domingo, 30 de septiembre de 2012

Marcha Carnaval: multitud contra la megaminería


Carlos Alberto Duque García, Administrador de Empresas y activista ambiental
José Ramiro Gálvez Aldana, Economista y docente Universidad del Tolima

Un verdadero “tsunami” humano alimentado con la energía de 30.000 ciudadanos  colmó las calles de Ibagué el pasado 5 de junio durante la  tercera “marcha carnaval” convocada por el  Comité Ambiental en Defensa de la Vida del Tolima (CADVT)  en contra del proyecto de megaminería a cielo abierto conocido como “La Colosa”. La combativa multitud se nutrió  de marchantes provenientes de Ibagué, Cajamarca, Anaime, Coello, Espinal y Chicoral entre otras ciudades que- en un ambiente festivo y pacífico- hicieron colapsar el tráfico y el comercio de la zona céntrica de la ciudad por más de cuatro horas. Aunque el emprendimiento minero se encuentra aún en etapa de “exploración”, el movimiento social-ambiental no se ha quedado cruzado de brazos esperando una decisión final por parte del Ministerio del Medio Ambiente  y se ha lanzado a la educación y movilización de la ciudadanía.
La nota predominante de la jornada la constituyó la hegemónica presencia de la juventud, quien con su inteligencia, combatividad y energía creativa ha logrado ponerse a la vanguardia de la lucha contra el inmenso peligro que acecha a la región. También lo hicieron trabajadores, desempleados, campesinos, maestros, representantes de organizaciones LGTBi, sindicatos, partidos y amas de casa. Por primera vez- y como fruto de la presión popular- hicieron presencia también delegaciones del Concejo Municipal de Ibagué y de la Asamblea Departamental. Es de resaltar que en una ciudad de provincia, sin una larga tradición de luchas obreras o populares fuertes (a diferencia de ciudades como Bogotá, Medellín o Cali), con altísimos niveles de desempleo e informalidad, la respuesta masiva de 30.000 marchantes (aproximadamente el 5,5 % de la población total del municipio) es el equivalente relativo a una marcha de por lo menos 380.000 personas en una ciudad como Bogotá. ¿Qué fue lo que motivo tal respuesta popular?
La multinacional de origen sudafricano Anglo Gold Ashanti (AGA), gestora del proyecto, pretende extraer en un área cercana a la localidad de Cajamarca  —ubicada  en plena zona de reserva forestal central en el corazón de la cordillera de los Andes— 24 millones de onzas de oro en un lapso de entre 15 y 20 años. El  proyecto extractivista afectaría más de 100 afluentes de la región, particularmente el rio Bermellón que desemboca en el rio Coello, fuente de aprovisionamiento de acueductos de municipios tan importantes como Chicoral, Espinal, Coello y Flandes; y fuente de abastecimiento del sistema de riego más grande del país: USOCOELLO.  La competencia por el intenso uso del agua asociada a la explotación minera, agudizaría las ya difíciles circunstancias por las que atraviesa el suministro destinado al consumo humano y otros menesteres más importantes que la minería. La experiencia en diversas partes del mundo donde se practica megaminería a cielo abierto muestra que las cantidades de agua consumidas por hora son equivalentes al agua consumida por una familia durante toda su vida.
Pero la problemática socio-ambiental es mucho más amplia. Uno de los factores que más preocupa a los tolimenses ha sido el otorgamiento de títulos mineros sobre la importante cuenca del rio Combeima, incluida la bocatoma de los principales acueductos que surten de agua la ciudad capital donde AGA poseía (al año 2011) 5.816 hectáreas en títulos mineros otorgados. El Gobierno Nacional, en una actitud irresponsable, ha decidido concesionar en favor de AGA más de dos decenas de títulos sobre la frágil cuenca encargada de suministrar el líquido vital a cerca de 600.000 habitantes.
El proyecto megaminero había sido anunciado con “bombo y platillo” de mano del presidente internacional de AGA, por el presidente Uribe en 2007. La compañía minera inició trabajos de exploración sin siquiera contar con la licencia que la legislación colombiana exige para el efecto. En el contexto de la mal llamada “confianza inversionista”, el yacimiento fue señalado ante los medios  como el segundo yacimiento más grande del planeta, guardándose muy bien de ocultar el carácter devastador de este tipo de emprendimientos. El ascenso vertiginoso a nivel internacional de los precios del oro, que se ha convertido en reserva de valor por excelencia de cara a la agudización de la crisis económica mundial, constituye uno de los factores que más estimula la codicia del gran capital, fijando sus ojos sobre la riqueza minera colombiana y continental. 
La ciudanía tolimense ha sido ampliamente informada por el CADVT acerca del gran riesgo al cual sería sometida, en caso de que AGA logre la licencia de explotación de manos del Gobierno Santos. El movimiento socio-ambiental ha logrado advertir mediante una exitosa campaña de educación y movilización, acerca del peligro que representan mega proyectos de “minería a cielo abierto por lixiviación con cianuro”, como el que se pretende adelantar en “La Colosa”. Allí no sólo la capa superficial de la tierra y la vegetación serán removidas con devastadores impactos sobre el agua y la biodiversidad, que caracterizan la zona, sino que mediante el uso de modernos equipos de excavación, cintas transportadoras, gran maquinaria y explosivos derribarán montañas enteras, dejando como secuela una sucesión de inmensos cráteres y escombreras contaminadas.
Otra de las preocupaciones ciudadanas discurre sobre los delicados impactos que sobre la salud humana y animal puede generar el uso intensivo de grandes cantidades de cianuro, sustancia tóxica con gran riesgo de contaminación de los cuerpos de agua. La quebrada topografía de la región y la cercanía del activo e imprevisible volcán “Cerro Machín”, que se encuentra a 7 kilómetros en línea recta desde la ciudad de Cajamarca, acentúan el peligro de que un accidente o negligencia humana pueda terminar en desastres apocalípticos como los acaecidos en otras latitudes como Bhopal (India) en 1984, cuando una fuga de 42 toneladas de isocianato de metilo en una fábrica de pesticidas, propiedad de la multinacional Unión Carbide, ocasionó la muerte directa de cerca de 20.000 habitantes, o el caso del desastre  mega ambiental generado por el petrolero Exxon Valdés en 1989, propiedad de la multinacional Exxon Mobil, que tras encallar en la costa de Alaska derramó 40.000 metros cúbicos de petróleo o, el más reciente en abril de 2010, de la fuga de miles de toneladas de petróleo crudo a cargo de la británica BP, con irreversibles efectos medioambientales en el golfo de México.
Estos antecedentes y la total falta de certeza acerca de los riesgos implícitos en un megaproyecto como “La Colosa” obliga a los tolimenses y colombianos a luchar por la aplicación del principio de “precaución” consagrado en la constitución y legislación colombianas, lo cual debe conducir al rechazo de la solicitud de licencia de explotación en  favor de AGA. 
Ahora bien, el Gobierno del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, lejos de oponerse a esta amenaza, no ha hecho más que promoverla  mediante el impulso al extractivismo como una de las principales banderas de su política económica. La metáfora de la “locomotora minera” es ilustrativa acerca de las verdaderas intenciones del actual régimen. Como en otros países del continente expuestos a las presiones de las compañías multinacionales, en Colombia el Gobierno pretende sustituir el mediocre desempeño de otros sectores productivos con el crecimiento acelerado de la megaminería. El movimiento social-ambiental no sólo debe vérselas con las poderosas compañías mineras sino también con sus socios gubernamentales, dispuestos a entregar las riquezas nacionales sin parar mientes en el alto costo social y ambiental que representan.
La lucha del pueblo Colombiano en contra de los megaproyectos extractivistas no constituye una rareza en Colombia ni en el continente latinoamericano. El desarrollo de miles de conflictos medioambientales a lo largo y ancho de la región no es más que una manifestación en contra de la gran ofensiva del capital trasnacional,  que ha decidido dar un gran salto adelante en busca de proyectos que permitan superar la crisis de sobreacumulación y rentabilidad que hunde al capitalismo mundial  en la hora actual. Multitudes de trabajadores y pobladores movilizados en países como Perú, Argentina, Bolivia, Ecuador, Chile y Centroamérica desbrozan el camino por el cual debe transitar el movimiento social-ambiental de América.
No obstante el inmenso poder de los enemigos a enfrentar, vale la pena resaltar la exitosa experiencia de nuestros compatriotas del Departamento de Santander, quienes en un frente único de lucha lograron unir a todas las organizaciones  sociales, cívicas, políticas, académicas, gubernamentales y gremiales de la región en una gran lucha por la defensa del agua y en contra del proyecto megaminero “Angostura”  que, representando los intereses de la multinacional minera canadiense Greystar  Resources, amenazaba las fuentes de agua ubicadas en el páramo de Santurban;  de donde  se surten más de 2 millones de habitantes de la meseta de Bucaramanga. Tras numerosas y multitudinarias manifestaciones cívicas en contra de los intereses de la compañía minera, el ministerio del Medio Ambiente optó por negar la licencia de explotación a Greystar.
El movimiento ambientalista del Tolima —consciente del compromiso del Gobierno Santos con las multinacionales mineras—  ha desarrollado un plan de lucha asentado en la participación activa y consciente de las masas populares. En esa perspectiva es preciso  incorporar a la discusión la eventual convocatoria de un Congreso de Organizaciones Sociales y Populares del Departamento (y del país) con el propósito de debatir la propuesta de organizar un Gran Paro Cívico Regional, que canalice  la indignación del pueblo Tolimense para golpear y aplastar los intentos ecocidas del gran capital. La formidable resistencia popular en el Perú, en la provincia de Cajamarca,  contra similares ambiciones extractivistas y que, al momento de escribir estas líneas, se consolida con un prolongado paro regional –que mantiene acorralado al gobierno del presidente Humala-  muestra la importancia de unificar fuerzas a nivel regional, nacional y la más amplia solidaridad internacional.
Julio 11 de 2012

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada