El gran dilema

Revista Semana
V 16 2010

El auge de la minería ha puesto en peligro el tesoro más grande de Colombia: su biodiversidad y riqueza natural. La pregunta para el Estado es cómo hacer un desarrolo sostenible. El debate está abierto.

En materia de biodiversidad Colombia es un país privilegiado. Desde donde se mire, el territorio nacional siempre termina en los primeros puestos en este tema. Según el Instituto Humboldt, Colombia es considerada la cuarta nación más rica en vida en el mundo. Se calcula que el 40 por ciento del país está cubierto por bosques que albergan el 10 por ciento de las especies vivas del mundo. Es el primero en diversidad de anfibios y aves, el segundo en especies de plantas, el tercero en reptiles y el quinto en mamíferos.


Con semejante palmarés era de esperarse que el Día de la Biodiversidad, el sábado 22 de mayo, justo en el marco del año en que se celebra esta riqueza, fuera a ser todo un acontecimiento. Pero los ánimos no están para festejos. Y lo que está aguando la fiesta es la amenaza a toda esa variedad de organismos vivos que supone la explotación minera, cuya fiebre está disparada en diversas regiones del país. Proyectos como el de La Colosa en Tolima y el de Angostura en Santander son apenas algunos de los tantos que podrían hacer duplicar la producción de oro en los próximos dos años. Según Ingeominas, desde 2004 el gobierno ha entregado 1.536 títulos para explorar y explotar yacimientos de oro y hay otros 7.770 en trámite. Según el Dane, entre enero y marzo de este año las ventas de oro ya superaron en 31,6 millones de dólares las exportaciones de café.





Según los expertos el país ha hecho un trabajo acertado para conservar la biodiversidad gracias en parte a las leyes de parques naturales y a la creación de resguardos indígenas, cuyas comunidades tienen modelos de cultivo de mucho menor impacto que las técnicas convencionales. El conflicto armado también ha desempeñado un papel en esta preservación porque impidió el acceso del progreso a esas zonas. Pero ahora, debido a los avances en ese campo, ese obstáculo ya no existe y en el exterior se está vendiendo la propuesta Colombia País Minero 2019, que aunque traerá divisas, sobre todo con el precio del oro disparado, también podría tener un costo muy alto en el tema ambiental si no se maneja con cuidado.





El tema es que muchos de los ecosistemas importantes del país en donde existe una gran concentración de especies, como en las tres cordilleras, están localizados en los mismos lugares donde se ha otorgado o hay solicitudes de títulos mineros (ver mapa). "Esto pone a pensar a cualquiera si el proyecto de país minero es el ideal para un país biodiverso", dice un experto. Debido a las protestas de varios sectores, han sido anulados los que Ingeominas otorgó en parques naturales y páramos, pero podrán seguir funcionando los que hasta febrero de este año estaban explotando minas en estos lugares, considerados la joya de la corona por su papel en la producción de agua.



Los riesgos





Los ambientalistas saben que su actitud es vista como un capricho y un freno al desarrollo. Pero su angustia es fundamentada. Extraer oro a cielo abierto requiere excavaciones gigantescas de hasta 600 metros de profundidad, cinco veces el tamaño de la Torre Colpatria, debido a que el mineral se encuentra diseminado en pequeñas partículas en el subsuelo. Esto implica "acabar con una montaña. Y si desaparece el hábitat, se afecta el agua y todas las demás especies que viven en ese ecosistema", señala Brigitte Baptiste, subdirectora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Pero además, esta explotación utiliza sustancias tóxicas para separar el oro de la roca, como cianuro y mercurio, letales para los organismos vivos. Recientemente la Unión Europea prohibió la explotación minera con esta sustancia con el argumento de que tiene un impacto altísimo en la salud de los seres humanos y que no hay garantía de que se puedan evitar accidentes en los que agua contaminada con dicho elemento llegue a fuentes para el consumo.





Uno de los casos más sonados ha sido el de la mina La Colosa en Cajamarca, catalogado el yacimiento más grande en el mundo en los últimos 10 años, cuya exploración por la firma sudafricana Anglo Gold Ashanti fue suspendida por Cortolima. Según Carmen Sofía Bonilla, directora de la entidad, el proyecto podría afectar la cuenca hidrográfica de ríos que surten de agua al 60 por ciento de los habitantes. Corrientes que son cruciales además para la agricultura, y cuyo caudal ya se ha afectado por el Fenómeno del Niño. "El peligro es que se reduzca la disponibilidad de agua, pues la minería necesita grandes volúmenes, y también se teme que se deteriore su calidad", señala. En efecto, los expertos calculan que en un día de trabajo de una megamina a cielo abierto se necesita la cantidad de agua que consume en ese lapso una ciudad de 500.000 personas. "Si conociéramos un caso de mina a cielo abierto exitosa, que no afecte el medio ambiente ni la biodiversidad no habría problema, pero no lo conocemos", agrega Bonilla. Aunque las firmas extranjeras involucradas en la explotación muestran como ejemplo exitoso el caso de Mina Gerais en Brasil, Bonilla sostiene que no son comparables pues la zona de Tolima es una región agrícola y no de vocación minera, como lo es la de Brasil.





En el caso de Greystar, la firma canadiense está pendiente de la licencia de explotación del Ministerio de Medio Ambiente. Si bien sus directivas reconocen que "va a haber un impacto", aseguran que están haciendo esfuerzos para que sea mínimo y por eso el diseño se hizo en áreas lejanas a las fuentes de agua. "Hay que tener en cuenta que era una zona ya deteriorada por minería artesanal, por la agricultura y la ganadería", señala Frederick Felder, vicepresidente de Greystar. La compañía compró esos predios para recuperarlos pero habrá otros sitios, como el del tajo de la mina, que cambiará el paisaje por completo. "Hemos aprendido a cultivar las especies propias de la zona para poder reparar los daños en la vegetación", asegura.





Fallas legales





Para algunos, el conflicto de la minería y la biodiversidad tiene que ver con fallas en el código de minas que prácticamente permite extraer minerales en cualquier parte del país sin tener en cuenta los riesgos para el medio ambiente. El artículo 13 de la Ley 685 de 2001 declara "de utilidad pública e interés social la industria minera en todas sus ramas y fases" y por lo tanto se pueden expropiar bienes inmuebles y los derechos sobre estos para el desarrollo de la actividad. "Si esto es así y se mira el mapa de nuevas solicitudes en la región andina no queda claro dónde nos van a poner a todos nosotros", dice un experto que prefirió la reserva de su nombre. Aunque el Ministerio de Medio Ambiente logró excluir de esa norma los parques nacionales y los páramos, todavía están en riesgo muchas zonas de reservas forestales que podrían representar hasta la mitad del territorio colombiano. El ex ministro de esa cartera Manuel Rodríguez Becerra señala que un inconveniente es que la gente cree que la biodiversidad se encuentra en el Amazonas y "en realidad está en todas partes". Por eso es partidario de que se estudie cada caso pues el problema no es solo de que la minería informal se vuelva legal. En la explotación ilegal en Zaragoza, Valle del Cauca, por ejemplo, se está acabando con la ribera del río Dagua y de paso está afectando la bahía de Buenaventura. El gobierno inició el proceso para legalizar la explotación pero "en este caso no es aconsejable ni siquiera hacerlo de manera legal", sostiene Rodríguez.



Un peligro para la explotación minera tal y como está planteada hoy es la falta de instituciones para controlar y hacer seguimiento a estas actividades y lograr que esas regalías se usen en beneficio de la comunidad. Los expertos citan como ejemplo el caso de Cesar, donde pese a los mayores recursos disponibles por la explotación de carbón, los estudios del Pnud señalan que no se han generado los avances esperados en los sectores de educación , salud, acueducto y alcantarillado. "No estamos listos para convertirnos en un país minero", dice Baptiste, quien señala que por regalías momentáneas se está hipotecando el futuro suministro de agua y el buen funcionamiento de muchos ecosistemas que dan servicio a la gente. "Y la pérdida en biodiversidad es para siempre", agrega.





Para Carlos Rodríguez, director de la fundación Tropenbos, este dilema refleja una ausencia de política intersectorial clara. Actualmente cada entidad va por su lado en defensa de su gremio cuando lo ideal es que no se otorguen licencias sin que antes se hayan hecho los estudios ambientales pertinentes. "Es necesario que estos trámites sean más armónicos y que en todo el proceso se busque proteger el bien común", establece Rodríguez.





Aunque es cierto que el país tiene muchas especies endémicas, como la rana más venenosa del mundo, el beneficio de la biodiversidad va mucho más allá de lo anecdótico. En una ocasión en 2008, Cristián Samper, director del Museo de Historia Natural de Washington, dijo que Colombia estaba sentada en una mina de oro. Pero se refería a la riqueza en biodiversidad. Samper señala que dentro de los servicios que presta la biodiversidad al país está la provisión de alimento, agua, maderas y fibras así como otros que tienen que ver con el control de las inundaciones y de las enfermedades. El tema es de tal sensibilidad que si faltan las abejas, por ejemplo, se obstaculiza la polinización de los árboles y las plantas y ello tendría un impacto no solo en la alimentación de las personas sino de los animales. "La minería deja ganancias a corto plazo, pero hacia el futuro los servicios ambientales son más importantes que el oro", agrega el especialista.





Por eso hay quienes opinan que lo mejor es apostarle a otro modelo de desarrollo que más bien explote la biodiversidad, como ha hecho Costa Rica, no solo con el ecoturismo sino también con la ciencia. Pero para ello "falta invertir en investigación y desarrollo de la biodiversidad" , dice Samper. No obstante, actualmente no hay la estructura administrativa para facilitar que los científicos colombianos tengan acceso a ese material de estudio y el trámite de un permiso puede demorar cinco meses lo que obstaculiza su trabajo de investigación. "Y si no lo hacemos acá, son otros los que la van a desarrollar", dice Gabriel Nemogá, del Instituto de Genética de la Universidad Nacional. Para Manuel Rodríguez la idea no es decirle no rotundo a la minería sino revisar el código minero para llenar los vacíos, garantizar que se proteja la biodiversidad y se establezcan reglas de juego claras.