MARTÍN CÚNEO Y EMMA GASCÓ
(DIAGONAL)
Jueves 5 de julio de 2012
Loncopué
es un pueblo de poco más de 7.000 habitantes en la provincia patagónica de
Neuquén, en el sur argentino. Nadie hubiera sospechado de su existencia de no
ser porque sus habitantes, aliados con las poblaciones y las comunidades
mapuches cercanas, consiguieron expulsar no a una sino a dos multinacionales
mineras de sus alrededores.
Pero
algo distingue a Loncopué de otras experiencias
semejantes de lucha contra la minería metálica a cielo abierto
en Argentina. Después del 3 de junio de 2012 se ha convertido en el primer
pueblo argentino que ha conseguido prohibir la megaminería a través de un
referendum vinculante. El plebiscito de Esquel, en febrero de 2003,
abrió el debate en el país sobre qué significa la minería a cielo abierto. El
de Loncopué es el primero de obligado cumplimiento.
Para
que la votación fuera válida tenía que votar más del 50% de padrón. Ni los
carteles de “No te dejes engañar, no vayas a votar” o las
’patotas’ amenazantes del partido gobernante en la provincia, impidieron que la
jornada fuera una fiesta. Acudió a votar el 72%. Y el 82% votó a favor de la
ordenanza que prohibe la megaminería en el municipio.
Pero
ésta no es la primera victoria de Loncopué contra la megaminería, sino la
tercera.
Adriana
Millán trabaja en el hospital de Loncopué. Cuando en 2007 empezó a ver por el
pueblo los camiones de la empresa minera canadiense Golden Peaks no pudo
“quedarse al margen”. El oro de uno de los cerros próximos había despertado el
interés de esta multinacional.
Los
vecinos de Loncopué se organizaron, inspirados por la experiencia de Esquel, en
una Asamblea de Autoconvocados. De la misma forma que los vecinos de Campana
Mahuida, a 17 kilómetros de Loncopué, y la comunidad mapuche de Mellao Morales.
La
campaña en contra de la minera que iniciaron tuvo repercusión internacional.“Al
poco tiempo, la empresa canadiense decidió retirarse porque sus acciones en
bolsa había empezado a bajar por la protesta. Ésa fue la primera victoria”,
dice Millán. Había sido relativamente fácil. Sobre todo en comparación con la
amenaza que se avecinaba.
Y ahora... más difícil todavía
La
segunda vez, en 2009, la empresa ya no era canadiense, sino china. Con el
nombre de Emprendimientos Mineros SA, la compañía compró una mina en el cerro
Tres Puntas “a un precio irrisorio”. Según cuenta Millán, no hubo licitación ni
se respetó ninguno de los mecanismos legales previstos para este tipo de
inversiones.“La estructura de la asamblea ya estaba creada, pero nos
encontramos con una diferencia. Al tratarse de una empresa china, que no
depende de la cotización en bolsa, no le temen en lo más mínimo a su imagen
pública”.
En
esta ocasión, se trataba de una explotación de cobre a cielo abierto. El
emprendimiento implicaba, explica Adriana Millán, la construcción junto al
cerro de una planta de producción de ácido sulfúrico, utilizado para la
extracción de cobre. “Al conocer el proyecto, sabíamos lo que
implicaban las voladuras, muy cercanas a tierras mapuches y a los campesinos.
El río que pasa por ahí es un afluente del río Neuquén, y también sería
contaminado. La comunidad mapuche iba a ser seriamente agredida y desplazada
por esa megainstalación. Ellonko [líder] de la comunidad siempre
mantuvo muy fuerte su posición, representando a la comunidad, que además
considera al cerro Tres Puntas como sagrado”.
Como
profesional de la salud, Millán explicaba a los pobladores los efectos nocivos
de las minas a cielo abierto en el cuerpo humano. “Los metales pesados
van a parar al agua y provocan multitud de enfermedades: anemias crónicas,
distintos tipos de cáncer, problemas de fertilidad... El polvo de las voladuras
genera alergias, enfermedades respiratorias y problemas de piel. Por no hablar
de los posibles incidentes derivados de la manipulación de ácido sulfúrico.
Para esas tragedias no había infraestructura en el pueblo. Nosotros dijimos que
no estábamos preparados para la epidemia minera”.
A
las dificultades se le sumaba la complicidad del Gobierno de la provincia,
presidido por Jorge Sapag.“La familia Sapag es de tradición minera. Tienen
empresas mineras varios familiares. El sobrino del actual gobernador es el
presidente de la Unión de Productores Mineros del Neuquén. Y uno de los
hermanos de Jorge Sapag es propietario de una empresa de infraestructura
logística que provee a mineras”.
Sin
embargo, la coordinación de las asambleas de todos los pueblos y comunidades
afectadas, y, sobre todo, la unión entre vecinos y mapuches frustró los planes
de la minera. Por la vía legal consiguieron anular las dos primeras audiencias
públicas, paso previo para aprobar cualquier emprendimiento minero. En marzo de
2009, el mismo día que la jueza canceló la segunda audiencia, “por si acaso”,
los vecinos convocaron la primera gran marcha. “Creíamos que íbamos a
ser un puñado y fuimos 3.000, de un pueblo de 6.000.Vino gente de las otras
comunidades mapuches y gente que no sabíamos que iba a venir. Ahí el pueblo se
empoderó mucho”, recuerda.
“Como si Argentina hubiera ganado el mundial”
Ante
el aumento de la oposición al proyecto, la empresa aumentó a su vez los actos
de propaganda. Convocó una fiesta de la minería, con elección de reina
incluida, incluso el mismo intendente “repartió pollos” en la comunidad mapuche
de Mellao Morales.“Siempre buscaron apoyos entre los desocupados y la
comunidad mapuche, creyendo falsamente que eran los más débiles”. Al
mismo tiempo, comenzaban las amenazas, como las que recibió la radio Arcoiris,
una de las emisoras más críticas con el proyecto.
La
tercera audiencia estaba convocada para septiembre de 2009. Una semana antes la
asamblea instaló un corte de ruta: los conocidos pasaban, no así “los
funcionarios mineros y los lobistas locales, la mayor parte
terratenientes que colaboraban con la minera”. Por el otro camino a la
mina, la comunidad mapuche bloqueaba el acceso.
Mientras
cientos de personas continuaban con los cortes de ruta, un grupo de
asambleístas, acompañados de organismos de derechos humanos, acudieron a la
ciudad de Neuquén, para hablar con el presidente del Tribunal Superior de
Justicia de la Provincia. La causa por la supuesta venta ilegal de la mina
estaba “cajoneada” desde hacía más de un año. “Se le informó al Tribunal
de la situación que se estaba viviendo, que no íbamos a permitir que se hiciera
la audiencia pública, que el clima era muy tenso. En ese momento estábamos
recibiendo rumores de que iban a venir con patotas de la construcción y
mineros. ’Les hacemos responsables de lo que pueda pasar’, les dijimos. Y todo
esto se hizo público”.
El
día 28 de septiembre el Tribunal se iba a pronunciar sobre el reclamo. Un grupo
de asambleístas se había congregado para esperar el fallo. “Ahí vivimos
los momentos de mayor angustia. Nos enteramos porque nos comenzaron a llamar, y
de golpe se empezaron a escuchar bocinazos en todo el pueblo”.
Ante
la evidencia de irregularidades, el Tribunal había decidido paralizar el
proyecto hasta que un nuevo juicio dictamine si esa venta fue legal. “Fue
como si Argentina hubiera ganado el Mundial de fútbol, todo el mundo salió a la
calle, en horario laboral, a abrazarnos y festejar. En ese mismo momento
decidimos que la marcha que se iba a hacer para impedir la audiencia la
haríamos al día siguiente, pero para festejar. Y ahí fue una marcha de victoria
y alegría absoluta, junto con toda la gente que nos había apoyado”.
Tres
años después, la votación del referendum del 3 de junio convierte la victoria
de Loncopué, Camapana Mahuida y Mellao Morales contra la megaminería en
definitiva.
5/07/2012
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