sábado, 5 de septiembre de 2009

Se conocen detalles del ajuste a la sustracción de área concedida a AGA


NUEVO DÍA
Sábado 05 de Septiembre de 2009

Son varios los detalles que se conocieron recientemente sobre los alcances de la resolución con que hace poco más de 15 días el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo modificó el acto administrativo con que concedió a la firma minera Anglogold Ashanti, AGA, la sustracción de área en la reserva forestal central en Cajamarca.

Si bien las nuevas medidas adoptadas hicieron eco a las observaciones elevadas por la Procuraduría Ambiental y Agraria y Cortolima, quienes demandaron la resolución expedida a inicio de año, el Gobierno nacional no aceptó ninguno de los cuestionamientos.
Los mismos revelaban hechos extraños en la toma de la decisión por parte del Ministerio, notándose un cierto favorecimiento de éste hacia la actividad minera.
No obstante, la parte resolutiva impone pautas que permitirán un control al permiso concedido a AGA. Por ejemplo, la resolución anterior había dejado sin aclarar de manera específica el área.
En la modificación del pasado 14 de agosto, describe las coordenadas exactas de la sustracción, plasmadas en 11 páginas, pero deja sin resolver si la firma está en la obligación de demarcarlas por medio de mojones.

En blanco y negro

La Dirección de Ecosistemas del Ministerio de Ambiente argumentó para la reducción del área sustraída que la limitaron a una de menor impacto.
Pero accedió a la petición de AGA de instalar nuevas plataformas de exploración minera afectando especies vedadas, siempre y cuando pidiera a Cortolima, primero, la autorización para el levantamiento de la ­restricción.

Monitoreo

Un punto favorable dentro de la última resolución es que exigen a AGA contratar una universidad o entidad reconocida nacional o internacionalmente, para que diseñe y ejecute el programa de monitoreo ambiental.
Incluye el seguimiento por tres años a la revegetalización que deberá hacer la empresa, determinar la diversidad de especies y el monitoreo de aspectos hidroclimatológicos, entre otros temas.
El artículo Octavo de la Resolución refuerza la vigilancia anterior y regula la veeduría técnica que debe tener el proceso en Cajamarca.
Las calidades exigidas al órgano son altas y debe ser constituido por un grupo de investigación científica, que cuente con 10 años de experiencia y con miembros profesionales de doctorado o post-doctorado.

AGA debe presentar cronograma
La Dirección de Ecosistemas otorgó 15 días a Anglogold Ashanti para presentar un "cronograma detallado" que describa el plazo y desarrollo de cada una de las actividades de exploración en La Colosa.
Esto significa que, si no es interpuesto algún recurso de reposición contra la resolución, en los próximos días se conocerán los detalles de la operación de AGA, con base en los requisitos impuestos por las autoridades.

Procuraduría Ambiental habló duro
En la resolución del pasado 14 de agosto, la Dirección de Ecosistemas del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo resolvió cada uno de los fuertes cuestionamientos que hizo la procuradora Ambiental y Agraria, Maciel María Osorio Madiedo, al acto administrativo con que el Gobierno nacional concedió la extracción de área a la firma Anglogold Ashanti, AGA.
El ente de control advierte que no existirá un mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y mucho menos una oportunidad de desarrollo para la región, pues se afectarán las fuentes de agua y a uno de los distritos de riego más grandes del país, como lo es Usocoello.
Pero el Ministerio se defiende alegando que el líquido usado para la fase de exploración es mínimo, siendo preocupante que niegue también la nueva solicitud de la Procuraduría para que se le dé aplicación al principio de precaución, contemplado en la Ley 99, en vista del posible daño irreversible que causaría la intervención de la reserva forestal central.
El órgano fiscalizador es reiterativo en cuanto que la actividad exploratoria de la zona, así se desarrolle en excelentes condiciones técnicas, modificará aspectos geológicos, geotécnicos y morfológicos importantes.
De este modo, será el lugar de “larga e incierta recuperación”, pero el ente ambiental nacional le resta importancia al hecho aduciendo, de nuevo, que es solo una fase de exploración y que AGA tiene la obligación de restaurar el lugar.

Sin punto medio

De otro lado, La Procuraduría es clara al afirmar en el recurso interpuesto contra la sustracción de área, que en el tema no existe un “punto medio”.
“Es evidente que el Ministerio privilegió la explotación minera sobre la preservación de los recursos naturales, con la consecuente afectación de los Derechos colectivos de la totalidad de la población circundante a la zona”, aparece en el recurso.
Sobre lo anterior, vuelve la Dirección de Ecosistemas a apelar a que la resolución no es una licencia de explotación.

Ministerio se sale por la tangente
Otro punto expuesto por el ente de control es sobre la contradicción que existe al aprobarse la sustracción de área, cuando hay un proceso sancionatorio en curso contra AGA, en el mismo Ministerio, por explorar en Cajamarca sin tener permiso, señalando que con esto “se pretende la legalización de actuaciones vulneratorias de las normas ambientales” y hasta de los contratos de minería antes otorgados por Ingeominas.
El Ministerio usó un tecnicismo como salida; explicó que no deben confundirse los dos procesos administrativos, que los regula un marco normativo particular y lo resuelto en un caso no está sujeto a lo que se decida en otro y descarta que el proceso sancionatorio sea determinante para revocar o modificar la sustracción de área.

Cortolima
El Ministerio también desestimó los argumentos expuestos por Cortolima al resolver los puntos que plasmó en el recurso que interpuso contra la ­sustracción de área entregada a AGA.
La Corporación reseñó el incumplimiento de los términos de referencia para los estudios que debía entregar la firma minera; hecho del que advirtió Cortolima durante la audiencia pública efectuada en Cajamarca a inicio de 2009. La sustracción, agrega Cortolima, va en contravía de cinco acuerdos ambientales internacionales.

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