Condicionamientos

Por: Alfredo Molano Bravo


Junio 13 de 2010

El Espectador



UN GRAN SECTOR DE LA ELITE DE LOS grandes negocios quiere que al aeropuerto se le deje el nombre que tiene, el de la tierra legendaria donde los nativos se bañaban con oro.

La leyenda de El Dorado tenía patas: en el primer siglo, los conquistadores se cargaron unos 200.000 kilos de oro, la mayoría de la Nueva Granada, a costa del casi exterminio indígena. El mito llevó a los conquistadores a esculcar el territorio de arriba abajo, y a los paisas, en el siglo XIX, a buscar por todas partes el tesoro de Pipintá al sur de Abejorral. La búsqueda de minas y de recursos fabulosos no cesa. El país se halla fotografiado desde los satélites centímetro a centímetro; las grandes compañías mineras saben dónde está el oro, el petróleo, el carbón, el agua; y lo peor, casi toda esa riqueza está concesionada. Las garantías que el gobierno actual otorga se pueden medir en el desaforado gasto militar para cuidar los enclaves y en las gabelas tributarias a los inversores. Sin duda detrás de esta política están quienes quieren que al aeropuerto se le siga llamando El Dorado, como quien le pone a una casa: Se vende. La nueva política económica del gobierno actual —y la del siguiente— es la de abrirse de patas a las multinacionales de la minería, del petróleo y ahora del agua. Están listas instalando entables con todos los fierros en los páramos, las cordilleras, las selvas, las costas, gigantescos depredadores del tamaño y brutalidad de la Anglo Gold Ashanti, la Greystar Resources, la Gran Tierra Energy, la Esmerald Energy la BHP Billiton, Aguas de Barcelona, la Anglo American, la Coca-cola, la Drummond, la Intercor, y la B.P., cuya obsesión por el oro negro se constata en el criminal derrame de crudo en el golfo de México. Una de las garantías que estos monstruos exigen para sacar el oro, el petróleo, el carbón, el agua, el níquel es la flexibilidad laboral o ley del embudo, donde todas las ventajas son para los patrones y todas las limitaciones son para el trabajador. Es tan rentable el modelo que liquidó el código laboral. La resistencia a estas normas —jornadas de trabajo ilimitadas, salarios por debajo de la inflación, desconocimiento de prestaciones y fuero sindical— es el secreto del asesinato de sindicalistas. A bala han impuesto las condiciones de trabajo. Dos mil o más muertos por esta causa. Tantos, que hasta los Demócratas, quizás previendo una especie de dumping originado en los bajos salarios, protestan y no dejan pasar el TLC. La Confederación Sindical Internacional, la más fuerte organización obrera del mundo, de la que hacen parte millones de trabajadores, ha publicado otra de las estadísticas que, con las de corrupción e impunidad, se nos conoce: el año pasado de 101 sindicalistas asesinados, 48 eran colombianos. El Gobierno puso el grito en el cielo: ¡No son 48, son 28! ¡Qué logro! Así, seguimos siendo —con cifras oficiales en mano— el país donde matan más sindicalistas.

Políticas todas, por supuesto, bien cuidadas por las fuerzas del orden. Fuerzas que según el Gobierno deben ser blindadas por un fuero especial —este sí— que impida que el código penal, que rige para civiles, juzgue asesinatos fuera de combate, desapariciones forzadas y demás delitos atroces que el país bien conoce y mucho ha sufrido. El fallo de la valiente juez Jara, que declaró culpable por desaparición forzada al coronel retirado Plazas Vega, le ha dolido a Uribe. Las Fuerzas Militares terminarán declarándole la guerra al juzgamiento de militares por jueces civiles. Los falsos positivos serán eliminados por esta vía. El Derecho Internacional Humanitario fue redactado en Suiza y no en el río Putumayo, ha dicho algún general. Si por él fuera, el aeropuerto debería llamarse Yair Klein.

Nota: Al M19 se le dio la amnistía a cambio de que se acogiera a la Constitución. No estaría mal que a los militares, por simetría, se les pusiera idéntica condición