Conflicto minado

Por: Alfredo Molano Bravo

El Espectador

Enero23 2011

A RAÍZ DEL ASESINATO DE LOS ESTUdiantes en Córdoba, el Gobierno se vio obligado a emprender un operativo policial contra los paramilitares en la región. Quizá tenga éxito.

Pero como para guardar cierto equilibrio político, el presidente ha dicho que la minería informal está en manos de la guerrilla, según correos encontrados en el computador de Jojoy. No tengo duda de que la guerrilla pone la canal en la minería, como también en la coca, el comercio, el transporte, la ganadería y en cualquier rama que sea rentable. Pero identificar pequeña minería con subversión es unilateral, por lo menos, y además peligroso para los miles de mineros artesanales, regados por todo el país y que, por supuesto, no tienen licencia ambiental. En la minería hay tres tipos de explotación: la gran minería de las multinacionales —El Cerrejón, La Jagua de Ibirico—, la mediana, que trabaja con dragas y retroexcavadoras —Bajo Cauca, Caquetá—, y la artesanal, que usa la batea y el almocafre —ríos Telembí y Suárez—. La gran minería fue privilegiada por Uribe. Entre 2002 y 2009 el área titulada pasó de un millón a 8,5 millones de hectáreas*, casi la misma superficie que hay en agricultura. ¡Hasta Cuchillo tenía títulos mineros! Y ni hablar de gabelas: una sola de las exenciones tributarias que dio Uribe a las multinacionales de la minería es mayor al presupuesto del Ministerio de Agricultura. En los páramos las concesiones pasaron de 70.000 hectáreas a 122.000. El 80% del área dada en concesión fue otorgada por Uribe entre la fecha de aprobación por el Congreso del nuevo Código Minero y la fecha de la sanción presidencial de la ley. Una clásica avivatada. La mayoría de la minería mediana de oro es ilegal, o posee licencias fraudulentas que se consiguen corrompiendo funcionarios de las CAR. La mediana minería no es una actividad marginal: en el alto río San Juan hay 400 retroexcavadoras trabajando día y noche y se estima que podrían estar sacando cerca de 20 toneladas anuales de oro. Más aún, son empresas en manos de unos pocos socios, que además tienen máquinas trabajando clandestinamente en otras muchas zonas mineras. Es extraño que el Gobierno no haya denunciado la íntima asociación de esta minería con el paramilitarismo. Queda la pequeña minería ancestral, el barequeo o el mazamorreo, que usa las mismas técnicas desde la Colonia. Con suerte un barequero saca un grano al día; miles de familias viven de esta actividad desde Barbacoas hasta Riosucio, y desde el Putumayo hasta el Baudó.El Gobierno parece interesado en crear una identificación entre minería artesanal y minería ilegal, y entre minería ilegal y guerrilla para justificar la militarización de las zonas mineras. (Así sucedió hace años con las minas de esmeraldas de Muzo y Coscuez, que terminaron controladas por don Víctor Carranza). La razón hoy es simple: las grandes compañías requieren que los territorios concesionados estén libres de toda protesta social. Inclusive quieren brincarse, como ya lo han hecho en muchas partes, la consulta previa a las comunidades indígenas y negras. Con las licencias ambientales no tienen problema porque son las mismas compañías las que investigan y determinan cuáles son los efectos negativos que causarán en las zonas y son ellas las que también formulan el plan de manejo y lo llevan a cabo. Hasta ahora el gobierno de Santos ha renunciado a formular una política ambiental coherente y sólida frente a una minería gigantesca que amenaza con llevarse por delante páramos, humedales, ríos, y, sobre todo, comunidades. En manos de Sandra Bessudo, el sector ambiental anda manga por hombro, paralizado por su rivalidad con la señora Uribe y con un presupuesto que representa sólo ¡el 0,09% del PIB!*. La política ambiental debe evitar la criminalización de la minería artesanal en beneficio de las multinacionales canadienses que, como es bien sabido, son reputadas en el mundo entero como las causantes de los más sangrientos y brutales atropellos contra las comunidades locales y contra el medio ambiente.

* Guillermo Rudas. Consultor del Consejo Nacional de Planeación. Política Ambiental del Presidente Uribe, 2002-2010. Consejo Nacional de Planeación en octubre de 2010.