Autor(es): Zibechi, Raúl
Zibechi, Raúl. Premio Prensa Latina 2003, miembro del
consejo de redacción del semanario Brecha del Uruguay. Participa como docente e
investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de
América Latina. Es activo colaborador con organizaciones sociales, barriales y
medios de comunicación alternativos y autor de numerosos libros y ensayos.
El 7 de marzo cayó uno de los más
sólidos mitos de los uruguayos: la confianza en las empresas estatales. Ese día
quienes abrieron los grifos sintieron un olor nauseabundo y los que tomaron
mate o café sintieron un sabor extraño. La empresa estatal encargada del
suministro de agua, OSE (Obras Sanitarias del Estado), debió reconocer “un
episodio” de contaminación con algas en la cuenca del río Santa Lucía, que
abastece a seis de cada diez uruguayos.
Pese a ello la empresa estatal aseguró
que el agua es potable. Un comunicado liberado días después señaló: “En
relación al evento de olor y sabor percibido por la población del área
metropolitana días atrás, OSE comunica que se debió exclusivamente a una
sustancia liberada por un tipo de alga microscópica en el Río Santa Lucía.
Dicha sustancia, llamada geosmina, no tiene incidencia sobre la salud de la
población”[1].
Las autoridades cerraron filas y negaron
enfáticamente la contaminación de las fuentes de agua, que siempre habían sido
de gran calidad. Sin embargo, gran parte de la población no creyó en los
argumentos del Estado y se volcó a comprar agua embotellada agotando las
existencias.
Este suceso no hubiera tenido mayor
trascendencia si no fuera porque en los últimos años viene creciendo un
movimiento contra la instalación de una mina de hierro a cielo abierto, Aratirí
de capitales hindúes, que cuestiona además la contaminación por el uso masivo
de plaguicidas y fertilizantes en los cultivos de soya y en la forestación. En
rigor, la sensibilidad ambientalista creció con el debate instalado a raíz de
la instalación de una enorme fábrica de celulosa en el río Uruguay.
En aquel momento, entre 2003 y 2008
aproximadamente, en un clima de euforia por la llegada al gobierno del Frente
Amplio (2004) y un ambiente nacionalista exacerbado por las controversias con
los ambientalistas y el gobierno argentinos, la mayor parte de la población
apoyó al gobierno uruguayo. Ahora las cosas cambiaron. La población rural
(apenas el 5% del total) comenzó a percibir los efectos nocivos del desarrollo
agropecuario y los pequeños productores tradicionales (incluyendo los
ganaderos) comenzaron a movilizarse.
Un país contaminado
Es difícil aceptar que los ríos
uruguayos están contaminados. El país fue siempre un paraíso natural, con
industria liviana y pocos coches, con ganadería extensiva y agricultura
cerealera. Pero en la última década, por la especulación con los alimentos y
los minerales, las cosas cambiaron drásticamente.
Los principales cambios se concentran en
la producción rural, a lo largo de los últimos diez años. El precio de la
tierra se multiplicó por seis (de 500 a 3.000 dólares la hectárea en promedio).
El 38% de la superficie agropecuaria fue vendida, y el 41% fue arrendada[2].
Entre 2000 y 2008 los propietarios uruguayos perdieron 1,8 millones de
hectáreas que pasaron a las sociedades anónimas que adquirieron una superficie
similar.
Hubo una fuerte concentración de tierras
en capitales multinacionales: catorce grupos poseen un millón de hectáreas.
Montes del Plata (chileno-sueco-finlandesa) tiene 234.000 hectáreas; le sigue
Forestal Oriental (finlandesa) con 200.000 hectáreas. La estadounidense
Weyerheuser tiene 140.000 hectáreas y las argentinas El Tejar y Agronegocios
del Plata (ADP) con 140.000 y 100.000 hectáreas completan la lista de las
mayores inversiones extranjeras.
En la campaña 2001-2002 había sólo 29 mil hectáreas
sembradas con soja. En 2012 superó un millón de hectáreas. Otro millón están
forestadas. Esto supone un aumento exponencial del uso de plaguicidas y
fertilizantes que son arrastrados por la lluvia hasta los ríos. Aquí comienza
un drama que la población está empezando a percibir.
Un estudio de la Dirección Nacional de
Medio Ambiente (DINAMA) de 2011 en el río Santa Lucía (del que proviene el 60%
del agua potable) resultó en un escándalo: los niveles de fósforo admitidos
internacionalmente son de 25 microgramos por litro, pero en el río los mínimos
oscilaron entre 70 y 12.900 microgramos por litro[3].
Ha habido múltiples denuncias de científicos y organizaciones ambientalistas
sobre la contaminación, pero el Estado no ha hecho mucho.
El biólogo Luis Aubriot de la Facultad
de Ciencias dijo a la prensa que “sin la reducción de las cargas de nitrógeno y
fósforo” no se van a solucionar los problemas del agua[4].
Otro biólogo, Mario Calcagno, recordó que además de las fumigaciones y
fertilizantes que se usan para la soya el río Santa Lucía recibe efluentes de
frigoríficos, industrias de alimentos y centros urbanos, y que el monte nativo
a sus orillas ha ido desapareciendo. “Es un desastre”, concluyó[5].
Uno de los argumentos más sólidos fue el
esgrimido por Diego Martino, que representó a Uruguay en el Programa de
Naciones Unidas para el Medio Ambiente: “En 2010 se detectaron niveles de
atracina en el agua. Es uno de los componentes del glifosato. No hay ningún
estudio a nivel nacional que diga cuál es la consecuencia de niveles muy bajos
de atracina consumidos a lo largo de diez años”[6].
En su opinión el principal problema es
la incapacidad del Estado para controlar y luego tomar decisiones. Puso un
ejemplo: “¿Cuánto tiempo le llevó a la DINAMA cambiar la distancia de 50 metros
a 500 metros para la fumigación alrededor de una escuela rural? Años”. No se
sabe cuántos niños enfermaron por esa demora.
Uno de los principales problemas son los
embalses, que en su mayor parte se utilizan para el riego y el cultivo de
arroz. En un pequeño país como Uruguay hay más de mil embalses que con el calor
del verano se convierte en lugares donde crecen algas porque concentran los
agroquímicos. Con las lluvias los embalses derraman sus aguas en los ríos.
Todos los ríos del Uruguay, incluyendo anchísimo el Río de la Plata, están
verdes de contaminación.
El ganado también está siendo afectado.
Un productor del centro del país, cuyas ovejas beben en el gran embalse de
Rincón del Bonete, sufrió la muerte de 56 ovejas en un año, todas intoxicadas[7].
La directora de Recursos Renovables del Ministerio de Ganadería, Agricultura y
Pesca reconoció que “Uruguay no tiene un diagnóstico del estado de sus aguas”,
pero la misma autoridad acepta que se cultive soya a cuatro metros de lagunas,
ríos y arroyos, aunque la legislación establece una distancia de ocho metros,
también insuficiente[8].
Daniel Panario es director del Instituto
de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias y recibió en 2012
el Premio Nacional a la Excelencia Ciudadana. Es el más destacado y combativo
científico del país que denuncia la contaminación hace más de 20 años. En su
opinión el mejor ejemplo vinculado al agua es el del plomo.
En la década de 1940 en Inglaterra se
concluyó que el bajo rendimiento de los niños en las escuelas se debía al plomo
y cambiaron inmediatamente todas las cañerías. En Uruguay esto se comprobó en
la década de 1970. Estamos en 2013 y todavía no se terminaron de cambiar las
cañerías de plomo en Montevideo. Dicen que tienen otras prioridades y que es
muy caro[9].
Además del Estado, la universidad es un
obstáculo para hacer conocer la realidad a la población. “Uno no tiene total
libertad para investigar temas de interés nacional. Cuando uno sale a hablar se
arriesga a tener que enfrentarse con las autoridades. Hace pocos días el rector
aclaró que yo hablaba a título personal y me dijo que le hacía daño a la
facultad”[10].
Aquí aparecen dos problemas: los
académicos priorizan investigaciones que puedan ser publicadas en revistas
especializadas, en general en inglés, a las que la gente común no tiene acceso.
Por otro lado, las universidades dependen de convenios y fondos que provienen
de diversos organismos internacionales y de empresas privadas que no tienen
interés en que se conozcan críticas a los productos que venden las
multinacionales.
Investigadores como Panario, pese al
reconocimiento nacional e internacional, suelen ser boicoteados por los propios
universitarios. Se presentó en dos oportunidades al Fondo nacional de
investigadores y las dos veces fue rechazado. Tuvo que apelar a instancias
superiores para ser admitido. Ahora se muestra feliz ante el crecimiento del movimiento
contra la minería a cielo abierto.
Un movimiento diferente
Los precios del mineral de hierro se
mantuvieron estables por veinte años. En 1985 la tonelada métrica seca se
pagaba a 26 dólares. En 2004 había llegado a 38 dólares para trepar a 140 en
2008. En 2009 el precio cayó a 101 dólares la tonelada, pero ahora está
subiendo. No es cualquier metal, ya que el mineral de hierro representa el 95
por ciento de todos metales utilizados en la industria.
Minera Aratirí pertenece a Zamin
Ferrous, grupo indio con sede en Londres. Cuenta con siete proyectos en
Sudamérica, cinco de ellos en Brasil, uno en Perú y otro en Uruguay, y espera
producir en todo el continente unos 50 millones de toneladas de mineral de
hierro para 2013. Pero el potencial de la empresa en la región se eleva a 10
mil millones de toneladas.
En Uruguay se les concesionaron unas 110
mil hectáreas en zonas dedicadas a la ganadería extensiva y la forestación,
donde realizaron perforaciones para detectar las áreas de mayor densidad de
mineral de hierro. El proyecto minero tiene tres partes: la zona de
explotación, el mineroducto de unos 220 kilómetros hasta la
costa de Rocha y la terminal de carga. En total estiman invertir 2.000 millones
de dólares.
A fines de 2010 cuando el parlamento aprobó
el Código de Minería los pequeños productores rurales de las localidades donde
se instalará Aratirí, Valentines y Cerro Chato (180 y 3.000 habitantes cada
una), comenzaron a movilizarse. En enero de 2011 comisiones de vecinos de la
costa, donde se instalará el puerto para la exportación del hierro, iniciaron
una recogida de firmas contra el proyecto.
De ahí en adelante la actividad se fue
intensificando. Primero asistieron al parlamento a explicar los motivos de la
oposición al proyecto. Los pequeños ganaderos verían distorsionada la
producción, ya sea porque serán expropiados y forzados a emigrar o por la
contaminación del aire y el agua. Los habitantes de los pueblos costeros
sufrirían daño en la pesca y se ahuyentará el turismo.
Luego realizaron decenas de charlas
informativas en los más diversos lugares, muchos de ellos pequeños pueblos de
50 o 100 habitantes. Finalmente convocaron una primera marcha nacional en
Montevideo con la consigna “No a la minería, sí a los recursos naturales”, en
mayo de 2011. La empresa convocó a su vez una marcha en Cerro Chato movilizando
comerciantes y trabadores. Al día siguiente los productores doblaron la
cantidad de personas movilizadas, desafiando a la multinacional que también
comenzó a realizar charlas informativas boicoteadas por los que se oponen a la
minería.
En julio de 2011 se creó la
Confederación de Pueblos Costeros con representantes de siete pueblos del
departamento oceánico de Rocha: La Paloma (3.500 hab.), Aguas Dulces (400),
Punta del Diablo (800), Valizas (330), La Pedrera (200), La Esmeralda (57) y
Cabo Polonio. Se oponen a la construcción de un puerto en La Paloma para la
exportación de madera para las fábricas de celulosa y del puerto oceánico para
el hierro.
El 12 de octubre se realiza la segunda
marcha nacional donde confluyen colectivos del norte, el centro, el sur y de la
zona costera, integrados por productores y trabajadores rurales. Varias
personalidades del arte y el espectáculo participan en un video contra la
megaminería. A partir de ese momento cada región se concentra en la realización
de actividades locales y se crea la Asamblea Nacional Permanente en Defensa de
la Tierra y los Bienes Naturales con unos 36 colectivos de base[11].
A mediados de 2012 el gobierno confirma
la construcción de un puerto de aguas profundas para la exportación de hierro,
madera y otros productos cerca de La Paloma. El movimiento contra la minería
realiza en agosto su primera asamblea nacional en Tacuarembó (norte) con la
asistencia de 300 personas de 35 colectivos.
Participan tres sindicatos, grupos
indígenas, radios comunitarias, productores y trabajadores rurales. Miembros de
los pueblos costeros optan por la acción directa para impedir las obras del
puerto de La Paloma. El 12 de octubre se realiza la tercera marcha nacional en
Montevideo con 10 mil personas, con decenas de gauchos a caballo, tractores,
banderas de pueblos originarios, ambientalistas y sindicatos.
El movimiento contra la minería tiene
tres características inéditas en Uruguay. La primera es que nace en el Interior
profundo, en pueblos de 50 a 3.000 habitantes, luego llega a las capitales
departamentales y más tarde a Montevideo, donde aún se están organizando los
primeros grupos. Esto es al revés de lo que sucedió en la historia de las
luchas sociales, donde casi todos los movimientos nacieron en la capital.
En segundo lugar, es un movimiento de
base, asambleario y horizontal, ligado a la tierra y al territorio, que se
inspira en las identidades populares rurales y no en las tradiciones sindicales
y de la izquierda, aunque ellas están integradas pero no de manera hegemónica.
El discurso y el lenguaje invocan las luchas por la Independencia lideradas
hace 200 años por José Artigas y hacen hincapié en todo lo que se relacione con
la tierra.
La tercera es que el movimiento ha
rechazado hasta ahora su institucionalización. Las ONGs están acotadas. Los
partidos políticos se mantienen en silencio. Pero lo más interesante es que no
se ha optado por el camino del referendo nacional, la modalidad que adoptaron
parar todos los grandes movimientos uruguayos desde la recuperación de la
democracia, empezando por el de los derechos humanos.
Hay colectivos locales que recogen
firmas para realizar referendos departamentales, pero se ha optado por evitar
un referendo nacional luego de extensos debates. La experiencia de más de 20
años indica que ese camino conduce a la desarticulación del movimiento, ya que
la voluntad popular es vulnerada por los que tienen capacidad para hacer
publicidad millonaria en los grandes medios de comunicación.
Ha nacido el primer movimiento social
bajo un gobierno progresista. Cuestiona de modo frontal el modelo extractivista
y la contaminación del agua le da argumentos potentes ante la población. Como
dijo Panario reflexionando sobre las consecuencias del huracán Sandy en New
York y el debate sobre el cambio climático: “Tiene que ocurrir una catástrofe
para que la población tome conciencia”.
Recursos
“Aguas de marzo. Agroquímicos y
potabilidad”, Brecha, 22 de marzo de 2013.
Asamblea Nacional Permanente en Defensa
de la Tierra y los Bienes Naturales:http://endefensadelatierraylosbienesnaturales.noblogs.org/
Cirio, Ignacio, “Efectos colaterales”,
video, Radio Mundo Real, 2012, en www.radiomundoreal.fm/rmr
El Observador (diario): www.elobservador.com.uy
Movimiento por un Uruguay Sustentable
(MOVUS): http://movusuruguay.org/
Observatorio Minero del Uruguay: http://www.observatorio-minero-del-uruguay.com/
OSE (Obras Sanitarias del Estado): www.ose.com.uy
Santos, Carlos, ¿Que protegen
las áreas protegidas?, Montevideo, Trilce, 2011.
Zibechi, Raúl “Los condenados rompen el
silencio”, Programa de las Américas, 12 de enero de 2012 enhttp://www.cipamericas.org/es/archives/6003
Zibechi, Raúl “Las penas son de
nosotros. La conformación de un nuevo bloque de poder en Uruguay”, en Gabriela
Massuh,Renunciar al bien común, Mardulce, Buenos Aires, 2012.
Zibechi, Raúl, Entrevista a Daniel
Panario, Montevideo, 8 de abril de 2013.
Publicado en el “Informe Mensual
de Zibechi” para el Programa de las Américas www.cipamericas.org/es de
donde lo tomamos.
[2] Todos los datos proceden de: Raúl
Zibechi, “Las penas son de nosotros”, en Gabriela Massuh, Renunciar
al bien común.
[3] El Observador, 11 de abril de 2013. El
río Santa Lucía nace en el centro del país a 100 kilómetros de Montevideo y
desemboca en el Río de la Plata cerca de la capital.
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