Mientras escasea el agua en el país, el Gobierno y la Procuraduría parecen
empeñados en arriesgar las fuentes hídricas y cerrarles el paso a los ciudadanos
que las defienden.
Por: César Rodríguez Garavito
Un primer riesgo es bien conocido: la
minería de oro a cielo abierto y gran escala, que precisa cantidades ingentes
de agua para desentrañar de las rocas las chispas doradas. Por ejemplo, para
extraer los 24 millones de onzas de oro que tendría la mina de La Colosa, en
Cajamarca (Tolima), serían necesarios nueve millones de metros cúbicos de agua
y cuatro millones de kilos de cianuro anuales, según Semana Sostenible. Agua
que vendría del río Coello y otros que han nutrido la economía arrocera del Tolima
y terminaría en un lago artificial de químicos y escombros en el municipio de
Piedras u otro cercano a Ibagué.
Por eso los habitantes y las autoridades de la región han venido usando el
mecanismo constitucional de las consultas populares para tener voz en las
decisiones sobre el futuro del agua, la agricultura y el medio ambiente, como
lo hicieron el año pasado en Piedras. Por eso también países como Costa Rica,
que apuestan en serio por el desarrollo sostenible, han prohibido la minería de
oro a cielo abierto.
Cabría esperar que el Gobierno Nacional (que se muestra alarmado por la
sequía en otros departamentos) y la Procuraduría (que tiene el deber
constitucional de proteger el medio ambiente) respaldaran a los protectores del
agua en Tolima, Casanare, Santander, Antioquia y otros lugares. En realidad
pasa lo opuesto. La Procuraduría sigue disuadiendo a las autoridades locales
para que desatiendan los pedidos ciudadanos de consultas populares, como lo
hizo la semana pasada en las sesiones del Concejo de Cajamarca. En contravía de
un fallo reciente de la Corte Constitucional (C-123 de 2014) y de la posición
de la misma Procuraduría en ese caso, advierte a los alcaldes y concejales que
podría sancionarlos por hacer las consultas.
El Gobierno, que ha defendido la misma postura, se perfila hacia una
promoción enconada de la minería y una oposición activa al movimiento por el
agua. Así se entiende el nombramiento de un débil ministro de Ambiente y la
prioridad encargada al vicepresidente Vargas Lleras y el nuevo ministro de
Minas de acelerar la locomotora minera y la expedición de licencias de
explotación.
Lo cual nos lleva al otro riesgo que se cierne sobre las fuentes de agua:
los planes gubernamentales de otorgar licencias, sin estudios suficientes, para
la explotación de gas mediante la técnica del fraccionamiento hidráulico
(fracking). Como se sabe, el fracking requiere más agua que la minería
tradicional, por consistir en grandes inyecciones del líquido a presión, a fin
de liberar el gas atrapado en las rocas subterráneas. Lo que se sabe menos es
que, precisamente por el impacto que puede tener sobre el agua, el fracking ha
sido prohibido o suspendido en Alemania, Francia, Sudáfrica y en departamentos
y municipios de Canadá, España y Estados Unidos (incluyendo el estado de Nueva
York y 418 localidades). En varios de esos lugares los ciudadanos se han
manifestado en consultas populares como las que erróneamente condena la
Procuraduría.
En vista de la incertidumbre y lo mucho que está en juego, lo procedente
sería declarar una moratoria del fracking, como lo propusieron Diana Rodríguez
y Celeste Kauffman en nuestro blog de La Silla Vacía, así como el exministro
Manuel Rodríguez en su columna en El Tiempo. Antes de que sea tarde.
* Miembro fundador de Dejusticia. @CesaRodriGaravi
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* Miembro fundador de Dejusticia.
@CesaRodriGaravi / | Elespectador.com
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