Afectan el Páramo de Guargua y de Laguna Verde, en Cundinamarca.
Por encontrarse expedidos en áreas protegidas o en zonas de páramos, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) presentó las primeras 29 demandas en contra de títulos mineros que identificó en su jurisdicción.
Se trata de contratos de concesión para la exploración de minas de carbón otorgados en su momento por la Agencia Nacional de Minería y el Servicio Geológico Colombiano (antes Ingeominas) y que hoy afectan el Páramo de Guargua y de Laguna Verde, en los municipios de Tausa, Cogua, Nemocón, La Calera, Soacha, Sutatausa, Cármen de Carupa, Cucunubá y Suesca.
Con este paquete de demandas que cursa desde el pasado 29 de mayo en la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la CAR busca la declaración de nulidad absoluta de tales contratos. En total, serán 216 acciones de este tipo que la autoridad ambiental tiene previsto promover en los próximos meses contra títulos expedidos en áreas incompatibles con la minería y que han sido identificados en todo el departamento.
De acuerdo con Alfred Ballesteros, director de la CAR, este hallazgo evidencia la desarticulación y la incoherencia que se da entre las actuaciones de las autoridades mineras y ambientales.
"El código minero no establece que para expedir un título o contrato de concesión deba pedirse antes el concepto de la autoridad ambiental sobre el terreno solicitado. Tampoco tiene en cuenta la cartografía elaborada por la autoridad ambiental para las áreas protegidas o de reserva por lo que entrega el título sin importar para que zona se va a usar", sostuvo Ballesteros.
El problema reside en que una vez obtienen el título que solo es de exploración, muchos de los mineros inician la explotación de la zona sin contar con la licencia ambiental, por lo que la actividad se torna ilegal.
"Estamos investigando el impacto ambiental generado por esta situación en las zonas identificadas. Ya iniciamos un proceso de evaluación sancionatorio que podría culminar con multas de hasta 5 mil salarios mínimos legales vigentes", señaló Ballesteros.
El director de la CAR hizo un llamado para que se empiece a trabajar en la modificación del artículo 48 del código minero de modo que antes de que se otorgue un título se verifique si la zona requerida tiene algún tipo de restricción ambiental.
De otra parte se anunció el inicio del proyecto piloto del Esquema de Pagos por Servicios Ambientales, una estrategia que busca que los campesinos que viven en áreas protegidas abandonen sus actividades agrícolas y se dediquen a cuidar el medio ambiente. De esta forma, se les pagará una suma de dinero proporcional a las utilidades que obtenían por hectárea de cultivo.
El programa iniciará en los Páramos de Guerrero (Zipaquirá, Cogua y Tausa) y en el Páramo de Rabanal (Gachetá y Lenguazaque) y se tienen destinados recursos que ascienden a los 4 mil millones de pesos.
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