Raúl Zibechi
CIP Americas
Pascua Lama, la mina de oro de Barrick Gold, está congelada
por decisión de la Corte Suprema de Chile. Monsanto debió paralizar la
construcción de una planta de semillas en Córdoba por la masiva oposición de la
población. Las grandes empresas extractivas empiezan a cosechar derrotas.
“En democracia los desaparecidos somos los pueblos”, dijo
Mercedes Maidana, quien se definió como “colla trashumante” que no ha dejado de
cultivar la tierra pese a que vive en una de las ciudades del norte argentino.
Con esa frase estableció un hilo rojo entre las dictaduras y los regímenes
actuales durante el encuentro “Desde el extractivismo a la re-construcción de
alternativas”, realizado a fines de agosto en Buenos Aires [1].
En esas fechas la legislatura de Neuquén votaba el acuerdo
YPF-Chevrón por el que se extiende la concesión del área Loma La Lata hasta
2048 en la que se utilizará la modalidad de la fractura hidráulica (fracking).
La represión contra miles de manifestantes frente a la legislatura provocó la
retirada de sala de siete diputados, tres radicales, dos vinculados a la CTA y
otros dos de izquierda, entre ellos Raúl Godoy dirigente de la empresa
recuperada Zanón.
En toda la región latinoamericana se suceden conflictos por
la resistencia de los pueblos a un modelo que destruye el medio ambiente y
limita la posibilidad de que las comunidades sigan cultivando la tierra y
viviendo como ellas desean. Entre ellos, destacan los conflictos contra la
minería y contra las fumigaciones y cultivos transgénicos.
Según el Observatorio de Conflictos Mineros de América
Latina (OCMAL), hay más de 195 conflictos activos por la megaminería en la
región: Perú y Chile encabezan la lista con 34 y 33 conflictos respectivamente,
le siguen México con 28, Argentina con 26, Brasil con 20 y Colombia con doce.
Los que menos conflictos mineros presentan son Trinidad y Tobago, Paraguay y
Uruguay con uno.
La megaminería está afectando un total de 290 comunidades.
En algunos países como Perú, donde el 25% del territorio fue concesionado a
multinacionales mineras, la conflictividad hizo caer dos gabinetes del gobierno
de Ollanta Humala y llevó a la militarización de varias provincias. Los
conflictos socio-ambientales entre 2006 y 2011 provocaron la muerte de 195
activistas en el país andino.
La resistencia a la soja, el principal cultivo transgénico
en la región, se está haciendo sentir con fuerza en Argentina, donde Monsanto
pretende instalar una planta en la localidad Malvinas Argentinas, cerca de
Córdoba, para producir semillas de maíz. En esa ciudad las Madres de Ituzaingó
consiguieron ganar una primera batalla contra las fumigaciones. Ituzaingó es un
barrio obrero de seis mil habitantes del sur de Córdoba rodeado de campos de
soja.
Madres sin hijos
Sofía Gatica asegura que su barrio “fue declarado
inhabitable en 2005 aunque en 2002 las autoridades habían dicho que todo estaba
bien. Recién en 2008 intervino la presidenta ordenando una investigación sobre
el impacto del uso de agroquímicos” [2].
La fundadora de Madres de Ituzaingó dio a luz una hija hace
trece años. Días después los riñones de la beba dejaron de funcionar. La madre
quiso saber los motivos de la muerte de su hija y empezó a hablar con las
vecinas.
Sin ninguna experiencia, alrededor de dieciséis madres
comenzaron a recorrer puerta a puerta las casas del barrio y descubrieron que
los índices de cáncer son 41 veces superiores al promedio nacional. “Hay 300
enfermos de cáncer, nacen niños con malformaciones, el 80% de los niños tienen
agroquímicos en la sangre y el 33% de las muertes son por tumores”, dijo Sofía.
El agua de sus tanques estaba contaminada con plaguicidas, como consecuencia de
las fumigaciones aéreas.
Las Madres de Ituzaingó pusieron en pie la campaña “Paren de
Fumigar”, para denunciar la situación que vivían. Recién en 2008 el ministro de
Salud ordenó una investigación al Departamento de Medicina de la Universidad de
Buenos Aires que ratificó la investigación hecha por las madres vinculando la
exposición a agrotóxicos con efectos para la salud. Una ordenanza municipal
posterior prohibió la fumigación aérea a una distancia menor a los 2.500 metros
de las viviendas.
En 2010 la Corte Suprema de Justicia no sólo prohibió las
fumigaciones cerca de centros poblados sino que invirtió las cosas: en adelante
los vecinos no tendrán que demostrar el daño de las fumigaciones sino que el
gobierno y los sojeros deberán probar que los químicos que usan son seguros.
Siendo el tercer mayor exportador de soja del mundo,
Argentina utiliza 300 millones de litros de agrotóxicos, incluyendo glifosato y
endosulfán, éste ya prohibido en 80 países incluyendo todos los de la Unión
Europea mientras Naciones Unidas considera que debe dejar de ser producido y
comercializado.
En abril de 2012 Sofía recibió el Premio Goldman, uno de los
galardones más importantes del mundo para luchadores por el medio ambiente.
“Nos recibió el presidente Obama y meses después recibimos una carta en donde
nos dice que no puede hacer nada contra Monsanto”.
En junio de 2012 lograron llevar a juicio penal a los
responsables, por primera vez en el país. El 21 de agosto la Cámara del Crimen
de Córdoba encontró culpables a un productor y a un fumigador de contaminar y
afectar la salud de la población. La pena fue de tres años de prisión
condicional sin cárcel.
“Fue un fallo histórico”, dijo Medardo Ávila Vázquez, ex
subsecretario de Salud y actual integrante de la Red de Médicos de Pueblos
Fumigados, ya que es la primera vez que la justicia condena a los causantes de
contaminación y enfermedades [3]. Pero ese mismo día el ministro de
Agricultura, Norberto Yahuar, presentaba junto a los directivos de Monsanto la
nueva semilla de soja transgénica: Invicta RR2 Pro.
El objetivo de las Madres de Ituzaingó es conseguir que
empresas como Monsanto se retiren del país. “La alternativa está en nosotros
mismos porque lo que estamos viviendo es un genocidio encubierto en toda
América Latina”, dice Sofía. La empresa promete que la nueva semilla será “una
segunda generación de soja”.
La minería, fuente de
conflictos y crisis
Perú y Chile son los países con más conflictos mineros en la
región. Jaime Borda, de la Red Muqui Sur de Perú, advirtió que los gastos para
exploración minera en el mundo se multiplicaron por diez desde 2002. Enseña un
mapa que muestra “cómo ven los empresarios al Perú”, un país cubierto de
cuadrados que representan las concesiones mineras [4]. En 2002 había apenas 7,5
millones de hectáreas concedidas a la minería, cifra que saltó a casi 26
millones en 2012, el 20% de la superficie del país.
Algunas provincias andinas como Apurímac tienen el 57% de la
superficie concedida a las mineras. Borda sostuvo que la elevada conflictividad
que registra el país está motivada por el hecho de que “la población entendió
que la protesta es la única forma de que el gobierno escuche a las
comunidades”. Se preguntó si es posible una relación nueva y diferente con la
minería.
La respuesta no fue sencilla. Las grandes empresas mineras,
como las recién fusionadas Glencore y Xstrata controlan monopólicamente los
mercados: 70% del mercado mundial de zinc, 55% del cobre, 45% del plomo. “Las
bases del crecimiento extractivo se han agotado en términos democráticos y se
vuelve un crecimiento cada vez más agresivo, vertical, autoritario y
profundamente centralista”, dijo Borda.
Por eso defendió “mayor institucionalidad en el tema
ambiental, fortalecer la descentralización y el ordenamiento territorial”, ya
que no está claro quién planifica el crecimiento de la minería que está
convirtiendo la región sur en un corredor minero.
El chileno Lucio Cuenca, del Observatorio Latinoamericano de
Conflictos Ambientales (OLCA) destacó que su país, pese a ser el primer
productor del cobre del mundo, renunció a regular el mercado y los precios al
punto que “las transnacionales deciden dónde y a qué ritmo explotar” [5]. La
minería es el principal producto de exportación pero supone menos del 1% del
empleo, pero el 70% es precario por subcontratos.
En 2010, el 25% del territorio estaba en exploración o
explotación. En Chile la minería consume el 37% de la electricidad que produce
el país, que llegará al 50% en pocos años, frente al 28% de la industria y el
16% del sector residencial. Eso impone al Estado la permanente construcción de
nuevas fuentes de energía, que aceleran el desplazamiento de poblaciones y el
trasvase de tierras agrícolas a otros usos.
En paralelo, el Estado es el gran perdedor con la expansión
minera. En 1990 la estatal Codelco concentraba el 75% de la producción minera,
porcentaje que cayó al 28% en 2007 por las permanentes concesiones a privadas.
Sin embargo, los aportes fiscales son inversos: con ese pequeño porcentaje de
la producción, Codelco aportaba en 2008 al fisco 8.300 millones de dólares
frente a sólo 3.400 millones de las privadas pese a que producen el doble.
Los opositores a la minería han cosechado una importante
victoria en Chile. Desde 2000 sostienen una pugna contra la minera Barrick Gold
que explota Pascua Lama en la frontera chileno-argentina. La justicia decidió
la paralización de la explotación mientras no regularice obras de contención y
manejo de aguas contaminadas.
El proyecto de Barrick, el mayor productor de oro del mundo,
de unos 8.500 millones de dólares, fue paralizado en abril por una corte local
a pedido de comunidades indígenas de la zona. Días atrás la Corte Suprema
confirmó la suspensión de la mina [6].
En consecuencia Barrick reportó pérdidas de 8.560 millones
en el segundo trimestre 2013 (el 40% de su patrimonio) y los accionistas
iniciaron un juicio contra los directivos por ocultar y tergiversar información
desde octubre del 2009. Puede ser el comienzo de los problemas de la minería en
Chile: el Norte del país sufre una importante crisis hídrica cuya principal
responsabilidad recae en la megaminería [7].
Ellos o nosotros
El biólogo Raúl Montenegro, Premio Nobel Alternativo en 2004
[8], sostiene que “el actual modelo agrícola extractivo que se practica en
Argentina debería ser asumido como una variante muy extendida y superficial de
la megaminería” [9]. Argumenta que en los cultivos no se extraen metales sino
nutrientes que luego se exportan como granos. “Agricultura y megaminería tienen
en común, además el consumo de agua y la generación de pasivos ambientales”.
Mientras la minería deja depósitos estériles y colas de
mineral, la agricultura industrial “deja acumulaciones diseminadas de
plaguicidas que persisten por años y décadas”. Con esa mirada aborda el
emprendimiento de Monsanto en Malvinas Argentinas, una localidad a 14
kilómetros de Córdoba y a 10 del barrio Ituzaingó, que tiene poco más de 12 mil
habitantes.
Como todas las ciudades situadas en campos de soja recibe
los efectos de los plaguicidas. Afortunadamente, explica Montenegro, la noticia
de la llegada de Monsanto se produjo mientras en la sociedad se debaten “los
efectos de las bajas dosis de plaguicidas en la salud humana y el ambiente”,
gracias a la persistencia de las Madres de Ituzaingó.
Ironías de la vida, la noticia fue dada el 15 de junio de
2012 por la presidenta Cristina Fernández desde Estados Unidos, tres días después
de iniciado el primer juicio contra los responsables de la contaminación en
Ituzaingó. Apenas se enteraron del proyecto, los habitantes de Malvinas
Argentinas pusieron en pie la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida
integrada por el colectivo Red de Médicos de Pueblos Fumigados y vecinos de la
localidad.
En abril la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad
Católica de Córdoba y el Conicet (consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas) hicieron pública una encuesta realizada en Malvinas
Argentinas: el 87% desean una consulta popular y el 58% rechaza la instalación
de la multinacional. Pero el 73% tiene miedo de opinar en contra de Monsanto
por temor a salir perjudicado y el 65% no tiene confianza en el estudio de
impacto ambiental que realizará la propia empresa [10].
Monsanto planifica instalar 240 silos de semillas de maíz
transgénico con el objetivo de llegar a 3,5 millones de hectáreas sembradas. El
doctor Ávila Vázquez asegura que uno de los principales riesgos es una
enfermedad llamada “pulmón de granjero” que produce la formación de fibrosis en
los pulmones. Un problema adicional es que “no existe en Latinoamérica un lugar
donde existan tantos silos juntos y los granos estarán recubiertos con una
película de agroquímicos” [11].
La planta usará millones de litros de agroquímicos para el
curado de semillas y una parte de los efluentes “se liberarán al suelo y al
agua, provocando un grave perjuicio”, sostiene Ávila Vázquez. La frontera
agrícola seguirá creciendo y morirán muchos insectos. “Estas semillas están
prohibidas en Europa porque han llevado a la muerte masiva de abejas, mariposas
monarcas y vaquitas de San Antonio”, señaló el médico.
Por su parte, Montenegro sostiene que “Argentina tendría las
dos plantas más grandes del mundo para el acondicionamiento de semillas, lo
cual fortalecerá el ya descontrolado modelo extractivo”. La asamblea sostiene
que el municipio aplica una ley provincial que tiene menos exigencias
ambientales que la nacional. En abril el Tribunal Supremo de Justicia habilitó
la obra que había sido suspendida por otro juzgado [12].
Las protestas contra Monsanto se incrementaron desde el 18
de setiembre cuando los manifestantes instalaron un campamento impidiendo el
paso de camiones con materiales para la construcción de la planta. Hubo una
fuerte represión policial en la que fue herida Sofía Gatica. “No vamos a
permitir el ingreso de ningún camión ni que se instale Monsanto, porque son
ellos o somos nosotros. Yo ya perdí a mi hija”, dijo Sofía [13].
El sindicato de la construcción desalojó el 26 de setiembre
a los manifestantes de uno de los portones de entrada y la CGT reclama por las
fuentes de trabajo que se pierden [14]. A pesar de la mezquindad del
sindicalismo empresarial, las protestas llevaron a la suspensión de las obras
el 1 de octubre por la falta de materiales.
Notas:
[1] El seminario “Desde el extractivismo a la
re-construcción de alternativas” fue realizado el 29 de agosto en Buenos Aires
y estuvo organizado por la asociación BEPE (Bienaventurados los Pobres), la Red
Agroforestal del Chaco y la Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería.
[2] Intervención de Sofía Gatica en el seminario “Desde el
extractivismo a la re-construcción de alternativas”.
[3] Darío Aranda, “Invicta, la nueva imposición de
Monsanto”, MU, Buenos Aires, setiembre 2013.
[4] Intervención de Jaime Borda en el seminario “Desde el
extractivismo a la re-construcción de alternativas”.
[5] Intervención de Lucio Cuenca en el seminario “Desde el
extractivismo a la re-construcción de alternativas”.
[6] Reuters, Santiago, 25 de setiembre de 2013.
[7] Datos aportados por Lucio Cuenca.
[8] Right Livelihood Award
[9] “Monsanto invade Malvinas Argentinas (Córdoba)”, 22 de
julio de 2012 en www.ecoportal.net
[10] Darío Aranda, “Agro y minería”, Página 12, 19 de
setiembre de 2013.
[11] “Monsanto: la semilla de la discordia”, 6 de octubre de
2013 en http://noticias-ambientales-cordoba.blogspot.com/
[12] “Monsanto: conflicto social e incertidumbre legal”, La
Voz del Interior, Córdoba, 6 de octubre de 2013.
[13] “Luchan contra la llegada de Monsanto a Córdoba”, 4 de
octubre de 2013 en www.olca.cl
[14] “Monsanto: conflicto social e incertidumbre legal”, La
Voz del Interior, Córdoba, 6 de octubre de 2013.
Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha
de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la
Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales.
Escribe cada mes para el Programa de las Américas (www.cipamericas.org)
Fuente: http://www.cipamericas.org/es/archives/10888
