sábado, 28 de septiembre de 2013

Acaloradas protestas contra el cambio climático

Democracy Now!


La semana pasada, en el lejano Océano Ártico, el buque de Greenpeace Arctic Sunrise navegó hacia una plataforma petrolera rusa para realizar una protesta pacífica. Varios manifestantes intentaron subir a la plataforma para llamar la atención acerca de lo que podría constituir un peligroso precedente: la plataforma de la empresa de gas rusa Gazprom será la primera en producir petróleo en las delicadas aguas heladas del Ártico. El Gobierno ruso respondió rápidamente mediante el uso de la fuerza, al enviar soldados de las fuerzas especiales al lugar, que llevaban pasamontañas y portaban armas automáticas. Los soldados amenazaron a los activistas pacíficos de Greenpeace, destruyeron sus botes inflables, arrestaron a treinta de ellos y remolcaron el buque de Greenpeace hacia el puerto de Murmansk, en el norte de Rusia. Según la información más reciente, los activistas podrían afrontar acusaciones de piratería.
El Director Ejecutivo de Greenpeace Internacional, Kumi Naidoo, participó en una acción similar el año pasado junto a otros activistas, aunque en esa oportunidad no fueron arrestados. Naidoo habló acerca de la acción de este año: “Uno de los activistas del grupo, Denis Sinyakov, un compañero ruso que es fotógrafo a bordo del buque, dijo: "La actividad delictiva de la que me acusan se llama periodismo y continuaré realizándola". Sus palabras captan muy bien lo sucedido. Se trata de un uso desproporcionado de la autoridad del Estado para intentar silenciar las importantes conversaciones que necesitamos tener a nivel global. En este momento estamos llegando a un punto de inflexión a nivel climático. El Ártico sirve como refrigerador y aire acondicionado del planeta y, en lugar de ver lo que sucede en el mar Ártico en los meses de verano como una señal de advertencia, de que tenemos que tomar medidas serias para combatir el cambio climático, lamentablemente las empresas petroleras de Occidente como Exxon, Shell y otras se están asociando con el Estado ruso para intentar extraer hasta las últimas gotas de petróleo en el medio ambiente más frágil, remoto y riesgoso para realizar esas actividades”.
La protesta llama la atención por su gran audacia. Sin embargo, no es la única protesta reciente contra la extracción y el consumo de combustibles fósiles. En todo el mundo, cada vez hay más personas que se manifiestan para exigir que se tomen medidas para combatir el calentamiento global. En América del Norte, hay una coalición cada vez más grande de grupos que se unieron para detener el proyecto de construcción del oleoducto Keystone XL y la explotación de arenas bituminosas de Alberta, Canadá, que el oleoducto planea transportar.
El 21 de septiembre pasado, el último día de verano del Hemisferio Norte, miles de personas se manifestaron en todo el continente en contra del oleoducto Keystone XL. En Nebraska, activistas construyeron una granja ecológica que funciona íntegramente a energía solar, precisamente en un lugar por donde está planeado que pase el oleoducto. Los habitantes locales temen que el oleoducto derrame petróleo en el frágil ecosistema de médanos de la región y contamine el importante Acuífero Ogallala. Ese mismo día se realizó la Cumbre Internacional de Mujeres sobre la Tierra y el Clima en Suffern, Nueva York, un encuentro de mujeres de todo el mundo. Todas ellas son reconocidas por haber luchado de diferente forma para reclamar que se tomen medidas urgentes para combatir el cambio climático. Una de las participantes, Melina Laboucan-Massimo, de la nación indígena Cree, del norte de Alberta, describió el efecto de la extracción de arenas bituminosas en su comunidad y su territorio:
“Nada se compara con la destrucción que está ocurriendo aquí. Si existiera un premio mundial para el desarrollo no sustentable, las arenas bituminosas serían un claro ganador. Cubren 141.000 kilómetros cuadrados, que equivalen a destruir Inglaterra y Gales juntos, o el estado de Florida entero. Las minas que nos rodean son más grandes que ciudades enteras. En este momento hay seis o siete y podría haber hasta nueve. Imperial Oil, por ejemplo, será más grande que Washington D.C. Hay muchos problemas de toxicidad con los que tenemos que lidiar y que están relacionados con el agua y con las grandes balsas de aguas residuales. Las llaman balsas, pero en realidad son grandes lagos de lodo tóxico. Actualmente hay una extensión de 180 kilómetros cuadrados de lodo tóxico en nuestro paisaje. Cada día, un millón de litros de estas aguas residuales se filtran a la Cuenca de Athabasca, que es de donde se extrae el agua que beben nuestras familias. Soy de la Región Peace, que está conectada con la cuenca del Athabasca, que se conecta con la cuenca del Ártico, y de esta manera es que las poblaciones del norte se contaminan con las toxinas, que contienen cianuro, mercurio, plomo, hidrocarburo aromático policíclico, de modo que debemos afrontar muchos problemas de salud.”
El oleoducto Keystone XL necesita la aprobación del Gobierno de Estados Unidos, debido a que atravesará territorio estadounidense, desde la frontera norte con Canadá hasta la costa del Golfo de México. El proceso de aprobación se ha postergado debido a las fuertes protestas. Después de que más de 1.250 personas fueran arrestadas frente a la Casa Blanca en 2011, en lo que fue el mayor acto de desobediencia civil en Estados Unidos en 30 años, el Presidente Barack Obama anunció que postergaría la decisión. Desde entonces, la organización ambientalista Amigos de la Tierra Estados Unidos (AT) viene denunciando que existe un conflicto de intereses con el grupo que fue contratado por el Departamento de Estado de Estados Unidos para realizar el estudio de impacto ambiental de Keystone XL. Amigos de la Tierra descubrió que el grupo Environmental Resources Management (ERM), una empresa consultora con sede en Londres, ocultó sus vínculos comerciales con TransCanada, la empresa de combustibles fósiles que estará a cargo del proyecto Keystone XL. Del mismo modo, el observatorio Oil Change International acaba de informar que “Michael Froman, el representante comercial de Estados Unidos que está a cargo de negociar una serie de tratados de ‘libre comercio’ secretos, aparentemente apoya el lobby de las grandes empresas petroleras, al exigir a Europa que suavice sus leyes sobre clima”. Steve Kretzmann, de Oil Change, explicó: “A menos que Europa suavice sus leyes, la exportación de diésel de Estados Unidos, que contendrá arenas bituminosas, será menos competitiva”.
La activista por el medio ambiente Tzeporah Berman también participó en la cumbre de mujeres. Allí habló acerca de cómo el Gobierno canadiense del Primer Ministro conservador Stephen Harper ha silenciado a científicos en un intento desesperado de acallar las críticas a Keystone XL. Berman me dijo: “En primer lugar, el Gobierno canceló la mayor parte de la investigación científica del país que tenía que ver con el cambio climático. Se trata de un gobierno que niega el cambio climático y no quiere hablar del cambio climático. El año pasado clausuraron la Estación de Investigación Atmosférica, que era uno de los lugares más importantes del mundo para obtener datos sobre el clima. Cerraron la Mesa Redonda Nacional sobre Medio Ambiente y Economía. Han despedido a científicos y, a los que quedan, les dicen que no pueden hacer públicas sus investigaciones, a pesar de que son financiadas con dinero de los contribuyentes. También se les dice que no pueden hablar a la prensa a menos que haya un responsable y se trate de una entrevista aprobada previamente. Deben tener un responsable de la Oficina del Primer Ministro. De modo que los científicos con los que he hablado se sienten avergonzados, frustrados, están protestando. La semana pasada en Canadá cientos de científicos salieron a las calles con su bata de laboratorio para protestar contra el Gobierno porque no pueden hablar. Los están amordazando a un punto tal que la destacada revista científica Nature publicó el año pasado un editorial en el que afirmaba que es hora de que Canadá deje a sus científicos en paz”.
Las muertes provocadas por desastres climáticos son cada vez más: desde la devastadora inundación que destruyó ciudades enteras en Colorado, hasta el norte de la India, donde las inundaciones y los deslizamientos de tierra provocados por una tormenta en junio de este año dejaron un saldo de 5.700 muertos. La esperanza está puesta en el cada vez mayor movimiento mundial por la justicia climática, que exige a los gobiernos que tomen medidas reales para detener el cambio climático antes de que sea demasiado tarde.

Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
© 2013 Amy Goodman
Texto en inglés traducido por Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 750 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 400 en español. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

Contraloría advierte de amenaza sísmica donde AGA instalaría la infraestructura de La Colosa - See more at: http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/195944-contraloria-advierte-de-amenaza-sismica-donde-aga-instalaria-la-infraestructu#sthash.VP0dP5KR.dpuf

En un documento la Contraloría General de la República señala que en la actualidad adelanta un proceso de evaluación en torno al proyecto minero, además que existe una serie de inquietudes sobre las consecuencias de la planta que pretende instalar en Piedras.
La instalación de la planta de procesamiento y la ubicación de un depósito de material de la extracción del oro, además de la localización en Piedras de parte de la tubería de trasporte de relaves y el sitio de disposición de los mismos, llamado tranque, presa o dique, son la base de la investigación que adelantó la Contraloría General de la República sobre Anglogold Ashanti, AGA. 
La información sobre esas características del proyecto fue enviada por la misma compañía minera a Cortolima, el 9 de noviembre de 2012 y al Concejo de Ibagué, el 5 de septiembre de 2013, y es precisamente esa documentación con la que el ente de control, entrega una alerta por una posible amenaza sísmica en la zona donde pretenden instalarse en Piedras.
“Anglogold Ashanti no ha remitido documentos técnicos que permitan definir un volumen preliminar de colas, ni la ubicación de la escombrera en cercanías de la zona de extracción”, apartes del documento que fue enviado a diferentes autoridades políticas y ambientales. 
En este mismo contexto, señala la Contraloría que la presa (diques o tranques) de cola o relaves contendrían millones de toneladas de roca mineralizada triturada, agua y adiciones químicas que permiten llevar a la alcalinidad los lodos de mezcla de la roca y el agua, así como cianuro.
Agrega que los materiales represados se caracterizan por ser una mezcla química altamente contaminante y que la generación de colas ha aumentado con el tiempo, por lo que es adecuado conocer los detalles sobre el volumen de estas, que serán dispuestas en los procesos de beneficio de los metálicos antes de finalizar la etapa de exploración.
Además, que es necesario que la etapa de exploración estuviese sujeta a licencia ambiental, con exigencias que incluyan la caracterización geoquímica completa de las rocas que encajonan los metales de interés minero, como los sulfuros, metales pesados y otros como el cianuro. 
La amenaza sísmica
“La ubicación de las presas o diques de colas (o relaves) aguas arriba de zonas habitadas, de captaciones o de vocación y uso agrícola es altamente inconveniente por la posibilidad de roturas o fallas que pueden causar derrames totales o parciales de los lodos contenidos”, reza el contenido del documento.
Y deja claro además que incluso por rotura de la presa se han generado problemáticas de contaminación de agua superficiales y subterráneas por roturas de las membranas impermeabilizantes o por exfiltraciones en la base de los diques, así como levantamiento y dispersión de polvo (emisiones fugitivas) cargado de sustancias tóxicas. 
El ente de control, afirma que una de las causas de inestabilidad y la rotura de las presas que contienen las colas es la ocurrencia de eventos sísmicos, aunque existen decenas de antecedentes de roturas sin que mediaran terremotos.
Indican que en el caso de Piedras preocupa que se esté considerando un valle ubicado a menos de cuatro kilómetros del trazo principal de la Falla de Ibagué, considerada activa con sismos históricos, y que luego de una revisión de documentos oficiales con respecto a dicha falla, permite establecer que es la mejor estudiada en el país, junto con la de Bucaramanga.
La Falla de Ibagué 
La Contraloría señala que la Falla de Ibagué es una estructura con dirección NF5E, de rumbo lateral derecho y longitud aproximada de 50 kilómetros, que discurre por el sur del casco urbano de Ibagué, extendiéndose en dirección noreste hacia el casco urbano de Piedras.
Dentro de los aspectos más relevantes, la Contraloría hace énfasis en que presenta rasgos contundentes de actividad neotectónica, por lo que se define como una estructura potencialmente productora de grandes sismos.
Además que es una de las principales estructuras transcurrentes activas del país y que es una de las 32 fuentes sismotectónicas que se contemplaron en la determinación de la amenaza sísmica.
“Como es evidente los estudios definen la ocurrencia de sismos de gran intensidad (…). Por otra parte, el nido sísmico de Pulí se encuentra a menos de 40 kilómetros de la zona donde Anglogold se encontraba realizando labores de perforación y a menos de 4 kilómetros del trazo principal de falla cartografiada por la autoridad geológica”, concluye la primera parte del documento.  
El impacto ambiental por  la rotura de los relaves 
Las fallas de presa de cola son relativamente frecuentes en el mundo y desde 1970 se han registrado 70 eventos principales, los cuales han resultado en daños de corto y largo plazo sobre los ecosistemas, en tierras de cultivo y en impactos sobre las comunidades que viven adyacentes, incluyendo la pérdida de más de mil vidas. 
Por lo que la Contraloría afirma que el impacto ambiental por una eventual rotura puede ser inconmensurable e indica que los peores desastres socio-ambientales en minería, muchos están relacionados con ese proceso. 
Por lo que afirma que no es conveniente ubicar una presa de colas en una zona con sismicidad histórica activa. “Esta Delegada estima que es necesario que las autoridades competentes analicen la pertinencia de la aplicación del principio de precaución y en particular para la minería en la sentencia C-339 de 2002. 
“En el caso de presentarse una falta de certeza científica absoluta frente a la exploración o explotación minera de una zona determinada; la decisión debe inclinarse necesariamente hacia la protección del medio ambiente, pues si se adelanta la actividad minera y luego se demuestra que ocasionaba un daño ambiental, sería imposible revertir sus consecuencias”. 
Viajaron hasta Piedras 
Al lugar se hizo una visita preliminar de campo por parte del ente de control, de los geólogos de las Delegadas de Minas y Energía y Medio Ambiente en compañía de profesionales y directivos de Cortolima. 
La inspección se centró en la zona donde Anglogold Ashanti llevó a cabo perforaciones de carácter geotécnico e hidrológico para evaluar la viabilidad de instalar la planta para el material mineralizado de la explotación a cielo abierto de La Colosa. 
Los expertos también estuvieron en la zona de vertiente donde se efectúa la etapa de exploración minera (cuchillas de La Colosa y La Bolívar) en donde señalan que se pudo observar diseños de la eventual extracción a cielo abierto, mapas geológicos y geotécnicos.  
El llamado que hace la Contraloría 
Se pide que las autoridades ambientales, mineras, geológicas y territoriales tengan en cuenta las amenazas naturales que pueden llegar a afectar una eventual estructura de presa de colas por las implicaciones que aguas abajo se pueden generar sobre poblaciones humanas, ecosistemas, acuíferos, ríos y quebradas (incluyendo el río Magdalena, que se ubica a 12 kilómetros de la zona de interés).
Dice además la Contraloría que es importante informar a las comunidades de las probables implicaciones de las instalación de la infraestructura, así como temas relacionados con las zonas de extracción, en términos de generación de empleo y de rentas mineras, sin olvidar los efectos ambientales y sociales del proyecto minero en sus etapas. 
Publicada por
CLAUDIA RESTREPO
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martes, 24 de septiembre de 2013

Perú: más de un siglo de extractivismo y miseria



Por Juan Esteban Yupanqui Villalobos

Lo que se hace es competir, quien es más servil y traidor a los intereses de su pueblo, con la finalidad de agradar a los amos o a sus representantes.

Cuando uno recorre los laberintos de la pequeña Villa miseria de Quiruvilca, ve a lo largo de sus calles tortuosas el resumen de la miseria humana contenida, comparándola con la opulencia de los rascacielosde las ciudades norteamericanas y canadienses. Meta con la cual nos engañan cualquier advenedizo encantador de serpientes u otros lo utilizan como caballo de Troya para seguir manteniendo el estado de cosas de acuerdo al predicamento de la religión neoliberal. En estos casi más de un siglo de extractivismo en el pequeño pueblo, de lo que vio Cesar Vallejo y relatado en sus cuentos y relatos, nada ha cambiado, todo lo contrario la dignidad humana a caído en el abismo más inverosímil.

Sigue patente el alcoholismo en todos o casi la mayoría de los mineros, y sobre todo el avance de las enfermedades infecto contagiosas de índole sexual; aparte está decir de las enfermedades profesionales propios de la minería. También ha traído como consecuencia el enriquecimiento desmesurado y ofensivo de los nuevos felipillos llámense autoridades municipales, dirigentes ronderos. Aquí algunos que se presentan comodirigentes ronderos lo hacen con la única finalidad de negociar con los enemigos de nuestro pueblo.

Pero ello no es nuevo ya que cuando los Hispanos, que no fue más que una horda de crueles genocidas, sin cultura se aprovecharon de las contradicciones en el seno del tawantisuyu para que fuera expoliada, saqueada para dar paso al surgimiento de la burguesía como clase que tomara el poder y destruyera el feudalismo imperante. Los desarrapados, analfabetos que vinieron a saquear nuestras naciones son lo que después se constituyeron en la nueva burguesía que esperaría al 18 de brumario para hacer la revolución y hacer abdicar a la monarquía y aristocracia como clase social con poder.

Cuando digo que nada ha cambiado ni en Quiruvilca ni en Santiago de Chuco. Es porque lo que antes veía, en mi niñez y juventud, que es lo que me hizo un joven rebelde, con ideales de liberación, ninguna de lo que antes vi, no ha cambiado ni siquiera un ápice; más bien se ha acentuado lasdesigualdades. Lo que se hace es competir, quien es más servil y traidor a los intereses de su pueblo, con la finalidad de agradar a los amos o a sus representantes.

Lo vemos desde los representantes de una comunidad que muchos que no conocen ahora Santiago, creerán que son los aguerridos defensores de nuestros pueblos, ahora convertidos en siervos incondicionales de las trasnacionales que saquean nuestras tierras. Pero no solamente ellos si no también algunos pequeños intelectualoides que venden su pluma o su palabra en apoyar a los traidores, lo hacen con tal vehemencia con la esperanza de que les recompensen con alguna dádiva y así poder sobrevivir en la angustia de la miseria en que se desenvuelven. Y ni que se diga de los dirigentes ronderiles, que están detrás de las grandes trasnacionales, o los gobiernos locales, como pordioseros por una limosna. A algunos tienen la cara dura y no tienen vergüenza cuando están con la prebenda de su traición en las manos.

¿Pero qué modernidad nos ha traído la Minería? Solamente veo escuelas de adobe y con mobiliario compuesto con los mismos materialesen donde se sientan mis hermanos pequeños reciben las clases. Mucho más sufren nuestros docentes que reciben el miserable sueldo de mil soles y tienen que pagar una pensión diaria de veinticinco a treinta soles, no quedándoles nada más que para sus pasajes para trasladarse a esas comunidades y laborar con el hambre en sus estómagos.

El Estado, ese viejo estado que nada en la más grande corrupción en las instancias inferiores se refleja lo que sucede en los niveles más altos, pues a las comunidades les envían computadoras con sistemas incompatibles con el resto de la red, en donde no hay energía eléctrica, ni siquiera tienen paneles solares o les envían envases con supuesto juegos de robótica, para lo cual el mismo docente tiene que auto capacitarse, si a eso le agregamos que su sueldo solo le alcanza para sobrevivir a las justas una semana, mientras ello algunos funcionarios ostentan signos exteriores de riqueza y ni que se diga de nuestras autoridadeselegidas para gobernarlos pueblos pequeños, y es que eso ha enseñado los saqueadores a nuestros hermanos, pues como en cualquier obra, antes cobreaban el diezmo ahora lo han aumentado y cobran el treinta por ciento, quince para la autoridad principal y el resto para sus regidores que algunos se regodean mostrándonos sus vehículos recién comprados, como diciéndonos ven ahora si tenemos carro, nueva casa y nada me pasará.

Por ello en Santiago nos han estafado con un asfaltado de carretera en que la cubrieron con arcilla y liquido asfalto mesclado para hacernos creer que era una nueva tecnología. Seguimos con nuestra vieja carretera ahora ensanchada y que hará que haya más barro, dificultando aun mas nuestro desplazamiento y donde estará pues ese aguerrido dirigente comunal que es muy bueno para ser delator de sus hermanos que no vigiló bien la construcción de esa obra del pueblo?

martes, 17 de septiembre de 2013

Las transnacionales toman el control de la alimentación en África

Hambre S.A.

Javier Guzmán
La Marea


A raíz de las exorbitantes subidas en los precios de los alimentos que provocaron la crisis alimentaria del 2008 y ocasionaron graves disturbios en varios países, se encendieron las alarmas al ponerse de manifiesto, por un lado, la inexistencia de estructuras internacionales de gobernanza alimentaria que dieran respuesta a la escandalosa cifra de más de 1.000 millones de personas hambrientas en el mundo, y por otro, la inoperancia y anquilosamiento de la propia FAO y su Comité de Seguridad Alimentaria (CSA).

En este contexto, urgía la necesidad de reformar este espacio de gobernanza clave que reforzara su legitimidad y operatividad, y no fue hasta octubre de 2009 cuando, después de un difícil proceso, se aprobaba entre aplausos la reforma del CSA de la FAO. Una reforma donde, por primera vez, participaron los diferentes estados miembros, pero también la sociedad civil entre las que se encontraban las organizaciones campesinas.

La reforma le otorgó al CSA una gran centralidad y autoridad dentro de la arquitectura de seguridad alimentaria mundial y además abría puertas a una participación sin precedentes de actores clave como son los propi0s campesinos/as, pescadores/as, población indígena, consumidores y ONG, aumentando así, su calidad democrática y por tanto su legitimidad. Cabe señalar que, desde entonces, el CSA ha lanzado importantes iniciativas políticas, como la aprobación de las Directrices Voluntarias sobre Tenencia de Tierras, con el objetivo de frenar el fenómeno del acaparamiento de tierras por parte de transnacionales.

El G8 irrumpe en la agenda alimentaria

Las crisis alimentarias recurrentes sirvieron también de pretexto para que el G8 irrumpiera en la agenda alimentaria, siendo desde entonces una constante el hecho de incluir en sus reuniones asuntos sobre seguridad alimentaria. Debido a la urgencia y necesidad de operatividad que demandaba la situación de 2008 el G8 se emplazó a realizar urgentemente un Compromiso contra el hambre que se materializó en la Iniciativa de L’Aquila (2009), creada para financiar de manera rápida programas diseñados y liderados por los propios países receptores.

No hay que olvidar que la crisis alimentaria de 2008, al igual que las que la han seguido, fue provocada por la expansión de un modelo de agricultura globalizada en manos de grandes transnacionales, y por fenómenos como la especulación sobre el precio de los alimentos llevada a cabo por bancos y fondos de inversión.

Las grandes transnacionales de la alimentación no quedaron conformes con el devenir de los acontecimientos, ni con la que en su opinión era una reforma muy radical de la FAO, como con la tibieza y falta de visión de negocio de representaba L’Aquila, por ello en 2012 ni si quiera se habían desembolsado ni la mitad de los fondos acordados.

De este descontento, y de la mano de 48 empresas transnacionales, nace en Camp David, en el año 2012, la Nueva Alianza para la Seguridad Alimentaria y Nutrición, cuya última reunión y ampliación tuvo lugar el pasado junio en Londres. La alianza tiene como objetivo movilizar capital privado dirigido a la inversión en la agricultura africana. Las empresas se comprometieron a 3.500 millones de dólares.

Implementando un nuevo régimen alimentario

La “iniciativa de inversión agrícola responsable” se expande y fortalece de una manera silenciosa y preocupante por el continente africano, no se trata de un programa más de cooperación sino de una estrategia de largo recorrido para la implementación de un nuevo régimen alimentario a nivel global. En esta alianza participan estados ricos, estados africanos, y como no, grandes empresas que invierten para desarrollar su modelo de agricultura industrial, la llamada revolución verde africana. Compañías fundamentalmente Europeas y estadounidenses, como Mosanto, Cargill, Yara Internacional, Sygenta, cuyo negocio son las semillas transgénicas, fertilizante, agrotóxicos, etc.

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La alianza ofrece financiación para la inversión en agricultura, pero no a cualquier precio. Para poder firmar un acuerdo de este tipo, el gobierno del país africano tiene que vender su alma al diablo, ha de comprometerse a realizar enormes cambios por ejemplo en sus políticas de tierra, de semillas y en su modelo de agricultura, para, según palabras de los promotores de la alianza “adecuarse” al desarrollo de las inversiones.

Un ejemplo típico es el de Mozambique cuyo gobierno ha acordado suspender la distribución de semillas locales no comerciales en sus programas. Los beneficiarios de los programas únicamente recibirán semillas de las empresas inversoras incluyendo semillas modificadas genéticamente.

Después de la última cumbre que en junio mantuvo el G8 en Londres, países como Nigeria, Malawi y Benin se unieron a la llamada Nueva Alianza por la Seguridad Alimentaria, de la que ya formaban parte Burkina Faso, Costa de Marfil, Ghana, Mozambique y Tanzania. A finales de junio el Primer Ministro de Senegal anunció su voluntad de adherirse a la alianza coincidiendo con la visita que el Presidente Obama que realizó al país y en cuya agenda estaba este acuerdo de adhesión.

Se trata de una estrategia que hace saltar por los aires las propias recomendaciones de la ONU (FAO), enfrentando directamente la directiva de tenencia de tierras, o la apuesta por el desarrollo de una agricultura familiar, sostenible que es clave para asegurar la alimentación de la población mundial en el presente y en futuro, lejos por tanto de este modelo de agricultura corporativa extractivista.

Esta inversión impone un modelo de agricultura a gran escala, que promociona la concentración y acaparamiento de tierras, un modelo que desliga la alimentación de la población local y orientado a la exportación dedicado al engorde del negocio de las empresas de insumos y de productos químicos.

Se trata de una estrategia silenciosa que en poco tiempo ha conseguido desplazar al poder público de los asuntos relacionados con la alimentación, tanto a la hora de adquirir compromisos internacionales como a la hora de implementar políticas agrarias, entregándoselo al poder corporativo, y reduciendo el papel de los estados a meros convidados de piedra.

Ha logrado además que la comunidad internacional acepte este nuevo rol del G8, aún sabiendo que es un espacio informal, no democrático y de limitada composición. Desplazando a los países de renta baja, generando confusión y produciendo rápidamente el debilitamiento de las organizaciones democráticas internacionales, desplazando en centro de toma de decisiones y condenándolas a la irrelevancia.

Nos encontramos por tanto delante de la construcción de un sistema alimentario basado en el poder corporativo, donde el papel de los estados y las instituciones democráticas quedan vacíos de contenidos y de presupuestos.

El G8 no está interesado en tomar el control de organismos internacionales, el objetivo es otro, el de de crear un sistema de gobernanza a medida de las grandes transnacionales.

[Artículo publicado en el blog de Javier Guzmán, director de Veterinarios Sin Fronteras - Justicia Alimentaria Global]


domingo, 15 de septiembre de 2013

Lucha de clases y resistencia en la era del capitalismo extractivo

James Petras
Rebelión

Traducido para Rebelión por Silvia Arana

Introducción
La lucha de clases es esencial para enmarcar cuestiones de régimen político, relaciones de clase, estructuras y estrategias económicas y distribución de la riqueza.

La lucha de clases posee un carácter internacionalista, especialmente en esta era de globalización imperialista; las corporaciones multinacionales, las organizaciones financieras internacionales y los estados imperiales intervienen directa o indirectamente, a través de estados colaboracionistas o testaferros, en la "lucha de clases entre los trabajadores y el capital". Esto es particularmente evidente en América Latina con el auge del capitalismo extractivo: las gigantescas corporaciones agro-mineras tienen un papel principal en la elaboración de políticas económicas, que van en detrimento de los trabajadores, de las comunidades y de los pueblos indígenas.

Las clases en lucha varían según la época y el lugar, dependiendo de condiciones socio-económicas y políticas, organización, trayectoria histórica, distribución del ingreso y sitios de explotación económica y despojo.

La naturaleza de las luchas y las demandas conflictivas entre trabajadores y capital varía en términos de alcance, intensidad, ubicación geográfica e intereses de clase. El rango de temas abarca desde demandas sectoriales específicas sobre salario y condiciones de trabajo hasta luchas más amplias que abarcan tanto políticas públicas sobre presupuesto, decisiones de inversión y derechos de propiedad como cuestiones de despojo, contaminación y los impactos destructivos en las comunidades locales.

En las luchas de clases participan dos rivales principales. La lucha de la clase dominante, "desde arriba", en la que varios sectores capitalistas usan su poder social, control económico y penetración estatal para maximizar las ganancias inmediatas y futuras, para monopolizar las asignaciones del presupuesto estatal, para limitar la parte del ingreso destinado a los trabajadores y para despojar y desplazar a pequeños productores y habitantes locales de las regiones ricas en recursos. La lucha de la clase popular, "desde abajo", involucra a una panoplia de clases abarcando a desempleados y a obreros de la industria, gremios públicos y empleados asalariados del sector privado, campesinos sin tierra, pequeños productores y comunidades indígenas. Sus demandas cubren un amplio rango que va desde una mayor participación en el ingreso nacional, la recuperación de tierras y recursos usurpados por el estado para las corporaciones agro-mineras, hasta un cambio sistémico en derechos de propiedad y relaciones de clase.

Uno de los determinantes clave del alcance y la profundidad de la lucha de clases es el "momento del ciclo económico" -el punto en el cual un modelo económico particular está en una fase ascendente o ya ha extenuado sus posibilidades y ha ingresado en su declinación y crisis. Por ejemplo, en años recientes presenciamos el auge del neoliberalismo, entre mediados de los 70s y fines de los 90s, un periodo en el que el capital estuvo en la ofensiva, librando una guerra de clases y revirtiendo los avances de los obreros y campesinos, privatizando la economía y saqueando el tesoro público. A fines de la década del 90 y principios del siglo XXI, el neoliberalismo entró en crisis, se intensificó la lucha de clases desde abajo, abarcando desde los movimientos de trabajadores desocupados de Argentina, a los movimientos indígenas de Bolivia y Ecuador que causaron la caída de varios regímenes y el surgimiento de gobiernos post neoliberales.

De igual manera, la declinación del mega-ciclo (boom de una década de las economías exportadoras de commodities) que comenzó en 2012-2013, está siendo acompañada por un auge de movimientos urbanos de masas que protestan contra las políticas de los regímenes post neoliberales en Brasil, Perú y Argentina.

Los cambios en las configuraciones económicas de América Latina, especialmente en la expansión de los sectores agro-mineros, financieros y comerciales y la caída del sector manufacturero han tenido un profundo impacto en la forma de la estructura de clase, la organización de los sindicatos y el conflicto de clase. La afiliación a los sindicatos ha sufrido una caída estrepitosa. En Brasil, los afiliados a los sindicatos decrecieron de un 32,1% a principios de la década del 90 (previo a la elección del neoliberal Cardoso en 1994) al 17% a mediados de los 90 en la presidencia de Lula (2005). En Argentina, entre 1986 y 2005, la cantidad de afiliados a los sindicatos bajó del 48,7% al 25,4%. En México, los afiliados disminuyeron del 14% al 10% entre 1985 y 2005. Chile es la excepción: comenzó con un índice bajo del 11.6% en 1986 y aumentó al 16% en 2005. Además, la caída de la cantidad de afiliados a los sindicatos ha estado acompañada por la disminución de la cantidad de obreros industriales, especialmente en las industrias de bienes de consumo que requieren mano de obra intensiva, afectadas negativamente por importaciones de textiles, zapatos, juguetes y otros productos de bajo costo desde Asia -como parte del intercambio entre exportadores agro-mineros e importadores de manufacturas.

El debilitamiento de los sindicatos va a la par con la disminución de la influencia política en las políticas estatales y un giro hacia la reducción de los salarios y empeoramiento de las condiciones de trabajo. A raíz de ello, hay menos huelgas y estas se enfocan en reivindicaciones de índole inmediata.

Los movimientos sociales masivos ocuparon el espacio social y político de la lucha de clases que había sido dejado vacante por los obreros industriales. En el campo, el movimiento anteriormente liderado por campesinos, indígenas y los trabajadores sin tierra durante la era neoliberal fue reemplazado por las luchas urbanas lideradas por trabajadores de servicios de bajos ingresos y empleados de clase media baja en el periodo post neoliberal "tardío". Esto fue puesto en evidencia por las luchas urbanas masivas en las que participaron millones de personas en Brasil en mayo-junio de 2013.

El cambio en las luchas económicas y sociales condujo a transformaciones fundamentales en la ubicación de las luchas de clases y en las demandas socio-económicas.

Antes de la década del 90, las principales huelgas, protestas y otras actividades de clase eran organizadas en el sitio de trabajo por trabajadores empleados y afiliados a sindicatos. Durante la década del 90 el eje de la lucha se trasladó a las calles, el campo y los barrios mientras que la lucha de clases era impulsada por trabajadores rurales sin tierra, obreros desocupados y la clase media en descenso. En la primera década y media del 2000, la ubicación de la lucha de clases se focalizó en las comunidades indígenas y de las provincias aledañas a la explotación corporativa agro-minera. Las luchas se centraron en la resistencia al despojo, a la erradicación y a la destrucción del hábitat. En los movimientos urbanos de masa de las principales ciudades brasileñas confluyeron personas de la clase media baja, trabajadores informales y estudiantes. Estos se organizaron en las calles: el centro de organización y confrontación se ubica en los barrios y comunidades. El blanco de ataque es el estado post neoliberal. El poder de convocatoria de los sindicatos ha disminuido en un ratio de 20 a 1. Dos millones de trabajadores participaron en marchas de protesta contra la corrupción masiva, la asignación injusta de los recursos presupuestarios y la caída de los estándares de vida y la calidad de servicios básicos de salud, educación y transporte.

La nueva lucha de clases está conformada básicamente por la joven generación de trabajadores no sindicalizados, muchos de los cuales son trabajadores del sector informal y trabajadores de servicios con salarios bajos, alto nivel de dependencia de los servicios públicos y sin protección social del estado.

La fisonomía compleja y cambiante de la "lucha de clases desde abajo" se corresponde con la continuidad y los cambios de la "lucha de clases desde arriba".

Las clases dominantes han cambiado de postura: pasaron de tener una posición de fuerza bruta -vía dictaduras militares y regímenes ultra-autoritarios al lanzar la contrarrevolución neoliberal a principios de la década del 70 y mediados del 80- hacia una postura de apoyo a la transición negociada a políticas electorales como un medio de consolidar el modelo e implementar rápidamente la agenda neoliberal en la década del 90.

Frente a las revueltas populares contra el neoliberalismo de fines de la década del 90, la élite agro-minera apoyó a los regímenes post neoliberales de centro-izquierda y se aseguró un lugar de privilegio en el nuevo modelo, aceptando el aumento de impuestos y los pagos de royalties a cambio de vastos subsidios estatales y apropiaciones de tierra a gran escala.

Con la caída del mega-boom (después de 2012) diferentes sectores de la clase dominante adoptaron distintas estrategias: algunos, sobretodo los sectores agro-mineros de Brasil, presionaron por un regreso al neoliberalismo dentro de los regímenes de centro-izquierda; otros, especialmente la unión agro-industrial de Argentina, organizaron "protestas masivas" para deteriorar al gobierno post neoliberal y la inversión inmobiliaria y el capital financiero internacional trasladaron capital hacia sitios más lucrativos en otras regiones.

Mientras que la lucha de clases en sus múltiples expresiones es una fuerza "constante" y en movimiento que determina estrategias económicas y la dirección de la política social, la forma organizativa que adquiere ha cambiado drásticamente en la última mitad del siglo. Incluso lo que aparenta ser una organización similar ("movimientos", "sindicatos" y "movilizaciones basadas en la comunidad") posee grandes variantes en su composición interna y en su modo de operar. Para aumentar la complejidad, las organizaciones cambian con el tiempo tanto en sus estructuras como en sus relaciones con el estado, según la tendencia política del gobierno en el poder.

Vamos a examinar algunos ejemplos:

En la década del 70, los sindicatos de Chile, Argentina, Perú y Uruguay estaban altamente politizados, tenían un papel principal en la movilización y en la unión con partidos y movimientos barriales promoviendo la socialización de la economía y la resistencia a las dictaduras militares. Así mismo, durante las últimas fases de las dictaduras militares en Brasil y Perú, los sindicatos militantes participaron en huelgas masivas para acelerar el advenimiento de políticas democráticas electorales. Posteriormente, con el surgimiento de los regímenes post neoliberales, la mayoría de los sindicatos participaron en negociaciones colectivas tripartitas sobre estrechas demandas corporativas, eludiendo cualquier lucha enraizada en la comunidad sobre cuestiones sociales y, en muchos casos, respaldando las políticas gubernamentales mediante sus líderes cooptados. En otras palabras, los sindicatos han tenido en diferentes épocas tanto el papel de "vanguardias sociales" y aliados de los movimientos de masa, como de mediadores del compromiso social o el de colaboradores activos y correa de transmisión del estado. El mismo concepto organizativo de sindicato abarca respuestas contradictorias a las demandas de la lucha de clases. Lo mismo sucede con los "movimientos sociales". Desde el comienzo de los regímenes neoliberales, y durante su accionar catastrófico los movimientos sociales tuvieron un papel de liderazgo cuestionándolos y derrocándolos ante la crisis económica. Los movimientos abarcaron un amplio abanico, desde los trabajadores urbanos desempleados organizados localmente en Argentina a los movimientos indígenas comunitarios de Ecuador y Bolivia, y a los movimientos de trabajadores rurales centralizados de Brasil. Con el surgimiento de los regímenes post neoliberales y el auge del mega-ciclo, los movimientos de desocupados (piqueteros) prácticamente desaparecieron en Argentina, sectores importantes del movimiento indígena, especialmente los cocaleros de Bolivia perdieron su autonomía y pasaron a apoyar políticamente al gobierno de Evo Morales, y el movimiento MST (Movimiento de los trabajadores rurales sin tierra) disminuyó su actividad de recuperación de la tierra en pos de los subsidios económicos de los regímenes de Lula y Dilma en Brasil.

Lo que es impactante en relación al concepto de "movimientos sociales" es que cuando disminuye la lucha de clases llevada a cabo por movimientos anteriores, establecidos y/o cooptados, movimientos nuevos y vibrantes irrumpen en la escena. En Bolivia el movimiento TIPNIS lidera la lucha contra las estrategias extractivas del gobierno de Morales. En Brasil, los movimientos de masas conformados por millones de personas desafiaron las políticas, prioridades y a los políticos corruptos del gobierno de Lula-Dilma. Movimientos eco-indígenas sobrepasaron a los sindicatos y los movimientos sociales cooptados en Ecuador, Argentina, Paraguay y Perú... Nuevas organizaciones de clase y organizaciones civiles dinámicas y enraizadas en la comunidad participan en confrontaciones masivas contra las multinacionales mineras extractivas y el estado en Colombia, Perú, Ecuador y otros países.

La dinámica del capital extractivo, con sus políticas extremas de erradicación, desplazamiento y desposesión de comunidades enteras, genera alianzas interclasistas y abarcadoras que desafían el poder y las prerrogativas del estado para dictar políticas de desarrollo, al menos en relación con la explotación regional de los recursos. Con la caída del mega-ciclo extractivo y la disminución de la demanda de commodities y de sus precios, mientras el crecimiento de China, India y el resto de Asia se desacelera, regresan los signos de una lucha de clases nueva, amplia, nacional (en oposición a regional). La élite debate estrategias de clase. Los sectores del capital extractivo demandan intensificar la producción para compensar la baja de precios; otros se aseguran recortes en impuestos y costos sociales; otros, en los regímenes post neoliberales hacen llamados a un "nuevo modelo de desarrollo" frente a la movilización de las masas (Lula Da Silva en Brasil). Los gobiernos post neoliberales, temerosos de la fuga de capitales, son presionados para hacer mayores concesiones impositivas a los capitalistas, por un lado, y por el otro, sienten temor ante los movimientos urbanos masivos que exigen mejoras efectivas en los servicios públicos y el empleo; vacilan entre las concesiones sociales y la represión policial.

Dado el alto grado de dependencia inscripto dentro del modelo extractivo, cortar las conexiones gubernamentales con el comercio de commodities, y construir un nuevo modelo equilibrado requerirá de un compromiso más profundo y amplio con las clases populares y un retorno a la lucha de clases desde abajo.

Estudios de caso de la lucha de clases desde arriba y desde abajo

La lucha de clases ha sido claramente internacionalizada. La intervención imperial es una parte central de la lucha de clases desde arriba y es endémica, ya sea mediante corporaciones multinacionales, inversión y desinversión, los golpes de estado promovidos por el imperio y las políticas desestabilizadoras o las invasiones militares -directas o a través de terceros países. La lucha de clases antiimperialista desde abajo es menos prominente, pero se manifiesta en la ayuda internacional y las políticas solidarias promovidas desde Venezuela con el ALBA, reuniones internacionales de estrategia campesina, de pueblos indígenas y movimientos de solidaridad. Sin embargo, lo fundamental de la lucha de clases contra la explotación halla su expresión en los movimientos de los oprimidos y los desposeídos, quienes solo pueden contar en última instancia con los recursos de sus propias bases -a diferencia de las clases dominantes, que dependen de sus aliados imperiales estratégicos.


Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

sábado, 7 de septiembre de 2013

Por la soberania de la Pachama y de nuestros cuerpos

El Yasuní no se vende, se respeta y se defiende

Ecuador rebelde


Con dolor recibimos la noticia gubernamental de poner fin a la Iniciativa Yasuní ITT. Recordamos que esta propuesta pionera en el mundo plantea dejar el crudo bajo tierra, es decir dar un paso hacia un país pospetrolero que deje de asentar su desarrollo en la destrucción de la naturaleza.
Nosotras mujeres del campo y la ciudad, que venimos de las montañas, del mar, los manglares, de la selva, nosotras campesinas, pescadoras, estudiantes, profesionales, amas de casa, comerciantes, nosotras indias, negras, mestizas, cholas, nos pronunciamos ante esta medida arbitraria y prepotente:
1. Le recordamos al Ecuador y al mundo, que la propuesta de no explotar el petróleo ha sido construida desde hace dos décadas por organizaciones indígenas, ecologistas, campesinas, no es una invención de la revolución ciudadana, por tanto este gobierno NO puede decidir sobre la misma.
2. El argumento es que el dinero servirá para superar la pobreza de los pueblos amazónicos. Preguntamos: ¿con los 18.000 millones que se recaudarán en 25 años se podrá cumplir la tarea que durante 6 años no se logró, a pesar de tener el ingreso de 156.000 millones?, recordamos que esta es la cifra más alta de ingreso que un gobierno ha recibido en la historia. ¿No es mejor reducir el presupuesto que se gasta en sabatinas, cadenas nacionales, propaganda, viáticos?
3. Se dice solo se afectará el 2 x 1000 del parque, le recordamos al economista, que en la ciencia de la vida todo está interrelacionado, al ser intervenidas 900 ha se producirán cambios en todo el ecosistema, NO es posible intervenir un territorio tan frágil sin causar afectaciones serias. De esta manera solo se afectaría al Buen Vivir que implica el equilibrio entre el hombre y la naturaleza, parte de nuestra constitución y tan pregonado por este gobierno.
4. El gobierno ecuatoriano es el responsable del cuidado y la vida de los pueblos aislados Tagaeri y Taromenani, al no cumplir con esta tarea el estado podría estar cometiendo un genocidio, haciendo caso omiso a las medidas cautelares de protección emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos - CIDH en el 2006. Los pueblos no contactados transitan a lo largo de todo el parque, es falso que ellos estén a 70 Km. de la zona de intervención.
5. Sabemos por experiencia propia que las mujeres somos las más afectadas cuando llegan las industrias extractivas porque llega también la prostitución, alcoholismo, violaciones. La salud sexual y reproductiva se ve afectada profundamente por el uso de agua contaminada en el aseo personal así como en el contacto al lavar en los ríos contaminados. Sabemos que el trabajo se incrementa cuando se contamina la tierra y el agua, cuando nos toca cuidar a los enfermos por la contaminación. Cuando ya no podemos alimentar a nuestras familias con comida sana, cuando se atropellan nuestros derechos, son nuestros cuerpos los que soportan la violencia en los territorios petroleros y mineros.
6. Se dice que los impactos disminuirán con el uso de tecnología de punta, sabemos que no existe tecnología que garantice un impacto mínimo. La industria petrolera es un negocio que se ha caracterizado por trasladar los costos a la naturaleza y comunidades que viven en las zonas de explotación, como un mal ejemplo tenemos el caso de la CHEVRÓN TEXACO. Es falso decir que no habrán impactos cuando sabemos que en el Yasuní hay crudo pesado y para ser explotado necesita altas temperaturas para ser transportado. ¿si esa tecnología de punta existe ¿por qué Petroecuador, ahora Petroamazonas, no la utilizó para evitar todos los derrames anteriores?
Demandamos al Gobierno y a la Asamblea Nacional:
1. Hacer cumplir la voluntad del pueblo mediante el llamado a consulta popular, derecho que nos asiste la propia legislación ecuatoriana.
2. Respetar el artículo 407 de la constitución ecuatoriana que claramente prohíbe la actividad extractiva en áreas protegidas, declaradas como intangibles, de esta manera se garantiza la vida de los pueblos aislados. De la misma manera el respeto a los derechos de la naturaleza también establecidos en nuestra constitución.
3. Cesar de manera inmediata la campaña de desprestigio y represión contra la respuesta pacífica y creativa que el pueblo ecuatoriano, los jóvenes, ecologistas, indígenas, mujeres y más organizaciones hemos manifestado para que se escuche nuestra voz. Se pretende desvirtuar la defensa de la naturaleza, acusando a sus defensores de no querer que el país salga adelante, o de querer desestabilizar el país. Nos preguntamos ¿Que les vamos a dejar a nuestros hijos e hijas y a las futuras generaciones?
4. Que los 18.000 millones que se dice se recaudarán con la explotación del ITT se los cobre en impuestos a los ricos, a los banqueros, a los empresarios que durante este gobierno han incrementado sus ganancias de manera significativa.
Por último, hacemos un llamado a todos y todas las ecuatorianas a sumar nuestra fuerza para hacer cumplir la voluntad del soberano, la voluntad popular que se niega a perder el Yasuni, que se niega a esperar "los cuatro reales de los países ricos" para no explotar el ITT.
VAMOS A CONSULTA POPULAR, vamos a organizar la defensa de la vida en el Yasuní y en el Ecuador.
¡18.000 millones que salgan del bolsillo de los pelucones!

Fracking progresista

Raúl Zibechi
La Jornada


La debacle ética siempre antecede a la material. Aunque no existe una relación mecánica entre ambas, la primera es condición de la segunda. Para las personas de izquierda la experiencia histórica podría servir de referencia e inspiración, pero sobre todo como impulso hacia la coherencia más allá de las conveniencias del momento, que de eso trata la ética.

Algo deberíamos haber aprendido de la dramática experiencia del socialismo real. Quienes nos opusimos en la calle a la invasión de Vietnam a menudo guardamos silencio ante la invasión a Checoeslovaquia, por la sencilla razón de que el antimperialismo (estadunidense) nos impedía cuestionar al expansionismo soviético porque lo consideramos (erróneamente) enemigo de aquél. Terrible lógica que tuvo trágicas consecuencias.

¿Cuántos de los que denunciaron vivamente los campos de exterminio nazis hicieron lo mismo ante los juicios de Moscú y la represión estalinista? Apenas un puñado, acusados de agentes del enemigo cuando en realidad eran troskistas y anarquistas, o comunistas disidentes, chivos expiatorios de una geopolítica del poder dispuesta a sacrificar la ética en el altar de las conveniencias del momento.

La justificación ideológica de las deserciones de la ética son las peores consejeras, porque ensucian las ideas que dicen defender. A tal punto que conceptos nobles como comunismo o dictadura del proletariado dejaron de imantar la energía y la imaginación de los oprimidos y las oprimidas del mundo. Por regla, suelen hacerse concesiones de principios (como se decía antes cuando no nos atrevíamos a pronunciar el vocablo ética) en aras de supuestas ventajas tácticas.

Algo similar está sucediendo en relación a iniciativas de los gobiernos progresistas. El domingo 1º de septiembre Página 12 publicó un artículo titulado Fracking, en el que defiende la fractura hidráulica porque oponerse sería tanto como sintonizar con la oposición derechista. Acusa a los que se oponen a esa técnica de ser ecologistas, a los que define como reaccionarios que antes se opusieron a la megaminería, a los transgénicos y los agroquímicos.

El articulista, en un medio que supo ser crítico del poder neoliberal, señala que se trata de un pensamiento regresivo y asegura que “aún no aparecieron argumentos convincentes contra los supuestos efectos contaminantes del fracking”. Va más lejos y postula que “no hay razones para pensar que el fracking será más riesgoso que otras actividades extractivas”.

Luego de despotricar contra los críticos, el articulista detalla la trascendencia de las conveniencias del momento, ya que las reservas no convencionales en el sur argentino serían 67 veces las actuales reservas de gas y 11 veces las de petróleo. La magnitud de esta riqueza parece inconmensurable desde la perspectiva actual y tras la reaparición del déficit energético externo. Ese déficit apareció, por cierto, luego de la desastrosa política privatizadora de Carlos Menem en la década de 1990.

Sin embargo, Menem privatizó las empresas estatales, entre ellas YPF que era superavitaria, con argumentos muy similares a los que se esgrimen ahora: miradas de corto plazo asentadas en la riqueza real que se va a obtener. Recordemos que fue el político más popular de la década de 1990, al punto que fue relecto con 49.9 por ciento de los votos en 1995 luego de haber regalado medio país a las multinacionales.

Menem se convirtió en cadáver político porque en cierto periodo, hacia fines de la década en la que gobernó, las conveniencias del momento empezaron a jugarle en contra. No fue capaz de asumir las consecuencias de sus decisiones y su prestigio fue enterrado por un ciclo de luchas iniciado en 1997 que tuvo su clímax en el levantamiento popular del 19 y 20 de diciembre de 2001, que expulsó de la presidencia a su sucesor, Fernando de la Rua.

Con el fracking, la megaminería y los monocultivos de soya sucede algo similar. Durante 10 años y gracias a los altos precios de las commodities la economía parece funcionar y hay dinero para pagar políticas sociales que aplacan la pobreza sin realizar cambios estructurales. Pero, ¿pueden los defensores del modelo mirar a la cara a las Madres de Ituzaingó, que vieron morir a sus hijos por los efectos de los plaguicidas, y decirles que son víctimas de un pensamiento regresivo y reaccionario?

Las Madres de Ituzaingó, un barrio obrero de la periferia de Córdoba rodeado de campos de soya, recorrieron el suburbio puerta por puerta cuando empezaron a ver morir a sus hijos y descubrieron que los índices de cáncer son 41 veces superiores al promedio nacional. Durante años ningún organismo del Estado acogió sus denuncias. En Ituzaingó hay 300 enfermos de cáncer, nacen niños con malformaciones, 80 por ciento de ellos tienen agroquímicos en la sangre y 33 por ciento de las muertes son por tumores, dijo Sofía Gatica en un reciente encuentro contra la minería en Buenos Aires, finalizado el mismo día que en Página 12 se defendía el fracking.

Con los años, Gatica, en nombre de las madres, recibió el Premio Goldman, uno de los galardones más importantes del mundo para luchadores por el medio ambiente. Los soyeros fueron condenados, la justicia reconoció la contaminación y el gobierno tomó cartas en el asunto. Entre tanto, un inmenso dolor atraviesa a las madres del barrio y de muchos otros pueblos de la Argentina soyera. Las Madres de Ituzaingó no son ecologistas ni pertenecen a ningún partido de izquierda ni apoyan a la derecha ni están contra el gobierno. Es otra lógica, la de la dignidad.

Entre los progresistas de la región se ha impuesto una lógica perversa: medir las cosas según beneficien a la derecha o al gobierno. Ese fue el argumento de algunos politólogos ante las masivas manifestaciones de junio en Brasil. La única brújula para no perderse es la ética. Hoy sus agujas enfilan contra la megaminería y el extractivismo, sin importarles quiénes estén en el gobierno.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2013/09/06/index.php?section=opinion&article=024a1pol


jueves, 5 de septiembre de 2013

Colombia: Tratado de Libre Comercio, Deuda, y Soluciones Temporales a la Crisis Agraria

¡LAS CALLES Y PUEBLOS TIENEN LA ÚLTIMA PALABRA!
Miércoles 4 de septiembre de 2013, por Mar
Las manifestaciones y protestas por parte de agricultores en Colombia están a punto de completar dos semanas. En un país caracterizado históricamente por el abandono y falta de apoyo al desarrollo de zonas rurales, los campesinos decidieron desde el 19 de Agosto 2013 salir a protestar por las carreteras de toda Colombia. Las manifestaciones aglomeran un diverso grupo de sectores y regiones del país, desde cultivadores de papa en Boyacá, pasando por productores de leche en Nariño, hasta llegar a cultivadores de arroz y tomate en el Huila.
por CADTM Colombia, 3 de septiembre de 2013

Si bien las características específicas de los problemas de cada uno de estos sectores son diferentes, existen una serie de elementos comunes entre estos. Entre ellos se destaca la dificultad de competir con productos importados de bajo costo que entran al país en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con los Estados Unidos, apreciación del tipo de cambio, altos costos de los insumos y fertilizantes, así como la falta de apoyo del gobierno al sector agrícola en la forma de preparación técnica, créditos y subsidios. Tomados de conjunto estos elementos muestran que más allá de ser un problema coyuntural, la problemática del campo colombiano tiene un carácter estructural. Las protestas en este sentido responden a la maduración de un conflicto social y económico de larga data.

Ante esta situación el gobierno ha adoptado un discurso disociado de la realidad. En un primer momento, a una semana del comienzo del paro, el Presidente Santos negó la existencia misma de este. Solo ante el recrudecimiento de los bloqueos de carreteras, así como las denuncias de abuso de fuerza por parte de la Policía Nacional, el Presidente se retractó de su afirmación. Así, en el curso de 3 días, se pasó de una situación donde el discurso oficial del gobierno negaba la existencia de problemas, a uno donde se reconocía una crisis generalizada del sector agrario.

Las respuestas propuestas por parte del gobierno no difieren mucho de su discurso. Más que proponer un replanteamiento generalizado de la política en el sector agrario, el gobierno se circunscribe a plantear remedios de corto plazo los cuales en última instancia solo alargan la agonía de los campesinos colombianos que viven día a día del producto de la tierra. En el caso del TLC, el gobierno propone la implementación de salvaguardas que temporalmente permiten aumentar las tarifas arancelarias en una serie de productos agrícolas. Así mismo, propone la eliminación de aranceles para insumos con el objetivo de reducir los costos de estos. Finalmente, como sucedió en el caso de los caficultores, el gobierno ha propuesto el establecimiento de subsidios destinados a mantener precios mínimos para los productores.

Si bien estas propuestas permiten aliviar de manera inmediata la difícil situación de los campesinos colombianos, lo cierto es que el gobierno no está en capacidad de mantener este esquema de subsidios y protección más allá de unos cuantos meses. Ello se debe al marco institucional asociado a la adopción del TLC por parte del país. La eliminación de aranceles a bienes agrícolas adoptada al momento de firmar dicho acuerdo es de carácter permanente. Debido a este cambio, se ha observado un inusitado aumento de las importaciones de alimentos en Colombia. Entre 2012 y 2013, primer año de vigencia del TLC, las importaciones de bienes agrícolas de Colombia desde Estados Unidos aumentaron en un 70% |1|.

Para disminuir la entrada de importaciones, el gobierno ha propuesto el uso de salvaguardas. Dentro de las regulaciones del TLC estas permiten aumentar temporalmente las tarifas ante situaciones excepcionales como las que vive el país actualmente. Sin embargo, solo pueden utilizarse entre 1 y 3 años, con renovación requerida en el segundo año. Más allá del tercer año, el uso de este tipo de mecanismos queda prohibido por parte del acuerdo |2|. Es decir que futuros gobiernos que tengan interés en proteger la producción nacional por medio de cambios en la política arancelaria del país se verán imposibilitados por las restricciones impuestas por el TLC. En tal evento, tanto los productores nacionales, como la soberanía alimentaria del país, quedaran de nuevo indefensos ante las importaciones de alimentos.

En cuanto al tipo de cambio, la apreciación experimentada por el peso colombiano a lo largo de los últimos años pone en seria desventaja a los productores nacionales, al reducir artificialmente el costo de las importaciones. Los principales factores detrás de esta dinámica son la alta entrada de capitales al país asociadas con actividad en el sector minero, así como capitales golondrina buscando beneficiarse del diferencial de tipo de interés. La única respuesta del gobierno ante esta situación ha sido la esterilización de los flujos de capital por medio de la emisión de deuda de corto plazo. En los últimos 2 años tal estrategia le ha costado al gobierno cerca de mil millones de dólares, en la forma de pérdidas registradas por parte del Banco de la Republica, a cambio de moderar mas no eliminar completamente la revaluación. Frente a esta política la alternativa es la implementación de controles de capitales, como ya se ha hecho anteriormente en el país. Sin embargo, como en el caso de las salvaguardas, el país no puede utilizar este mecanismo debido a las restricciones impuestas por el TLC, las cuales prohíben este tipo de controles. Así, el tipo de cambio del peso colombiano y con ello la suerte de los productores nacionales siguen sujetas a los vaivenes de la especulación financiera.

El costo de los insumos y fertilizantes es un caso similar a lo que ocurre con las salvaguardas y los controles de capitales. El problema clave en esta area es la concentración en la estructura de mercado. La razon por la cual en Colombia los precios de los fertilizantes pueden llegar a estar entre 25 y 35% por encima de los precios internacionales esta asociada con el hecho que solo 4 empresas controlan entre el 80 y 90% del mercado en el pais |3|. La disminución en las tarifas aunadas a las restricciones fitosanitarias y de calidad en el TLC mantendran esta estructura, cambiando solamente los proveedores. Ello se debe a que las restricciones fitosanitarias y de calidad, requieren de la utilizacion de semillas y fertilizantes certificadas. Estos son provistos por las grandes compañias de la agroindustria como Monsanto, las cuales obligan a los cultivadores a comprar paquetes tecnologicos completos. En el caso de aquellos cultivadores que se resistan a este esquema productivo, se arriesgan a la destrucción de sus cultivos y semillas como queda demostrado en el documental 9.70 |4|.

Finalmente, en lo que respecta a los subsidios, estos representan tal vez la peor alternativa disponible. Ante la falta de protección y apoyo a la agricultura por parte del gobierno, los subsidios solo mitigan de manera temporal el carácter estructural de la baja productividad de gran parte del sector agricola en Colombia. En lineas generales, los subsidios tienden a beneficiar a la agroindustria en el pais, la cual dispone de facil acceso a credito por su tamaño y altos niveles de productividad, sin ayudar de manera estrategica a mejorar las condiciones de producción y de vida de los pequeños y medianos campesinos que viven cosecha a cosecha.

Ante esta situación se requeriria un aumento significativo de los recursos que destina el pais, no para subsidiar, sino para invertir en el desarrollo de las capacidades y potencial de la agricultura en el pais, por medio de la tecnificación y especialización productiva de la economia campesina. Sin embargo, una mirada al presupuesto de la Nación revela una situación bastante diferente. Mientras que en el presupuesto de 2013 el sector agricultura recibio recursos por 3,7 billones de pesos (1,9 millardos de dolares) en 2014 el sector recibira 2,1 billones de pesos (1,1 millardos de dolares). Esto representa una disminución del 43%, justo en el año en que ademas del TLC con Estados Unidos, se espera entre en vigencia el TLC con la Union Europea.

No solo el sector agricola ve reducida su partipación sino que en general la estructura del presupuesto de Colombia muestra la poca atención que recibe el campo. Los recursos del sector representan un 1% del total del presupuesto de 2014. Mientras tanto el sector Defensa, basicamente los recursos de la Policia y Ejercito Nacional, recibira 27,7 billones de pesos (14,5 millardos de dolares), es decir 14 veces los recursos destinados para agricultura. Mas grave aun, mientras los campesinos protestan y se manifiestan en contra del olvido estatal, el gobierno destina 44,7 billones de pesos (23,3 millardos de dolares) para el pago de la deuda, o 23 veces los recursos de agricultura. Al sumar los recursos destinados al pago de la deuda y el sector defensa, estos representan el 37% de los recursos totales del presupuesto de 2014. Esta cifra es el equivalente de los recursos de agricultura, educación, salud, inclusión social, transporte y vivienda.

Los numeros dejan en claro que mas alla de buscar resolver de manera estructural los problemas del campo colombiano, el gobierno busca soluciones de corto plazo que le permitan posicionarse de cara a las elecciones que tendran lugar en el pais en el primer semestre de 2014. El costo de esta estrategia necesita ser sopesado, no solo frente a la futura reaparición de la misma serie de problemas que enfrenta hoy en dia el sector agricola, sino mas importante aun frente a una posible conclusion exitosa de los dialogos de paz que se llevan a cabo en la Habana. Ante la oportunidad historica de lograr una solución negociada al conflicto armado, Colombia no se puede dar el lujo de continuar desatendiendo las tensiones sociales y economicas que dieron lugar originalmente al periodo de violencia que ya dura mas de 60 años. Al parecer las calles y pueblos de Colombia, y en especial su capacidad de seguir presionando por cambios al gobierno, tienen la ultima palabra al respecto.

Notas:

|1| Senado de Colombia, "Las cifras confirman que Colombia es el gran perdedor del TLC con Estados Unidos: senador Robledo”, disponible en: http://www.senado.gov.co/sala-de-pr...

|2| Kruger, P., Denner, W., Cronje, J., (2009), “Comparing Safeguard Measures in Regional and Bilateral Agreements”, ICTSD, Issue Paper No. 22, disponible en: http://www.felixpena.com.ar/601E3B3...

|3| El Espectador, “Colombia, campeón mundial en precio de fertilizantes”, disponible en: http://www.elespectador.com/noticia...

|4| En este documental se muestra el caso de un grupo de cultivadores de arroz del departmento del Huila, los cuales se ven forzados a destruir sus semillas en el marco de los lineamientos del TLC con Estados Unidos. Ver, Documental 9.70 de Victoria Solano, disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=kZWA...


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