viernes, 12 de septiembre de 2014

Carta de ambientalista colombiano al Consejo Nacional de Planeación

Bogotá, septiembre 9 de 2014

Juan Pablo Ruiz
Representante por los ambientalistas
Consejo Nacional de Planificación

Referencia: Aspectos ambientales en el Plan Nacional de Desarrollo PND 2014-2018
Apreciado Juan Pablo:
Han corrido cuarenta años desde la expedición del Decreto-Ley 2811 de 1994, cuando la mayoría de la población actual de Colombia  no había nacido (36 de 46 millones de habitantes) y aún lo ambiental continúa relegado a un lugar secundario en el Plan Nacional de Desarrollo. Cuando en los inicios de la década de 1990 confluyeron tres procesos que recogieron a nivel legal e institucional aspiraciones de los ambientalistas y del movimiento ambiental a nivel nacional e internacional, como fueron la Constitución de 1991, la Cumbre de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río 1992 y todo el proceso de debates internacionales que la precedieron, así como la promulgación de la Ley 99 de 1993 que creó el Ministerio de Medio  Ambiente,  el Sistema Nacional Ambiental y los principios básicos de las políticas ambientales en su Artículo 1ro. Las esperanzas de inscribir definitivamente lo ambiental en el eje  de los planes de desarrollo nacional, regional y local estaban en su pico más alto. Sin embargo, los procesos de liberalización de la economía y los tratados comerciales durante las últimas décadas, fueron abriendo un gran abismo para que en él sucumbieran los intentos de orientar la economía hacia la sustentabilidad ecológica, económica y social que caracteriza el paradigma ambiental.
Lo que se dio durante la década de 1990, cuando los recursos económicos para el sector ambiental crecieron, fueron  por un lado las leves conquistas en materia de incremento de áreas protegidas y reconocimiento legal de los derechos de los pueblos indígenas y negros sobre sus territorios y  por otro el desconocimiento de los derechos territoriales de los campesinos que representan la mayoría de la población rural colombiana. Hemos vivido en la realidad cotidiana un permanente desconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos ancestrales, a pesar de su reconocimiento legal y los instrumentos de consulta previa, un incremento de la ocupación y degradación de sus territorios por los grandes poderes económicos extractivistas, que no solamente han afectado ecológicamente a estos, sino que han colocado a cientos de pueblos indígenas y afrodescendientes al borde de la extinción, cuando no a la miseria y al desplazamiento forzado como efecto del conflicto armado que no es ajeno a esos procesos de ocupación territorial por los pulpos de la energía, la agroindustria de biocombustibles, las actividades petroleras y mineras. No es gratuito que el Atlas Mundial de Conflictos Ambientales coloque a Colombia en un crítico, por decir lo menos, segundo lugar en el mundo en estos conflictos. El gobierno ha venido mostrando que fortalece el Sistema Nacional Ambiental con entidades como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Si, es cierto que existe un fortalecimiento de esta y otras entidades como el IDEAM y El Instituto von Humboldt, pero contradictoriamente han sido estas entidades  las primeros en salir en defensa de las petroleras en la última crisis ambiental, ocasionada por la sequía en el departamento de Casanare,  y son mudos, indiferentes o ausentes frente a la degradación creciente del Río Grande la Magdalena, corazón de Colombia, tal como lo hemos venido conociendo con dolor de nación, cuando los últimos años hemos recorrido esta arteria fluvial, metro a metro desde La Dorada hasta Bocas de Ceniza.
El aparato institucional que constituye el SINA no ha logrado parar los procesos de deforestación, contaminación y degradación de los recursos hídricos, destrucción y saqueo de la biodiversidad y pobreza de las poblaciones rurales, aun cuando se han gastado inmensas sumas de dinero en procesos de reforestación, estudios ecológicos y ambientales , sin planificación y en medio de una tendencia creciente en todo el aparato del Estado hacia la dilapidación de los recursos públicos por la corrupción público-privada. Ejemplo de ello son los 100 millones de dólares gastados en el cuatrenio 1998-2002 en reforestación sin que haya surgido algún bosque o recuperación de microcuenca alguna como producto de estas inversiones ambientales. En el distrito capital los últimos veinte años se han gastado cerca de 10 billones de pesos en el sector ambiental sin resultados  satisfactorios a la vista y la CAR a pesar de los abundantes recursos económicos invertidos, como autoridad ambiental regional no ha entregado resultados en la descontaminación del río Bogotá y recuperación de su cuenca hidrográfica.
La realidad de las zonas rurales, donde reposan los principales recursos naturales y la fuente de los bienes y servicios ecosistémicos o ambientales, BSA, son vistos tanto por el PND 2014 - 2018 como por el documento de los ambientalistas como bienes económicos conmensurables, es decir como capital natural convertibles en pesos, desconociendo las realidades culturales y  simbólicas que son la base de las cosmovisiones de los pueblos ancestrales y fundantes de la nación colombiana. Pareciera que hay una clara intensión de otorgar valor a los BSA para colocarlos a la oferta para que los mejores postores del capital se los lleven con mínimas regalías para la nación y las comunidades que los han conservado  por centurias y milenios. El proceso ya ha comenzado con los proyectos REDD, que han entregado intervención y decisión sobre los usos de los territorios indígenas a los agentes del mercado del carbono, que son los mismos enviados por las petroleras, tal como ha sido denunciado en numerosos foros internacionales realizados sobre esta iniciativa comercial.  El documento de los ecologistas llama a fortalecer el REDD, desconociendo estas realidades.
No es el mejor camino orientar la gestión ambiental basado en un mayor flujo de recursos económicos hacia el sector ambiental, desconociendo las realidades enunciadas, que aunque parezcan duras son apenas la punta del iceberg de lo que realmente está pasando en las localidades y las regiones, con la mirada pasiva y tolerante de las autoridades ambientales. Tal vez sea mejor profundizar  el análisis sobre las verdaderas causas de los paros agrarios y las protestas contra las represa de Ituango,  el Quimbo y Sogamoso, así como contra las minera en Cajamarca y Santurbán,  y los alzamientos indígenas en las mingas regionales y nacionales, para descubrir que el verdadero protagonista de la protección ambiental no está en una burocracia ambiental bien paga y con los bolsillos llenos de recursos del Estado para dilapidarlos, favoreciendo los intereses extranjeros, sino en los sujetos ambientales que representan estas movilizaciones populares, que han venido demostrando que las gentes están dejando de ser objetos manipulables de los investigadores ambientales y de las políticas del Estado y han despertado para crecer y consolidarse como sujetos políticos en defensa del agua y la naturaleza dadora de los bienes y servicios ecosistémicos, que tanto el PND como los ambientalistas, representados en el Consejo Nacional de Planeación,  buscan realizarlos como pesos corrientes para acomodarse como elites que circulan entre la dirección del Estado- la dirección de las empresas - los organismos multilaterales y las grandes organizaciones ecologistas internacionales y que han venido desconociendo las crudas realidades sociales y económicas de la mayoría de la población colombiana.
Una política ambiental  y de desarrollo construida desde las organizaciones sociales campesinas, negras e indígenas, basada en el fortalecimiento de estas, en la capacidad de autogobierno de las mismas sobre sus territorios, que parta del reconocimiento de los conflictos ambientales y de la necesidad de salidas democráticas para solucionarlos,   es una alternativa que  podría enderezar el rumbo hacia la sustentabilidad ambiental y la mejora de la calidad de vida de la mayoría de la población colombiana. Un aparato estatal en el sector ambiental seria eficiente si cuenta con la legitimidad otorgada por la sociedad y no como en el presente,  donde estudios como los que actualmente se realizan con miles de millones de pesos para ordenar los páramos, que toman a los campesinos como un objeto más de estudio, desconociendo el sujeto social su memoria biocultural e irrespetando su dignidad, están cayendo presas de la corrupción de alcaldes, gobernaciones y contratistas, que seguramente entregarán productos de alta calidad en cartografía y técnica,  pero que no habrán ayudado en nada a la mejora de la calidad de vida de los campesinos de las altas montañas colombianas y contribuirán a deslegitimar más la gestión pública frente a las comunidades rurales.
Si bien algunas de las propuestas del documento de los ambientalistas son plausibles, el documento, tal como está formulado, no ayuda a la búsqueda de reales soluciones a la problemática ambiental colombiana. La nación necesita un Estado que como administrador de sus recursos, defienda la calidad de vida y el bienestar de la mayoría de la población y reconozca y respete la democracia participativa que debe ser vibrante  y definitoria en un Estado Social de Derecho como es el mandato de la Constitución de 1991.Reducir la participación de la sociedad a las veedurías ciudadanas es caer en la trampa de una democracia de papel.
Cordialmente,

Alfonso Avellaneda Cusaría
Profesor Titular Programa de Ingeniería Ambiental
Universidad El Bosque
Investigador Ambiental

Email: avellaneda.alfonso@gmail.com   

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