El miércoles de la semana pasada la Alianza Informativa de Caracol y El
Espectador realizó un informe detallado respecto a las denuncias que la
Contraloría General de la República viene haciendo sobre un asunto de vital
importancia desde tres frentes: el desarrollo sostenible, la economía y los
buenos avances de lo que Santos ha denominado como su locomotora de la minería.
Parafraseando un poco el título de aquella nota, no quisiéramos que esta
locomotora estuviera fuera de sus rieles, como rueda suelta, ni tampoco que
tenga un impacto muy grande y negativo sobre el medio ambiente y, por ende, en
el desarrollo sostenible. Por eso causan preocupación los duros datos que
expone la Contraloría. A ellos, cómo no, hay que volcarse para impedir que esta
locomotora arrolle todo a su paso. El desarrollo no justifica el daño al
entorno.
Entre otras cosas, llama mucho la atención una auditoría realizada a
siete empresas del sector minero y energético y a una de extracción de metales
preciosos, una de las cuales (Anglo Gold Ashanti) “ha venido generando
incertidumbre porque sus proyectos en zonas de restricción ambiental están
afectando las reservas de agua”, mientras que otras presentan deficiencias en
materia de fiscalización, vigilancia y control por parte de las entidades
estatales. No es concebible que con un tema tan delicado, la fiscalización de
la producción de hidrocarburos esté limitada a que se aprueben unos informes
hechos en períodos no muy estrictos por parte de las empresas encargadas de la
explotación. Esto, dice el informe, junto con la evasión de los compromisos
tributarios en detrimento del Estado.
Pero la mala hora que destaca la Contraloría no sólo se debe a las
empresas. El Estado tiene también una responsabilidad muy grande en este
asunto. El mismo ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas, afirma que en
estos momentos se encuentran contratando dos firmas para realizar auditoría
especializada, que apoyen la fiscalización. No es conveniente que un tema que
se anunció desde el inicio de este gobierno despierte hasta ahora la
preocupación en el Estado por hacerle una mayor veeduría. Es preocupante que,
al mismo tiempo que avanza la actividad exploratoria, estén en supuesto peligro
algunas zonas de reserva forestal y que no haya una fiscalización correcta. Un
peligro ambiental y otro financiero, dos de las cosas que deberían estar
sorteadas desde que se pensó en implementar esta política pública.
A los sectores que se oponen a la gran minería se los acusa muchas veces
de ser una piedra en el zapato para el desarrollo. Se los acusa de no querer
dejar avanzar al país. Quisiéramos, en primer lugar, que se cambiara esta
visión. Si la minería representa para el país una fuente de desarrollo,
bienvenida sea. No hay mejor momento para empezar que éste. Pero debe hacerse
de manera responsable, sin reparos para frenar la actividad si se presenta
algún riesgo ambiental en un país con tanta biodiversidad que proteger como
Colombia. Si algo caracteriza al capitalismo sin límites, lo sabemos, es que no
conoce otra cosa más que producir recursos económicos. Pero los otros recursos,
vitales para el bienestar social (y ya no sólo el desarrollo), no pueden ser
abandonados. La Constitución misma lo prevé en esa serie de artículos que los
ambientalistas han dado en llamar la parte “ecológica” de la Carta Política. Un
aplauso si para el 2011 Colombia alcanzó una cifra récord de producción de
carbón (86 millones de toneladas), pero un grito de alerta muy grande si se
logró bajo las denuncias que la Contraloría ha hecho. Y es algo tarde, lo
sabemos, pero las alarmas hay que prenderlas ahora.
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