Por: Grupo de estudio Socialismo en América Latina
y Círculos Socialistas de Antioquia
Medellín, 6 de abril de 2014.
Conceptos
La ciudad es la obra más compleja y
maravillosa de la humanidad, y sin duda, la más colectiva de todas. A pesar de
todas las transformaciones que a través de la historia se han producido, sigue
siendo, tal como lo concebía el mundo clásico, el espacio privilegiado de la
convivencia, el intercambio cultural y político, el arte, la ciencia y la
filosofía. Por lo tanto es también, el escenario más caracterizado y más
complejo del conflicto social. Cada revolución pone en escena una ciudad
distinta, pues ella es la sede del poder y de las instituciones, una especie de
“joya de la corona” para todas las sociedades en todas las épocas.
Las ciudades igualmente sufren y
expresan los conflictos cuando estos se tornan violentos: unas veces sitiadas,
otras veces devastadas, saqueadas o bombardeadas, destruidas y reconstruidas,
nunca dejan de ser una resultante del quehacer humano, y hasta sus cicatrices
se convierten en monumentos históricos que pueden ser vistos por turistas y
visitantes. La ciudad es huella histórica, pero no cualquiera, puesto que
guarda la autoestima y la cultura de los pueblos como un legado para todas las
generaciones futuras.
Las ciudades son historias acumuladas
y conflictos sintetizados. Cada una es por tanto particular como territorio
disputado por sus pobladores y también por los intereses que están más allá de
ellos, que operan desde las regiones, los estados nacionales y los poderes
mundiales. Cada ciudad es una unidad, pero contradictoria, multifacética y
compleja; alberga el conflicto, las expresiones culturales, étnicas,
artísticas, las formas económicas y las instituciones políticas. Es escenario
privilegiado de la lucha de clases bajo unas condiciones territoriales
establecidas y un desarrollo tecnológico determinado.
Ciudad y
capitalismo
El capitalismo ha plasmado en el
desarrollo de las ciudades unas características históricas propias. Desde que
la urbanización se hizo subsidiaria del desarrollo industrial, la sensación de
caos ha acompañado siempre la percepción de la ciudad, que empezó a extenderse
desordenadamente siguiendo la huella de las fábricas y amontonando sectores
proletarios lejos de los centros cívico-comerciales, nucleados como insumos
económicos alrededor de las unidades productivas. Desde entonces “urbanizar”
fue un verbo gustoso para los capitales que se asociaron alrededor de la
construcción de vivienda, disparando hacia las periferias rurales el tejido
constructivo precario que reduce a las clases pobres a meras “habitantes” de
suburbio. Las relaciones entre lo urbano y lo rural se hicieron complejas, los
límites entre lo uno y lo otro se hicieron difusos, los usos del suelo se
trastocaron y las clases subalternas empezaron una confrontación primero sorda
y después explícita por acceder a la ciudad y rechazar una urbanización que los
reducía a habitantes de una “ciudad dormitorio”.
Cuando irrumpe la industrialización,
el concepto de ciudad se hace problemático. La extensión del tejido
constructivo y su penetración desordenada en las áreas rurales, pronto generó
en los trabajadores una conciencia de marginamiento respecto a la ciudad, es
decir, respecto a la obra construida por generaciones enteras, de la cual
estaban siendo apartados por la autoridad establecida en favor de la eficiencia
productiva, por un lado, y de la valorización simbólica de un patrimonio
centralizado, por el otro. En otras palabras, en tanto insumo productivo, la
fuerza de trabajo debía estar concentrada alrededor de las fábricas, y estas,
en la periferia cercana para tener fácil acceso a los recursos
provenientes de la naturaleza, como
el agua y la energía.
Mientras el capital más avanzaba en
la urbanización, la segregación y precarización de los pobres iba en aumento.
Mientras más distantes estuvieran estos, las élites más se apropiaban del
centro tradicional y lo saturaban de relatos sobre su propia pujanza y su
capacidad de emprendimiento. Hacían de los centros cívico-comerciales sus
propios espejos y les negaron todo protagonismo en la construcción de ciudad a
los sectores previamente excluídos.
Así, bajo la consigna de “urbanizar”,
que ideológicamente asociaba con “civilizar”, el capitalismo puso a las clases
trabajadoras lejos de los centros de las ciudades, despojándolas de los
beneficios de la vida propiamente urbana y de su dotación material. Es decir,
las élites se reservaron la ciudad para ellas y les dejaron a los desposeídos
la urbanización, las urbanizaciones. Pero la burguesía continuó y continúa
utilizando un discurso falsamente incluyente: nunca ha reconocido que margina
de la ciudad a los sectores populares, que la privatiza, que la niega a los
trabajadores. Al contrario: mediante el instrumento técnico de los “perímetros
urbanos”, mantiene que la ciudad es una comunidad unida e integrada social y
económicamente.
Al desarrollar la urbanización y
profundizar la segregación, el capitalismo se puso de espaldas a la
construcción de ciudad. Renunció al proyecto cultural integrador y desarrolló
los relatos ideologizados de la explotación de ventajas comparativas, la
competitividad, el empresarismo y la innovación. Luego de los capitales
industriales, fundamentalmente aplicados a la construcción de vivienda, fueron
los financieros los que tomaron la delantera, orientándose no solo a la
construcción sino además a la destrucción de sectores enteros de las urbes, con
el fin de abrir espacio a nuevas inversiones y nuevas utilidades especulativas.
Se desata así la esquizofrenia de la renovación urbana, la planeación y la
valorización, las nuevas estrategias de acumulación de riqueza y segregación de
los excluídos.
La ciudad pues, no es la
urbanización, así el perímetro urbano confunda ambos elementos. Es
fundamentalmente un conjunto complejo de relaciones sociales dadas en un
territorio y espacio físico más o menos delimitado, el cual genera unas
actitudes y unos comportamientos culturales particulares. La cultura urbana es
una práctica social que privilegia el valor de uso de la ciudad, en oposición a
la concepción capitalista que solo le da valor de cambio. Estos dos conceptos,
valor de uso opuesto a valor de cambio, son la piedra de toque que diferencia
el relato capitalista del relato anticapitalista sobre la ciudad. Valor de uso
o valor de cambio, patrimonio para la vida digna, la cultura, la convivencia,
la política y la lúdica, o plataforma de negocios y ganancia para unos cuantos
privilegiados; estos son los contornos del conflicto de clase que se alberga en
las prácticas urbanas y en la tramitación de sus conflictos. El capitalismo es
cada vez más urbanizador, mas inversionista y más orientado a la ganancia. La
mayoría de la sociedad en cambio, reivindica y construye ciudad al reclamar lo
urbano como derecho y como espacio para la cultura, la política, el arte, la
convivencia y el disfrute.
Ciudad y
neoliberalismo
Durante las últimas décadas del siglo
pasado, el aparato productivo del capital sufrió transformaciones drásticas en
el marco de una revolución tecnológica que aún continúa su marcha. Las grandes
plantas industriales se disolvieron o se reconvirtieron, expulsando inmensos
volúmenes de fuerza laboral. Los índices de urbanización crecieron tanto, que
el mundo académico debió incorporar semánticas nuevas para nombrarlos:
metrópolis, ciudades región, megalópolis, conurbaciones. El capital financiero
asume ahora la conducción urbanística en todos los países, utiliza el aparato
estatal como un simple ejecutor de sus designios y conveniencias, convierte el
sector de la construcción en el seguro y preferido destino de sus capitales.
Esta es la razón por la cual el sector de la construcción ocupa el primer
renglón de las economías de Latinoamérica, incluyendo por supuesto a Colombia,
a despecho de los grandes déficits en vivienda, en saneamiento básico, en vías.
Al capital no le interesa para nada solucionar problemas sociales, le interesa
sobre todo la acumulación y la ganancia.
Las ciudades, especialmente del
tercer mundo, fueron invadidas por actividades informales de “rebusque” que
crecen más allá del límite de la legalidad. En estas condiciones de desempleo,
informalidad y precarización laboral, de altos precios de la construcción y la
infraestructura, la urbanización igualmente baja sus estándares de calidad y
hace más duras las condiciones de vida para los habitantes desplazados a las
periferias. El neoliberalismo impone a las ciudades sus políticas
territoriales, basadas en la explotación de ventajas comparativas, calificando
a aquellas localidades que no las tengan como “no viables”. El resultado
inmediato es que las ciudades mal dotadas de infraestructuras de comunicaciones
o débilmente conectadas con las redes del comercio globalizado, salen del juego
económico, y aquellas que son puertos o poseen instalaciones modernas para el
comercio internacional, reciben el grueso de las inversiones y las migraciones
de población. El neoliberalismo provoca un trastocamiento de la organización
territorial y de las jerarquías urbanas al interior y hacia el exterior de los
países.
En las ciudades sometidas al designio
neoliberal, lo no viable pasa a ser todo aquello que no esté o no se pueda
integrar en forma expedita a las grandes redes de mercado que trascienden lo
local. Las leyes del mercado se convierten en política pública urbana que
endurece la discriminación y la hace más odiosa para millones de pobres a los
que solo se reconocen como “habitantes”. Los capitales financieros e
inmobiliarios, al comando del estado, se convierten en los máximos gestores
urbanísticos encargados de ordenar el espacio para los grandes negocios e
inversiones, en una espiral de valorización del capital que jamás puede dejar
de crecer. Los bancos, las firmas constructoras y los promotores inmobiliarios
bajo la protección del estado y la bandera de la “renovación urbana”, expropian
a los habitantes originarios las zonas urbanas requeridas para sus inversiones,
utilizando formalidades legales que a duras penas guardan las apariencias,
construyendo, destruyendo y volviendo a construir, en un círculo vicioso
especulativo que nunca termina.
En la explotación de ventajas
comparativas, el capital anda en la búsqueda de rentas de monopolio, que extrae
en tanto explota los patrimonios ambientales y culturales que los pobladores
urbanos han logrado acumular. De esta manera, las expresiones folclóricas, las
tradiciones históricas, los imaginarios populares, las exclusividades
productivas y la amabilidad de las gentes, son convertidas en marca por los
empresarios privados del turismo y los negocios para generar beneficios
inmensos que no gotean hacia las clases populares que los han producido. En
pocos terrenos es tan evidente la paradoja de la producción social y la
apropiación individual de la riqueza.
Las estrategias de los capitales
dominantes para moldear las ciudades según sus intereses son ya bien conocidas:
los mecanismos de avalúo predial y de valorización, los Planes de Ordenamiento
Territorial (POT) que fijan limites urbanos y rurales, zonas, usos y
estratificación barrial, los planes parciales de renovación urbana, etc.; todos
estos mecanismos tienden a favorecer la inversión inmobiliaria y la obtención
de inmensas ganancias, así el costo social sea el desplazamiento forzado de los
pobladores sin capacidad de pago, la entrega de los mejores sectores de ciudad
a los privados, los más pudientes y los grandes negocios. Todos estos
instrumentos, más los manejos del orden público y la economía, entre los más
relevantes, organizan el sistema urbano en el actual contexto de dominio del
capital financiero globalizado. Tales son en síntesis las estrategias básicas
del proyecto neoliberal para la ciudad: una transformación de los centros
urbanos en plataforma de negocios, dejándoles a los pobres una urbanización sin
ciudad.
La locomotora constructiva-destructiva
del capitalismo ha echado abajo las construcciones tradicionales de las
ciudades en casi todo el mundo. Enemigo de la ciudad, el capital no ha
respetado el legado cultural y artístico que las anteriores generaciones
crearon. También lo histórico sigue siendo sistemáticamente derribado, para que
los bancos y las inmobiliarias tengan vía libre y se enriquezcan
indefinidamente.
Decir ciudad neoliberal es ya un
contrasentido. Lo que queda de ciudad hoy es la cultura, la convivencia y lo
común que los ciudadanos han edificado y mantienen contra el asedio de los
proyectos inmobiliarios. Los centros emblemáticos de ella son para el poder
meros centros de decisiones, ajenos a proyecto alguno que recupere para las
clases oprimidas el uso pleno de los bienes culturales, de los espacios
públicos y de las infraestructuras más valiosas del espacio urbano.
El derecho a la
ciudad
Dado el contenido excluyente de las
políticas que el capital impone a la ciudad, y dado el concepto extraviado que
el sistema tiene sobre la misma, la consigna que realmente apunta al meollo de
ese asunto es la del derecho de las clases sociales oprimidas a ocupar y a usar
los patrimonios materiales e intangibles que constituyen lo urbano. Las clases
dominantes han hecho los negocios. Pero han sido las subalternas las que han
llenado de sentido el espacio urbano y lo han enriquecido con sus prácticas,
sus resistencias y sus conflictos. El derecho a la ciudad implica el rechazo a
la pretensión de ser tratados como simples habitantes alienados en la rutina
productiva y la reproducción de la fuerza laboral. Es la resistencia al
encierro que impone la urbanización sin ciudad, las torres de
apartamentos-colmena recostadas a las laderas, las autoconstrucciones
informales sin asistencia del estado, la esclavitud impuesta a los pobladores
por el abuso de las hipotecas y los inquilinatos, y los controles que
obstaculizan a los marginados el libre uso de bienes y amoblamientos. Es la
lucha de los marginados por el derecho al uso y disfrute de los servicios
públicos y demás bienes propios de la ciudad, como el transporte colectivo y la
vida nocturna.
En tanto se trata de un proyecto
libertario, un papel fundamental en esta lucha lo desempeñan aquellos sectores
y fuerzas sociales que el capitalismo ha invisibilizado, como las mujeres, las
minorías sexuales, raciales, y todos los que durante siglos han tenido que
vivir bajo el anonimato. La relación entre ciudad y libertad viene del proyecto
libertario que históricamente enarbolaron la ciudad antigua y la renacentista.
Hace siglos las ciudades hacían libres a los hombres, pero el capitalismo la
niega hoy a los ciudadanos del siglo XXI.
El derecho a la ciudad incluye desde
luego las reivindicaciones a los servicios públicos, a los servicios sociales,
a los bienes y a todos los intangibles que los pobladores urbanos requieren
para llevar una vida digna. Pero es fundamental en este contexto, el de usar la
ciudad desprivatizando su uso.
El proyecto urbano de las clases
oprimidas por el capital consiste en apropiarse la ciudad, usarla en igualdad
de condiciones y desarrollar la cultura urbana. Por lo tanto queda incluido el
derecho a planificarla, a ordenar su territorio y a mantenerla como producto de
la sociedad toda. Desde luego, reivindicar las dimensiones humanas y sociales
de la ciudad implica disputarle a las élites los equipamientos que las hacen
posibles: la democracia necesita la plaza, la educación necesita la escuela, el
deporte los estadios y el arte reclama los museos y galerías. La planificación
urbana deberá respetar los derechos de todos e idear soluciones óptimas para la
convivencia, la diversidad y la complejidad que implica lo urbano, en oposición
a un urbanismo que refuerza la segregación y la ostentación de las minorías
citadinas.
Parte fundamental de la lucha
anticapitalista de contexto urbano conlleva la construcción de bienes comunes
por las clases marginadas. De hecho, la ciudad es un bien común en tanto obra
colectiva, pero el asunto clave es el de la apropiación de ella. Los bienes comunes
no siempre son el patrimonio público, como las calles o los parques; son tales
cuando son apropiados por la gente, cuando los ciudadanos accedemos a ellos y
les damos los usos que nos parezca. Bienes públicos simplemente son aquellos
que el estado construye y mantiene, pero muchas veces en función de utilidades
para terceros. Otras veces tales bienes son cercados, bloqueados, o sus
controles policiales llegan al extremo de despojar al ciudadano de su
privacidad y libre albedrío. El patrimonio público es necesario, pero también
la acción política de los sectores sociales orientada a convertirlos en bienes
comunes urbanos.
El derecho a la ciudad tendrá que ser
entonces, un proyecto de poder que cotidianamente se juegue en la gestión
urbanística, frente a la política territorial del estado, en los asuntos del
orden público, la economía y la cultura. No consiste en una confrontación
parcial o sectorial o la suma de ellas, sino una articulación de los
movimientos sociales urbanos con voluntad autonómica, que en su desarrollo
puedan arrebatar al poder establecido pequeños y grandes triunfos en la
perspectiva de una democracia anticapitalista que traslade la toma de
decisiones sobre lo urbano a quienes históricamente han construido la ciudad: a
los sectores populares.
Ciudad
latinoamericana
Los orígenes de las ciudades en
Latinoamérica se inscriben en el contexto de la conquista española. Fueron al
mismo tiempo fuertes militares, centros administrativos y residencia de los
poderosos desde donde organizaban las “entradas” a lejanas periferias para el
saqueo y sometimiento de aborígenes. Durante las épocas de la colonia y la
república, los centros urbanos fueron territorio de un intenso mestizaje racial
y cultural que multiplicó las resistencias a la sociedad dominante. Las
poblaciones originarias supervivientes a la catástrofe demográfica siempre se
resistieron a la segregación y algunos grupos de ellas lograron penetrar los
cascos urbanos, imprimiéndoles a las ciudades latinoamericanas unas
complejidades de diversidad cultural que son únicas en el mundo.
En América Latina los índices de
urbanización crecen aceleradamente. La estructura general de la ciudad
latinoamericana contiene originalmente el principio colonial de un centro
representativo que centraliza las instituciones públicas, religiosas y
financieras, creando luego a su alrededor anillos comerciales y residenciales
cada vez más elementales, dando lugar a una periferia degradada, indeterminada
y pobre, donde se amontonan los excluidos del poder y la riqueza. Esta
estructura básicamente se mantiene, pero desde la modernidad ha ido
incorporando amplias regiones a la dependencia social y económica con unos
centros urbanos expandidos que funcionan como plataformas de negocios y venta
de servicios. Las relaciones centro-periferia se han modificado hacia la
regulación de la dependencia regional, ya no de varios centros urbanos, sino
generalmente de un polo que atrae los excedentes de economías a menor escala y
subordina a las comunidades que los integran.
La ciudad latinoamericana actual
funciona bajo el parámetro del extractivismo. Subordina a la periferia y se
alimenta de ella; la institucionalidad está diseñada para garantizar los
inmensos flujos de energía y recursos naturales que sostienen a centros urbanos
superpoblados y no pocas veces depredadores del medio ambiente, atrapados en
estilos de vida consumistas y nubes de dióxido de carbono, donde continúa
creciendo la motorización individual y las construcciones agresivas con la
naturaleza. Nuestras ciudades han recibido todo el peso de las políticas
territoriales neoliberales, siendo sometidas a duros procesos de privatización
de los patrimonios públicos, en buena hora enfrentados también por los
movimientos sociales en muchas de ellas. Es evidente que los procesos de
rebelión contra el neoliberalismo que recorren el subcontinente, están
impactando la vida urbana al despertar la lucha de sectores marginados en las
periferias que se lanzan sobre los centros de las ciudades antes vedados, para
manifestarse y apropiarse de las calles y las plazas. Esas rebeliones han sido
también urbanas en la medida que sus estallidos están propiciando cultura
política y nuevas relaciones de apropiación de tales espacios céntricos.
Ciudad
colombiana
La ciudad colombiana comparte la
crisis que la ciudad neoliberal latinoamericana y alberga conflictos similares,
mas tiene particularidades que provienen de la historia nacional y regional
nuestras, su estructura socioeconómica y su régimen político. El estado
colombiano ha sido desde hace un siglo, decididamente urbanizador. La
planeación nacional desde mediados del siglo XX enfocó sus prioridades en la
construcción de vivienda, obras públicas e infraestructuras urbanas que por
décadas han estimulado el crecimiento desbordado de sus centros urbanos. Esta
política territorial es complementaria con la ausencia de estímulo para la
agricultura, la conservación de una estructura de propiedad altamente
concentrada e inequitativa en el campo y la imposición más reciente de un
modelo exportador agroindustrial y de minería extractivista, basado
fundamentalmente en la expropiación, desplazamiento y explotación agresiva del
campesinado.
Así, la política urbana y la política
agraria del estado, son las dos caras de la misma moneda, se condicionan
mutuamente y su versión actual es el plan de desarrollo “Prosperidad para
todos. 2010-2014”, del presidente Juan Manuel Santos. Ese proyecto no ha
permitido a ningún gobierno ni pacificar el campo ni organizar la vida urbana,
a pesar de los esfuerzos que sectores de la burguesía adelantaron con López
Pumarejo en 1936 y Lleras Restrepo en 1968, esfuerzos que en cada situación
sucumbieron ante el ímpetu del sector latifundista de la oligarquía,
fuertemente representado en las instituciones.
En el campo, la combinación entre
desgobierno y represión ha costado un conflicto armado de 60 años que hoy está
en negociación, mientras en las ciudades, el orden precario se ha podido
mantener con trazas de asistencialismo, un débil aparato de bienestar ya desmantelado,
represión selectiva y un aparataje ideológico eficiente y bien alineado con los
intereses oligárquicos. Pero el conflicto y sus formas violentas no han estado
confinadas al espacio rural; este ha permeado también los poblados grandes y
pequeños, y hasta las ciudades metropolitanas reciben sus coletazos a través de
atentados individuales y saboteos a infraestructuras y servicios. Tratándose de
una guerra irregular, las armas hacen presencia en los más inesperados espacios
y momentos de la vida social; es notoria la manera como afectan la cotidianidad
a través del control territorial de bandas que practican la extorsión y otros
delitos que están produciendo no solo muertes sino también desplazamiento
forzado intraurbano.
La migración campo-ciudad en Colombia
es pues, inducida por la planeación del desarrollo, las macropolíticas públicas
y las diferentes violencias que desplazan población del campo a los pequeños
poblados, de los pequeños a los grandes y de estos a las urbes, siempre
buscando la protección y los servicios que por lo menos en el imaginario
colectivo, se encuentran en las grandes capitales. Esta migración, que tiene el
carácter general de forzosa, se asienta en los límites o más allá de los
perímetros urbanos y plantean a las administraciones locales demandas que no
satisfacen; es decir, el estado induce la sobrepoblación urbana pero no la
atiende, no le garantiza sus derechos humanos y en esa medida genera otras
problemáticas adicionales como el hacinamiento, la delincuencia y el deterioro ambiental
que agravan las carencias ya propias de las ciudades nuestras. Con razón
alguien dijo que en Colombia el problema urbano es un problema rural, para
indicar que eran necesarias profundas transformaciones en el campo si se
buscaba ordenar la vida en las ciudades.
A las características caóticas
propias de la ciudad neoliberal, en Colombia suman las particularidades
provenientes de sus macropolíticas dominantes, un conflicto armado legendario
que trascendió la guerra fría y las consecuencias económicas, culturales y
políticas del surgimiento en la escena nacional en las décadas pasadas de un
poderoso sector de clase proveniente de economías ilícitas que ha permeado a
los demás y, ha incidido fuertemente en los desórdenes económicos, urbanísticos
y culturales de las ciudades colombianas. Denominado “narcotráfico”, se ha
ligado a todas las modalidades delincuenciales, ha penetrado las instituciones
públicas y muchos de sus recursos se invierten en el sector inmobiliario y la
contratación con el estado.
Desde la década de los ochentas, ante
un auge de los movimientos sociales por mejores servicios públicos y otras
reivindicaciones territoriales, se implementó un proceso de descentralización
política, administrativa y fiscal que buscó darle mayor protagonismo a las
comunidades locales en la toma de las decisiones que directamente las afectan,
proceso que fue complementado con disposiciones sobre democracia participativa
que definió la Constitución de 1991. Pero las derechas lograron vaciar de
contenido democrático la prometedora descentralización colombiana y la
acomodaron a sus propias concepciones de estado mínimo y privatización de los
patrimonios públicos, mientras la participación de los pobladores en la toma de
sus decisiones quedó mediada por el clientelismo y la coacción de los grupos
armados que actúan en casi todo el territorio. Los procesos de
descentralización que se aplican hoy a las ciudades y regiones del país,
funcionan más como piezas del proyecto neoliberal que como posibilidades reales
de vida urbana democrática; han significado flexibilidad y garantías para los
grandes negocios pero rigidez y reducción de espacio para la expresión
espontánea de las comunidades locales. Es a nombre de esa descentralización que
se delega a pequeños grupos barriales o comunales la gestión de migajas de
presupuesto y problemas de poca trascendencia, mientras las élites
gubernamentales y empresariales se reservan las grandes decisiones sobre las
ciudades y las regiones que las circundan.
El mayor porcentaje de los pobladores
pobres de las ciudades colombianas son migrantes forzosos que no han tenido
alternativa distinta a refugiarse en las capitales para preservar sus vidas. De
este grupo, unos son desplazados por la violencia, principalmente de las áreas
rurales de sus entornos mediatos, y otros, la mayoría, son desplazados por las
penurias propias de la vida campesina, por el hambre, las enfermedades, la
carencia de tierra, la incomunicación y los desfavorables precios agrícolas.
Así, las grandes masas de habitantes urbanos periféricos están integradas por
desarraigados rurales que tampoco encuentran aquí la dignidad que buscan; son
expulsados del campo y excluídos de la ciudad.
En Colombia las ciudades han sido
también territorios de resistencias. Ellas han sido construídas en gran parte
por el esfuerzo individual y familiar de pobladores que han levantado barrios y
zonas enteras que mejoran permanentemente a costa de sus presupuestos y su
fuerza laboral. Desde allí se desatan procesos de organización para exigir al
estado dotaciones de servicios y vías de comunicación que sin embargo, otras
veces aprovechan los gobiernos locales para “normalizar” la urbanización, es
decir, incorporar a los pobladores como clientes que en adelante pagarán
impuestos y tarifas por los servicios que obtengan. Otro aspecto de las
resistencias se hace visible en los centros cívico-comerciales y en sus áreas
exclusivas, cuando los pobres o grupos de minorías, venciendo resistencias o
afrontándolas, se apropian de sitios o lugares vedados, o controlados, o donde
su presencia es mal vista. Particularmente notoria es entre nosotros la
presencia incontrolable del comercio informal en el corazón mismo de las urbes
a pesar de la persecución policial.
Otro grupo de resistencias más
conscientes, ocurren a través de organizaciones populares barriales o
comunales, que enarbolan reivindicaciones diversas, unas veces transitorias
como el rechazo a obras públicas inconsultas o agresivas social y
ambientalmente, y otras, más permanentes, de base juvenil, orientadas a la
convivencia, la cultura, el arte y la lúdica. Pero quizá la resistencia más
radical es la de los llamados “barrios de invasión”, una resistencia
frecuentemente organizada por los propios pobladores y que ha triunfado pese a
la represión abierta o encubierta. La llamada urbanización “pirata” que se
inicia con una toma, continúa con un “loteo” y luego con la autoconstrucción,
es una de las líneas dominantes de la urbanización en Colombia, conflictiva y
alternativa a la inacción del estado en materia de construcción de vivienda.
Por regla general, las resistencias
urbanas en Colombia son sectoriales y fragmentadas, sus articulaciones tienen
poco alcance, y carecen por lo tanto de un proyecto integrador que en su forma
y en su contenido pueda llamarse programa o proyecto urbano alternativo. Las
organizaciones políticas antisistémicas, provistas de estrategias alejadas de
los cambios que ha experimentado el capital en el actual mundo globalizado,
miopes ante las transformaciones que vienen produciéndose en la base social
explotada, no han podido desprenderse de las visiones rígidamente
centralizadas, se les escapan las particularidades de las regiones, los
sectores y las localidades; por lo tanto no dan respuesta estratégica al
contexto urbano de las luchas políticas en Colombia. En las condiciones
actuales de urbanización acelerada del país, bajo un sistema neoliberal rapaz y
permeado por todas las modalidades de violencia, es urgente levantar un
movimiento políticamente visionario que se oponga al desastre propuesto por el
capital financiero e inmobiliario; un proyecto urbano de inclusión y
participación plena de los oprimidos en la toma de decisiones a través de una
reforma urbana democrática, es una de las tareas cruciales del momento. El proyecto
general consiste en el empoderamiento de los marginados para asumir la toma de
las grandes decisiones de la vida urbana, es la conquista del derecho a la
ciudad.
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