Publicado el 07 de Junio de 2009
El ministro de Ambiente, Carlos Costa, tiene todas las credenciales para ser un buen defensor de la Naturaleza. Pero la misión encomendada no es protegerla sino encarnarse en lacayo del ministro de Minas, Hernán Martínez, y respaldar las ansias depredadoras de este gobierno. Y doy fe de que lo hace divinamente.
Prefiere enriquecer multinacionales que asegurar el patrimonio verde colombiano; destruir territorios protegidos y anegar tierras fértiles antes que garantizar su conservación.
Cree, al igual que sus compañeros de gabinete e infinidad de compatriotas, liderados por irresponsables como Martínez, que la selva y los bosques son eternos y que desviar ríos, arrasar páramos, agotar existencias de agua para dejar que compañías foráneas y nacionales exploten minas de carbón y oro son daños colaterales del progreso.
Pero el ministro citado, al igual que el de Minas, tiene más delito que el ciudadano de a pie porque son expertos y conscientes de la catástrofe ambiental que están creando. Lo que pasa es que prefieren las aparentes ganancias inmediatas a los beneficios futuros. ¿Cómo puede el responsable de la cartera de Ambiente, si le queda un ápice de ética, defender la mina de oro de Cajamarca, que acabará con una reserva forestal de valor incalculable, alegando que creará tres mil puestos de trabajo? Cómo será de falaz su argumento que en el mismo Tolima, la Asamblea, Cortolima, algunos alcaldes y la sociedad civil se oponen porque ven llegar el desastre disfrazado de espejitos.
No contento con dejar que prime la avaricia de las compañías mineras, no se le ocurre otra cosa que poner la zorra a cuidar el gallinero. En la licencia de exploración de AngloGold en Cajamarca, válida para tres años, quien determina si respeta el entorno natural no es el Ministerio u otro organismo técnico. No, es la propia empresa. Así de idiotas nos consideran.
Y luego están las autorizaciones para arrasar municipios bellos en contra de sus habitantes. Como Nuevo Colón, en Boyacá. No tiene sentido que el Estado central ignore a los interesados, que son los campesinos, y siga adelante con sus proyectos destructivos. En ese pueblito quieren mantener sus cultivos de frutales, su valle verde, sus caños y su vida sana. Pues, no, señores. El Gobierno les tiene un regalo envenenado: una mina de carbón que los hará infelices, arruinará sus vidas y los terminará por expulsar a las barriadas pobres de las ciudades, cuando sus sembrados ya no den cosechas y el lugar se vuelva irrespirable. Eso, ministros, Gobierno, también se llama desplazamiento forzado.
Y si hablamos de páramos, el terror se duplica. Me atrevería a decir que destruirlos es un crimen de lesa humanidad, que en el futuro los insensatos que lo cometan pagarán con penas de cárcel mayores que las del homicidio. Porque es un magnicidio a largo plazo. Sin agua, sin comida suficiente, en unos lustros las guerras ya no serán contra fanáticos religiosos sino por los escasos recursos. Lástima que la ley no tendrá efectos retroactivos.
Este gobierno aún no ha entendido que la Drummond, compañía nociva donde las haya, que continúa impasible la ampliación gigantesca de su mina a cielo abierto en el Cesar, es letal como una bomba atómica porque su pedazo de Tierra lo extinguen para siempre.
La hecatombe ya está advertida y no hacemos nada. La ONU lo ha repetido en el centenar largo de idiomas que maneja: el cambio climático ya causa más muertos que la suma de todos los conflictos, pero no le copian.
Siga el Gobierno dando licencias para engrandecer algunos bolsillos y créanse el cuento de que aquí la gestión ambiental es buena. Pelen cerros para hacer minas, corten selva y planten palma, clonen represas. Más que por la 'parapolítica' o la seguridad democrática, al paso que van, las generaciones venideras los recordarán por la Naturaleza que asolaron.
Salud Hernández-Mora
Prefiere enriquecer multinacionales que asegurar el patrimonio verde colombiano; destruir territorios protegidos y anegar tierras fértiles antes que garantizar su conservación.
Cree, al igual que sus compañeros de gabinete e infinidad de compatriotas, liderados por irresponsables como Martínez, que la selva y los bosques son eternos y que desviar ríos, arrasar páramos, agotar existencias de agua para dejar que compañías foráneas y nacionales exploten minas de carbón y oro son daños colaterales del progreso.
Pero el ministro citado, al igual que el de Minas, tiene más delito que el ciudadano de a pie porque son expertos y conscientes de la catástrofe ambiental que están creando. Lo que pasa es que prefieren las aparentes ganancias inmediatas a los beneficios futuros. ¿Cómo puede el responsable de la cartera de Ambiente, si le queda un ápice de ética, defender la mina de oro de Cajamarca, que acabará con una reserva forestal de valor incalculable, alegando que creará tres mil puestos de trabajo? Cómo será de falaz su argumento que en el mismo Tolima, la Asamblea, Cortolima, algunos alcaldes y la sociedad civil se oponen porque ven llegar el desastre disfrazado de espejitos.
No contento con dejar que prime la avaricia de las compañías mineras, no se le ocurre otra cosa que poner la zorra a cuidar el gallinero. En la licencia de exploración de AngloGold en Cajamarca, válida para tres años, quien determina si respeta el entorno natural no es el Ministerio u otro organismo técnico. No, es la propia empresa. Así de idiotas nos consideran.
Y luego están las autorizaciones para arrasar municipios bellos en contra de sus habitantes. Como Nuevo Colón, en Boyacá. No tiene sentido que el Estado central ignore a los interesados, que son los campesinos, y siga adelante con sus proyectos destructivos. En ese pueblito quieren mantener sus cultivos de frutales, su valle verde, sus caños y su vida sana. Pues, no, señores. El Gobierno les tiene un regalo envenenado: una mina de carbón que los hará infelices, arruinará sus vidas y los terminará por expulsar a las barriadas pobres de las ciudades, cuando sus sembrados ya no den cosechas y el lugar se vuelva irrespirable. Eso, ministros, Gobierno, también se llama desplazamiento forzado.
Y si hablamos de páramos, el terror se duplica. Me atrevería a decir que destruirlos es un crimen de lesa humanidad, que en el futuro los insensatos que lo cometan pagarán con penas de cárcel mayores que las del homicidio. Porque es un magnicidio a largo plazo. Sin agua, sin comida suficiente, en unos lustros las guerras ya no serán contra fanáticos religiosos sino por los escasos recursos. Lástima que la ley no tendrá efectos retroactivos.
Este gobierno aún no ha entendido que la Drummond, compañía nociva donde las haya, que continúa impasible la ampliación gigantesca de su mina a cielo abierto en el Cesar, es letal como una bomba atómica porque su pedazo de Tierra lo extinguen para siempre.
La hecatombe ya está advertida y no hacemos nada. La ONU lo ha repetido en el centenar largo de idiomas que maneja: el cambio climático ya causa más muertos que la suma de todos los conflictos, pero no le copian.
Siga el Gobierno dando licencias para engrandecer algunos bolsillos y créanse el cuento de que aquí la gestión ambiental es buena. Pelen cerros para hacer minas, corten selva y planten palma, clonen represas. Más que por la 'parapolítica' o la seguridad democrática, al paso que van, las generaciones venideras los recordarán por la Naturaleza que asolaron.
Salud Hernández-Mora
gracias a algunos mandatarisos de nuestro gobierno que solo les interesa dar ganancia a algunas entidades poniendo como pantalla el bienestar social y natural es que en nuestro pais estamos en una situacion desfavorecedora, y aunque dicen que se estan utilizando dineros para un bienestar. la realia es que pera seguir dendo dineros a los que ya tienen, dejan de invertir este dinero en cosas que realmente si ayudan a nuestra sociedad y ambiente,hace falta mas conciencia de parte de nuestros gobernantes y funcinarios.
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