Brecha, Montevideo, 1-6-2012
También los gobiernos progresistas reprimen a las comunidades locales que se resisten a aceptar los proyectos de instalación en sus tierras de compañías multinacionales mineras especialmente depredadoras.
El gobierno peruano de Ollanta Humala es reincidente en ese plano. En esta ocasión se trata de la población campesina de una zona elevada (más de cuatro mil metros de altura) de la provincia de Espinar, en la región andina de Cusco, que salió a manifestar contra la minera de origen suizo Xstrata Copper, a la que responsabiliza de la contaminación de los cursos de agua del área que alimentan sus magros cultivos de subsistencia. La Vicaría Católica de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani recordó esta semana que un estudio realizado en febrero por el estatal Centro de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente había encontrado muestras de contaminación por arsénico y mercurio "por encima de los estándares de calidad ambiental. Se encontraron 28 personas con valores superiores al límite de referencia con mercurio, 24 con valores de arsénico superiores al límite referencial y 10 personas con valores de cadmio por encima del valor referencial".
Los pobladores dicen también que la minera saca gigantescas utilidades de la explotación de las minas, por las que paga un canon ínfimo y reclaman que más dinero quede en la zona. Desde hace casi dos semanas están paralizadas las actividades en Espinar por un paro general. El lunes la policía mató a balazos a dos pobladores, hirió a veinte y atacó a las ambulancias que transportaban a los lesionados hacia centros de salud, según testigos. En la noche de ese mismo día, el gobierno decretó el estado de emergencia en toda la provincia, suspendiendo las garantías individuales. El martes, el líder de la protesta, Herbert Huamán, presidente del Frente de Defensa de Espinar, fue detenido, mientras el alcalde de la localidad, Óscar Mollohuanca, pasó literalmente a la clandestinidad luego de declarar que sabía de la existencia de una orden de arresto en su contra. Pese al estado de emergencia, las movilizaciones se han mantenido.
El primer ministro Óscar Valdés, un militar retirado considerado cercano a los sectores empresariales, justificó la represión policial y tildó de "extremistas" a los pobladores de Espinar que resisten a la minera, imitando la línea del propio presidente Humala, que dos días antes los había llamado "violentistas". Cuando estaba en la oposición, e incluso en campaña electoral, Humala defendía el derecho de las poblaciones locales a decidir su propio destino y a resistir la implantación de proyectos industriales contaminantes, como está comprobado que es el de Xstrata. Con los dos de esta semana ya son 12 los campesinos muertos por la policía peruana en protestas sociales luego que Humala asumiera el poder en julio pasado, fundamentalmente desde diciembre, mes en que Valdés fue nombrado primer ministro. La zona de Cusco fue una de las que más apoyó al actual presidente en las últimas elecciones: ocho de cada diez electores le dieron su voto.
La actitud del gobierno en el caso de Espinar fue criticada (algo) en filas del oficialismo, pero fue fuertemente apoyada por la oposición parlamentaria de derecha. La represión policial de los conflictos sociales ambientales le está dando por otra parte nuevos dolores de cabeza familiares a Humala. Esta misma semana venció el plazo dado al gobierno por la población -y también por las autoridades locales- de Cajamarca, al norte de Perú, para anular, como se había comprometido a hacer, el proyecto de explotación de una mina de oro a cielo abierto que ya había sido concesionada a una empresa dominada por la trasnacional Newmont. Las movilizaciones han sido respaldadas por el padre del presidente, Isaac Humala. El veterano (tiene más de 80 años) anunció que iba a viajar a Cajamarca para sumarse a las manifestaciones de protesta.
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