El pueblo contra El Quimbo
Otramérica.com
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El 14 de marzo hay paro regional en el Huila (Colombia) para exigir la
suspensión de la licencia a la hidroeléctrica de El Quimbo, un polémico
proyecto que ya ha dejado miles de afectados. El Quimbo es un megaproyecto
representativo del modelo extractivo iniciado por el gobierno de Uribe y
potenciado por el de Santos. Otramérica ha querido hablar directamente con
lxs resistentes.
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Desde hace toda una vida, Moisés
Sánchez trabaja como partijero en la finca El Chagre, en
el sur de Colombia. El 13 de enero pasado se encontraba en casa con
sus hijos cuando un operativo conjunto del Esmad (Escuadrón
Móvil Antidisturbios) de la Policía Nacional y del Ejército lo sacó a la fuerza
de su casa. Luego, la tumbaron. El desalojo fue ordenado por
el alcalde del municipio de Gigante, Iván Luna, y ejecutado en presencia del
Secretario de Gobierno, Andrés Trujillo, de la Personera, Liz Alejandra Forero,
del jefe de la Unidad de Justicia, Erwin Cardenas, de un delegado de la
Defensoría del Pueblo, y de funcionarios de la empresa Emgesa.
“Me dijeron que lo hicieron para mi
seguridad, porque mi casa se iba a inundar por la construcción de la represa”,
relata Moisés Sánchez a Otramérica. “Durante más de un año, Emgesa
me prometió que me iba a dar un predio como compensación para desarrollar mi
proyecto productivo, pero eso nunca se cumplió. Todavía la Policía tiene mis
cosas y los animales de mi finca, me dijeron que tenía tres días para reclamar
mis bienes, pero no reclamé nada porque no sé a dónde llevarlos. Soy un
desplazado más de este gobierno”.
Moisés Sánchez es uno de los miles de
afectados por el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, que la empresa Emgesa
está construyendo en un tramo del Río Magdalena que
atraviesa el departamento del Huila. Bajo la máscara de “empresa
colombiana”, Emgesa está en realidad controlada por la italo-española
Endesa-Enel (el 52.14% de Emgesa pertenece a la Empresa de
Energía de Bogotá, a capital mixto, el 14.7% de sus accionistas tienen voz pero
no gozan del derecho de voto. Entonces, con su 48.8%, Endesa-Enel tiene de
hecho el control de Emgesa).
La ejecución de la obra, que prevé una
inversión de 837 millones de dolares para una central con una
capacidad de400Mw, ha sido otorgada a la empresa italiana
Impregilo. En los años 80, Impregilo fue encargada de la construcción de Betania,
otra central hidroeléctrica de Emgesa-Endesa-Enel. Betania se
encuentra a 12 km agua arriba del lugar donde se está erigiendo El
Quimbo, y los daños que ha causado al medio ambiente y a la población del Huila son
unos de los factores que determinaron el despertar del pueblo huilense en
contra de El Quimbo.
Para defender los derechos de los
afectados por la central de El Quimbo, en julio de 2009 nació Asoquimbo(Asociación
de Afectados por la Hidroeléctrica El Quimbo). “Las personas que viven dentro
de la zona que se ha denominado 'de influencia directa del proyecto' estaban
siendo desconocidas en sus derechos fundamentales. Emgesa está acabando con su
forma de vida”, explica a Otramérica Jennifer Chavarro, integrante
de Asoquimbo. “Nuestro logro principal fue generar conciencia para
que la gente tome las decisiones sobre el destino de su vida, según el
principio de autonomía y de autoorganización. No son los políticos ni la
democracia representativa los que tienen que definir como tenemos que vivir.
También estamos en oposición al modelo de desarrollo del presidente [Juan
Manuel] Santos, que es igual a él de [Álvaro] Uribe, basado en la explotación
de los recursos naturales. Santos ha aprobado 32 represas en todo el país y, a
través del Plan Maestro de Aprovechamiento del Río Magdalena, ha anunciado la
posibilidad de construir 9 represas más en el alto Río Magdalena.
Así que con Betania y El Quimbo serían 11
represas en el sólo Huila”.
La idea de construir la central
hidroeléctrica El Quimbo surgió en 1997, pero inicialmente el
proyecto no obtuvo licencia por parte del Ministerio de Ambiente.
“El Ministerio dio la negativa a raíz de un concepto del Ministerio de
Agricultura que decía que el Quimbo no es viable porque hace parte de una zona
de reserva forestal protegida y, además, no había ninguna garantía de
la restitución de la actividad productiva en la zona inundada”, explica Miller
Dussán Calderón de la Universidad Surcolombiana de
Neiva e integrante de Asoquimbo. “Sin embargo, en 2007 Emgesa hizo un nueva
solicitud al Ministerio de Ambiente, y el Ministerio de Agricultura emitió un
concepto favorable en un solo mes, cuando en otros países como los Estados
Unidos son necesarios ocho años de estudios. Las preguntas son: ¿Porque
ahora sí era viable el proyecto El Quimbo? ¿Cuales condiciones cambiaron?
Esto no está claro, puesto que en el concepto del Ministerio no existe un
estudio que sustente la viabilidad del proyecto, fue una decisión tomada por el
gobierno de Uribe”.
Decisión del mismo Uribe que lanzó la
política denominada “confianza inversionista y seguridad democrática”, que
preveía facilidades a las transnacionales para que invirtieran en Colombia.
Entre ellas, la garantía de tener rentabilidad de manera independiente a la
participación accionaria de la empresa en la bolsa de valores, a través de un
seguro pagado con dinero publico y gracias a exenciones tributarias. El ex
presidente colombiano permitió a la transnacionales pagar solo el 17% de los
impuestos en lugar del 33%, medida que, según la revista Portafolio,
hizo perder al estado colombiano más de 4.000 millones de euros al año.
Además, cuando en 2008 el gobierno
colombiano aprobó la resolución 321 -que declara de utilidad utilidad publica
las 8585 hectáreas que Emgesa pidió para la construcción de El Quimbo-, la ANLA (Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales, que depende del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible) aún no había aprobado la licencia de impacto ambiental
ni el diagnostico ambiental de alternativas, que es un estudio fundamental para
determinar la viabilidad de un proyecto. La licencia de impacto
ambiental fue otorgada después de que el Ministerio dio la
autorización a la construcción de la central, aunque pocos días antes la
Procuradoría General de la Nación había enviado a la ANLA un concepto donde la
obligaba a abstenerse de otorgar la licencia a El Quimbo.
“La licencia ambiental, que es un pacto
entre el Estado y la empresa, se sigue modificando”, denuncia el profesor Miller
Dussán Calderón. “Las empresas transnacionales exigen cada vez mejores
condiciones para la inversión y, ante esta exigencia, el gobierno de Uribe
estableció dos días antes de irse un régimen de transición para que se puedan
modificar todas las licencias ambientales y así adecuarlas a las 'nuevas
realidades ambientales' del país”.
El envase de la represa de
la hidroeléctrica El Quimbo afectará más de 8.500 hectáreas de tierras,
entre bosque seco tropical y tierras fértiles y productivas. “Vamos a perder
5.300 hectáreas de tierras que generan una riqueza en producción agrícola
que supera los 80.000 millones de pesos (alrededor de 34 millones de euros),
según un calculo de la Gobernación”, denuncia Alejandro Ordoñez, comerciante de
la población de Garzón. “No vamos a permitir que el Gobierno entregue a una
transnacional nuestras mejores tierras”.
Las afectaciones causadas por El
Quimbo han sido objeto de una investigación de la Contraloría
General de la República. La Indagación Preliminar No.015 de 2011, realizada
para aclarar presuntas irregularidades en la expedición y modificación de la
licencia ambiental otorgada a Emgesa, además de establecer los efectos
ambientales, sociales y económicos derivados de su expedición, estima un
posible daño patrimonial de 350.644 millones de pesos(alrededor de 150
millones de euros). La Contraloría General de la República determinó costos por afectación
a la movilidad, pérdida de la productividad marginal de la
tierra, vertimientos de material al río Magdalena, incumplimientos
en la realización de revegetalización, retrasos en la restitución de
empleos asociados a las zonas productivas y en la restauración de los servicios
ambientales de los bosques, e impacto ambiental sobre la fauna y la
flora. La indagación preliminar dio origen al traslado a la Procuraduría
General de la Nación y a la solicitud de la apertura de un proceso de
responsabilidad fiscal en contra de la ANLA.
Además, el Instituto Colombiano
de Antropología e Historia (Icanh) halló que Emgesa causó afectaciones
al patrimonio arqueológico por realizar excavaciones en una zona en la
cual no había sido autorizada. Por lo tanto, la empresa, que interpuso recurso
de reposición, tendría que pagar entre 200 y 300 millones de pesos (entre
85.000 y 130.000 euros).
A causa del proyecto hidroeléctrico El
Quimbo la población no está perdiendo sólo sus tierras, sino también el acceso
al rio, según denuncia Jennifer Chavarro, de Asoquimbo:
“El Ministerio de Transito ha declarado a través de la resolución 1286 que el
río es innavegable. Esta medida privatiza de hecho el Magdalena, que deja de
ser un bien publico de acceso a toda la comunidad, para que la gente pueda
pescar, bañarse o pasar el tiempo con sus familias. El Estado colombiano ya ha
manifestado a través de la fuerza publica que no nos podemos acercar al
Magdalena, aunque la ley 1242 de 2008 afirma que 30 metros después de la ultima
creciente, el río le pertenece a todo el mundo. A mediados de
febrero 2012, la fuerza publica quiso desalojar las ranchas, como aquí llaman
los campamentos de pescadores a las orillas del rio. Muchos campesinos fueron a
acompañar los pescadores para que no los sacaran, y el Esmad llegó lanzando gas
lacrimogeno. Toda la gente tuvo que meterse al rio y un chico perdió un ojo”.
El entonces Ministro del Interior era
Germán Vargas Lleras, hermano de José Vargas Lleras, presidente de la junta
directiva de Emgesa.
Viajando por el centro del departamento
del Huila –entre los municipios de Gigante, Garzón, Tesalia, Agrado,Paicol y Altamira–
resulta difícil creer que en enero 2015 esta geografía de montañas verdes,
bosques y pueblos quedará bajo el agua. La gente verá inundar toda su vida: sus
casas, sus escuelas, sus parcelas, y muchos de ellos no tendrán ningún tipo de
compensación.
“Según la licencia, Emgesa tendría que
compensar a los pequeños propietarios restituyendo los predios, obviamente en
otro lugar, para que puedan asentarse y desarrollar su proyecto productivo”,
explica a Jesús Elías Benavides, campesino de la comunidad de La
Honda. Sin embargo, hasta hoy no se compró ni un solo milímetro de tierra y
la única compensación que algunas familias recibieron fue en dinero, según
relata Leida Jimena Chavarro Alvarado, campesina y pescadora
artesanal de la comunidad La Jagua: “Emgesa prometió a más de 700
familias una compensación entre los 25 y los 45 millones de pesos (entre 10.000
y 19.000 euros, aproximadamente), a cambio pide firmar un documento donde se
declara que no se reclamará más nada. Hay familias que nunca habían tenido
tanta plata así que se compraron muchos bienes, el dinero ya se le está
acabando y no saben como sustentar a la familia. 25 millones parecen mucho,
pero se acaban muy rápido si no se sabe cómo invertirlos”.
En Colombia existe un vacío
legal sobre el desplazamiento causado por los megaproyectos del
que las transnacionales se pueden aprovechar fácilmente. “El 80% de la
inversión extranjera directa en Colombia está representada por proyectos
mineros-energéticos, se trata aproximadamente de una inversión anual de 14
millones de dolares. Ésto genera una tragedia humanitaria en un país que ya
tiene millones de personas desplazadas por el conflicto”, denuncia Daniel
Libreros de la Universidad Nacional de Colombia. “El
Estado tendría que prever estándares para estas inversiones, como se hace en
otros países. No hay una matriz mínima del perfil del desplazado por las
represas. De esta forma, cada empresa está haciendo una valoración a su antojo
de lo que es un desplazado”.
Emgesa ha catalogado los
afectados por el proyecto El Quimbo entre “directos”, que son los que perderán
sus casas y sus predios, e “indirectos”, definición que incluye todas las
personas que verán afectado su trabajo, como los jornaleros y los pescadores.
De hecho, los pescadores de la zona –que ya perdieron 400
toneladas de peces por causa de la central hidroeléctrica Betania de Emgesa–
vieron afectar 7.95 toneladas de peces en el sólo periodo 2010-2011, según una
investigación del Incoder (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural).
Sin embargo, Emgesa censó una porción
mínima de los afectados reales. “La empresa realizó 3 censos que dan
resultados diferentes, y hablan de unos 3.000 afectados. Asoquimbo
legalmente no tendría que hacer los censos, pero hicimos un registros de
afectados y encontramos a unas 1.400 personas que no fueron censadas”, relata
el profesor Miller Dussán Calderón. Entregamos nuestra
investigación a la Contraloría General de la República, que con
esta muestra aplicó un instrumento y demostró que efectivamente el
censo de Emgesa tenía serias fallas, sobre todo por su metodología. Después
se dio otro fenómeno, debido al hecho de que cuando vos dejás de producir una
tierra, se afectan todas las cadenas productivas. Así que también los
comerciantes quisieron ser censados, y ahora nuestro registro da
aproximadamente 10.000 personas y hay más que están esperando ser registradas.
El 28 de enero de 2013, la Contraloría General de la República nos convocó a
una reunión donde entregamos las firmas de estas personas que se dicen
afectadas, solicitando una decisión sobre el caso, que se dará en un mes”. Sin
embargo, la ANLA ya anunció que no tiene intención de reabrir el censo.
Asoquimbo ha anunciado un paro
cívico regional para el 14 de marzo pidiendo la suspensión de la licencia
ambiental, la realización de un nuevo censo y la creación en el área de una Zona
de Reserva Campesina. “Vamos a salir a las calles para decirle al gobierno
que son suficientes todas las argumentaciones que hemos expuesto para que
suspendan el proyecto. No nos vamos a ir de las calles hasta que esto suceda”,
advierte Jennifer Chavarro.
Fuente: http://otramerica.com/radar/el-pueblo-contra-quimbo-o-las-heridas-modelo-extractivo-colombia/2860
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