RAÚL ZIBECHI
Lunes 11 de marzo de 2013
Una de cada cinco hectáreas del Perú ha
sido entregada a las multinacionales de la minería, así como la mitad de las
tierras de las comunidades campesinas e indígenas de la sierra andina. La gente
común y la naturaleza son las más afectadas por la voracidad de grandes
empresas que acumulan oro, plata y cobre en el altar de la especulación. La
forma como la población se viene movilizando muestra cambios de fondo en la
acción social.
“Fuimos aplastados por 20 años de
guerra interna”, dice Hugo Blanco, veterano dirigente campesino quechua que
protagonizó la lucha por la recuperación de tierras en la década de 1960 en
Cusco. Ahora se muestra optimista: “El conflicto de Conga primero y ahora el de
Kañaris nos muestran que la lucha social avanza, aunque por otros caminos, a
través de grupos locales que son más representativos de las luchas reales que
las viejas centrales que están por los suelos” /1.
Perú es un país minero. Desde la
Colonia la explotación de las minas reconfiguró el mapa social y político de
los pueblos originarios que habitaban la región andina. En las últimas décadas
la minería se reflejó incluso en las artes y en la literatura, su huella fue
particularmente intensa entre los campesinos, como lo muestran las novelas de
Manuel Scorza, uno de los más destacados escritores peruanos/2. Pese a
ello la lucha contra la minería no ocupó un lugar destacado en el imaginario
peruano.
Sin embargo en los últimos años se
registra un viraje importante. El 2012 fue el año de mayor conflictividad
social. Como señala elObservatorio de Conflictos Mineros en el Perú, la
intensidad de los conflictos se refleja en la polarización que producen y en su
capacidad para modificar la agenda. Los conflictos por la minería forzaron dos
cambios de gabinete del gobierno de Ollanta Humala: en diciembre de 2011
(apenas seis meses después de asumir el gobierno) y en julio de 2012, cuando
cumplía su primer año en el sillón de Pizarro.
“Hace diez años era impensable que un
conflicto minero de una zona apartada del país, llegase a las primeras planas
de los principales diarios y estuviera presente por varias semanas en casi
todos los medios”, señala el Observatorio/3. Pero la principal novedad
es que “los conflictos sociales vinculados a la minería se han convertido
además en conflictos políticos de envergadura”. Hasta la agencia de
calificación de inversiones Moody´s señaló que el modo como viene afrontando el
gobierno el conflicto por Conga puede ser perjudicial para los intereses del
sector minero.
Comprender la importancia de la lucha
contra la minería supone abordar tres aspectos: la megaminería como una de las
principales formas de acumulación del capital transnacional en Perú; la
resistencia campesina de carácter comunitario y por lo tanto territorializada
que conecta con cinco siglos de resistencia indígena; y los modos no
centralizados de coordinación, o sea las nuevas culturas de acción política.
Perú en el ojo del
colonialismo minero
En noviembre había 24 millones de
hectáreas concesionadas a la minería, lo que representa un 19% de la superficie
total del país. El área de las concesiones mineras afecta principalmente a las
comunidades campesinas en la Sierra y Costa del centro y norte del país, donde
casi la mitad de su territorio fue concedido a las mineras/4.
En efecto, el 49,6% de las tierras de
las comunidades campesinas tienen concesiones mineras. Casi la mitad de la
región hidrográfica del Pacífico (47%) está concedida a la actividad minera,
donde vive el 65% de la población que cuenta con apenas el 1,8 % del volumen de
agua del país/5. Por eso los argumentos oficiales de que la actividad
minera beneficia al país son rechazados de plano por comuneros que sufren la
pérdida de sus tierras y de su acceso al agua.
Un reciente informe del Metals
Economic Group señala que la caída del mercado de acciones en el mundo
favorece las inversiones en minería que crecieron 44% en 2010 y 50% en 2011,
luego de una fuerte caída en 2009/6. La región latinoamericana es el
primer destino de las inversiones mineras, con el 25% del total, donde destacan
Chile, Perú, Brasil, Colombia, México y Argentina. En 2003, apenas el 10% de la
inversión minera mundial se dirigía hacia América Latina.
Perú es junto a Chile el primer destino
de las inversiones mineras en la región. En 2010 la región latinoamericana
proveía el 51% de la plata del mundo, la mitad del litio, el 45% del cobre, 27%
del molibdeno, 25% del estaño, 23% del zinc y la bauxita, 19% del oro y 18% del
hierro/7. Hasta 2020 el sector minero recibirá 300 mil millones de
dólares de inversiones.
Perú ha dado un salto significativo
como receptor de inversión extranjera directa. En 2012 llegaron al país 11 mil
millones de dólares, un aumento del 34% respecto a 2011, frente a un promedio
de 1.600 millones entre 2000 y 2005/8. El problema es que minería e
hidrocarburos suman la mayor parte de las inversiones. Alrededor de dos tercios
de esas inversiones fue al sector de recursos naturales y apenas el 8,7% a la
industria manufacturera.
Este tipo de inversiones consolidan la
dependencia de a la explotación y exportación de recursos naturales. El
periodista peruano Raúl Wiener sostiene que el 30% de los ingresos fiscales de
su país se originan en la minería y que “la única forma más o menos rápida de
incrementar estos fondos en el corto plazo y poder llevar adelante los
programas sociales que todo candidato promete para ganar las elecciones, es con
más inversiones en minería, por lo que pelearse con este sector sería hacerse
el harakiri” /9.
Perú se convirtió en el quinto país del
mundo con mayor crecimiento de las exportaciones, que pasaron de 7,600 millones
de dólares en 2002 a 45,700 millones en 2011. Alrededor del 60% son minerales y
el 10% petróleo y gas, productos que se exportan sin procesar/10. Es el
mayor exportador latinoamericano de oro, cinc, plomo y estaño, el segundo
productor de plata y de cobre. Según las proyecciones en los próximos años la
tendencia de inversiones y exportaciones centradas en la minería se va a
profundizar. Las concesiones mineras se duplicaron entre 2006 y 2010, según el
Observatorio de Conflictos Mineros.
Resistencia en los
Andes
Durante la segunda mitad de 2011 y
buena parte de 2012 el principal conflicto minero y social del país se registró
en la región de Cajamarca, al norte del país, por la masiva oposición de la
población al proyecto de explotación de oro y plata Conga, de la minera
Yanacocha, propiedad de la estadounidense Newmont Mining Corporation. La minera
explota desde hace más de veinte años un yacimiento de oro a 50 kilómetros al
norte de la ciudad de Cajamarca a más de 3.400 metros de altura, siendo la
segunda mayor mina de oro del mundo.
Durante los últimos años Yanacocha ha
experimentado una caída en su producción debido al agotamiento de las reservas.
De ahí que el proyecto Conga sea una alternativa para la empresa. Pero la
población ya conoce a Yanacocha y se ha movilizado en defensa del agua desde
hace varios años. El problema principal es que la actividad minera, que incluye
el uso de cianuro y mercurio, afecta las lagunas de altura de las cuales se
abastecen las comunidades campesinas y las ciudades.
En noviembre y diciembre de 2011 la
resistencia de la población de Cajamarca/11 se zanjó con la
declaración del estado de emergencia y la militarización de varias provincicas,
a lo que siguió un recambio del gabinete con la salida de buena parte de los
ministros más progresistas. En el distrito de Bambamarca, uno de los más
afectados por Conga, la población impidió que los soldados pudieran hacer la
ceremonia de saludo a la bandera y en Celendín, epicentro del conflicto, los
soldados fueron expulsados de la plaza por la población/12. Las rondas
campesinas detuvieron soldados por intentar prostituir a menores.
En 2012 se registraron 167 conflictos
activos: de ellos, 123 son conflictos denominados por la Defensoría de Pueblo
como “socioambientales”, mientras sólo siete son “laborales”. Los campesinos se
están quedando sin tierra y sin agua y reaccionan con toda la fuerza que
tienen, movilizando sus comunidades. Una encuesta revela que en Cajamarca el
78% de la población se opone al proyecto Conga. Aunque el epicentro de las
resistencias es Cajamarca, y más recientemente Kañaris (Lambayeque), los
conflictos mineros abarcan todo el país.
Mirando la realidad más de cerca, se
observa que la población ha puesto en juego una variedad de recursos asombrosa.
Ha creado frentes de defensa provinciales y locales, ha realizado consultas
municipales y provinciales, marchas, paros regionales y cortes de carreteras.
Una de las actividades más importantes es la que realizan las rondas
campesinas, organizaciones comunales de autodefensa nacidas en la década de
1970 en Cajamarca y Piura para combatir el robo de ganado/13.
Los ronderos de
Cajamarca, Bambamarca y Celendín, las tres provincias más cercanas a la mina
Conga, acamparon masivamente en los alrededores de las lagunas impactadas por
el proyecto minero para hacer una labor de vigilancia e impedir cualquier
trabajo de la empresa en la zona. La movilización comenzó en noviembre y se les
denominó guardianes de las lagunas.
El campamento de Celendín fue destruido
por las fuerzas policiales, por lo cual el Comando Unitario de Lucha de
Cajamarca decidió “construir dos casas para las rondas campesinas en base a
trabajo de minga para que los ronderos y visitantes puedan pernoctar y
permanecer firmes en la lucha” /14.
Esta lucha por el control del
territorio es respondida con la militarización de la región por parte del
gobierno, mientras Yanacocha cierra los caminos a los campesinos. Las
comunidades respondieron colocando carteles en todas las vías y en todos los
caseríos que dicen: “Territorio rondero libre de minería”, seguido del nombre
del lugar. Una práctica similar a la que realizan las bases zapatistas para
reafirmar el control de sus espacios.
Los estados de excepción y la
militarización de varias provincias se saldaron con 17 muertos entre diciembre
de 2011 y setiembre de 2012 según la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH).
Cinco comuneros fueron muertos en julio de 2012 en Celendín y Bambamarca, tres
por el intento de erradicar la pequeña minería informal en Madre de Dios
(frontera con Brasil y Bolivia), dos en Espinar (Cusco) resistiendo a la minera
XStrata, uno enfrentando a la minera Barrick en Ancash.
El gobierno de Ollanta Humala aplica el
Decreto 1095 emitido por el anterior gobierno de Alan García que autoriza la
intervención de las fuerzas armadas en el control del orden interno y califica
a los que protestan como “grupo hostil” mientras las violaciones a los derechos
humanos cometidas por las fuerzas represivas son juzgadas en tribunales
militares/15.
Nuevas formas de
organización y acción
En los dos últimos meses apareció un
nuevo conflicto en la norteña provincia de Lambayeque. Los campesinos expresan
el conflicto de un modo muy sencillo que revela su visión del mundo: “El
fundamento de nuestra resistencia indígena, es por la intromisión e invasión en
nuestro territorio ancestral de la empresa Minera Candente Copper
Corporatión-Cañariaco” /16.
Para reafirmarse ante la opinión
pública realizaron una Consulta Comunal el 30 de septiembre en la que el 95% de
la población se pronunció contra la minera. El 20 de enero realizaron un paro
regional y el 25 la policía hirió a 24 campesinos durante un boqueo de rutas
para evitar que la canadiense Candente Copper siga adelante con su proyecto de
explotar tres yacimientos de cobre.
Un párrafo del Manifiesto del
5 de febrero revela el abismo entre el Estado y las comunidades: “Exigimos como
condición para el diálogo el retiro inmediato de las fuerzas policiales de
nuestros territorios, puesto que de acuerdo a nuestro derecho consuetudinario
la seguridad comunal está garantizada por las rondas campesinas y no hay
necesidad de la presencia de gran contingente policial fuertemente armado en la
zona” /17.
Y agregan: “Somos autoridades
originarias, comunales y ronderiles que no estamos dispuestos a renunciar a
nuestros principios y derechos como pueblos, a no permitir la subordinación al
colonialismo que rompe la estructura genuina y natural de los pueblos
originarios”.
Sin embargo, numerosos analistas y
observadores consideran que en Perú no existen movimientos sociales y estiman
que el movimiento contra la minería es fragmentado y que no se articula entre
sí. El investigador y activista Raphael Hoetmer afirma: “Los movimientos del
Perú no son centralizados y articulados en organizaciones representativas
nacionales sólidas; más bien tienen un carácter fragmentado” /18.
En el mismo trabajo, en el que polemiza
con quienes aseguran que no existen movimientos, constata “una situación donde
los pueblos no requieren de las organizaciones nacionales para movilizarse,
pero a la vez, hay dificultades para articular las distintas agendas locales
entre sí y con las agendas nacionales” /19. De hecho las grandes
organizaciones no juegan ningún papel en la lucha contra la minería.
Luego señala que las luchas consiguen
victorias pero éstas no se traducen en la creación de organizaciones potentes.
“Hay grandes dificultades para convertir estas victorias en organizaciones más
fuertes” /20. En efecto, constata que existen grandes luchas que ya
no son dirigidas por las poderosas organizaciones sociales de antaño, como la
CGTP, la CCP o la más reciente CONACAMI/21
En este punto es donde parece necesario
cambiar la forma de mirar. Hugo Blanco, quien vivió el período de las grandes
organizaciones desde la CCP y ahora acompaña los movimientos de Cajamarca, es
muy claro. En su opinión se trata de coordinar las luchas y a la vez avanzar
“hacia una democratización cada vez mayor del movimiento, en que sea la
colectividad la que mande y no los dirigentes. No desviando su actividad
central hacia campañas electorales” /22.
En pocas palabras aborda tres temas
claves: coordinar las luchas sin crear aparatos burocráticos, que decida la
gente (eso que los zapatistas llaman “mandar obedeciendo”), y evitar la
tentación electoral que distorsiona las luchas al incrustarlas en la
institucionalidad estatal. Aunque no lo dice, está hablando de una nueva cultura
política. La vieja cultura ya mostró sus limitaciones.
1170372013
Raúl Zibechi es analista
internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre
movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y
asesor a varios grupos sociales. Escribe el “Informe Mensual de Zibechi” para
el Programa de las Américas www.cipamericas.org/es.
Notas
1/ Entrevista a Hugo
Blanco.
2/ En particular pueden
consultarse sus cinco novelas épicas sobre la lucha de los campesinos andinos
por recuperar sus tierras:Redoble por Rancas (1970), Historia
de Garabombo el Invisible(1972), El jinete insomne(1977), Cantar
de Agapito Robles (1977) y
La tumba del
relámpago (1979).
3/ Observatorio de
Conflictos Mineros en el Perú, ob cit, p. 28.
4/ Idem, p. 32.
5/ Idem, p. 30.
6/ Metals Economics
Group, “Tendencias de la exploración mundial 2012”.
7/ Reuters, 16 de abril de
2012.
8/ Global Investment
Trends Monitor, UNCTAD, No. 11, 23 de enero de 2013, p. 6.
9/ La Primera, 12 de abril de
2012.
10/ Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo, “Resumen de Exportaciones 2011”, enhttp://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/documentos/comercio/CuadrosResumen_Exportaciones_2011.pdf
11/ Cajamarca es un
departamento, además es una de las doce provincias del departamento y es la
ciudad capital departamental.
12/ Lucha Indígena, junio de 2012.
13/ Se estima que existen
entre 200.000 y 250.000 ronderos en todo Perú agrupados en unos 8.000 comités
de rondas. En Cajamarca, cuna de las rondas campesinas, se cuentan unos 100.000
ronderos activos. Verhttp://cunarcperu.org
14/ Comando Unitario de
Lucha-Cajamarca, 1 de febrero de 2013.
15/ APRODEH, “Ni un
muerto más”, folleto, Lima, setiembre de 2012.
16/ MANIFIESTO DE LAS
COMUNIDADES Y RONDAS CAMPESINAS DE CAÑARIS, INCAWASI Y SALAS: PUEBLOS
ORIGINARIOS EN DEFENSA DEL AGUA Y LA VIDA, 5 de febrero de 2013.
17/ Idem.
18/ Raphael Hoetmer, ob cit, p.
230.
19/ Idem.
20/ Idem, p. 236.
21/ Confederación General
de Trabajadores del Perú, Confederación Campesina del Perú y Confederación
Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería.
22/ Lucha Indígena, marzo de 2013, p.
8.
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