Tasa de cambio y tributación minera

JoséAntonio Ocampo
El Tiempo
18VII 10

Uno de los problemas centrales de la economía colombiana es la tendencia casi endémica a la revaluación. El peso está de nuevo sobrevaluado, como lo estuvo en 2006-2008 y a mediados de los años noventa. Colombia tiene, además, el triste privilegio de tener una de las tasas de cambio más volátiles del mundo.




Esta es una situación francamente inconveniente. La razón es simple: una revaluación encarece el costo en dólares de la mano de obra y, por lo tanto, reduce el empleo en las actividades de exportación y las que compiten con importaciones. Por eso, una tasa de cambio competitiva es un poderoso instrumento de generación de empleo. Bajo el régimen de convertibilidad de los años noventa, la tasa de desempleo explotó en Argentina en medio de un crecimiento económico rápido. Después de la devaluación del 2002, el crecimiento del empleo fue, por el contrario, vigoroso.



Un tipo de cambio competitivo contribuye también a generar nuevas actividades productivas. No es por otra razón que los países exitosos de Asia Oriental tienen una franca obsesión por la tasa de cambio. Muchos más proyectos orientados a los mercados mundiales serán rentables a una tasa de cambio de 2.200 o 2.300 pesos por dólar que a la actual de 1900. Hoy es irracional para un inversionista colombiano planear un proyecto que no sea rentable a una tasa de 1.900, lo cual sacrifica muchas actividades agrícolas, manufactureras y de servicios.



No es cierto, además, que no se puede hacer nada para mejorar el manejo cambiario. El hecho de que tengamos una de las tasas de cambio más volátiles indica, más bien, que somos particularmente deficientes en su manejo. Perú, por ejemplo, tiene una tasa de cambio mucho más estable que la nuestra, entre otras cosas porque su banco central interviene activamente en el mercado cambiario.



¿Qué se puede hacer? Lo primero es un compromiso a fondo del Banco de la República con el objetivo de tener una tasa de cambio competitiva. Para ello, aparte de intervenir mucho más en el mercado, tiene que estar dispuesto a otras regulaciones, en especial a limitar las entradas de capitales que contribuyan a la revaluación. Así lo hizo durante el auge precedente y debería repetirlo hoy, con el rigor que sea necesario.



La tarea de intervenir exitosamente en el mercado cambiario será, además, más fácil si el Gobierno reduce el déficit fiscal y si asume un compromiso firme de no acudir a los mercados externos para financiar sus desbalances. Esta es tarea difícil para el nuevo gobierno, dado el alto déficit fiscal que hereda.



El tercer reto y, de alguna manera, el más novedoso, es el manejo de la riqueza minera del país. El auge de las inversiones en minería tiene una razón básica: los precios reales de estos productos están desde el 2004 en los niveles más altos de la historia, impulsados por la demanda china, con sólo una corta excepción durante los peores meses de la crisis financiera internacional.



Aprovechar esta circunstancia es deseable, pero esa riqueza también puede convertirse en una condena. La minería genera muy poco empleo y, en cambio, puede destruir muchos puestos de trabajo a través de la revaluación que genera. Si no es bien manejada, puede generar daños ambientales irreparables. Y es una riqueza no renovable, por lo cual el país debe obtener beneficios fiscales importantes de su explotación.



Por este conjunto de circunstancias y por las muchas restricciones que existen en materia tributaria (entre ellos, los contratos de estabilidad jurídica), la mejor política para manejar la bonanza minera es un impuesto a la exportación de minerales. Se replicaría en este campo la manera como manejamos las bonanzas cafeteras en el pasado, con éxito bien reconocido. El mecanismo tiene, además, la ventaja de que puede ser decretado por el Gobierno a través del Consejo Superior de Comercio Exterior.



El mecanismo podría operar de manera muy simple: los exportadores pagarían una tasa de tributación alta (80 o 90%) por encima de un precio de referencia que se establecería para cada producto (petróleo, carbón, níquel y oro). Las sumas pagadas se mantendrían en su totalidad en un fondo de estabilización en el exterior. En el futuro podrá utilizarse para distintos propósitos, pero por ahora no sería conveniente traer esos recursos al país, porque derrotaría el propósito de que evitar que la bonanza minera afecte la tasa de cambio.



Se podría hacer más. Lo mínimo es eliminar todo incentivo tributario a la minería, como lo ha señalado el Ministro de Hacienda designado. De hecho, es una vergüenza que una parte importante de los beneficios tributarios colombianos se destinen hoy a la minería. Y podrían pensarse medidas adicionales. Por ejemplo, el rey de la minería en el mundo desarrollado, Australia, ha establecido un impuesto de renta extraordinario a las empresas mineras. Quizás podríamos reproducir también ese ejemplo.



* Ex Ministro de Hacienda
José Antonio Ocampo *