martes, 3 de junio de 2014

ALCANCE DE LAS CONSULTAS POPULARES EN COLOMBIA

Por Ramiro Gálvez Aldana
Docente Universidad del Tolima
La sentencia C 123/14 expedida por la Corte Constitucional el 5 de marzo pasado, mediante la cual se declaró la exequibilidad condicionada del artículo 37 del Código de Minas (ley 685 de 2001), consagró que “en desarrollo del proceso por medio del cual se autorice la realización de actividades de exploración y explotación minera, las autoridades competentes del nivel nacional deberán acordar con las autoridades territoriales concernidas, las medidas necesarias para la protección del ambiente sano, y en especial, de sus cuencas hídricas,  el desarrollo económico, social,  cultural de sus comunidades y la salubridad de la población, mediante la aplicación de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiaridad previstos en el artículo 288 de la Constitución Política”.
Días previos a la expedición de la sentencia, el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos había descalificado como ilegales, los resultados de las consultas populares realizadas en los municipios de Piedras (Tolima) y Tauramena (Casanare), cuyos ciudadanos en ejercicio democrático auténtico habían rechazado abrumadoramente el desarrollo de proyectos de minería e hidrocarburos a gran escala en sus jurisdicciones territoriales. El Gobierno Nacional se pronunciaba en contra de la realización de estos procesos, amparado en la potestad constitucional que otorga la propiedad del subsuelo a la Nación. Buscaba así conjurar la proliferación de consultas populares a lo largo y ancho del país que amenazaban con el “descarrilamiento” de la “locomotora minera”, en la cual el Gobierno Santos tiene fincadas sus esperanzas por alcanzar ritmos de crecimiento económico y acumulación de capital significativamente  superiores a los actuales.
Sin embargo, a pesar de que la sentencia emitida por la Corte Constitucional ordenaba a las autoridades nacionales la obligatoriedad de establecer con las entidades territoriales, mediante una participación activa y eficaz, acuerdos para la protección de un ambiente sano, el desarrollo económico, social y cultural de sus comunidades, etc., la Procuraduría Provincial de Ibagué, anunciaba el inicio de investigaciones disciplinarias por presunta “extralimitación de funciones” en contra del Alcalde del municipio tolimense de Piedras, Arquimedes Ávila Rondón y de los integrantes del Concejo Municipal. El burgomaestre y ediles piedrunos, avalados por la autoridad del Tribunal Administrativo del Tolima, habían sometido a consideración del pueblo, en consulta popular realizada el 28 de julio de 2013, la conveniencia de desarrollar en su territorio proyectos de minería a gran escala promovidos por la minera trasnacional Anglo Gold Ashanti Colombia
Por fortuna la respuesta de la comunidad piedruna ha sido ejemplar y valerosa en extremo. A las amenazas del Ministerio Público ha respondido con una multitudinaria marcha en respaldo de su Alcalde y Concejo Municipal organizada el 26 de abril de 2014 por las calles de Piedras. El gesto de gran dignidad y altivez con que los ciudadanos de esta región han respondido, debe resaltarse, pues, una y otra vez han rechazado los múltiples y engañosos intentos de seducción con que la minera transnacional ha intentado cooptarles. De nada han servido las reiteradas ofertas de migajas, falsas promesas y mentiras desembozadas con que Anglo Gold Ashanti ha aspirado coronar su proyecto ecocida. 
La tozuda intención de la minera trasnacional, no obstante el rechazo casi unánime de la ciudadanía piedruna, ha sido la de establecer en el corregimiento de Doima en el municipio de Piedras, las lagunas de lixiviación y los diques de cola que quedarían “sembrados” para siempre en el territorio, contaminando y destruyendo una de las regiones más ricas en recursos naturales renovables del país, incluyendo su valioso acuífero. Los pobladores de la zona han comprendido claramente el peligro que se cierne sobre su territorio y vidas. Mujeres y hombres humildes han decidido erigirse en dique social democrático para impedir el avance del engendro en contra de la naturaleza y de la vida.  
De igual forma, la Procuraduría General de la Nación ha anunciado la apertura de investigación disciplinaria en contra del Alcalde y Concejo Municipal de Tauramena (Casanare), entidades que, al igual que en el municipio de Piedras, convocaron una consulta para que la ciudadanía se pronunciara acerca de la conveniencia del desarrollo de grandes proyectos petroleros, esta vez a cargo de la petrolera estatal Ecopetrol. También en dicha oportunidad el resultado del proceso participativo fue un no rotundo a los proyectos que amenazan con socavar para siempre sus fuentes hídricas y la enorme biodiversidad de la región, como acaba de ser trágicamente confirmado a raíz del desarrollo de la reciente emergencia ambiental registrada en el municipio casanareño de Paz de Ariporo, irresponsablemente minimizada por la titular de la cartera de Medio Ambiente y Sostenibilidad Luz Helena Sarmiento.
En el contexto de esta apocalíptica amenaza que gravita sobre la vasta geografía nacional, contrasta sobremanera la acuciosa actitud punitiva exhibida por la Procuraduría General de la Nación en contra de alcaldes y concejales defensores de sus territorios y comunidades, con la negligente complicidad con que, dichos funcionarios, han actuado cuando la flagrante evidencia del desastroso manejo ambiental apunta su dedo acusador en contra  de altos funcionarios nacionales, como el caso de la hoy Ministra del Medio Ambiente y Sostenibilidad, Luz Helena Sarmiento, otrora Gerente de Relaciones con la Comunidad al servicio de  la multinacional Cerrejón Coal Company.
El doble rasero con que ha actuado el Ministerio Público se pone aún más de presente ante la actitud asumida en contra del Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, quien fuera fulminantemente destituido de su cargo e inhabilitado por 15 años para el desempeño de funciones públicas, en razón de un presunto y doloso mal manejo ambiental con ocasión de la definición del régimen de recolección de basuras aplicado en la capital de la República. La posición del ente fiscalizador contrasta con la inacción exhibida por esta misma entidad frente a la actuación de la mencionada Ministra Sarmiento, quien cuando se desempeñaba como directora de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA, autorizó las licencias que a la postre terminaron generando el desastre ambiental de Casanare.
Las amenazas de la Procuraduría en contra de los funcionarios locales que han promovido o promueven las consultas populares en Colombia en contra de los proyectos megamineros, tienen la intención exclusiva de escarmentar en cabeza ajena. Anglo Gold Ashanti, el Gobierno Nacional y la Procuraduría temen como a la peste las posibilidades  de un ejercicio verdaderamente democrático. Por ello, en la investigación disciplinaria abierta en contra del alcalde Ávila y el Concejo Municipal de Piedras, al igual que en el caso de Tauramena, han hecho caso omiso de la reciente sentencia de la Corte que obliga a las autoridades nacionales a consultar las autoridades territoriales cuando se trate del desarrollo de actividades de exploración y explotación mineras buscando garantizar las medidas necesarias para la protección de un ambiente sano y en especial, de la defensa de sus cuencas hídricas,  el desarrollo económico, social,  cultural de sus comunidades y la salubridad de la población.
El propósito de la empresa minera, según sus propios cálculos, es el de extraer de las entrañas de la Cordillera Central, en plena reserva forestal central, en el municipio de Cajamarca, 24 millones de onzas de oro en un lapso de 20 años aproximadamente. También ha sido anunciada la intención de construir en la región el distrito minero más grande del planeta, lo cual implica la extensión de su actividad de expoliación, no solo al departamento del Tolima  sino también a los departamentos de Quindío y Risaralda. Otras regiones del país padecen desde hace decenas de años las actividades mineras y criminales implementadas por Anglo Gold Ashanti en regiones como el Sur de Bolivar y el departamento del Cauca. Ninguna región del país ha escapado a la mirada voraz de la multinacional.
El columnista del diario El Espectador y profesor universitario, Cesar Rodríguez Garavito, ha resaltado un aserto de Perogrullo: la imposibilidad de acceder al subsuelo sin la intervención del suelo. En escrito reciente subraya cómo por ejemplo para que la Minera extraiga los 24 millones de onzas de oro se precisarán 9 millones de metros cúbicos de agua, 4 millones de kilos de cianuro anuales, plantas de tratamiento y escombreras ubicadas a distancias que alcanzan los 100 kilómetros, en municipios como Ibagué o Piedras. De allí que –agrega-, no se pueda tomar una decisión sobre la mina sin decidir al mismo tiempo sobre el suelo, el agua, la agricultura, la salud pública y el medio ambiente de toda la región. Otros investigadores, nacionales y extranjeros,  han arribado a conclusiones similares como es el caso de los estudios técnicos especializados realizados por entidades nacionales como el Grupo de Medioambiente de la Contraloría General de la República.
A fin de enfrentar estratégicamente las amenazas derivadas de la “locomotora minera”, el movimiento social ambiental debe tomar nota de las intenciones con que los promotores de los mismos, intentarán hacer nugatorio el derecho constitucional de municipios y distritos  a ser consultados activa y eficazmente cuando se trate de la conveniencia del desarrollo de proyectos mineros que afecten sus regiones.
Es por ello que la fuerza movilizada y democrática de las multitudes rebeldes debe aplicarse a fin de neutralizar las intenciones del Gobierno Nacional por defraudar el verdadero derecho constitucional a gozar de un medio ambiente sano. Especialmente hay que mantener en alto la guardia contra el peligro de que las consultas populares, establecidas en la Constitución Nacional como un derecho de participación ciudadana, sean sustituidas por la promesa de raciones de “mermelada” en favor de gobernantes y corporaciones públicas territoriales a cambio de su silencio cómplice frente a la destrucción irreversible del medio ambiente.
En tal sentido, debe rechazarse con vehemencia, la pretensión inmoral del señor Felipe Márquez, Vicepresidente de Sostenibilidad de la multinacional AGAC, quien en sesión pública adelantada en el Concejo de Cajamarca, se atrevió a anunciar la disposición de la minera de crear un “mega fondo” orientado a  la financiación de obras sociales en la región que será objeto del devastador impacto del proyecto “La Colosa”. El monto anunciado por el representante de la “altruista” empresa podría ascender hasta $130.000 millones de pesos anuales, según vaya desarrollándose el proceso de aprobación del proyecto por parte de las autoridades nacionales. Por cada avance que registre la aprobación del proyecto, el monto podría verse incrementado hasta completar la cifra anunciada.
Sin poner en discusión el carácter demagógico de la fantasiosa cifra ofrecida por el representante de AGAC, lo claro es que su verdadera intención no es otra que el burdo intento por engañar y seducir a la población de Cajamarca mediante el soborno y la mentira. Lo que AGAC pretende con dichas promesas es ganar simpatías ante la inevitable realización de la consulta popular que debe desarrollarse en Cajamarca durante el segundo semestre de 2014 y, teme, que el apoyo ciudadano sea conquistado por el movimiento social antiminero.
El creciente movimiento social por la defensa de la vida, el agua y el territorio seguirá avanzando hasta sepultar definitivamente las políticas de las multinacionales aupadas por la “locomotora minero-energética”. Las consultas populares próximas que se desarrollarán en Espinal en agosto y en Ibagué y Cajamarca durante el segundo semestre darán cuenta de ello.

Ibagué, abril 30 de 2014.


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