viernes, 30 de enero de 2015

Minminas: se acata pero no se cumple

Uno de los primeros aciertos del gobierno Santos fue revocar la fusión de ministerios dispares en la era Uribe, incluyendo los de Ambiente y Vivienda. Pero una norma reciente confirma que el Ministerio de Ambiente está siendo absorbido de nuevo, esta vez por el de Minas.
Por: César Rodríguez Garavito
Me refiero al decreto 2691, expedido sigilosamente en la víspera de navidad. El decreto hace todo lo contrario a lo que dice proponerse. Con el pretexto de cumplir un fallo de la Corte Constitucional (C-123/14) —que ordenaba al Gobierno lograr acuerdos con las autoridades locales antes de aprobar proyectos mineros que afecten el ambiente, el agua o la salud en los municipios—, el decreto les hace una gambeta a la Corte, los alcaldes y los concejos, al darles plena discreción al Minminas y a la Agencia Nacional de Minería en este tipo de determinaciones. Y deja al Minambiente como simple ejecutor de la decisión, reiterando que, a falta de fusión formal, esta cartera se ha convertido en un apéndice de la de Minas.
El primer salto de su gimnasia jurídica es dictar que los concejos municipales sólo pueden “solicitar” medidas a Minminas, que puede o no aceptarlas, aun cuando sean necesarias para proteger el ambiente, el agua o la salud. Lo cual contraría la orden de la Corte de darles a las autoridades locales participación “activa y eficaz” en estas decisiones, como lo exigen las normas constitucionales sobre la autonomía territorial y la competencia de los municipios para regular el uso del suelo. Olvidada queda también una decisión reciente del Consejo de Estado, que suspendió otro decreto del Gobierno (el 934 de 2013), justamente por haber limitado indebidamente la facultad de los municipios de restringir, incluso excluir, la minería de sus territorios.
El resto del decreto está diseñado para hacer imposible que los municipios puedan presentar siquiera esas tímidas solicitudes. Les exige que realicen y financien los estudios que deben respaldar sus peticiones. Si el Minambiente no tiene la información ni la capacidad para hacer los complejos estudios geológicos, hidrológicos, de salud pública, etc., que son necesarios para precisar los impactos de una mina de oro o carbón, ¿cómo se espera que los tengan los municipios? Si esto no fuera obstáculo suficiente, impone un tiempo récord de tres meses para someter y sustentar las solicitudes. Con lo que, de paso, el 23 de marzo (a tres meses de la expedición del decreto) quedarían blindadas todas las concesiones mineras en trámite.
Si quedara alguna duda sobre quién manda y cuáles son las prioridades, los artículos finales del decreto las despejan. El Minminas puede rechazar las solicitudes alegando asuntos formales, o denegarlas invocando “el fortalecimiento económico y social del país” o el “aprovechamiento eficiente” de los recursos naturales, sin la inconveniente participación de un Minambiente autónomo.
“Se acata pero no se cumple” era el dicho colonial que describía este tipo de burla al derecho so pretexto de obedecerlo. Dudo que los municipios, las cortes y la ciudadanía la dejan pasar.

·         César Rodríguez Garavito **Miembro fundador de Dejusticia. @CesaRodriGaravi / | Elespectador.com


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