: “lo que ahora tendremos que
revisar es si realmente la modificación de la Ley de Regalías va a resolver
estos problemas, que no fueron abordados de fondo en el planteamiento de este
nuevo sistema. No existen evidencias de que al regar la mermelada por toda la
tostada las violaciones a los derechos humanos vayan a cesar”.
Sergio Silva Numa / Angélica María
Cuevas G. | Elespectador.com
Muy buena información, colaboro con este blog con mucha información sobre la mineria en San Juan: http://mineriasanjuan.blogspot.com.ar
ResponderEliminarThanks for sharing, nice post!
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