Bogotá,
septiembre 9 de 2014
Juan Pablo Ruiz
Representante por los ambientalistas
Consejo Nacional de Planificación
Referencia:
Aspectos ambientales en el Plan Nacional de Desarrollo PND 2014-2018
Apreciado Juan
Pablo:
Han corrido
cuarenta años desde la expedición del Decreto-Ley 2811 de 1994, cuando la
mayoría de la población actual de Colombia
no había nacido (36 de 46 millones de habitantes) y aún lo ambiental
continúa relegado a un lugar secundario en el Plan Nacional de Desarrollo.
Cuando en los inicios de la década de 1990 confluyeron tres procesos que
recogieron a nivel legal e institucional aspiraciones de los ambientalistas y
del movimiento ambiental a nivel nacional e internacional, como fueron la
Constitución de 1991, la Cumbre de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y
Desarrollo de Río 1992 y todo el proceso de debates internacionales que la
precedieron, así como la promulgación de la Ley 99 de 1993 que creó el
Ministerio de Medio Ambiente, el Sistema Nacional Ambiental y los principios
básicos de las políticas ambientales en su Artículo 1ro. Las esperanzas de
inscribir definitivamente lo ambiental en el eje de los planes de desarrollo nacional,
regional y local estaban en su pico más alto. Sin embargo, los procesos de
liberalización de la economía y los tratados comerciales durante las últimas
décadas, fueron abriendo un gran abismo para que en él sucumbieran los intentos
de orientar la economía hacia la sustentabilidad ecológica, económica y social
que caracteriza el paradigma ambiental.
Lo que se dio
durante la década de 1990, cuando los recursos económicos para el sector
ambiental crecieron, fueron por un lado las
leves conquistas en materia de incremento de áreas protegidas y reconocimiento
legal de los derechos de los pueblos indígenas y negros sobre sus territorios y
por otro el desconocimiento de los
derechos territoriales de los campesinos que representan la mayoría de la
población rural colombiana. Hemos vivido en la realidad cotidiana un permanente
desconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos ancestrales, a
pesar de su reconocimiento legal y los instrumentos de consulta previa, un
incremento de la ocupación y degradación de sus territorios por los grandes
poderes económicos extractivistas, que no solamente han afectado ecológicamente
a estos, sino que han colocado a cientos de pueblos indígenas y afrodescendientes
al borde de la extinción, cuando no a la miseria y al desplazamiento forzado como
efecto del conflicto armado que no es ajeno a esos procesos de ocupación
territorial por los pulpos de la energía, la agroindustria de biocombustibles,
las actividades petroleras y mineras. No es gratuito que el Atlas Mundial de
Conflictos Ambientales coloque a Colombia en un crítico, por decir lo menos,
segundo lugar en el mundo en estos conflictos. El gobierno ha venido mostrando
que fortalece el Sistema Nacional Ambiental con entidades como la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Si, es cierto que existe un
fortalecimiento de esta y otras entidades como el IDEAM y El Instituto von
Humboldt, pero contradictoriamente han sido estas entidades las primeros en salir en defensa de las
petroleras en la última crisis ambiental, ocasionada por la sequía en el
departamento de Casanare, y son mudos,
indiferentes o ausentes frente a la degradación creciente del Río Grande la Magdalena,
corazón de Colombia, tal como lo hemos venido conociendo con dolor de nación,
cuando los últimos años hemos recorrido esta arteria fluvial, metro a metro
desde La Dorada hasta Bocas de Ceniza.
El aparato
institucional que constituye el SINA no ha logrado parar los procesos de
deforestación, contaminación y degradación de los recursos hídricos,
destrucción y saqueo de la biodiversidad y pobreza de las poblaciones rurales,
aun cuando se han gastado inmensas sumas de dinero en procesos de
reforestación, estudios ecológicos y ambientales , sin planificación y en medio
de una tendencia creciente en todo el aparato del Estado hacia la dilapidación
de los recursos públicos por la corrupción público-privada. Ejemplo de ello son
los 100 millones de dólares gastados en el cuatrenio 1998-2002 en reforestación
sin que haya surgido algún bosque o recuperación de microcuenca alguna como
producto de estas inversiones ambientales. En el distrito capital los últimos
veinte años se han gastado cerca de 10 billones de pesos en el sector ambiental
sin resultados satisfactorios a la vista
y la CAR a pesar de los abundantes recursos económicos invertidos, como
autoridad ambiental regional no ha entregado resultados en la descontaminación
del río Bogotá y recuperación de su cuenca hidrográfica.
La realidad de
las zonas rurales, donde reposan los principales recursos naturales y la fuente
de los bienes y servicios ecosistémicos o ambientales, BSA, son vistos tanto
por el PND 2014 - 2018 como por el documento de los ambientalistas como bienes
económicos conmensurables, es decir como capital natural convertibles en pesos,
desconociendo las realidades culturales y
simbólicas que son la base de las cosmovisiones de los pueblos
ancestrales y fundantes de la nación colombiana. Pareciera que hay una clara
intensión de otorgar valor a los BSA para colocarlos a la oferta para que los
mejores postores del capital se los lleven con mínimas regalías para la nación
y las comunidades que los han conservado
por centurias y milenios. El proceso ya ha comenzado con los proyectos
REDD, que han entregado intervención y decisión sobre los usos de los
territorios indígenas a los agentes del mercado del carbono, que son los mismos
enviados por las petroleras, tal como ha sido denunciado en numerosos foros
internacionales realizados sobre esta iniciativa comercial. El documento de los ecologistas llama a
fortalecer el REDD, desconociendo estas realidades.
No es el mejor
camino orientar la gestión ambiental basado en un mayor flujo de recursos
económicos hacia el sector ambiental, desconociendo las realidades enunciadas,
que aunque parezcan duras son apenas la punta del iceberg de lo que realmente
está pasando en las localidades y las regiones, con la mirada pasiva y
tolerante de las autoridades ambientales. Tal vez sea mejor profundizar el análisis sobre las verdaderas causas de
los paros agrarios y las protestas contra las represa de Ituango, el Quimbo y Sogamoso, así como contra las
minera en Cajamarca y Santurbán, y los alzamientos
indígenas en las mingas regionales y nacionales, para descubrir que el
verdadero protagonista de la protección ambiental no está en una burocracia
ambiental bien paga y con los bolsillos llenos de recursos del Estado para
dilapidarlos, favoreciendo los intereses extranjeros, sino en los sujetos ambientales que representan
estas movilizaciones populares, que han venido demostrando que las gentes están
dejando de ser objetos manipulables de los investigadores ambientales y de las
políticas del Estado y han despertado para crecer y consolidarse como sujetos políticos en defensa del agua y
la naturaleza dadora de los bienes y servicios ecosistémicos, que tanto el PND
como los ambientalistas, representados en el Consejo Nacional de Planeación, buscan realizarlos como pesos corrientes para
acomodarse como elites que circulan entre la dirección del Estado- la dirección
de las empresas - los organismos multilaterales y las grandes organizaciones
ecologistas internacionales y que han venido desconociendo las crudas
realidades sociales y económicas de la mayoría de la población colombiana.
Una política
ambiental y de desarrollo construida
desde las organizaciones sociales campesinas, negras e indígenas, basada en el
fortalecimiento de estas, en la capacidad de autogobierno de las mismas sobre
sus territorios, que parta del reconocimiento de los conflictos ambientales y
de la necesidad de salidas democráticas para solucionarlos, es una alternativa que podría enderezar el rumbo hacia la
sustentabilidad ambiental y la mejora de la calidad de vida de la mayoría de la
población colombiana. Un aparato estatal en el sector ambiental seria eficiente
si cuenta con la legitimidad otorgada por la sociedad y no como en el presente,
donde estudios como los que actualmente
se realizan con miles de millones de pesos para ordenar los páramos, que toman
a los campesinos como un objeto más de estudio, desconociendo el sujeto social
su memoria biocultural e irrespetando su dignidad, están cayendo presas de la
corrupción de alcaldes, gobernaciones y contratistas, que seguramente entregarán
productos de alta calidad en cartografía y técnica, pero que no habrán ayudado en nada a la mejora
de la calidad de vida de los campesinos de las altas montañas colombianas y
contribuirán a deslegitimar más la gestión pública frente a las comunidades
rurales.
Si bien algunas
de las propuestas del documento de los ambientalistas son plausibles, el
documento, tal como está formulado, no ayuda a la búsqueda de reales soluciones
a la problemática ambiental colombiana. La nación necesita un Estado que como
administrador de sus recursos, defienda la calidad de vida y el bienestar de la
mayoría de la población y reconozca y respete la democracia participativa que
debe ser vibrante y definitoria en un
Estado Social de Derecho como es el mandato de la Constitución de 1991.Reducir
la participación de la sociedad a las veedurías ciudadanas es caer en la trampa
de una democracia de papel.
Cordialmente,
Alfonso
Avellaneda Cusaría
Profesor
Titular Programa de Ingeniería Ambiental
Universidad
El Bosque
Investigador
Ambiental
Email:
avellaneda.alfonso@gmail.com
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