Excelente el artículo de Rodrigo Uprimny del domingo pasado, titulado “Precaución con el ‘fracking’”. Hace síntesis de los escritos previos de especialistas y sustenta el argumento jurídico según el cual “conforme al principio de precaución, el Gobierno debería reconsiderar su decisión de utilizar el fracking”.
Por: Juan Pablo Ruiz Soto
A lo dicho por Uprimny desde el punto de vista jurídico no hay nada más que agregar. El Gobierno reconsidera su decisión de manera inmediata y voluntaria o tendrá que hacerlo mediante proceso jurídico que será mucho más costoso para todos, Gobierno, Ecopetrol, sector privado y sociedad civil. Todos pagaremos los costos del reversazo del Gobierno, por su error de aprobar el uso de esta tecnología. Se debe suspender la autorización al fracking lo antes posible, cuanto más avance el proceso será peor y resultará más costoso pararlo.
Un punto crítico es que el Gobierno Nacional parece no aprender de sus errores y minería e hidrocarburos son los sectores donde con mayor frecuencia ensaya y yerra. Primero se aventuró de manera temeraria a impulsar la minería, antes de desarrollar la capacidad institucional para garantizarle al país que la extracción de sus recursos naturales no renovables generaría el máximo beneficio social y económico, con el mínimo impacto ambiental. En 10 años, multiplicó por 40 el área con título minero. En 2011, en lugar de declarar una moratoria para el trámite de títulos mineros y la emisión de licencias ambientales, dada la incapacidad institucional para hacer seguimiento a los proyectos en ejecución, el Plan Nacional de Desarrollo convirtió la minería en su locomotora. Su actividad aumentó y se convirtió en un loco-motor. Mientras este loco-motor se movía, entre 2010-2014, el Gobierno tuvo que desarrollar la institucionalidad del sector minero con la creación de la Agencia Nacional de Minería, el cambio de la naturaleza jurídica del Ingeominas que pasó a ser un instituto científico y técnico, el Servicio Geológico Colombiano. También tuvo que fortalecer la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y crear una oficina de asuntos ambientales y sociales en el Ministerio de Minas y Energía. Simultáneamente, resucitó el Ministerio de Ambiente, creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la Agenda Interministerial Ambiental Minera.
Con retraso, elaboró y aprobó el Plan Nacional de Ordenamiento Minero (PNOM), que propone enmiendas, pero que aún no ha sido implementado, y está formulando del Plan Nacional de Desarrollo Minero. Vendrán más reformas y ajustes; el ingreso de Colombia a la OCDE exige seguir las directrices de esta organización sobre minería libre de conflicto y asociada con el crecimiento verde.
Hubiese resultado menos costoso y más eficiente adelantar los ajustes institucionales de manera ordenada y no en respuesta a las múltiples crisis sociales, económicas y ambientales que ha vivido y provocado el loco-motor minero en los últimos 4 años. Paremos el fracking, antes de que resulte más costoso, pues de todas maneras hay que pararlo. No se puede seguir improvisando, ahora la sociedad civil protesta, se organiza y exige el cumplimiento de la ley.
No hay comentarios:
Publicar un comentario