viernes, 30 de marzo de 2012

El Quimbo: ¿Locomotora de desarrollo o pérdida de soberanía hídrica y agroalimentaria?

Oriol Tolra Ardanaz




Poco después de la conmemoración del Día Mundial contra las represas, el 14 de marzo, y del Día Mundial del Agua, día 22, la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo (Asoquimbo) convocó en Neiva (Huila) el Foro “El Quimbo: ¿Locomotora de desarrollo o pérdida de soberanía hídrica y agroalimentaria?” donde emplaza a organizaciones sociales, defensores del medio ambiente, miembros de la Iglesia, del stablishment gubernamental y población en general a discutir sobre la seguridad alimentaria y la grave situación de emergencia en la región ocasionada por la construcción del megaproyecto hidroeléctrico El Quimbo.

Desinformación

Horas antes de la realización del foro organizado por Asoquimbo arranca una campaña gubernamental que indica a los medios de comunicación y población en general que el foro programado con la gobernadora del Huila, Cielo González, se celebrará en la sede de Gobernación.

Así, después de una tarde pegados al celular, la organización del Foro consigue aclarar a la ciudadanía, organizaciones sociales y miembros de las comunidades que ya se estaban desplazando a Neiva así como a los propios ponentes del foro que la Gobernación está preparando una cumbre paralela con miembros de Emgesa y la institucionalización y que en ningún caso se trata del foro de discusión que viene preparándose desde hace semanas con los afectados. En ese sentido, representantes de las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico informaron que rechazaron la invitación formulada por la gobernadora y alcaldes municipales de la zona para asistir a una supuesta «mesa de concertación con las comunidades» convocada por la gobernadora y el ministro de Ambiente porque fueron quienes apoyaron el reciente desalojo violento de los afectados ordenado por el Ministerio del Interior y desconocieron a su legítima organización Asoquimbo.

Afectados: de escala local a escala global

Fruto de las ponencias expuestas en el Foro se constata la situación de emergencia que vive la región: despojo, desalojos, falsas promesas y perdida inminente del principal sustento de la vida de todas las comunidades que viven en la región es ya la cotidianidad en la zona. El foro constata que la problemática de El Quimbo no es de ámbito local ya que afecta a toda la población, huilense y colombiana, presente y futura, así como del mundo entero. Se constata que el problema El Quimbo sale a escala global, organizándose acciones de apoyo y acompañamiento en diversos países tales como Italia (sede de Enel-Emgesa), España (Endesa-Emgesa), Canadá, Argentina y otros países solidarios.

Resistencias

El Foro ratifica su oposición frontal a la realización del proyecto basándose en condicionantes técnicos oficiales que desmienten que sea éste un proyecto de interés nacional y viable, pues se desconoce la denegación de la licencia ambiental de 1997, a la vez que se omiten las conclusiones del Informe del Banco de Iniciativas para el Desarrollo de Antioquia de mayo de 2011 que asegura que existe una sobreproducción de energía eléctrica en Colombia, entre muchos otros aspectos. También ratifica la postura de resistencia pacífica y desobediencia civil evidenciando y recalcando que este es un conflicto en que los diferentes actores armados del país no intervienen. Así, la conclusión es que no hay nada que negociar con Emgesa: «los ríos son para la vida, no para la muerte», constata el Foro. El único objetivo es la paralización de las obras. Asoquimbo ratifica que no participará de ninguna supuesta concertación con Emgesa ya que «es un hecho que su único interés ha sido cumplir con el cronograma de obras y no existe ninguna posibilidad de cumplir con los compromisos sociales y ambientales establecidos en la Licencia, tal como se deriva del Informe presentado a la Junta Directiva de la Empresa de Energía de Bogotá por la Comisión creada por el Alcalde bogotano, Gustavo Petro, que realizó recientemente visita de verificación a la zona de El Quimbo». Instituciones A raíz de las reiteradas denuncias de falseamiento y falta de rigor en la elaboración del censo de las poblaciones que se consideran afectadas pero que no fueron incluidas, la Contraloría de la República informa que está llevando a cabo labores de investigación y que pronto emitirá un informe con sus conclusiones. En el caso que constate esta falta de rigor instará a Emgesa a realizar dicho censo de forma exhaustiva. Cecilia Quimbayo, gerente departamental de la Contraloría, también informó que avanza la «indagación preliminar» contra el Ministerio de Ambiente, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena y el INVIAS por supuestas irregularidades en el otorgamiento de la licencia ambiental al Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo y «dada la gravedad de las situaciones acontecidas que ponen en riesgo los recursos del Estado y la vida e integridad de los ciudadanos del sector». Por otra parte, hay acuerdo en constituir una comisión mixta entre la Asamblea del Huila y Asoquimbo con el objetivo de hacer seguimiento y exposición a los organismos de control y Alcaldía de Bogotá de los argumentos técnicos, científicos y socioambientales por los que se hace necesaria la convocatoria de la Audiencia Publica Ambiental, la suspensión de la licencia y la paralización urgente de las obras.

El río también resiste

Fruto de las movilizaciones efectuadas en los bordes del río y la paralización de las obras, ello le dio tiempo al río para que, junto con los cielos, aumentara su caudal y no se dejara desviar. Desde la fecha, ya son dos los intentos de Emgesa para desviarlo y dos las crecidas que el río ha hecho para no doblegarse a los interés económicos de la trasnacional.

La batalla de Matambo

Los afectados por el megaproyecto anuncian que se preparan para continuar la movilización a escala nacional, haciendo de la lucha contra El Quimbo solo un escalón frente a la lucha nacional por la defensa de los ríos, la vida, la madre tierra y frente a la política minero-energética de despojo del Gobierno de Santos. Los movimientos por la liberación y defensa de la Madre Tierra, el Movimiento Colombiano por la Defensa de los Territorios y Afectados por represas ¡Ríos Vivos! y Asoquimbo se preparan para una gran movilización nacional en defensa de la Madre Tierra y el Buen Vivir.

viernes, 23 de marzo de 2012

La centralidad del agua en la disputa global por recursos estratégicos

Alai-AmLatina


 Dos visiones contrapuestas están en choque en la disputa global por el agua. La primera, basada en la lógica de la mercantilización de este recurso, que pretende convertirlo en un commodity, sujeto a una política de precios cada vez más dominada por el proceso de financierización y el llamado “mercado de futuros”. Esta visión encuentra en el Consejo Mundial del Agua, compuesto por representantes de las principales empresas privadas de agua que dominan 75% del mercado mundial, su espacio de articulación más dinámico. El Segundo Forum Mundial del Agua, realizado en el año 2000 declaró, en el documento final de la reunión, que el agua no es más un “derecho inalienable”, sino una “necesidad humana”. Esta declaración justifica, desde el punto de vista ético, el proceso en curso de desregulación y privatización de este recurso natural. La última reunión realizada con el nombre de IV Forum Mundial del Agua, en marzo de 2009 en Estambul, ratifica esta caracterización del Agua. Un aliado importante del Consejo Mundial del Agua ha sido el Banco Mundial, principal impulsor de las empresas mixtas, público-privadas, para la gestión local del agua.

La otra visión se reafirma en la consideración del agua como derecho humano inalienable. Esta perspectiva es defendida por un amplio conjunto de movimientos sociales, activistas e intelectuales articulados en un movimiento global por la defensa del agua, que propone la creación de espacios democráticos y transparentes para la discusión de esta problemática a nivel planetario. Este movimiento, que no reconoce la legitimidad del Foro Mundial del Agua, elaboró una declaración alternativa a la reunión de Estambul, reivindicando la creación de un espacio de debate global del agua en los marcos de la ONU, reafirmando la necesidad de la gestión pública de este recurso y su condición de derecho humano inalienable(1).

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en julio del 2010 la propuesta presentada por Bolivia, y respaldada por otros 33 Estados, de declarar el acceso al agua potable como un derecho humano. Como era previsible, los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Australia y el Reino Unido se opusieron a esta resolución, con lo cual, en opinión de Maude Barlow, ex-asesora sobre agua del presidente de la Asamblea General de la ONU, esta resolución pierde peso político y viabilidad práctica(2). Estos cuatro países, y sus fuerzas políticas más conservadoras, aparecen como el gran obstáculo. El peligro para los operadores del agua es grande, ciertamente, un reconocimiento del agua y el saneamiento como derecho humano pondría límites a los derechos de las grandes corporaciones sobre los recursos hídricos, derechos consagrados por los acuerdos multilaterales de comercio e inversión.

Los gobiernos de América Latina están avanzando en el reconocimiento del agua como derecho inalienable y en la afirmación de la soberanía y gestión pública de estos recursos. La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia reconoce, en su artículo 371, que el “el agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo”, establece además que “el Estado promoverá el uso y acceso al agua sobre la base de principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad”.
Ciertamente, la disputa por la apropiación y el control del agua en el planeta adquiere dimensiones que extrapolan únicamente los intereses mercantilistas de las empresas transnacionales, colocándose como un elemento fundamental en la geopolítica mundial. Está claro que el planeta necesita urgentemente una política global para cambiar la tendencia del complejo proceso de desorden ecológico que, al mismo tiempo que acelera la dinámica de desertificación en algunas regiones, incrementa los fenómenos de inundación producto de lluvias torrenciales, en otras. Las consecuencias devastadoras que la degradación de medio ambiente está provocando y la gravedad de la situación global que tiende a profundizarse colocan en discusión la propia noción de desarrollo y de civilización.

Los acuíferos y la preservación de ecosistemas
Desde hace mucho tiempo, las investigaciones hidrológicas de los ciclos globales del agua han demostrado que 99% del agua dulce accesible del planeta se encuentra en los acuíferos de agua dulce, visibles en los ríos, lagos y capas congeladas de hielo. Estas aguas constituyen sistemas hídricos dinámicos y desarrollan sus propios mecanismos de reposición que dependen, fundamentalmente, de las lluvias. Parte de este caudal se infiltra en las rocas subyacentes y se deposita debajo de la superficie, en lo que se conoce como acuíferos. Los acuíferos reciben reposición de las lluvias, por lo que son, en su mayoría, renovables. Dependiendo del tamaño y las condiciones climáticas de la ubicación de los acuíferos, el período de renovación oscila entre días y semanas (en las rocas kársticas), o entre años y miles de años si se trata de grandes cuencas sedimentarias. En regiones donde la reposición es muy limitada (como en las regiones áridas e hiperáridas) el recurso de agua subterránea puede ser considerado como "no renovable"(3).

Los acuíferos y las aguas subterráneas que los conforman, son parte de un ciclo hidrológico cuyo funcionamiento determina una compleja interrelación con el medio ambiente. Las aguas subterráneas son un elemento clave para muchos procesos geológicos e hidro-químicos, y tienen también una función relevante en la reserva ecológica, ya que mantienen el caudal los ríos y son la base de los lagos y los pantanos, impactando definitivamente en los hábitats acuáticos que se encuentran en ellos. Por lo tanto, los sistemas acuíferos además de ser reservas importantes de agua dulce, son fundamentales para la preservación de los ecosistemas.

La identificación de los sistemas acuíferos es un requisito básico para cualquier política de sustentabilidad y gestión de recursos hídricos que permitan que el sistema continúe funcionando, y desde el punto de vista de nuestras investigaciones, es imprescindible para un análisis geopolítico que busque poner en evidencia elementos estratégicos en la disputa por el control y apropiación del agua.

Las grandes reservas hídricas cómo la cuenca del Congo, Amazonas, el acuífero Guaraní o los grandes lagos de África central coinciden con la existencia de grandes poblaciones en expansión y fuertes conflictos étnicos y religiosos. Además, gran parte de los países de esta región se encuentran bajo fuerte presión del sistema financiero internacional que busca implantar una gestión neoliberal de los recursos hídricos a través de su personal técnico para el que las estaciones de tratamiento de agua, reciclaje y construcción de mecanismos que eviten la contaminación de los acuíferos, son gastos superfluos(4).

Se trata de un proceso violento de expropiación y privatización del recurso natural más importante para la vida. A pesar de la centralidad del agua potable para consumo humano, es necesario señalar también la importancia vital de este recurso para la agricultura, que impacta directamente la soberanía alimentaria, y para el proceso industrial en su conjunto.

Los mayores acuíferos de Europa se encuentran en la región euroasiática, destacando, por su dimensión, la cuenca Rusa, más cercana a la región polar. Europa occidental se ve reducida al único acuífero de mediano porte, en la cuenca de París. En casi todos los casos, las reservas de agua de Europa padecen de problemas que afectan su calidad, lo que amplió drásticamente el consumo de agua embotellada, que se ha convertido en un ítem obligatorio en la canasta de consumo familiar(5). Europa registra, proporcionalmente, la mayor tasa mundial de extracción de agua para consumo humano: del total de agua que se extrae, más del 50% es utilizada por los municipios, aproximadamente 40% se destina a la agricultura y el resto se consume el sector industrial.

Asia depende de los grandes acuíferos del norte de China y la Siberia, más próxima de la región polar. Uno de los casos más graves es el de la India, que junto con Estados Unidos, tiene una de las tasas más altas de extracción de agua subterránea del mundo.
América del Sur posee tres grandes acuíferos: la Cuenca del Amazonas, la Cuenca del Marañón y el sistema acuífero Guaraní, que más parece un “mar subterráneo” de agua dulce que se extiende por cuatro países del cono sur: Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Por el volumen de las reservas de estos acuíferos y por la capacidad de reposición del agua de estos sistemas, América del Sur representa la principal reserva de agua dulce del planeta.

Las regiones más críticas, por tener una reposición limitada de agua (menos de 5 milímetros de lluvia al año), son el norte de África, en la región desértica del Sahara; la India; Asia central; gran parte de Australia; la estrecha franja desértica que va desde la costa peruana hasta el desierto de Atacama en Chile y la región norte de México y gran parte de la región centro oeste de Estados Unidos. En estas regiones, se puede considerar el agua como recurso no renovable. África subsahariana, el sudeste asiático, Europa, los Balcanes, la región norte de Asia y la región nor-occidental de América del Norte registran niveles moderados de reposición de agua, entre 50 y 100 mm. al año.

La región de mayor reposición de agua del mundo es América del Sur donde, en casi todo el territorio subcontinental, se registran niveles de reposición de agua mayores a 500 mm./año, lo que constituye el principal factor de abastecimiento de los sistemas acuíferos de la región. Esta altísima capacidad de reposición de aguas superficiales y subterráneas es fundamental, no solo para el abastecimiento de agua dulce sino también para la manutención y reproducción de los sistemas ecológicos y la biodiversidad en la región.

Notas
1) Véase: Mabel Faria de Melo. “Água não é mercadoria”. En: ALAI, 3 de abril de 2009.
2) Véase: Roberto Bissio. El derecho humano al agua. Disponible en http://alainet.org/active/39769
3) Atlas of Transboundary Aquifers. Global maps, regional cooperation and local inventories. Paris : UNESCO, p. 16.
4) TEIXEIRA, Francisco Carlos. Por uma geopolítica da água. 23 de enero de 2011. Disponible en http://www.tempopresente.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=77,
5) Ibid.


Ver texto completo en: http://alainet.org/publica/473.phtml de la revista “América Latina en Movimiento”, No 473, correspondiente a marzo 2012 y que trata sobre "Extractivismo: contradicciones y conflictividad”.

- Monica Bruckmann es socióloga, doctora en ciencia política, profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Federal de Río de Janeiro (Brasil) e investigadora de la Cátedra y Red Unesco/Universidad de las Naciones Unidas sobre Economía Global y Desarrollo Sustentable - REGGEN

domingo, 18 de marzo de 2012

Capitalismo a cielo abierto




Se oyen los primeros rugidos. Las aves parten en vuelos urgentes sin ruta planificada. Los mamíferos corren en círculos muy desorientados. Los topos y topillos se entierran lo más hondo que pueden, y se llevan las manos a unos ojos llorosos que nunca vieron (son casi ciegos) nada igual.
Las gentes del lugar se abrazan a los árboles. Un par de jóvenes se han encadenado a dos de ellos. No importa, el primer bocado llega puntual, y la excavadora traga media tonelada de bosque, fauna y flora. Así, bocados de excavadoras y explosiones de dinamita hasta cavar en el mismo ombligo del planeta Tierra una fosa de casi dos kilómetros de diámetro y por lo menos 800 metros de profundidad.
¿Por qué un bombazo así a nuestro globo terráqueo? ¿Qué pretenden enterrar? ¿No temen que de su interior emane el fuego del averno y les carbonice? ¿Cavan su tumba? ¿No les asusta poder ser tragados en un pliegue del terreno?
No, el interés del capital y su necesidad de multiplicarse es tan intrépido como insensato y repugnante.
No, el capitalismo busca en Marte, en Plutón o en las profundidades del subsuelo cualquier cosa que le dé de comer. Ahora en Ecuador, es la atracción por el cobre lo que mueve su maquinaria pesada.
No, no hay barreras. Para la mina de cielo abierta El Mirador, el gobierno de Rafael Correa ha encontrado capital chino para la succión del cobre durante los próximos 25 años. Para el hambre campesina nunca se encuentra solución.
No, no les preocupan los problemas técnicos ni ecológicos para depositar las 26 mil toneladas de escombros que se producirán a diario, pues de entre ellas rescatarán 600 toneladas del cobre deseado. En total una montaña de material igual a 405 años de recolección de basura de Guayaquil, la ciudad más grande de Ecuador, para obtener unas 5 mil millones de libras de cobre.
No, no habrá sequías para que brote su metal. De los ríos del pueblo Shuar tomarán 120 litros de agua por segundo y la devolverán ácidamente contaminada; y los peces morirán; y la población enfermará.
No, sus corazones metálicos y fríos como el cobre, no sabrán nada de sequías río abajo. Sus camiones cargados del metal circularán entre la miseria recién nacida en el territorio.
Y 25 años después, cuando el cobre esté agotado (y el planeta anémico por la herida) entonces, como monumento a la codicia, la empresa minera hará del gran socavón un lago turístico donde los enriquecidos navegarán en sus lanchas fuera de borda. Y presumirán fachendas de una gran vista. Desde El Mirador otearán lo que fue la fabulosa Cordillera del Cóndor con sus árboles endémicos y su diversidad animal y vegetal. Pero no verán nada; será tan sólo y para siempre –gris e intoxicada– la Cordillera del Cobre.
Y este proyecto es apenas el primero de una larga lista de violentas acciones megamineras en contra de la naturaleza, impulsadas por el gobierno nacional de ese pequeño país andino, que se precia del ser el primero en el mundo por haber entendido constitucionalmente que la naturaleza es sujeto de derechos.
El pueblo ecuatoriano está en la calle, y clama que el agua vale más que el oro.
Gustavo Duch Guillot es coordinador de la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas.

Minería: entre el despojo capitalista y la resistencia popular


Francisco López Bárcenas · · · · ·

18/03/12


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Hace 11 años, en el municipio de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, comenzó la resistencia popular contra el despojo a la nación y los mexicanos por la gran industria minera. En 2001 los opositores a la minería a cielo abierto comenzaron la resistencia con un festival cultural y unas mesas de análisis sobre los problemas que la presencia de la minera New Gold-Minera San Xavier generaba entre ellos. Tal vez los organizadores de la resistencia ni lo imaginaron, pero al paso del tiempo terminaron convirtiéndose en uno de los referentes imprescindibles de la oposición a la actividad minera a gran escala, por los efectos tan negativos que deja entre la población de los alrededores donde se establece. Ahora, con la legitimidad que les da una década de lucha, se preparan para la realización del undécimo festival de la resistencia contra la actividad minera a gran escala, el cual está programado para realizarse el próximo sábado 17 del presente mes y al cual, además de comunidades de la región, esperan asistan opositores de otras latitudes del país.
Once años después de las primeras resistencias las condiciones son diferentes. En principio ya los efectos de la minería se dejan ver con más claridad. Uno de ellos es que los dueños de las minas se vuelven ricos a costa de la vida de los trabajadores. El ejemplo más claro es que Germán Larrea Mota Velasco, el principal accionista del consorcio minero Grupo México –el dueño de la mina Pasta de Conchos, colapsada por una explosión en febrero de 2006–, ocupa el cuarto lugar entre los multimillonarios mexicanos, y el 48 en el mundo, con una fortuna de 14 mil 200 millones de dólares. Esa es la cara bonita, la de los resultados alegres de la minería; la otra enseña los muertos por oponerse a esta actividad –Óscar Loredo, en Cerro de San Pedro, San Luis Potosí; Mariano Abarca Roblero, en Chicomuselo, Chiapas, y Bernardo Méndez, en San José del Progreso, Oaxaca, son casos emblemáticos–. Pero también están las muertes por enfermedades, la contaminación de las tierras y aguas, privándolos de los medios de subsistencia, devastación ambiental, afectación de la salud de las personas y la destrucción del entorno cultural.
No son los únicos que resisten, naturalmente. Por muchos puntos del territorio nacional la lucha antiminera crece y se fortalece. Son importantes las luchas de Chicomuselo, Chiapas; la de los opositores a la mina Caballo Blanco, en Veracruz; la de San José del Progreso y Capulalpan, en Oaxaca; la que se desarrolla en la región Costa-Montaña, en Guerrero; la de los huicholes en Jalisco, y varios municipios de Chihuahua, Sonora y Baja California, en el norte del país. Son la luchas antimineras más visibles, las que han trascendido el espacio local y sus voces inconformes son escuchadas mas allá de su localidad; la mayoría de ellas inclusive participan en la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Pero hay más, aunque no se vean. En el mismo estado de San Luis Potosí y su vecino Zacatecas existentes resistencias que no por pequeñas dejan de ser importantes. Hacia allá también se tienden caminos en este undécimo festival de la resistencia minera, para que su experiencia transcienda y abone a la lucha.
Entre los objetivos que los organizadores del encuentro se han fijado está propiciar la coordinación de los diversos movimientos que se oponen a los efectos nocivos de la gran minería, que es al mismo tiempo una lucha en defensa de la vida y el ambiente; también buscan que entre todos los asistentes se genere un diálogo en torno a las posibilidades de establecer lazos de apoyo y unidad entre todos aquellos que se oponen a la gran minería tóxica, para compartir conocimientos, recursos y experiencias que permitan que sus esfuerzos arrojen mejores resultados. Se trata de miras de alto vuelo, porque piensan que ya está más o menos claro el objetivo por el que se debe combatir, pero falta saber cómo se hará, no porque no haya ideas de cómo hacerlo, sino porque abundan, pues aunque los movimientos de resistencia comparten sus objetivos comunes, cada uno tiene sus propias dinámicas, de acuerdo con su tamaño, los recursos con que cuenta para moverse y las relaciones que logra establecer con diversos actores, entre otros factores. Ahí radica la importancia de este undécimo festival de la resistencia a la minería que el 17 de marzo se realizará en el Cerro de San Pedro. De ahí pueden surgir las ideas que permitan dar el gran salto hacia adelante en la lucha por la vida.

Francisco López Bárcenas  es un abogado mixteco, autor entre otros libros de: Muerte sin fin: crónicas de represión en la Región Mixteca oaxaqueña. Escribe regularmente columnas de análisis político en el diario mexicano de izquierda La Jornada.




La Jornada, 16 de marzo de 2012


sábado, 10 de marzo de 2012

Resistencias locales, movimientos globales




En junio de 2002, hace apenas 10 años, se realizó en Tambogrande (norte de Perú) la primera consulta popular de carácter comunal sobre la minería a gran escala en el mundo. Más de 90 por ciento de los votantes, unas 25 mil personas, rechazaron el proyecto para explotar oro, plata y zinc de la canadiense Manhattan; sólo 350 votaron a favor y no acudieron a votar apenas 6 por ciento de los habitantes. La consulta fue organizada por la municipalidad y su resultado fue interpretado como un triunfo de la agricultura campesina, que depende del agua para su sobrevivencia.
A la consulta en Tambogrande le siguió la de Esquel (sur de Argentina) en marzo de 2003, donde 80 por ciento se pronunció contra un proyecto de Meridian Gold para extraer oro, con el uso de cianuro. En junio de 2005 se realizó otro referendo en Sipacapa, Guatemala, con similar resultado. Estas consultas fueron la forma de lucha encontrada por las comunidades locales para romper el aislamiento y evitar que sus razones fueran ahogadas por el silencio oficial y de los medios. Hoy puede decirse que tuvieron un resultado más que exitoso.
En Perú, la resistencia a la minería condujo a la realización de la Marcha Nacional por el Derecho al Agua, en febrero, en la que confluyó el grueso del movimiento social peruano. En Argentina, la victoria de Esquel activó la creación de decenas de asambleas locales que se coordinan en la Unión de Asambleas Ciudadanas, que acaban de realizar su 18 encuentro en Mendoza. En Guatemala ya hay 56 municipios que se declararon libres de minería, por la formidable presión de la población. En Perú, Brasil y Chile la resistencia popular contra las megarrepresas hidroeléctricas sigue avanzando, y se entrelaza con la lucha contra la minería y los monocultivos.
Luego de más de una década de resistencias es posible establecer un patrón de acción de movimientos que han trascendido largamente lo local y se instalaron como las principales alternativas al modelo asentado en la expropiación de los bienes comunes. Es la movilización popular más importante desde la época de Fujimori, escribió Hugo Blanco, evaluando la Marcha del Agua (Lucha Indígena, febrero de 2012).
El primer rasgo de este patrón es que consiguieron un respaldo tan macizo y profundo entre las poblaciones locales que les permitió trascender el aislamiento y el hostigamiento. Buena parte de estas resistencias se hicieron fuertes al enraizarse en relaciones de carácter comunitario, lo que les permitió visibilizar la existencia de un conflicto entre grandes empresas multinacionales y comunidades locales que buscan asegurar su sobrevivencia. Apelaron a especialistas para traducir sus razones en el lenguaje de las clases medias urbanas y buscaron el paraguas protector de las instituciones y autoridades locales, que es lo que siempre hacen los oprimidos para legitimar sus demandas.
Aun cuando se movilizan pequeños grupos y hasta un puñado de personas, como sucede a menudo con las asambleas ciudadanas argentinas, la contumacia de las comunidades en movimiento les ha permitido neutralizar la criminalización de la protesta. Las comunidades locales están mostrado una novedosa capacidad de elaborar un discurso capaz de sintonizar con otras personas en los más remotos lugares, destacando que se trata de la defensa de la vida frente a la avaricia de la acumulación.
En segundo lugar, aunque la demanda sea estrictamente local, buscaron desde el comienzo tejer lazos con otros sectores sociales para ampliar el eco de sus luchas, y de ese modo comenzaron a tejer amplias alianzas regionales primero, nacionales después y ahora internacionales. La capacidad de romper el cerco informativo y político es lo que les ha permitido trascender la represión y conseguir masivos apoyos en las ciudades, algo que hasta ahora parecía difícil de conseguir.
Las formas de lucha, en tercer lugar, no son ni legales ni ilegales, ni pacíficas ni violentas, aunque hay de todos los tipos, sino sobre todo legítimas, tanto por las demandas como por la capacidad de los militantes de poner el cuerpo ante los gigantescos camiones de las empresas y los golpes de los policías. No hay contradicción entre la opción por las urnas en Tambogrande, o luego en Majaz (norte de Perú), y la contundente acción de los guerreros de Baguá en 2009, en la selva peruana.
En cuarto lugar, se registra la confluencia de los más diversos sectores sociales (como sucedió durante la marcha en defensa del TIPNIS en Bolivia en 2011, y en estos momentos en Aysén, en el sur de Chile) con la reactivación de los mecanismos internos tradicionales de los pueblos para tomar decisiones y garantizar su seguridad, como hicieron las rondas campesinas durante la reciente Marcha del Agua en Perú.
Por último, estamos ante una aceleración de los tiempos. En los primeros meses de este año se sucedieron la Marcha del Agua en Perú y el levantamiento de Aysén, que lleva ya tres semanas bloqueando puentes y carreteras, con una lista de 11 demandas, entre las que ocupa un lugar destacado la oposición a la represa Hidroaysén, mientras el pasado 8 de marzo comenzó la Marcha del Agua en Ecuador, que llegará el día 22 a Quito, luego de recorrer las tres regiones del país. Y ya se anuncia una nueva marcha en Bolivia para evitar que se imponga la carretera en el TIPNIS.
No estamos ante un conjunto de movilizaciones sino ante un movimiento contra las multinacionales y la especulación financiera, en defensa del agua, la vida y los pueblos. Es el más formidable, amplio y variopinto movimiento continental desde las luchas de las décadas de 1960 y 1970 y la resistencia a la primera fase del neoliberalismo en los 90. Este impresionante movimiento por los bienes comunes se registra tanto en países gobernados por la derecha como en los que tienen gobiernos de izquierda y progresistas. No es legítimo, por tanto, buscar excusas del estilo a quién benefician los movimientos para echar un manto de sombras sobre las luchas de los de abajo.

lunes, 5 de marzo de 2012

Editorial Los problemas de la gran minería Por: Elespectador.com


El miércoles de la semana pasada la Alianza Informativa de Caracol y El Espectador realizó un informe detallado respecto a las denuncias que la Contraloría General de la República viene haciendo sobre un asunto de vital importancia desde tres frentes: el desarrollo sostenible, la economía y los buenos avances de lo que Santos ha denominado como su locomotora de la minería.
Parafraseando un poco el título de aquella nota, no quisiéramos que esta locomotora estuviera fuera de sus rieles, como rueda suelta, ni tampoco que tenga un impacto muy grande y negativo sobre el medio ambiente y, por ende, en el desarrollo sostenible. Por eso causan preocupación los duros datos que expone la Contraloría. A ellos, cómo no, hay que volcarse para impedir que esta locomotora arrolle todo a su paso. El desarrollo no justifica el daño al entorno.
Entre otras cosas, llama mucho la atención una auditoría realizada a siete empresas del sector minero y energético y a una de extracción de metales preciosos, una de las cuales (Anglo Gold Ashanti) “ha venido generando incertidumbre porque sus proyectos en zonas de restricción ambiental están afectando las reservas de agua”, mientras que otras presentan deficiencias en materia de fiscalización, vigilancia y control por parte de las entidades estatales. No es concebible que con un tema tan delicado, la fiscalización de la producción de hidrocarburos esté limitada a que se aprueben unos informes hechos en períodos no muy estrictos por parte de las empresas encargadas de la explotación. Esto, dice el informe, junto con la evasión de los compromisos tributarios en detrimento del Estado.
Pero la mala hora que destaca la Contraloría no sólo se debe a las empresas. El Estado tiene también una responsabilidad muy grande en este asunto. El mismo ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas, afirma que en estos momentos se encuentran contratando dos firmas para realizar auditoría especializada, que apoyen la fiscalización. No es conveniente que un tema que se anunció desde el inicio de este gobierno despierte hasta ahora la preocupación en el Estado por hacerle una mayor veeduría. Es preocupante que, al mismo tiempo que avanza la actividad exploratoria, estén en supuesto peligro algunas zonas de reserva forestal y que no haya una fiscalización correcta. Un peligro ambiental y otro financiero, dos de las cosas que deberían estar sorteadas desde que se pensó en implementar esta política pública.
A los sectores que se oponen a la gran minería se los acusa muchas veces de ser una piedra en el zapato para el desarrollo. Se los acusa de no querer dejar avanzar al país. Quisiéramos, en primer lugar, que se cambiara esta visión. Si la minería representa para el país una fuente de desarrollo, bienvenida sea. No hay mejor momento para empezar que éste. Pero debe hacerse de manera responsable, sin reparos para frenar la actividad si se presenta algún riesgo ambiental en un país con tanta biodiversidad que proteger como Colombia. Si algo caracteriza al capitalismo sin límites, lo sabemos, es que no conoce otra cosa más que producir recursos económicos. Pero los otros recursos, vitales para el bienestar social (y ya no sólo el desarrollo), no pueden ser abandonados. La Constitución misma lo prevé en esa serie de artículos que los ambientalistas han dado en llamar la parte “ecológica” de la Carta Política. Un aplauso si para el 2011 Colombia alcanzó una cifra récord de producción de carbón (86 millones de toneladas), pero un grito de alerta muy grande si se logró bajo las denuncias que la Contraloría ha hecho. Y es algo tarde, lo sabemos, pero las alarmas hay que prenderlas ahora.

Las maniobras del rey Midas


Pocos minutos después de anunciar el advenimiento de una nueva fase del boom minero que supondrá la explotación de 2.9 millones de hectáreas, el presidente Juan Manuel Santos firmó el jueves 23 de febrero, en calidad de testigo principal, un pacto de honor a través del cual las 13 empresas más grandes del sector se comprometen a actuar con apego absoluto a la ley, a la ética y a la transparencia.

En primera fila de los compromisarios estaban los representantes de la multinacional Anglogold Ashanti, que desde su llegada a Colombia, en 2002, puntea en el ranking de titulación de tierras en zonas auríferas y tiene a su disposición cerca de 800 mil hectáreas.
 

Su inventario de tierras podría ser mayor, pero la propia
 empresa ha devuelto ocho millones de hectáreas que le fueron adjudicadas en los últimos años. De acuerdo con el Registro Minero Nacional del Servicio Geológico Colombiano, antiguo Ingeominas, cuenta en su patrimonio con 271 títulos.

Las adjudicaciones conseguidas por esta compañía de origen sudafricano le dan presencia en Tolima, Cauca, Nariño, Valle y la convierten prácticamente en la dueña de las que serían las vetas más ricas de Chocó. Sólo en este último departamento, tiene ‘escrituradas’ 181 mil 636 hectáreas, representadas en 47 títulos, y espera hacerse a otras 40 mil 813.


Pero aunque su situación es privilegiada, esta será la primera empresa que tendrá que demostrar su apego al pacto de honor suscrito en Cartagena.
 

Si lo hace, tendría que explicar varios temas. ¿Por qué fragmenta sus tierras?, ¿por qué usaempresas
 satélites dentro de su estructura organizacional? y ¿cuál es la fórmula para mantenerse a flote a pesar de que sus estados financieros reportan durante los últimos 10 años pérdidas que ya se aproximan al medio billón de pesos?



Un centavo para el peso

Enviados especiales de Dinero encontraron que en el Medio Atrato y Quibdó –concretamente en las cuencas de los ríos Beberá, Bebaramá y Neguá– están tituladas, en cabeza de Anglogold, 136 mil hectáreas. 

Las adjudicaciones tienen una particularidad: más del 70 por ciento de los predios están fragmentados en lotes que no superan individualmente las dos mil hectáreas.


Ese loteo le implica a la compañía un ahorro sustancial y al Estado colombiano un posible detrimento patrimonial. ¿Por qué?
 
El Código Minero (ley 685 de 2001) establece que los dueños de los títulos están obligados a pagar al antiguo Ingeominas una especie de arrendamiento llamado “canon superficiario”, cuyo propósito es impedir que los adjudicatarios conviertan los terrenos en lotes de engorde y se vean obligados a cumplir el compromiso de explotarlos.


La ley es clara y se reduce a aritmética simple. Quienes tengan de cero a  dos mil hectáreas pagarán el canon establecido para pequeños mineros que, en plata blanca, corresponde a un salario mínimo por hectárea al año. Los medianos, aquellos que poseen de dos mil a cinco mil hectáreas, desembolsarán el doble. Finalmente, los grandes, poseedores de más de cinco mil hectáreas, deberán girar la tarifa máxima: tres salarios mínimos por hectárea al año.


En estas condiciones, hay quienes estarían jugando a convertirse en pequeños mineros. Este podría ser el caso de Anglogold, que le estaría apostando a esa estrategia, pese a ser hoy la tercera multinacional minera más grande del mundo.
 

Un botón sirve de muestra. El 14 de marzo de 2006, en la zona chocoana de Tadó, la compañía hizo una operación de fragmentación: en lugar de pedir un único título sobre 26 mil hectáreas, solicitó 13 títulos cada uno de dos mil hectáreas, pese a tratarse de terrenos adyacentes.


El
 negocio resultó redondo. Con esa fragmentación, la empresa estaría pagando anualmente, en el caso de Tadó, un canon superficiario de mil 133 millones de pesos, cifra muy inferior a los cuatro mil 420 millones de pesos que debería desembolsar si hubiera pedido el bloque completo. 

El tema no es menor, pues sólo en el Pacífico la multinacional tiene cerca de 600 mil hectáreas en las que el loteo sigue siendo el denominador común.


Los perjuicios fiscales saltan a la vista. Según Myriam Lara, subdirectora de contratación y titulación minera del Servicio Geológico Colombiano, desde 2004 hasta el sol de hoy la entidad únicamente ha recibido de parte de Anglogold 25 mil millones de pesos, monto irrisorio, si se tiene en cuenta que, sin la fragmentación, habría tenido que pagar por lo menos siete veces más.


Cuentas de la empresa

Las cifras oficiales, sin embargo, no coinciden con las de la empresa, cuyo presidente, Rafael Herz, dice haber pagado más de 60 mil millones.

“¡Claro que nos gustaría recibir mucho más por concepto del canon!”, admite Arturo Romero, funcionario de la Subdirección de Fiscalización y Ordenamiento Minero.
 

“Pero la verdad –agrega– es que la ley no prohíbe la fragmentación de los títulos, así ustedes crean que esta se está dando entre empresas satélites. Como persona, eso me duele, pero como servidor público no puedo hacer nada distinto a admitir que hay vacíos legales y que al Código Minero le faltan dientes”.


Quienes se benefician con esos manejos aducen que la ley 1382 de 2010, modificatoria del Código Minero de 2001, no tiene en cuenta el pago del canon superficiario por el número de hectáreas. Pero olvidan que la reforma fue declarada inexequible por la Corte Constitucional.
 


Los satélites

Del total de las 181 mil 636 hectáreas que Anglogold Ashanti controla en Chocó, 125 mil 542 fueron solicitadas a nombre propio. Las 56 mil 94 restantes están hoy en cabeza de compañías con razones sociales distintas, pero que en realidad son satélites de la multinacional sudafricana.

Dentro de ese espacio satelital llaman la atención Exploraciones Chocó Colombia S.A.S., Cordillera Exploraciones Mineras S.A., en liquidación, y Anglo American Colombia Exploration S.A. Esta última tenía hasta hace seis años 50 por ciento de Anglogold Ashanti y, de ahí en adelante, redujo su participación hasta que en 2009 la vendió por completo.
 

La hermandad corporativa de Exploraciones Chocó con la Anglo se hace evidente cuando se comprueba que su sede de notificación tiene la misma
 dirección de la multinacional y sus correos electrónicos institucionales también coinciden.
 

Pero ahí no para todo. El 3 de enero de 2008 recibió más de 50 mil hectáreas así: dos títulos de 20 mil hectáreas en Quibdó, tres títulos que suman tres mil hectáreas en la misma ciudad y en el Medio Atrato y dos títulos que cubren siete mil hectáreas en Bagadó y Lloró.


Cordillera Exploraciones Mineras S.A., a su vez, utiliza títulos de exploración en las veredas El Veintiuno y la Cristalina. Varias fuentes consultadas en la región coinciden en que Anglo American Colombia Exploration S.A., por su parte, terminará vendiendo a Anglogold Ashanti buena parte de las 5.250 hectáreas que hoy tiene en el departamento.


Herz no niega la relación entre esas empresas. Según él, fueron concebidas para hacer acuerdos comerciales con terceros, disponer de una estructura operativa propia y para capitalizarlas de distintas maneras.
 
Insiste en que todos los recursos de estas organizaciones salen de Anglogold, que es “su mamá” (ver entrevista).


Expertos consultados dicen que la creación de tales firmas resulta inocua si su caja es común. El producto de esto es que el tamaño de las operaciones de la minera no son fácilmente identificables. ¿No estaría obligada la empresa a constituirse en grupo, como se lo ha exigido la Superintendencia de Sociedades a otras organizaciones similares?.


Secreto financiero

Del total de las 181 mil 636 hectáreas que Anglogold Ashanti controla en Chocó, 125 mil 542 fueron solicitadas a nombre propio. Las 56 mil 94 restantes están hoy en cabeza de compañías con razones sociales distintas, pero que en realidad son satélites de la multinacional sudafricana.

Dentro de ese espacio satelital llaman la atención Exploraciones Chocó Colombia S.A.S., Cordillera Exploraciones Mineras S.A., en liquidación, y Anglo American Colombia Exploration S.A. Esta última tenía hasta hace seis años 50 por ciento de Anglogold Ashanti y, de ahí en adelante, redujo su participación hasta que en 2009 la vendió por completo.
 

La hermandad corporativa de Exploraciones Chocó con la Anglo se hace evidente cuando se comprueba que su sede de notificación tiene la misma dirección de la multinacional y sus correos electrónicos institucionales también coinciden.
 

Pero ahí no para todo. El 3 de enero de 2008 recibió más de 50 mil hectáreas así: dos títulos de 20 mil hectáreas en Quibdó, tres títulos que suman tres mil hectáreas en la misma ciudad y en el Medio Atrato y dos títulos que cubren siete mil hectáreas en Bagadó y Lloró.


Cordillera Exploraciones Mineras S.A., a su vez, utiliza títulos de exploración en las veredas El Veintiuno y la Cristalina. Varias fuentes consultadas en la región coinciden en que Anglo American Colombia Exploration S.A., por su parte, terminará vendiendo a Anglogold Ashanti buena parte de las 5.250 hectáreas que hoy tiene en el departamento.


Herz no niega la relación entre esas empresas. Según él, fueron concebidas para hacer acuerdos comerciales con terceros, disponer de una estructura operativa propia y para capitalizarlas de distintas maneras.
 
Insiste en que todos los recursos de estas organizaciones salen de Anglogold, que es “su mamá” (ver entrevista).


Expertos consultados dicen que la creación de tales firmas resulta inocua si su caja es común. El producto de esto es que el tamaño de las operaciones de la minera no son fácilmente identificables. ¿No estaría obligada la empresa a constituirse en grupo, como se lo ha exigido la Superintendencia de Sociedades a otras organizaciones similares?.
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REVISTA DINERO