Por: Paloma Valencia Laserna
Al presidente del Perú, Ollanta Humala, le duró poco la luna de miel con
sus aliados y sus electores; el partido del Cholo lo dejó, hubo crisis
ministerial y la huelga en Cajamarca no será fácil de solucionar.
La comunidad de Cajamarca sigue protestando contra el proyecto minero
Conga que sería entregado a la minera Yanacocha –la más grande en Suramérica y
la segunda a nivel mundial- filial de Newmont. La inversión para la explotación
de oro alcanzaría los 4.500 millones de dólares. Cajamarca es una de las zonas
más ricas en recursos minerales y, al mismo tiempo, una de las zonas con mayor
población en estado de pobreza. La historia de los conflictos entre esas
empresas mineras y la población es larga y tortuosa.
Cajamarca fue, además, una de las regiones definitivas para el triunfo
de Humala en la apretada elección contra Keiko Fujimori; precisamente porque
Humala utilizó un discurso contra los atropellos de las mineras. Los
manifestantes se quejan de que la mina acabará con tres lagunas de agua,
imposibilitando la agricultura y la ganadería. Durante la campaña Humala dijo
que era más importante el agua que el oro; pero ahora -cuando ya es presidente-
le dio su apoyo a la minera; utilizando para eso el argumento que esgrime
Yanacocha: se crearán lagunas artificiales que garantizarán el consumo de
agua de los habitantes y sus actividades.
La comunidad cajamarquina está harta de las mineras, pues los beneficios
que ha recibido la sociedad han sido escasos; Cajamarca es una de las 10
regiones más pobres del Perú, su nivel de pobreza es del 56%, a pesar de que ha
recibido US$ 534.6 millones de las mineras. El pobre manejo ambiental ha
causado muchas crisis sociales. La misma empresa Yanacocha es causante de
contaminación de muchos ríos con metales pesados, pero el caso más grave es el
derramamiento de mercurio en Choropampa, un pueblito de Cajamarca.
Más de 150 kilos de mercurio cayeron de un camión de esa empresa a lo
largo de 45 km. La minera primero negó el hecho y luego le ofreció dinero a los
habitantes del pueblo para que recogieran el toxico metal, sin ninguna
advertencia, ni el equipo necesario para ello. Su negligencia ocasionó la
muerte de 10 personas y la intoxicación más de 1000 pobladores, de los cuales
el 40% eran menores. Los daños en el hígado, la piel, riñones –entre
otros- fueron minimizados, y la limpieza –hecha a costa de la salud de los
habitantes- fue tan insuficiente que aún hay mercurio en el ambiente.
Once años después de este desastre; no hay responsables penales; la
minera arregló el 95% de los casos de manera extrajudicial con sumas
insignificantes de dinero. La demanda que instauraron algunos abogados en
representación de los pobladores –sobre la que se sabe muy poco- dio lugar a
indemnizaciones mucho más altas, sin que haya claridad sobre en cuánto o cómo
se tazaron los perjuicios; lo que sí es cierto es que los pobladores fueron
obligados a firmar cláusulas para liberar de toda responsabilidad y de futuras
acciones a la empresa Yanacocha. La demanda que instauró la Municipalidad
Provincial de Cajamarca contra Yanacocha-Newmont en EE.UU. terminó en un
acuerdo por 3 millones de dólares; 40% le correspondió a los abogados gringos
que llevaron el caso. Las críticas sobre Choropampa han alcanzado también al
gobierno peruano, fue negligente y contribuyó a ocultar lo sucedido; ni
siquiera hay informes oficiales que demuestren la ocurrencia del hecho.
El apoyo que le dio Humala al proyecto minero de una empresa con
semejante historia le ha costado el apoyo de muchos sectores que fueron
definitivos para su elección. Tiene tan sólo el 47% de aprobación en su quinto
mes en el gobierno; cayó 9 puntos en el transcurso de un mes. La situación en
la esfera política tampoco es buena. La mayoría de quienes lo acompañaron se
han alejado, en especial, los progresistas y la izquierda. Varios de sus
ministros hicieron declaraciones en contra del proyecto y dejaron el Gobierno.
El primer ministro Lerner también renunció, luego de que fracasara el diálogo
con la comunidad para levantar la huelga. Humala optó por decretar un estado de
emergencia, y le entregó la seguridad al ejército. Remplazó a Lerner con Oscar
Valdés, ex comandante del ejército, como el Humala. Además, Valdés fue
instructor del Presidente cuando este era cadete de la Escuela Militar de
Chorrillos.
Aunque el Gobierno han mantenido el ánimo de dialogar con los
cajamarquinos, aquello no parece estar dando resultado; los diálogos volvieron
a fracasar. El estado de emergencia y el nombramiento de Valdéz no son un buen
augurio; Humala puede estar aproximando al Perú a un régimen
autoritario-militarista.
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