La minería y las regalías

Manuel Rodríguez Becerra

La sociedad tiene que ser reparada y para ello las regalías deberían dirigirse prioritariamente a la conservación ambiental

La erradicación de la minería ilegal del oro, anunciada por el presidente Juan Manuel Santos y por la ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Beatriz Uribe, se inició con contundencia como lo atestiguan las recientes operaciones adelantadas en Ataco (Tolima) y Ayapel (Córdoba).

Y es que la creciente minería ilegal está arrasando bosques, suelos y ríos en los más diversos lugares de los diecisiete departamentos en donde se adelanta. Además, se ha convertido en un problema de seguridad nacional al constituirse en una robusta fuente de financiación de la guerrilla y de los denominados grupos emergentes y, por eso, para derrotarla es imperativo el concurso aunado de las Fuerzas Militares, de los cuerpos de inteligencia del Estado y de la Fiscalía, y de una decidida acción por parte de las autoridades municipales y de las Corporaciones Autónomas Regionales, como quedó recientemente demostrado.

Pero la lucha contra la minería ilegal no basta. Es también necesario emprender una cruzada para poner en orden a aquellas empresas mineras que, exhibiendo los requisitos legales para operar, violan la normatividad ambiental. Si bien se identifican empresas que muestran un adecuado desempeño, esta parece ser la excepción y no la regla con lo cual la minería formal muy probablemente ha causado un daño ambiental aún mayor que el ocasionado por la minería ilegal.

Lo absurdo es que esta última situación ha sido en parte propiciada por la autoridad minera. Así, por ejemplo, Ingeominas no solamente ha otorgado títulos mineros a lo largo y ancho del país con una irresponsable prodigalidad (incluyendo parques nacionales y páramos), sino, además, ha demostrado una alarmante incapacidad para fiscalizarlos. Precisamente, el ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado, al reconocer esas y otras fallas, ha anunciado la reforma de esta entidad que incluiría, entre otras, su necesario compromiso con la protección del medio ambiente. Quizá sería también el momento para corregir las graves falencias que para la protección ambiental presenta el Código de Minas, así como para desarrollar un proceso dirigido a identificar aquellas áreas del territorio que por razones ecológicas deban ser excluidas de la minería, como ya se hizo con los páramos, los humedales Ramsar y las áreas protegidas.

Pero la minería, así se adelante solamente en lugares no excluidos y se desarrolle cumpliendo con una normatividad ambiental acorde con los más altos estándares internacionales, siempre dejará una huella ecológica, muchas veces profunda e irreversible. Y es una huella que se manifiesta en la pérdida de biodiversidad, la afectación de sistemas hídricos, la degradación de acuíferos, o el deterioro del paisaje, como lo demuestran innumerables estudios científicos, o como el ciudadano común lo puede constatar mediante la simple observación directa.

El país requiere asumir estos costos en aras de su desarrollo económico y social, pero simultáneamente la sociedad colombiana tiene que ser reparada y para ello las regalías deberían dirigirse prioritariamente a la conservación ambiental. Se trata de compensar a las presentes y a las futuras generaciones por la huella ecológica dejada por la minería mediante la destinación de una parte de estos recursos económicos a la protección y restauración de diversos ecosistemas que son críticos para el desarrollo del país, en un monto que no debería ser menor al costo de los daños ocasionados al patrimonio ecológico de la nación. Es un tema que debería ser enfrentado con la mayor claridad en el debate que para la modificación del régimen de regalías se adelanta en el Congreso de la República.

En últimas, en la orientación que se le dé a la minería y en el destino que tomen las regalías sabremos cuán comprometido está el nuevo gobierno con la protección de la riqueza en biodiversidad y aguas de Colombia.