La locomotora
minero-energética es una de las que más avanza. Sin embargo, las comunidades
que habitan los territorios donde se están llevando a cabo algunos de estos
megaproyectos están preocupadas. Del crecimiento de la explotación minero
energética en el país se desprenden riesgos sociales, culturales y ambientales.
Estos son cinco casos críticos de inconformidad social frente a la locomotora.
1. El cerrejón y la desviación del rio Ranchería
El Cerrejón es una
de las minas de explotación de carbón a cielo abierto más grandes del mundo.
Sus principales propietarios son las multinacionales BHP Billiton, Xstrata y
Anglo American. Los problemas sociales allí son de vieja data y tiene que ver
con la poca incidencia que han tenido las ganancias en la región y la
insuficiente participación local en la fuerza laboral y los reasentamientos
forzados de las poblaciónes del Viejo Oreganal y Tabaco. (Informe completo de los efectos socio ambientales).
Por otra parte a
pesar de que la compañía ha desarrollado programas de desarrollo sostenible, la
explotación ha tenido efectos como emisión de gases, la eliminación de flora y
fauna, el ruido y el uso del agua con efectos negativos sobre el río Ranchería.
Actualmente se
discute el proyecto de expansión que espera sacar 500 millones de toneladas de
carbón ubicadas debajo del rio, lo que implica su desviación en 26 kilómetros. El Cerrejón, en su Resumen del Proyecto de
Expansión, reconoce que la pérdida parcial del agua sería de
aproximadamente 40%; y que habría un aumento de la descarga de sólidos sobre el
rio, aunque la empresa tiene planeado un programa para reducir al “mínimo” la
erosión.
El proceso de
preconsulta en las comunidades indígenas que se verían afectadas por la
expansión, evidencia la negativa de los pobladores, además hay denuncias sobre el ofrecimiento de chivos, vacas, hilos y máquinas por el “sí” de
los wayuu. La oposición al proyecto se expresó en el marco del Foro
"Impactos de la Mega minería del carbón en la Guajira y la Nación" y
en la movilización nacional del 1ro de agosto pasado. Actualmente el Río Ranchería se ha convertido
en un símbolo de la resistencia guajira.
2. La Colosa en el Tolima
Las pruebas
realizadas por la multinacional surafricana Anglo Gold Ashanti sugieren que en
este territorio el oro está superficialmente disperso en un área de cerca de
515 hectáreas, las cuales explotarían por el método de minería a cielo abierto.
Los cálculos señalan que en los 15 años que durará la explotación en Cajamarca, la
empresa utilizará alrededor de un millón de toneladas de explosivos. Se estima
que se removerán 600.000 toneladas de suelo diarias.
En oposición a la
mina, los pobladores de la zona han realizado consultas, campañas informativas
y actividades de movilización como la “minga de resistencia social y
comunitaria” del 7 y 8 de mayo de 2011, el Carnaval en Ibagué para impedir La
Colosa del 3 de junio de 2011, la Segunda Marcha Carnaval del 13 de octubre
de 2011 y una tercera marcha el psado 5 de junio.
3. El Paramo de Santurbán
La compañía
canadiense Greystar Resources proyectaba la mina de oro "Angusturas",
en el municipio de California, en Santander. Este proyecto fue desmontado por la presión social, pero ahora se vuelve a presentar
bajo el nombre de “Eco Gold”. La explotación minera en una zona de Paramo sería
nefasta para el ecosistema de Santurbán, que es excepcionalen los sistemas de alta montaña en el
mundo.
Colombia tiene una
legislación que busca proteger y conservar estas reservas naturales, por ello
el debate está dado por la poca claridad sobre el límite del páramo, que
produce agua para Cúcuta, Bucaramanga, y más de 30 municipios.
El 21 de noviembre
de 2011 se realizo una segunda audiencia sobre el proyecto. A esta asistieron cerca de 1.300 personas
evidenciando la división de la comunidad, mientras unos se oponen rotundamente
al proyecto, otros celebran la llegada de la Greystar.
La oposición al
proyecto se ha sentido en Bucaramanga. El 25 de febrero de 2011, ocho mil
personas salieron a las callesen
esta ciudad, era la tercera vez que se movilizaban. Este año, el 16 de marzo,
se realizó otra movilización en defensa del agua y los páramos. Además, se creó el comité por la
defensa del agua y el páramo, el comité de defensa del agua y a la causa se han
unido algunas juntas de acción comunal de la ciudad y grupos ambientalistas y
de izquierda, académicos y actores políticos locales.
4. Hidroeléctrica El Quimbo
Las obras de esta
hidroeléctrica, a cargo de la transnacional Emgesa, fueron oficialmente inauguradas el 25 de febrero de
2011. Según el presidente Santos, presente en la inauguración, la hidroeléctrica
ofrece la oportunidad al país de convertirse en una potencia energética. Sin
embargo, en los municipios Gigante, Garzón, Altamira, El Agrado, Tesalia, y
Paicol se manifiestan varias preocupaciones. Especialmente por la reubicación
de 456 familias, la mayoría de las cuales sobreviven de actividades
agropecuarias en el área. Los impactos ambientales, como los ya evidentes
deslizamientos de tierra, y el bajo monto de la compensación también preocupan.
Asoquimbo
(Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico del Quimbo), es la
organización que ha liderado la oposición. Fundada hace más de tres años, esta
entidad ha denunciado irregularidades en la licencia ambiental y en las compensaciones
forestales. Cabe recordar el debate nacional por la publicación de un video-reportaje que contenía
imágenes del violento desalojo efectuado contra los campesinos y pescadores que se rehusaban a salir de
sus predios y se oponían al proyecto.
Por estos días
justamente el tema de El Quimbo ha vuelto a sonar, pues desde el pasado
miércoles 8 de agosto llegaron se concentraron en la zona indígenas, campesinos
y pescadores tras esquivar dos retenes de la policía que trataron de evitar su
paso. Tras deliberar en asamblea, el 11 de agosto decidieron salir nuevamente a
protestar a la carretera que comunica el centro del país con los departamentos
de Putumayo, Huila y Caquetá, a exigir un escenario de interlocución directa
con el gobierno nacional respecto del proyecto. Frente a esta movilización el Esmad respondió dejando varios detenidos y 25
heridos.
5. El oro en Marmato, Caldas
En Marmato (Caldas)
se vive un grave conflicto en el que los intereses de la empresa canadiense
Medoro Resources están en contravía con los de la comunidad. MedoroResource ha
señalado que en ésta mina explotada desde tiempos pre-coloniales, existen
reservas del orden de 7 millones 49 mil onzas de oro. El Gobierno y la empresa
consideran urgente trasladar el pueblo, argumentando que está en zona de alto
riesgo, aunque sus pobladores señalan que la razón es diferente: explotar las minas a cielo abierto.
Aunque en 2006 se presentó un deslizamiento de tierra, Corpocaldas declaró que
el riesgo es mitigable.
Los pobladores y
pequeños mineros en contra del traslado y de la explotación a cielo abierto,
conformaron el Comité Cívico Prodefensa de Marmato exigiendo una consulta
previa con las comunidades negras e indígenas en la región, pues aunque gran
parte de la población es indígena y afro, la empresa argumenta que no hay
resguardo ni un ente legalmente establecido ante el cual realizar la consulta
previa.
El comité cívico
prodefensa de Marmato resalta que el pueblo fue declarado patrimonio histórico
por tanto no podría ser trasladado. En junio de 2010 la población se declaró en
paro contra la compañía. En enero de 2011 los pequeños mineros organizaron un mitin
y en mayo de 2011 hubo una protesta de 4.000 personas. La tensión aumento en la
zona por el asesinato el primero de septiembre de 2011 del sacerdote José Reinel Restrepo Idárraga, quien
lideraba el Comité Cívico Prodefensa de Marmato.
Los riesgos de los megaproyectos
Son serios los
efectos ambientales de estos megaproyectos. Un ejemplo: para extraer 0.001
kilogramo de oro de manera industrial es necesario remover y destruir una
tonelada de suelo, y cada kilo de oro consume 380.000 litros de agua pura, y
deja además, residuos de mercurio y cianuro.
Los riesgos
sociales no son menores: expropiación de las tierras, impactos en la salud,
alteración de las relaciones sociales, destrucción de las formas de sustento, desplazamientos
y desintegración social.
En el caso
colombiano, preocupa que varias de las zonas de megaproyectos de esta índole
coincidan con presencia de comunidades indígenas y afrocolombianas vulnerables.
Por mandato constitucional, en estas debería realizarse una consulta previa,
pero en la práctica este procedimento no siempre se hace como debería,
a veces por malos manejos o simple desconocimiento.
Por otro lado están
también las comunidades campesinas quienes se resisten al cambio cultural y
pérdida de sus tierras, pero legalmente no tienen derecho a consulta previa, lo
que mantiene abierta la discusión acerca de si el Estado y las empresas
privadas deben adelantar los proyectos aún cuando existe oposición expresa de
la comunidad.
Robin Hood
22 agosto - 10:28 pm
Muy interesante
esto de la mineria, y como dicen los indigenas del Cauca que tanto la ilegal
como la ilegal son destructivas. Imoportante sobretodo al terminar el articulo
Doña Fernanda, lo de los campesinos que no tienen derecho a la consulta previa.
No me habia pasado eso en la cabeza.
De Santurban le que
cuento que el entonces gobernador Serpa y tambien ex-alcalde de B/manga estaban
a favor de la Greystar todo el tiempo, fue en el ultimo minuto que se echaron
para atras al ver las movilizaciones, en las que Fenalco Santanter participo
activamente y por ellos fue dificil que los macartizaran.
No hay comentarios:
Publicar un comentario