Diciembre 31 de 2009.
Declaración de Izquierda Anticapitalista.
El resultado de la Cumbre de Copenhague es un fracaso para sus organizadores y una mala noticia para la humanidad. El documento Acuerdo de Copenhague, conocido comos los “papeles de Obama”, es la plasmación de una criminal no-decisión sobre las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Los efectos negativos de la Cumbre afectan al conjunto de la sociedad, pero su impacto inmediato es diferente para pobres y ricos. El razonamiento sobre la cuestión climática en términos de la “alta” geopolítica –que identifica gobernantes, países y pueblos- solo sirve para encubrir los motivos del desastre actual y las raíces materiales y sociales de este modelo económico insostenible, lo que, por tanto, impide identificar adecuadamente responsables y víctimas.
Gobernantes irresponsables
La reunión de Copenhague se puede narrar con dos palabras: fracaso y estafa. Para los jefes de los gobiernos allí reunidos el resultado de la Cumbre es un rotundo fracaso político y diplomático. No han guardado ni las formas. No son capaces de acordar soluciones conjuntas ante el calentamiento. No logran ocultar que la crisis económica exacerbó la competencia capitalista y el nacionalismo gubernamental. No tienen reparo en mostrar que todos ellos se pliegan a los dictados de los gobernantes de EE UU y China. Esta es la nueva realpolitik del siglo XXI.
El Acuerdo de Copenhague es un triste papel declarativo y una tabla en blanco en la que cada gobierno deberá rellenar, antes del próximo 1 de febrero, el hueco con sus propósitos. La parte declarativa es inconsistente e incoherente hasta constituir una tomadura de pelo. Los gobernantes que suscriben el “papel de Obama”, como se le ha denominado con razón, afirman lo obvio: “el cambio climático constituye uno de los mayores desafíos de nuestra época” y que es necesario que el aumento de la temperatura media planetaria se sitúe “por debajo de 2ºC” para lo que es necesario realizar “reducciones drásticas de las emisiones conforme al cuarto informe del IPCC”.
Los gobernantes no han establecido objetivos de reducción de emisiones concretos, cuantificados, mensurables y evaluables, ni se han planteado plazos temporales para conseguirlos, ni han acordado un año base de referencia para comparar la evolución. Todo ello impide la evaluación de las políticas. Lógico, porque lo que no ha habido es propuesta política alguna. Los “lideres mundiales” no adoptaron una sola medida acorde con las previsiones, escenarios y conclusiones de los climatólogos quienes aconsejaban al menos el 40% de reducción en 2020 y el 95% de reducción en 2050 en los países desarrollados –responsables principales del calentamiento con una contribución que supera el 70%- para lograr una reducción del 80% de las emisiones mundiales antes de cuarenta años. La reducción propuesta por los expertos no es arbitraria ni banal, con ella pretenden que no se supere la concentración de 450 partes por millón de CO2 en la atmósfera que nos conduciría al fatídico aumento de 2º C en la temperatura media del planeta, lo que generaría procesos climáticos en cadena de diferente signo y con efectos devastadores.
Uno de los pretendidos “logros” de la Cumbre ha sido la promesa, por parte de las potencias industriales consolidadas y de los países emergentes, de financiación a los países empobrecidos con el fin de ayudarlos a adoptar medidas de mitigación y adaptación, posibilitando así un desarrollo no contaminante. Pero esa promesa dineraria no se concreta en compromisos precisos por parte de los países donantes, ni se determinan los criterios de selección de los países receptores ni los de asignación de recursos. Tampoco se definen las fuentes de financiación ni el carácter público o privado de las mismas. Las cifras del “compromiso” son: 10.000 millones de dólares anuales durante los 3 próximos años hasta llegar en el 2020 a crear un fondo de 100.000 millones de dólares anuales, o sea, unos 70.000 millones de euros. La cifra, por grande que parezca, y comparándola con la movilización financiera para sufragar el rescate de los bancos en crisis o las guerras de Afganistán e Irak, resulta insuficiente y ridícula. Además, las propuestas monetarias de los países donantes, al igual que las propuestas de reducción de emisiones, se harán directamente a Naciones Unidas, que respetará la “soberanía nacional” y no podrá ejercer control alguno. Sin embargo, las acciones de reducción que se hagan con dinero internacional sí que estarán sujetas a un completo sistema de comprobación. Quien paga, manda.
Las propuestas de acuerdo que existían sobre la mesa eran insuficientes para erradicar el problema -y algunas directamente negativas social y ambientalmente-, pero la situación actual de inacción supone, incluso, un mal mayor. La peor de las soluciones es la que han adoptado: no hacer nada para detener el calentamiento.
Perdedores y víctimas
Para las expectativas depositadas por numerosas organizaciones sociales y ecologistas en la Cumbre, esta ha resultado una estafa. Mucha gente todavía confiaba en los gobiernos allí reunidos. Los “líderes” mundiales han demostrado ser un atajo de inútiles al servicio del capital, de quienes no nos podemos fiar ya que nos llevan al abismo climático.
El cambio climático pone en riesgo las bases materiales de existencia de los seres humanos. Por ello, los grandes perdedores del resultado de la Cumbre no estaban en la sala de reunión, son los pueblos, las gentes, la humanidad. Contra ellos se ha cometido una felonía. En el conjunto del planeta están modificándose de forma acelerada los patrones epidemiológicos a causa de los cambios en los ecosistemas, lo que redundará muy negativamente en la salud pública.
En este momento ya existen millones de refugiados climáticos. El calentamiento está originando desde hace años disturbios climáticos que provocan agudos problemas que de no detenerse pueden originar una crisis alimentaria y productiva mucho más grave y duradera que la crisis financiera que comenzó en 2008. Los disturbios climáticos están produciendo crisis económicas, pérdida de recursos, hambrunas y muerte en amplias zonas del planeta, tanto costeras –cada vez más inundables- como del interior de los continentes –cada vez más secos-. Los efectos del calentamiento son ya especialmente agudos, dramáticos y visibles en países empobrecidos; pero sus impactos económicos negativos en breve comenzarán a sentirse también en los países industrializados.
Cambio de época
La crisis económica mundial modificó las condiciones anteriores en múltiples dimensiones, y también respecto a la cuestión climática. Ante la crisis se podía considerar el reto climático como parte de la solución, como posible factor coadyuvante para la salida de la misma. Pero esta no ha sido la opción adoptada. Ello no es casualidad, porque esa opción hubiera requerido atribuir al capital una racionalidad estratégica incompatible con su comportamiento cortoplacista. Para los capitales ociosos y disponibles tras el estallido de las burbujas del siglo XXI (tecnológica, del crudo, de la construcción y financiera) el objetivo es maximizar la tasa de ganancia en el más breve plazo de tiempo y con el menor riesgo posible. Se ha pasado de aceptar el reparto de las migajas para calmar a los “alarmistas” del clima a cerrar el grifo en espera de que el temporal escampe.
En este momento vuelven los discursos del crecimiento sostenido frente a los del desarrollo sostenible. Durante un corto periodo de tiempo fue tomando posiciones la idea de una reconversión ecológica de la economía con el objetivo de hacerla ambientalmente sostenible y socialmente justa. Pero en este momento se vuelve, con los gobiernos de los dos países con mayor número de emisiones de GEI, China y EE UU a la cabeza, al manido e incoherente discurso de inscribir las preocupaciones ecológicas en los mecanismos de crecimiento. Una contradicción en los términos.
Los gobiernos de Japón y la UE tienen ahora la oportunidad de apostar -aunque sea en solitario- por las medidas que anunciaron iban a adoptar; aunque insuficientes, esas medidas suponen quebrar el consenso actual de la inacción. En el caso del gobierno español, la posición mantenida en la Cumbre por una ministra que en nada atiende las cuestiones ambientales y que tiene la osadía de culpabilizar a los dirigentes del ALBA –que jugaron un papel secundario- del fracaso de la cumbre y renegar de la participación de las ONG en el evento, fue marginal y secundaria. Participación acorde con la falta de esfuerzo efectivo por adoptar medidas eficaces en el Estado español contra el cambio climático.
El castillo de naipes de la “gobernanza” fue a tierra
Durante unos años se pudo creer (y vivir) en una suerte de ficción en la que las ONG, particularmente las ecologistas y las de desarrollo, iban a jugar un papel importante en la creación de líneas de trabajo y de políticas gubernamentales. Eso ha terminado: la arquitectura institucional sobre el clima de Naciones Unidas ha implosionado. No ha sido desbordada por el movimiento social, simplemente ha caído bajo los efectos combinados de la entrada en escena de nuevos protagonistas gubernamentales y de la crisis económica mundial.
Terminó la época idílica de la buena “gobernanza” con activa participación de la denominada -en la jerga de las jet-cumbres- “sociedad civil”, en un supuesto papel de observadora y garante de transparencia de los debates, aunque en realidad funcionaba como compañera de viaje de los amos y legitimadora de las decisiones de los gobernantes.
La represión callejera y el desalojo de los activistas previamente acreditados de las salas de reunión por “desorganización” de la organización formaban parte del nuevo escenario. Hoy como siempre, los poderosos solo pueden imponerse recurriendo al engaño y/o la fuerza. Y junto a la marginación de los testigos incómodos y la represión, debe imponerse el secretismo para que la diplomacia pueda hablar tranquilamente a puerta cerrada. Por ello exigimos la inmediata liberación sin cargos de las personas encarceladas en la prisión danesa de Vestre Faengsel y otras, como es el caso del director de Greenpeace España, Juantxo López de Urralde y de tres compañeros suyos por exhibir una pancarta así como de los jóvenes del black block y otros cortejos que fueron detenidos en las calles de forma “preventiva” y arbitraria.
La táctica de actuación de la “sociedad civil” en forma de lobby de presión sobre los “decisores” ya no tiene espacio en la nueva realidad post-Copenhague. Hoy más que nunca es bueno seguir el viejo instinto libertario: Desconfiemos de los gobernantes. No necesitamos líderes, necesitamos pueblo.
La adopción de medidas es urgente y debe tenerse presente que, incluso en el caso de adoptarse las correctas a fecha de hoy –cosa ya descartada-, el calentamiento seguirá su curso durante un tiempo, ya que existe una inercia climática derivada de la acumulación ya existente de GEI en la atmósfera. Es tiempo de tomar medidas frente al fiasco porque lo que no hay es tiempo de espera.
En Dinamarca se han reunido los componentes sindicales, campesinos, ecologistas, feministas, altermundistas, antiglobalización, etc. que pueden configurar una nueva red alternativa con renovada capacidad de organización, propuesta y movilización. Es urgente crear una amplia alianza mundial capaz de impulsar un gran movimiento social que imponga a los dirigentes mundiales las exigencias de los pueblos a favor de medidas reales contra las emisiones de GEI.
Desde la izquierda hay que asegurar que el proceso de descarbonización se efectúa mediante una transición justa, que permita defender el empleo, las conquistas y los derechos de las clases trabajadoras en los sectores que se vean afectados por la reconversión ambiental. Asimismo, la transición justa tiene una dimensión internacional: los países empobrecidos deberán contar con los apoyos internacionales suficientes para obtener su bienestar y contribuir al cambio de modelo productivo. La justicia social tiene hoy una dimensión central: la justicia ambiental a escala nacional y mundial.
Ello implica la prohibición de emisiones a fecha fija y la apuesta por una economía descarbonizada basada en las energías renovables, el transporte sostenible -público colectivo y no contaminante-, el ahorro y la eficiencia energética. Ello solo será posible si, a la par que lucha por el clima, el movimiento social se enfrenta al capitalismo cuyo motor es el beneficio privado y sus combustibles el carbón y el petróleo.
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