Hambre S.A.
Javier Guzmán
La Marea
A raíz de las exorbitantes subidas en los precios de los
alimentos que provocaron la crisis alimentaria del 2008 y ocasionaron graves
disturbios en varios países, se encendieron las alarmas al ponerse de
manifiesto, por un lado, la inexistencia de estructuras internacionales de
gobernanza alimentaria que dieran respuesta a la escandalosa cifra de más de
1.000 millones de personas hambrientas en el mundo, y por otro, la inoperancia
y anquilosamiento de la propia FAO y su Comité de Seguridad Alimentaria (CSA).
En este contexto, urgía la necesidad de reformar este
espacio de gobernanza clave que reforzara su legitimidad y operatividad, y no
fue hasta octubre de 2009 cuando, después de un difícil proceso, se aprobaba
entre aplausos la reforma del CSA de la FAO. Una reforma donde, por primera
vez, participaron los diferentes estados miembros, pero también la sociedad
civil entre las que se encontraban las organizaciones campesinas.
La reforma le otorgó al CSA una gran centralidad y autoridad
dentro de la arquitectura de seguridad alimentaria mundial y además abría
puertas a una participación sin precedentes de actores clave como son los
propi0s campesinos/as, pescadores/as, población indígena, consumidores y ONG,
aumentando así, su calidad democrática y por tanto su legitimidad. Cabe señalar
que, desde entonces, el CSA ha lanzado importantes iniciativas políticas, como
la aprobación de las Directrices Voluntarias sobre Tenencia de Tierras, con el
objetivo de frenar el fenómeno del acaparamiento de tierras por parte de
transnacionales.
El G8 irrumpe en la agenda alimentaria
Las crisis alimentarias recurrentes sirvieron también de
pretexto para que el G8 irrumpiera en la agenda alimentaria, siendo desde
entonces una constante el hecho de incluir en sus reuniones asuntos sobre
seguridad alimentaria. Debido a la urgencia y necesidad de operatividad que
demandaba la situación de 2008 el G8 se emplazó a realizar urgentemente un
Compromiso contra el hambre que se materializó en la Iniciativa de L’Aquila
(2009), creada para financiar de manera rápida programas diseñados y liderados
por los propios países receptores.
No hay que olvidar que la crisis alimentaria de 2008, al
igual que las que la han seguido, fue provocada por la expansión de un modelo
de agricultura globalizada en manos de grandes transnacionales, y por fenómenos
como la especulación sobre el precio de los alimentos llevada a cabo por bancos
y fondos de inversión.
Las grandes transnacionales de la alimentación no quedaron
conformes con el devenir de los acontecimientos, ni con la que en su opinión
era una reforma muy radical de la FAO, como con la tibieza y falta de visión de
negocio de representaba L’Aquila, por ello en 2012 ni si quiera se habían
desembolsado ni la mitad de los fondos acordados.
De este descontento, y de la mano de 48 empresas
transnacionales, nace en Camp David, en el año 2012, la Nueva Alianza para la
Seguridad Alimentaria y Nutrición, cuya última reunión y ampliación tuvo lugar
el pasado junio en Londres. La alianza tiene como objetivo movilizar capital
privado dirigido a la inversión en la agricultura africana. Las empresas se
comprometieron a 3.500 millones de dólares.
Implementando un nuevo régimen alimentario
La “iniciativa de inversión agrícola responsable” se expande
y fortalece de una manera silenciosa y preocupante por el continente africano,
no se trata de un programa más de cooperación sino de una estrategia de largo
recorrido para la implementación de un nuevo régimen alimentario a nivel
global. En esta alianza participan estados ricos, estados africanos, y como no,
grandes empresas que invierten para desarrollar su modelo de agricultura
industrial, la llamada revolución verde africana. Compañías fundamentalmente
Europeas y estadounidenses, como Mosanto, Cargill, Yara Internacional, Sygenta,
cuyo negocio son las semillas transgénicas, fertilizante, agrotóxicos, etc.
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La alianza ofrece financiación para la inversión en
agricultura, pero no a cualquier precio. Para poder firmar un acuerdo de este
tipo, el gobierno del país africano tiene que vender su alma al diablo, ha de
comprometerse a realizar enormes cambios por ejemplo en sus políticas de
tierra, de semillas y en su modelo de agricultura, para, según palabras de los
promotores de la alianza “adecuarse” al desarrollo de las inversiones.
Un ejemplo típico es el de Mozambique cuyo gobierno ha
acordado suspender la distribución de semillas locales no comerciales en sus
programas. Los beneficiarios de los programas únicamente recibirán semillas de
las empresas inversoras incluyendo semillas modificadas genéticamente.
Después de la última cumbre que en junio mantuvo el G8 en
Londres, países como Nigeria, Malawi y Benin se unieron a la llamada Nueva
Alianza por la Seguridad Alimentaria, de la que ya formaban parte Burkina Faso,
Costa de Marfil, Ghana, Mozambique y Tanzania. A finales de junio el Primer
Ministro de Senegal anunció su voluntad de adherirse a la alianza coincidiendo
con la visita que el Presidente Obama que realizó al país y en cuya agenda
estaba este acuerdo de adhesión.
Se trata de una estrategia que hace saltar por los aires las
propias recomendaciones de la ONU (FAO), enfrentando directamente la directiva
de tenencia de tierras, o la apuesta por el desarrollo de una agricultura
familiar, sostenible que es clave para asegurar la alimentación de la población
mundial en el presente y en futuro, lejos por tanto de este modelo de
agricultura corporativa extractivista.
Esta inversión impone un modelo de agricultura a gran
escala, que promociona la concentración y acaparamiento de tierras, un modelo
que desliga la alimentación de la población local y orientado a la exportación
dedicado al engorde del negocio de las empresas de insumos y de productos
químicos.
Se trata de una estrategia silenciosa que en poco tiempo ha
conseguido desplazar al poder público de los asuntos relacionados con la
alimentación, tanto a la hora de adquirir compromisos internacionales como a la
hora de implementar políticas agrarias, entregándoselo al poder corporativo, y
reduciendo el papel de los estados a meros convidados de piedra.
Ha logrado además que la comunidad internacional acepte este
nuevo rol del G8, aún sabiendo que es un espacio informal, no democrático y de
limitada composición. Desplazando a los países de renta baja, generando
confusión y produciendo rápidamente el debilitamiento de las organizaciones
democráticas internacionales, desplazando en centro de toma de decisiones y
condenándolas a la irrelevancia.
Nos encontramos por tanto delante de la construcción de un
sistema alimentario basado en el poder corporativo, donde el papel de los
estados y las instituciones democráticas quedan vacíos de contenidos y de
presupuestos.
El G8 no está interesado en tomar el control de organismos
internacionales, el objetivo es otro, el de de crear un sistema de gobernanza a
medida de las grandes transnacionales.
[Artículo publicado en el blog de Javier Guzmán, director de
Veterinarios Sin Fronteras - Justicia Alimentaria Global]
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