Una cuestión moral y de principios: Yasuní-ITT

ANDRÉS ROSERO E.

Miércoles 16 de octubre de 2013

 

Cuando el Presidente Correa se dirigió al país para anunciar el fin de la iniciativa Yasuní-ITT, de dejar el petróleo bajo tierra, hizo gala de su capacidad mediática, pero muy a su pesar la presentación radiografió a su gobierno. Es que en una decisión de esa envergadura inevitablemente afloran las concepciones y los intereses profundos en juego.

Desde la forma…

El discurso oficial se dirige preferentemente a los jóvenes… porque se sabe que es el sector más sensible y con evidente capacidad de movilización.

Más aún, dirigirse a ellos para recomendarles que “no se dejen engañar” presupone que solo el Presidente dice la verdad, que la suya es “la Verdad” y que solo él no pretende “engañar”. Presupone que siendo el representante del Estado ecuatoriano automáticamente asume el interés general de la sociedad. Pero lo mínimo que hay que decir es que, como en cualquier Estado, el ecuatoriano también es un Estado de clase, por lo que sus representantes lo son del interés general de la clase que domina en esta sociedad. Es más, concretamente, la decisión tomada obviamente favorece a determinados sectores de dicha clase que, sintomáticamente, la han salido a defender. Allí se han posicionado personas vinculadas a la industria petrolera, en especial transnacional, como los ex-Ministros René Ortiz (del gobierno de Mahuad, quien firmó el oneroso contrato con la Oxy que le garantizaba al Estado apenas el 15% de participación), Fernando Santos (de la “larga y oscura noche neoliberal”, siempre haciendo lobby en favor de la privatización), Wilson Pástor (de este gobierno, pero también de la “noche neoliberal”).

Peor aún, sostener con un tono compungido que como Presidente se ve obligado a tomar tal decisión muy a su pesar, es soslayar que desde el principio estuvo amenazando con el plan B (la extracción del crudo) y que ya hace tiempo autorizó su estudio a Petroecuador.

…Hasta el fondo

1) El mito del progreso

Se nos vuelve a prometer no solo superar la pobreza (hoy sí) sino financiar el desarrollo, apuntar al “buen vivir”, con el dinero del petróleo del Yasuní.

Periódicamente a los ecuatorianos se nos ha hecho tal promesa. Hace 40 años, cuando recién comenzaba la extracción de petróleo en la Amazonia, ya se hizo. La oferta del progreso y el desarrollo. Hoy, 40 años después, es claro donde estamos: seguimos en la periferia del capitalismo; quizá con mejores carreteras y más infraestructura, a cambio de un gigantesco impacto medioambiental y social en el Nororiente (como se verifica en el juicio contra Chevron) que incluyó el etnocidio de tetetes y sansahuaris, pero finalmente no hemos superado nuestra condición básica. Este mismo gobierno de Rafael Correa hace unos años volvió a levantar el mito del progreso, a propósito de su afán por entregar la gran minería al capital transnacional. Pero la verdad es que el Ecuador no ha dejado de ser un país primario exportador y todas estas pretensiones gubernamentales (renegociación petrolera, minería a gran escala, nueva ronda petrolera en el Suroriente, explotación del Yasuní-ITT) no hacen sino ahondar ese carácter. Más allá de las declaraciones sobre el “buen vivir” o sobre el “cambio de la matriz productiva” o sobre migrar hacia ser “terciario exportadores”, lo que efectivamente se hace solo reafirma nuestra ubicación básica en la división internacional del trabajo.

Quienes elaboran el mito del progreso para mercadearlo a la población eluden mencionar nuestra situación de país periférico y nuestro carácter primario exportador que provienen de nuestra inserción en el mercado mundial y de nuestra ubicación en la división internacional del trabajo, que a su vez derivan de nuestra historia, de nuestra estructura y de nuestro presente. Eluden reconocer que el desarrollo no es solo un acto de voluntad, ni resultado de una cultura determinada, ni de posesión de riquezas siquiera, sino que es un fenómeno histórico-mundial bajo condiciones que lo posibilitan: países que se especializan en la producción industrial para el mercado mundial en base a transformaciones revolucionarias (la revolución inglesa, la francesa, la independencia y la guerra civil norteamericana, la reforma Meiji y la re-industrialización de posguerra en Japón,…) y relaciones de fuerza que lo permiten (internamente y en su expansión hacia fuera); países con un complejo colonial fuente de materias primas y de trabajadores, y mercado para la producción (Gran Bretaña y algunos más); países con acceso a enormes recursos y con gran afluencia de capitales y fuerza de trabajo, que construyeron un sistema semi-colonial (EEUU, por ejemplo). Pero fundamentalmente, además de las condiciones objetivas, sectores dominantes con un proyecto. Precisamente lo que ha carecido el Ecuador, y menos aún va a haber en tiempos de globalización.

Además, el mito presupone que lo deseable es seguir los pasos de los países hoy “desarrollados”. Eso es imposible no solo porque no existen las condiciones históricas sino porque no hay manera de generalizar el modelo de industrialización y el patrón de consumo asociado que les caracteriza, desconectados de la satisfacción de las necesidades mayoritarias y del mínimo respeto al entorno natural. Se necesitarían varios planetas tierra para que todos tengamos el nivel de consumo que un estadounidense promedio. Pero más allá incluso, el “modo de vida americano” está lejos de ser el ideal a ser imitado pues se basa en el capitalismo salvaje, depredador e imperialista; en el capitalismo explotador y excluyente, que siembra desigualdad y pobreza, y devasta la naturaleza; que requiere de la agresión para apropiarse de los recursos naturales y del saqueo de los mismos; que se consolida en el consumismo hedonista e individualista.

Entonces, es imprescindible plantearse un paradigma alternativo. Es decir, tampoco es deseable copiar lo que está poniendo en peligro al planeta y condena a la pobreza y la explotación a la mayoría. A ello se agrega el problema de la viabilidad real de tal trayectoria, peor aun careciendo de proyecto de país, democrático e incluyente.

Pero además, la promesa del progreso elude olímpicamente la profunda crisis de la civilización del capital en la que estamos inmersos. Oferta un ideal imposible de imitar y de realizar. Si bien la crisis de sobreproducción estalló a través de la crisis económico-financiera, también imprime su huella la crisis energética. Además está la crisis de pobreza y desigualdad, de polarización planetaria. Pero va más allá, hasta el conjunto de relaciones sociales bajo el influjo del capital: desde la esfera política con la crisis de la hegemonía global norteamericana, la crisis político-militar del imperio o la crisis de las formas “democráticas” de la dominación política; la crisis de las concepciones hegemónicas representada en la quiebra de la ideología neoliberal y su matriz neoclásica; hasta la crisis paradigmática que, atravesando todo lo anterior, se sintetiza con mucha claridad en la crisis del cambio climático. Por ello, desde la perspectiva del sistema internacional como totalidad es evidente que todo apunta hacia la crisis de la civilización del capital.

Es decir, la promesa implícita en el mito del progreso no solo es poco realista (40 años de explotación petrolera lo demuestran) sino que no es factible (el desarrollo es un fenómeno histórico-universal) y pone en el centro una cuestión de principios: es imprescindible construir otro paradigma, no solo de industrialización y de consumo, sino civilizatorio. El actual está en crisis.

2) La explotación se hace para favorecer a los pobres: el mito de la redistribución

La clase dominante necesitó reconstruir su hegemonía tras la profunda crisis del período anterior, signo de la cual fue el derrocamiento de tres gobiernos por movimientos masivos semi-insurreccionales. La “revolución ciudadana” consiste precisamente en el régimen necesario para restaurar el “consenso activo” de los dominados en un proceso complejo, donde precisó incorporar (mediatizadas) algunas reivindicaciones democráticas y populares, refuncionalizadas al renovado horizonte histórico-cultural de la dominación. Esto incluyó desde la apropiación discursiva y simbólica hasta bonos de la pobreza y demás medidas para reafirmar el dominio de clase. Si bien se vio obligada a hacer concesiones, fue para evitar las transformaciones estructurales. Buscó cambiar el modelo para mantener el sistema. Es decir, cambiar algo para que no cambie nada. Es que en época de bonanza (por los altos precios de las materias primas), alcanza para todos, hasta para embaucar-subordinar a los sectores populares con bonos y subsidios.

El relato gubernamental que pretende justificar la explotación en el Yasuní gira alrededor de la necesidad de recursos para superar la pobreza. Lo primero que se deduce del discurso presidencial es que todavía hay pobreza y que es un problema importante (contra la propaganda oficial previa que, al menos, la minimizaba). Sin embargo, si con más de 60 mil millones de dólares recibidos en 6 años del petróleo no se eliminó la pobreza, ¿cómo van a hacerlo con 18 mil millones provenientes del ITT prorrateados al menos a 20 años hacia adelante desde el inicio de la producción? Además, ¿qué garantiza que si antes no lo hicieron, hoy si servirán a los pobres?

El gasto social es parte de las concesiones hechas al campo popular para reconstruir hegemonía. Pero esas concesiones se resignifican en el nuevo contexto. No superan el asistencialismo-clientelar ni el horizonte de clase. También han servido para dividir y cooptar, para subordinar. Se hicieron para legitimar el nuevo proyecto de dominación en curso, para cambiar algo sin que cambie nada. Es cierto que ha aumentado el volumen del gasto social en relación a los gobiernos neoliberales, pero sigue por debajo del que se hizo al inicio de los 80. Es cierto que han bajado los niveles de pobreza, aunque a un ritmo menor que en anteriores períodos similares y sobre la base de los gigantescos recursos del petróleo (un precio histórico). Entonces, incluso los logros sociales son insostenibles a largo plazo. Pero hasta hace tres años no había reforma ni en salud ni en educación. Hoy lo adelantado sistematiza el interés del capital, en especial transnacional. Los bonos no superan las transferencias condicionadas, de origen bancomundialista. En salud, no existe modelo alternativo, alguno que apunte a la integralidad de la vida, a la prevención; lo más relevante es la inversión en infraestructura y equipos aunque sin los especialistas requeridos y las formas de neo-privatización (por ejemplo, los convenios con el IESS), sin priorizar la atención primaria. Predomina la visión crematística, no la de salud pública. En educación, la contra-reforma impuesta atiende a la necesidad del capital, en especial monopólico, no a la formación integral de seres humanos. Alumbrada desde un fundamentalismo neo-darwiniano (que sobrevivan los más aptos), y atiborrada de una visión tecnocrática que intenta medirlo todo (para vigilar y castigar), finalmente se reduce a capacitar fuerza de trabajo adoctrinada en la sumisión para un mercado segmentado: bachilleres no calificados, abaratados; profesionales calificados solo para manipular tecnología; la investigación bajo el férreo control de quien la pague.

Por otro lado, es cierto que ahora llegan mayores recursos a los pobladores amazónicos (quienes protagonizaban la paradoja de vivir junto al petróleo y ser de los más pobres del país), que han mejorado sus condiciones pese a que hay despilfarro y demagogia, pero también que tales asignaciones no son suficientes para acabar con la pobreza. Sin embargo, tales dineros provienen de la reforma a la Ley de Hidrocarburos impulsada por el gobierno actual que, en lugar de afectar las ganancias de las petroleras, redistribuyeron el 15% de utilidades de los trabajadores: 12% para las comunidades + 3% para los trabajadores; es decir, redistribuyeron lo que ya recibían los ecuatorianos. En cualquier caso, si se quería mejorar lo percibido por los pobladores no se debía dejar de exigir más a las petroleras, lo que el gobierno eludió.

Pero si tanto importara el combate contra la pobreza no tendría sentido concesionar las principales riquezas nacionales. Tampoco, empeñar el petróleo a China para endeudarse. Y peor aún, revivir contratos de concesión ya fenecidos legalmente (como fue el caso de Porta/Claro) con gran beneficio para la transnacional. Buena parte de las principales riquezas del Ecuador están en manos (directa o indirectamente) del capital transnacional. El petróleo, con contratos renegociados en favor de las empresas transnacionales, con su comercialización intermediada por ellas, y para remate, en prenda por los préstamos chinos. La minería, las telefónicas, concesionadas. Y por esa vía el futuro que se nos ofrece es más de lo mismo: ahondar la re-primarización a través de la gran minería y explotar el petróleo del Yasuní.

Más allá de los discursos, los grandes beneficiarios de la explotación petrolera han sido las compañías transnacionales y el capital interno (en especial monopólico) vía contratos, subsidios, cobro de intereses, venta de bienes y servicios, etc. Correa dice que está en contra de los banqueros. Sin embargo, la banca ganó 393 millones de dólares el año 2011 (El Comercio, 26/01/2012), como nunca antes; y ganó 314 millones de dólares en el 2012 (El Comercio, 25/01/2013). Pero esto ha venido sucediendo desde hace algunos años. Es decir, a contramano de las declaraciones, con el gobierno actual la banca indudablemente ha mejorado mucho sus utilidades. Es más no solo la banca ha ganado, también el resto de grandes grupos son más prósperos. Según el SRI, en el 2006 los 42 grupos económicos tuvieron ingresos de 12.600 millones de dólares, es decir el 30,2% del PIB. Para el 2010 ya eran 75 los grupos económicos con ingresos de 25.400 millones de dólares, el 43,7% del PIB. Para el 2012, los 110 grupos económicos con ingresos de 40.049 millones representaban el 47,3% del PIB.

Es decir, el gran capital sigue siendo hoy, en el segundo boom petrolero, el principal ganador del extractivismo, de la reprimarización. No las familias que reciben el Bono de la pobreza de 50 USD por mes, que además se usa como mecanismo clientelar, de sujeción política.

3) El mito de la tecnología

Se asegura que el uso de tecnologías de punta minimizará los impactos. Los tecno-burócratas intentan, como tributarios de la razón instrumental, con la mayor eficacia de los medios, eludir los fines. Como intermediarios de la lógica del capital contemporáneo enarbolan la racionalidad crematística para justificar la intervención y la razón técnica para asegurar la asepsia de la misma. Como sacerdotes de la nueva fe levantan “la creencia en la omnipotencia de la tecnología” que es la forma específica de la ideología dominante en el capitalismo tardío.

Hay que comenzar diciendo que no existen tecnologías perfectas. En toda intervención humana existen impactos y contingencias. Más aún en la industria petrolera, donde influyen un sinnúmero de factores imponderables y de riesgo, en todas sus fases. Hay que recordar que hace tres años la British Petroleum (BP), la segunda petrolera más grande del mundo, decía que la tecnología para la producción de petróleo en aguas profundas era segura y conocida. Hasta que no fue así. La lógica crematística del capital se impuso para bajar los costos y producir más rápido. La plataforma Deepwater Horizon se incendió y se hundió, produciendo el mayor derrame de la historia de EEUU (unos 4,9 millones de barriles expulsados al Golfo de México), a lo que se sumó el uso masivo de químicos dispersantes.

Ya en la práctica aparecen otro tipo de problemas. Así, en el campo ITT hay que terminar de hacer la exploración más fina usando la sísmica 3D; esto es, en los puntos de intersección de una cuadrícula colocar explosivos para delimitar el yacimiento. Pero esto, en medio del paraíso mega-diverso… Después, se propone transportar la maquinaria y el personal vía helicóptero y/o fluvial. La perforación horizontal, que implica mayores volúmenes de materiales residuales. Se va a transportar la mezcla de crudo con agua y gas a las facilidades que están en el campo Edén-Yuturi, para allí procesarla.

Ahora bien, la sísmica implica realizar explosiones. Luego, la operación significa el trasiego, el ruido, la deforestación, abrir trochas, levantar campamentos, que van a impactar a la fauna y la flora y van a aumentar la presión sobre los pueblos en aislamiento voluntario. Además el ingreso de los trabajadores petroleros y la población que suele acompañarlos para ofrecer servicios (prostitución, comida, bares, droga, violencia, etc.). El transporte implica tender tubería, bombas, caminos, etc. El procesamiento en Edén-Yuturi necesitará ampliar las instalaciones. Además que el petróleo extraído es pesado, que para su movimiento requiere mezclarse o calentarse, junto a millones de barriles de aguas de formación. Es decir, no se debe minimizar los impactos que se van a producir.

Pero, incluso suponiendo que todo lo dicho se consiguiera controlar, la operación petrolera implica riesgos ineludibles. En el Nororiente, por corrosión de la tubería (porque el Estado financia al mínimo a la empresa estatal), por malas prácticas, por accidentes (nunca posibles de excluir en cualquier actividad humana), por sismos, erupciones, etc., continuamente se producen derrames, algunos de ellos inevitables. ¿Qué sucedería con un derrame en medio del parque mega-diverso? Además los impactos son acumulativos y se vienen realizando desde la explotación en los bloques cercanos, la maderera, etc. La presión sobre los grupos en aislamiento voluntario puede llevar al etnocidio porque se invade sus territorios y se limitan sus fuentes alimenticias, lo que puede empujarlos a la confrontación violenta con otros grupos indígenas. La cosa no es tan simple como nos la pintan…

Por supuesto existen tecnologías mejores y peores. Pero su utilización pasa por el filtro de la racionalidad del capital (que es de corto plazo), por el balance costo-beneficio que hace la empresa transnacional, como lo demuestra el mencionado caso de BP o las prácticas de la Texaco y otras petroleras en el Ecuador. En cuanto a las empresas estatales, están atravesadas por los juegos de intereses capitalistas que se posicionan políticamente: si antes, en la “noche neoliberal”, se les boicoteaba para favorecer la privatización hasta por ineficiencia, hoy se favorece las alianzas estratégicas con China o Venezuela, por ejemplo. Pero los intereses del capital no solo se posicionan directamente. También en formas más indirectas, al convertirse en empresas operadoras, intermediarias, de servicios, etc., que van a ejercer ascendiente sobre sus contrapartes estatales. De cualquier forma, tales “influencias” se concretan en la legislación, en los controles aligerados, en las garantías de rentabilidad, en las “asociaciones”, y demás, usando métodos que pueden ir desde la intimidación a la corrupción. Por todo ello, las empresas y las entidades de control estatales terminan en la órbita de la racionalidad del capital. Es decir, las tecnologías se adoptan según las necesidades del capital. Es ilusorio pretender que con la racionalidad técnica (parcial) se puede confrontar la irracionalidad (general) del capitalismo tardío.

Solo el control de la sociedad, del conjunto de la población y de los directamente involucrados, ejercido organizadamente junto al de los trabajadores, puede servir de garantía contra la sed insaciable de ganancia del capital.

4) ¿Por qué el Yasuní-ITT?: los meandros de los mitos oficiales

“Cuando se baja de la retórica a los hechos, se ve quién es quién” (Rafael Correa – Frase que remata la campaña propagandística gubernamental)

La lucha social de casi 30 años de resistencia frente al neoliberalismo, de las Huelgas Nacionales a los Levantamientos indígenas, pasando por un sinnúmero de formas de resistencia sectorial, local, regional, etc., impidió la aplicación salvaje del recetario neoliberal y los afanes autoritarios, creó un cierto protagonismo popular y un ambiente relativamente democrático. Uno de los productos de esa historia de lucha popular, aunque conjugado con los intereses dominantes y transfigurado por ellos, es el proceso actual. Este resultado se ubica en el contexto histórico específico. Como ya se mencionó, la clase dominante venía de una profunda crisis de hegemonía. Necesitaba superarla. Entonces, el papel histórico de la llamada “revolución ciudadana” es contribuir a la reconstrucción de hegemonía de la clase dominante: cambiar el modelo para mantener el sistema. Las concesiones hechas al campo popular (derechos y también promesas) fueron útiles para construir legitimidad al proyecto renovado de la dominación.

Parte de ellas fue el discurso “ecologista”, cuyo punto culminante fue la proclamación de los derechos de la Naturaleza en la Constitución. Y el impulso a la Iniciativa que pretendía dejar el crudo bajo tierra, que daba continuidad a la idea de la “moratoria petrolera” que algunos grupos ecologistas venían posicionando desde hace más de una década. Es decir, nadie puede declararse dueño de la misma. Además que la Constitución garantista de derechos hace rato viene siendo criticada desde ese ángulo por el gobierno, que exige todavía más derechos y poderes para sí y menos para los ciudadanos, olvidando lo elemental. En este ámbito el discurso oficial comete otro error básico: nadie (ni la Constitución) ha planteado los derechos de la Naturaleza en oposición a los derechos de las personas. Antes al contrario, se trataba siempre de ampliar el radio de los derechos hasta reconocérselos a la Naturaleza sin menoscabar los de las personas. Pero en toda esta deriva (y en facilitar los atajos que está usando el gobierno) también influyó el reformismo y su fetichismo legalista que sembró esperanzas ilusorias: las leyes expresan una correlación de fuerzas sociales. Entonces, hay que cambiar la realidad para cambiar las leyes y no esperar que cambiando leyes (incluso Constituciones) va a cambiar la realidad.

Pero la Iniciativa Yasuní-ITT tuvo problemas desde el principio. Correa puso al frente a Roque Sevilla, empresario turístico, a nombre del capitalismo “verde”. Al mismo tiempo, mantuvo abierto el Plan B de explotación petrolera restándole credibilidad a la Iniciativa. El discurso oficial giró alrededor de una visión economicista que ató la decisión de la Iniciativa al aporte en metálico del resto del mundo. Como si no se supiera que a los principales responsables del cambio climático (EEUU, China, UE, etc.) poco les importa éste. Es más, soslayando la crisis mundial (y europea especialmente) que restaba posibilidades favorables, más aún con un Plan B que se anunciaba persistentemente (en realidad parece que siempre fue el Plan A). Es decir, la Iniciativa con la atadura crematística nunca tuvo demasiadas opciones.

Todavía peor, dado que la tecnocracia es esclava de una episteme positivista, siempre se insistió en índices (aunque nunca cambien los fundamentos de lo existente), resultados, dinero. Desde su perspectiva empirista, prima el pragmatismo más pedestre inserto en el mundo de la pseudo-concreción (Kosik), de la conciencia falseada. Así, la ruptura de la armonía hombre-naturaleza se tamizó en términos mercantilistas. Asimismo, la posible irrupción en el parque mega-diverso y el aumento del riesgo para los pueblos en aislamiento voluntario se decidió en términos de costo-beneficio a corto plazo. Pero, evidentemente, no todo es dinero…

Entonces, se terminó con la Iniciativa (se la remató) cuando se nombró a la jet-setter Yvonne Baki (ex-ministra de Lucio, ex-organizadora del Miss Universo que seguramente le fue muy rentable al igual que a su socio Donald Trump) como responsable de la misma. El capital transnacional no podía estar mejor representado. Ahí (si faltaran más pruebas) se transparentó la voluntad política realmente existente.

5) Los límites del modelo de la “revolución ciudadana” o los mitos en verde… limón

Lo que vino después solo fue cuestión de tiempo. Del tiempo político de Correa: esperar la reelección, ver qué pasa con la mega-minería. El que la explotación minera se haya demorado por la caída de precios internacionales, pese a las reformas legales negociadas con los chinos en favor del capital transnacional, puso nuevas urgencias.

Sobre la base de la inserción subordinada en el mercado internacional resultado de la especialización primario exportadora (más aún con la dolarización), el gobierno ha mantenido intocada la estructura de la economía ecuatoriana, la matriz productiva heredada, y tampoco ha cambiado la política extractivista. Se sigue exportando el petróleo e importando derivados, sin industrializar nuestra materia prima. Más bien, se puso mayor énfasis en la intervención del Estado pero en un contexto bajo la hegemonía reconstruida del capital monopólico. En una economía petrolera, el Estado es el principal actor económico. Además es la estructura que efectivamente controla Correa y de la que obtiene legitimidad, la palanca para la acumulación de la fracción emergente en un proceso de modernización capitalista. En el modelo implementado se combinan elementos neo-desarrollistas y de capitalismo de Estado (que propician la emergencia de nuevos sectores de burguesía), con continuidades neoliberales y con modificaciones institucionales, para apuntalar la modernización capitalista y la conformación de un nuevo bloque en el poder. Bajo la hegemonía del capital transnacional (chino, europeo, brasileño,…), en acuerdo (subordinante) con el capital monopólico tradicional interno, la fracción emergente hace su acumulación originaria desde el poder político.

Mientras los grandes recursos naturales son concesionados o explotados en asociación con el capital monopólico (en general transnacional) que maneja lo fundamental de la economía, las demandas de la mayoría de la población son incorporadas (resignificándolas) a la lógica del capital: son contratos (en infraestructura, en servicios, en consultorías, etc.), son concesiones (carreteras, puertos, aeropuertos, etc.), son privatizaciones (teléfonos, internet, etc.), son subsidios (condicionados o no), salarios, gasto público, que incrementan la demanda, que facilitan la circulación, que incentivan la producción, etc. Es decir, sin un cambio estructural que afecte al capital monopólico, que instaure el control social sobre la producción y la distribución, que construya el autogobierno de los/as trabajadores/as, la expansión del gasto estatal, el capitalismo de Estado, la reactivación de la economía, incluso su crecimiento, siempre inevitablemente terminan en provecho del capital. De allí que, cuando se agota el auge, cuando se estanca la economía, el capital reparte las cargas lo más desiguales posibles. Y los primeros en ser afectados serán las grandes mayorías. Es un profundo error pretender que con subsidios y/o con gasto público y/o mejorando la distribución (que por cierto está determinada por el modo de producción), etc., va a disminuir la desigualdad de forma permanente y sostenida, porque el capital genera y reproduce la desigualdad. Además, la intervención del Estado (Estado de clase) se hace para reactivar la economía capitalista; es decir, el Estado debe satisfacer dos funciones básicas: acumulación y legitimación, y el gasto estatal atiende a esas funciones. Por lo que el reformismo se revela como una forma de gestionar el interés dominante, y de encubrirlo.

Pero hay más. Tal modelo que combina ruptura y continuidad respecto del neoliberalismo (incluso más continuidad que ruptura), expresa la hegemonía del capital monopólico (en especial, transnacional) bajo las nuevas condiciones. Y es implementado por un régimen “bonapartista sui-géneris” precisamente por carecer de proyecto nacional, que nace como solución de compromiso al interior del capital monopólico y de control social sobre los sectores populares, que aparenta erigirse por sobre las contradicciones para arbitrar, y termina enredado en ellas”. Es decir, tal modelo sintetiza la renuncia a construir el capitalismo nacional (ni siquiera eso), siendo portador del interés del capital monopolista transnacional. Por lo tanto, la diferencia fundamental entre el gobierno “Nacionalista-Revolucionario” del Gral. Rodríguez Lara de inicios de los 70 (primer boom petrolero) y el actual, es que aquél si tuvo un proyecto nacionalista, concretado especialmente en la defensa de las 200 millas de mar territorial (hoy enterrada con la firma de la Convemar) y en la recuperación de la riqueza petrolera en contra del interés imperialista (nacionalizó el petróleo, creó una industria petrolera ecuatoriana, levantó la empresa estatal, entre otros logros), aunque sin prever los impactos. En contraste, el gobierno actual expresa la hegemonía (reconstruida) del capital transnacional (chino, en especial) en asociación (subordinante) con el capital monopólico interno y con la fracción emergente que hace su acumulación originaria desde el poder del Estado. Es decir, de afirmación nacional anti-imperialista, solo la retórica.

Pero además, la modernización capitalista, que pone un nuevo bloque de clases en el poder y que posibilita la acumulación originaria de la fracción emergente, requiere de la contraparte autoritaria que lo viabilice. Es que el ejercicio de hegemonía es siempre una combinación de consenso y de coerción, ésta última acentuada en un régimen bonapartista. Y el gobierno actual así lo entendió desde el principio, desde Dayuma. Ha criminalizado la protesta social, ha enjuiciado por “sabotaje” y “terrorismo” a más de 200 dirigentes sociales, se ha cebado con colegiales por manifestarse (hasta encauzarles penalmente), además del manejo de la “seguridad” y la vigilancia, el proyecto “Libertador” que, como la legislación post-11/9, se planteó espiar a los ciudadanos, etc. El gobierno pretende disciplinar a la sociedad para imponer su modelo con la pedagogía del miedo y la represión, en defensa del interés del capital. Hoy se reprime a los manifestantes contrarios al abandono de la Iniciativa Yasuní-ITT, se amenaza a los colegiales que se atrevan a expresarse con excluirles de su establecimiento educativo en un claro atentado contra sus derechos humanos, se ponen cortapisas a los reportajes sobre el parque (permisos, garantías, controles,…), se agrede y se miente sobre un cantautor irreverente,… Además del aluvión propagandístico.

El modelo económico cuyo dinamizador fundamental es el gasto estatal (en una estructura no modificada y en un Estado capitalista) es insostenible a largo plazo. Pese al gigantesco ingreso petrolero que ha batido récords históricos, bonos y gasto no son sostenibles. Al igual que el reparto para todos (con las asimetrías propias de una sociedad de clase), el empleo que se deriva, los bonos y subsidios, etc. La mediatización de las reivindicaciones populares, que se ha movido entre la concesión y la propaganda, tampoco puede ser indefinida. Finalmente, el modelo (y el gobierno) está topando sus límites.

Indudablemente, el gobierno se vio obligado a tomar la decisión de explotar el crudo (de una de las últimas regiones no invadidas) por el hambre voraz de recursos que padece. El gasto incontrolado, base de su gestión económica y de su reproducción política, imprescindible para sostener la acumulación de capital y los mecanismos clientelares, exige más y más financiamiento. Para defender su decisión, el gobierno y sus portavoces dicen que se hace por el “interés nacional”, para atacar la pobreza y para solventar el cambio de la matriz productiva. Sobre lo primero, ya sabemos a qué atenernos. En cuanto a lo segundo, es la confesión de que en seis años poco o nada han avanzado, como el mismo presidente reconoce. Que, al mantenerse intocada la estructura, la política económica solo podía redundar en ampliar la concentración de la riqueza y en sostener el carácter primario exportador.

Pero la necesidad de recursos para sostener el gasto no solo se ha cobrado la Iniciativa Yasuní-ITT, está obligando al gobierno a plantearse otras medidas. Desde el recorte de gasto burocrático (almuerzos, viáticos y demás), ampliar el acceso a los dineros del IESS, atacar conquistas laborales, hasta focalizar el subsidio a la gasolina o eliminar el del gas a cambio de cocinas de inducción. Es más, el petróleo del Yasuní puede servir para garantizar nuevos préstamos chinos.

Con la misma facilidad con que se impulsó la Iniciativa, hoy se defiende lo inverso. La propaganda hace una voltereta imposible, se niega lo que antes fueron los argumentos centrales para sostener la Iniciativa: los pueblos en aislamiento voluntario no existen en la zona, se les desaparece para justificar la explotación; los impactos medioambientales estarán bajo control, es más, gracias al petróleo se podrá preservar mejor la biodiversidad. Lo que antes no era bueno, ahora es lo deseable. No solo eso. De pronto hoy es imprescindible el petróleo del Yasuní, es lo que faltaba para progresar, para construir las carreteras, las escuelas, los hospitales, que nos faltan. La propaganda elabora la realidad a conveniencia. Se ofrece fondos para los municipios, las prefecturas, las parroquias, como si el dinero estuviera a la mano o viniera de golpe. O se amenaza con el apocalipsis si no se explota el petróleo… La clase dominante suele levantar el discurso del “interés nacional” para arropar los intereses propios.

6) Una perspectiva desmitificadora

“O revolución socialista o caricatura de revolución” (Ernesto Che Guevara)

El socialismo del siglo XXI devino en el capitalismo dependiente en el contexto de la globalización y la crisis internacional del capital. Es decir, el gobierno actual solo es el proceso de reconstrucción hegemónica, por lo que no implica ningún cambio estructural. No hay revolución, ni siquiera “ciudadana”. Entonces, la explotación del petróleo del Yasuní es la continuación de la lógica gubernamental. Es la consecuencia de los mitos y premisas de esta “revolución” sin revolución, o como decía el Che, de esta “caricatura de revolución”.

La noción del “buen vivir” o sumak kawsay plantea otra manera de entender el mundo y las relaciones, otro modo de vida, otra civilización. Trasciende el “bienestar” neoclásico individualista al cual trata de reducirlo el discurso oficial. Va más allá del desarrollismo economicista. Plantea otra episteme, incomprensible para la tecno-burocracia atrapada en los límites de su conciencia cosificada, en el mundo de la pseudo-concreción. Reivindica la primacía de la lógica de la vida (de las personas y la naturaleza) por sobre la lógica de la muerte (de la ganancia y las cosas, del capital).

El gobierno nos convoca a profundizar un modelo neo-desarrollista, reprimarizador (extractivista), bajo la hegemonía del capital monopólico (en especial transnacional) indiscutida tras seis años en el poder, con continuidades neoliberales y con cambios apenas institucionales que lo han hecho factible. Es decir, a más de lo mismo. Además afectar el paraíso mega-diverso y poner en riesgo a los pueblos en aislamiento voluntario, ¿para qué? ¿Para reafirmar nuestra situación primario exportadora y periférica, de un capitalismo dependiente? ¿A esos altísimos costos? En estas condiciones, es preferible que el petróleo se quede bajo tierra.

Incluso más allá de lo dicho hasta aquí, todo el sacrificio (humano, medioambiental) y los riesgos que implica la explotación petrolera en el Yasuní, ¿para qué? ¿Para que gane el capital monopólico (en especial transnacional) como ha sido la experiencia histórica (en forma directa o indirecta)? ¿Para que en parte sea trofeo de saqueo o premio a la corrupción (como tantas veces ha pasado)? ¿Para que sea útil a la reproducción política y se lo malbarate en el clientelismo? ¿Para favorecer al capital chino? En estas condiciones, es preferible que el petróleo se quede bajo tierra.

En una sociedad capitalista, donde no se ha producido un cambio estructural, donde la dominación de clase no ha sido afectada de manera fundamental, como es el caso de la sociedad ecuatoriana actual, la lógica de la ganancia rige la vida (económica, política, social, cultural, medioambiental,…) de tal sociedad. La explotación petrolera en el Yasuní no puede ser la excepción. Frente a la voracidad del capital es preferible que el crudo se quede bajo tierra. Pero no para que otros sectores (del capitalismo “verde”) aprovechen para mercantilizar la naturaleza o los pueblos. Sino para darnos la oportunidad de construir un paradigma alternativo, para en un proceso de transformación estructural dar viabilidad a otro tipo de sociedad.

La decisión de explotar el petróleo del Yasuní debe ser tomada por el pueblo ecuatoriano en su conjunto, pese a los consabidos riesgos de demagogia, de utilización de las necesidades postergadas y de abuso propagandístico. Además, la población directamente afectada tiene el derecho a participar en una consulta previa vinculante sobre la realización (o no) del proyecto, lo cual rebasa la legalidad existente. Si tras todos los procesos democráticos requeridos se decidiera la explotación, debería hacerse por la empresa estatal bajo control social independiente (sobre la empresa y sobre el proceso) con la participación de las organizaciones populares y de los trabajadores, del pueblo en su conjunto actuando organizadamente, esto es, ejerciendo su auto-gobierno. Pero por supuesto, para garantizar que tal perspectiva sea efectiva en todo sentido se requiere una transformación realmente revolucionaria que supere las necesidades del capital.

09/2013

Andrés Rosero E. es economista, profesor de la Escuela Politécnica Nacional de Quito.

¿Es posible derrotar a Monsanto?

Raúl Zibechi

La Jornada

Una de las mayores multinacionales del mundo está siendo asediada por diversos movimientos y múltiples acciones, programadas y espontáneas, a través de denuncias, movilizaciones de todo tipo que convergen contra una empresa que representa un serio peligro para la salud de la humanidad. Constatar la variedad de iniciativas existentes y aprender de ellas puede ser un modo de comprender un movimiento de nuevo tipo, transfronterizo, capaz de articular activistas de todo el mundo en actividades concretas.

El campamento en las puertas de la planta de semillas que Monsanto está levantando en Malvinas Argentinas, a 14 kilómetros de Córdoba, es uno de los mejores ejemplos de la movilización en curso. La multinacional planifica instalar 240 silos de semillas de maíz transgénico con el objetivo de llegar a 3.5 millones de hectáreas sembradas. La planta usará millones de litros de agroquímicos para el curado de semillas y una parte de los efluentes se liberarán al suelo y al agua, provocando un grave perjuicio, como sostiene Medardo Ávila Vázquez de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados.

El movimiento contra Monsanto consiguió victorias en Ituzaingó, un barrio de Córdoba cercano al lugar donde se pretende instalar la planta de semillas de maíz. Allí nacieron una década atrás las Madres de Ituzaingó que descubrieron que 80 por ciento de los niños del barrio tienen agroquímicos en la sangre y que es una de las causas de las muertes y malformaciones de sus familiares. En 2012 ganaron por primera vez un juicio contra un productor y un fumigador condenados a tres años de prisión condicional sin cárcel.

El campamento en Malvinas Argentinas ya lleva un mes, sostenido por la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida. Consiguieron ganar el apoyo de buena parte de la población: según encuestas oficiales 87 por ciento de la población quiere una consulta popular y 58 por ciento rechaza la instalación de la multinacional, pero 73 por ciento tiene miedo de opinar en contra de Monsanto por temor a salir perjudicado (Página 12, 19/09/13).

Los acampantes resistieron un intento de desalojo del sindicato de la construcción (UOCRA) adherido a la CGT, el acoso policial y de las autoridades provinciales, aunque cuentan con el apoyo del alcalde, sindicatos y organizaciones sociales. Recibieron apoyo del Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y de Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo. Consiguieron paralizar la construcción de la planta al impedir el ingreso de camiones.

El asedio a Monsanto llegó hasta un pequeño pueblo turístico del sur de Chile, Pucón, en el lago Villarrica, donde 90 ejecutivos de la trasnacional provenientes de Estados Unidos, Argentina, Brasil y Chile llegaron hasta un lujoso hotel para realizar una convención. Grupos ambientalistas, cooperativas y colectivos mapuche de Villarrica y Pucón se dedican estos días a escrachar la presencia de Monsanto en el país ( El Clarín, 13/10/13).

Son apenas dos de las muchas acciones que se suceden en toda la región latinoamericana. A mi modo de ver, las variadas movilizaciones en más de 40 países nos permiten sacar algunas conclusiones, desde el punto de vista del activismo antisistémico:

En primer lugar, las acciones masivas en las que participen decenas de miles son importantes, pues permiten mostrar al conjunto de la población que la oposición a empresas como Monsanto, y por tanto a los transgénicos, no es cuestión de minorías críticas. En este sentido, jornadas mundiales, como la del 12 de octubre, son imprescindibles.

Las movilizaciones de pequeños grupos, decenas o cientos de personas, como las que suceden en Pucón y en Malvinas Argentinas, así como en varios empendimientos mineros en la cordillera andina, son tan necesarias como las grandes manifestaciones. Por un lado, es un modo de estar presentes en los medios de forma permanente. Por encima todo, es el mejor camino para forjar militantes, asediar a las multinacionales y difundir críticas a todas sus iniciativas empresariales.

Es en los pequeños grupos donde suele aflorar el ingenio y en su seno nacen las nuevas formas de hacer capaces de innovar la cultura política y los métodos de protesta. Allí es donde pueden nacer vínculos comunitarios, vínculos fuertes entre personas, tan necesarios para profundizar la lucha. Después de un mes acampando en Malvinas Argentinas, los manifestantes comenzaron a levantar paredes de adobe, construyeron un horno de barro y armaron una huerta orgánica a la vera de la ruta (Día a Día de Córdoba, 13 de octubre de 2013).

En tercer lugar, es fundamental sustentar las denuncias con argumentos científicos y, si fuera posible, involucrar autoridades en la materia. El caso del biólogo argentino Raúl Montenegro, premio Nobel Alternativo en 2004 (Right Livelihood Award), quien se comprometió con la causa contra Monsanto y con las Madres de Ituzaingó, muestra que el compromiso de los científicos es tan necesario como posible.

La cuarta cuestión es la importancia de las opiniones de la gente común, difundir sus creencias y sentimientos sobre los transgénicos (o cualquier iniciativa del modelo extractivo). La subjetividad de las personas suele mostrar rasgos que no contemplan los más rigurosos estudios académicos, pero sus opiniones son tan importantes como aquellos.

Por último, creo que es necesario poner en la mira no sólo a una multinacional como Monsanto, una de las más terribles de las muchas que operan en el mundo. En realidad, ésta es apenas la parte más visible de un modelo de acumulación y desarrollo que llamamos extractivismo y que gira en torna a la expropiación de los bienes comunes y la conversión de la naturaleza en mercancía. En este sentido, es importante destacar lo que hay en común entre los monocultivos transgénicos, la minería y la especulación inmobiliaria que es el modo que asume el extractivismo en las ciudades. Si derrotamos a Monsanto, podemos vencer a las otras multinacionales.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2013/10/18/index.php?section=opinion&article=024a1pol

En 2047 el clima cambiará radicalmente

Un estudio de la Universidad de Hawái señala que en tres décadas ciudades como Nueva York y Washington experimentarán las temperaturas más extremos de los últimos 150 años.

En el año 2047 la Tierra experimentará un clima radicalmente diferente: las temperaturas superarán las registradas en los períodos más extremos de los últimos 150 años. Si se logra reducir el ritmo actual de emisiones de dióxido de carbono y de otros gases contaminantes, los cambios llegarán en el 2069. “Independientemente del escenario, los cambios se producirán pronto –señala Camilo Mora, autor principal del estudio–. Para mi generación, cualquiera que fuera el clima al que estuviéramos acostumbrados, será cosa del pasado”.
Así lo concluye un estudio realizado por científicos de la Universidad de Hawái (EE.UU.) y publicado en la revista Nature. Las primeras ciudades de Estados Unidos que notarán los cambios serán Honolulu y Phoenix, hacia el 2046. Un año más tarde Nueva York y Washington comenzarán a experimentar dramáticos aumentos de temperaturas. Los radicales cambios llegarán un poco más tarde a Los Ángeles, Detroit, Houston y Chicago. La última ciudad estadounidense que cambiará de clima será Anchorage, en Alaska, que lo haría en 2071.

Los investigadores llegaron a estas conclusiones luego de elaborar un índice que mide cuál será la temperatura de determinado lugar del planeta en unos años, si se mantienen los niveles de contaminación actuales. “Lo que hemos hecho es recopilar los datos de todos los modelos y mostrar sus resultados. Estamos mostrando datos de todo el mundo”, le explicó a la agencia de noticias científicas SINC Camilo Mora.

Según Mora lo más sorpresivo de este estudio es que las áreas de los trópicos serán las primeras zonas “que experimentarán climas sin precedentes en la próxima década”. Se trata, además, de las regiones más poblados y con menores recursos para adaptarse. “Nuestros resultados sugieren que los países afectados por los primeros cambios en el clima sin precedentes serán los que tienen la menor capacidad de respuesta. Irónicamente son los menos responsables del cambio climático”, le dijo al mismo medio Ryan Longman, coautor del estudio.
Otra preocupante conclusión de este estudio es que los efectos del cambio climático no sólo se sentirán –o se están sintiendo– abruptamente en los polos sino también, y de “forma más urgente” en los trópicos donde los cambios están siendo “pequeños pero rápidos”. “Las especies tropicales no están acostumbradas a la variabilidad del clima y son más vulnerables a los cambios relativamente pequeños”, señalaron los investigadores.

Diversos estudios han señalado que la llegada de un clima “radicalmente diferente” llevaría a miles de personas a buscar resguardo en otras regiones menos golpeadas; incluso se ha estimado que para 2050 el número de refugiados ambientales llegaría a unos 200.000.

Redacciòn vivir

El Espectador

X 16 2013

Ecologistas de panza llena... de plomo

Joan Martínez Alier · · · · ·

13/10/13

He coleccionado declaraciones de presidentes latinoamericanos, de Daniel Ortega por la izquierda hasta Juan Manuel Santos por la derecha, pasando por Cristina Kirchner, Evo Morales y su vicepresidente, el caducado Sebastián Piñera y también Ollanta Humala, Rafael Correa y el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva.

Adivinen quién dijo qué:

“...ningún gringuito con la barriga llena puede venir a reclamar ni darnos lecciones de ambientalismo...”

...(El presidente) “critica ambientalistas al defender la construcción de centrales hidroelétricas...”

“...rechazamos posiciones extremas: el agua o el oro. Nosotros planteamos una posición sensata: el agua y el oro...”

“...calificó al ambientalismo de ‘estrategia imperial’ durante su intervención en la cumbre... Río+20...”

“...no es una ley fundamentalista ni por el lado del productivismo, ni fundamentalista por el lado del ecologismo, es una ley equilibrada...”

“...es loable la defensa de la fauna y de la flora, pero más importante es cuidar a la especie humana para que tenga trabajo, agua, cloacas...”

“...ha manifestado su oposición, en la última cumbre del ALBA, a ese ‘fundamentalismo indigenista’ que se opone a toda explotación de los recursos naturales y propugna un ecologismo radical que detiene por completo el progreso”.

Mientras los dirigentes de Bolivia aseguran que “el ecologismo es el nuevo colonialismo”, Mario Vargas Llosa escribe lo contrario: “Hay una izquierda radical que ha encontrado en el ecologismo una bandera que le permite resucitar los viejos problemas”. Pero vean cómo coinciden en la inquina contra el ecologismo.

Si ampliamos el campo, encontramos repetidas menciones al ecologismo de “panza llena”. Los ecologistas dicen lo que dicen “porque tienen la panza llena. La oposición ecologista a los transgénicos es elitista y conservadora”. Vean el elaborado discurso de Tarsicio Granizo, de Ecuador: “Sectorizar la lucha ambiental no es más que una respuesta pequeño-burguesa al problema de pobreza, exclusión y desigualdad. Pero claro, ¡es fácil hablar con la barriga llena! Por cierto, en muchos de nuestros países el ecologismo (como lo conocemos en la actualidad) está vinculado a las clases dominantes...” Otro defensor del presidente Correa, Carlos Viteri, declaró: “Para el que tiene la barriga llena es fácil decir: No se toque el Yasuní”.

Adivinen si un político que dice lo siguiente es de derecha, de centro o de izquierda tradicional: “Sin desarrollo no hay trabajo, ni calidad de vida, ni posibilidad de que la gente viva bien, con lo que no hay posibilidad de preservar nada. Con la barriga llena se pueden preservar muchas cosas, pero con la barriga vacía no se preserva nada”.

Pasemos ahora a reseñar sólo algunos de los cientos de casos de ecologistas o ambientalistas populares que han sido asesinados por las fuerzas estatales o por paramilitares o sicarios de latifundistas o de compañías mineras o petroleras. ¿Dónde empezar? En Filipinas, el 9 de mayo de 2012, el líder ecologista Margarito Cabal fue asesinado en la provincia de Bukidnon, en Mindanao. La ONG local Karapatan aseguró que en dos años 76 líderes y activistas de los derechos humanos han sido asesinados en Filipinas. Trece de ellos estaban comprometidos sobre todo con la protección del ambiente (aunque sea difícil separar la protección del ambiente natural de los derechos humanos).

Sólo en América Latina hay cientos de muertos ecologistas mencionados en la prensa en los últimos 25 años, incluyendo al menos 20 o 30 mujeres, como Betty Cariño, en México; Maria do Espirito Santo con su marido José Claudio, en Pará, Brasil, en 2012... Muertas y muertos con barrigas llenas del plomo de las balas asesinas, como el activista antipetrolero Ángel Shingre, en Orellana, Ecuador.

Veamos casos recientes. El 15 de julio de 2013, en Honduras, un indígena lenca murió y otro resultó herido cuando militares atacaron a tiros a pobladores que se manifestaban contra la construcción de hidroeléctricas. Eso ocurrió en el departamento de Intibucá. En México, también en un conflicto hidroeléctrico, el ecologista Noé Vázquez Ortiz fue asesinado en Veracruz el 2 de agosto de 2013, aunque no a tiros, sino a pedradas. En Guatemala, el abogado Rafael Maldonado presenta una cuenta que parece corta: 50 asesinatos de ambientalistas que se oponían a proyectos mineros e hidroeléctricos entre 1989 y 2012, recogidos en informes sobre ataques a derechos humanos que ha sistematizado el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social. Podríamos ir bajando hacia el cono sur: Panamá, Colombia, Brasil, Perú... un reguero de ecologistas muertos, incluyendo algunos, muy pocos, puramente conservacionistas. No me queda espacio. En Venezuela, el 3 de marzo de 2013, el cacique yukpa Sabino Romero fue acribillado por pistoleros. Era conocido por su defensa del territorio ancestral en la sierra de Perijá, en Zulia, rico en carbón y otros minerales.

Joan Martínez Alier, catedrático de teoría económica de la UAB, amigo y colaborador de SinPermiso, es un investigador pionero en el campo de la economía ecológica.

http://www.jornada.unam.mx/2013/10/05/opinion/020a1pol

Estado de la inseguridad alimentaria en el mundo Alejandro Nadal • • • • •

13/10/13

Existe un lugar en el que se entrecruzan todas las crisis y se llama hambre. En ese espacio se encuentran la crisis económica, la especulación financiera, la crisis energética y el paradigma quebrado del neoliberalismo. Las instituciones del poder buscan siempre esconder las raíces y la magnitud del problema.

En Roma se lleva a cabo la reunión plenaria del Comité sobre seguridad alimentaria de la FAO. Está dando a conocer su informe para 2013 sobre inseguridad alimentaria (SOFI, por sus siglas en inglés y disponible en FAO). Para el estándar de los informes de la FAO, el SOFI 2013 no es tan malo, pero cuando llega a los problemas medulares, siempre prefiere endulzar el diagnóstico. Hoy un estudio riguroso e independiente le enmienda la plana.

La principal conclusión del estudio SOFI 2013 es que ha habido un progreso generalizado en la lucha contra el hambre. Señala que entre 1990 y 2007 se puede apreciar una clara tendencia a la reducción del hambre en el mundo y que a partir de la crisis esa tendencia se ha mantenido, aunque a un ritmo más lento. La realidad es que los datos sobre los avances en la lucha contra el hambre están concentrados en dos países, China y Vietnam (el 91 por ciento de la reducción desde 1990 corresponde a estos dos países). El mismo informe revela que entre los segmentos de la población más vulnerable el problema se ha agravado: en los países menos desarrollados, hay un incremento de 59 millones de personas afectadas por la subalimentación en los últimos 20 años.

Las estimaciones de la FAO sobre población afectada por el hambre están basadas en un cálculo del umbral de calorías por debajo del mínimo requerido por una persona durante un año y con un estilo de vida sedentaria. Esta forma de medir el hambre conduce a una subestimación significativa del problema. De esta manera el informe de la FAO puede alegremente indicar que hay progreso en la lucha contra este problema, pero la realidad es diferente. El número de personas con hambre podría aumentar del reportado por la FAO (868 millones) a unos mil 300 millones.

La FAO concluye que las metas mundiales de reducción del hambre están a nuestro alcance si se regresa a la tasa de crecimiento económico que prevalecía antes de la crisis. Pero este mensaje resulta engañoso porque el proceso de crecimiento en los años anteriores a la crisis estuvo marcado por mayor desigualdad y dependencia alimentaria. Además a la FAO parece no preocuparle el efecto del cambio en el uso de tierras cultivadas hacia la producción de biocombustibles en detrimento de la oferta de alimentos. Tampoco le inquieta la falta de regulación en los mercados de futuros y de productos básicos que ha permitido la especulación financiera en estos mercados con efectos nefastos en los precios de los alimentos. Y no le llama la atención la presencia de profundas distorsiones en los mecanismos de fijación de precios en los mercados altamente concentrados de granos e insumos agrícolas. Tal pareciera que la FAO considera que estos problemas son irrelevantes y de ahí su optimista conclusión.

Al igual que casi todos los informes de las agencias especializadas de Naciones Unidas, el informe SOFI 2013 evita discutir los rasgos de la economía mundial que han conducido a la crisis y que tienen serias consecuencias para la inseguridad alimentaria. De hecho, para el informe tal parece que lo único que permite reducir el hambre es el crecimiento económico. Según la FAO esto es lo que hace posible reducir la pobreza, hambre y desnutrición. A pesar de que el vínculo entre crecimiento y reducción de la desnutrición no es muy robusto, el mensaje principal de SOFI 2013 es que el crecimiento es el principal instrumento para reducir hambre y subalimentación. De este modo, la FAO evita mencionar el importante hecho de que las políticas públicas orientadas a fortalecer la equidad han sido clave en la reducción del hambre y la desnutrición. Y es precisamente en los países que acusan mayores adelantos en la lucha contra el hambre en los cuales se han aplicado políticas que fortalecen la equidad, sobre todo en términos de propiedad de activos productivos. En contraste, la FAO en su informe concentra su atención en las políticas asistencialistas de corte neoliberal.

De hecho, el mismo informe SOFI 2013 reconoce que sus datos no cubren los efectos de los aumentos en los precios de los alimentos de los años 2007-08 y que tampoco consideran las consecuencias de la caída en la tasa de crecimiento económico a partir de 2009. Esto es suficiente para invalidar la principal conclusión del estudio porque la crisis global ha sumido al mundo en un proceso de empobrecimiento del que no saldremos fácilmente. La cifra de 868 millones de personas que padecen hambre no es válida.

El informe de la FAO está marcado por un injustificado optimismo que no permite realizar un análisis objetivo sobre el problema del hambre en el mundo. Sin entender las raíces del problema no será posible solucionarlo.

Alejandro Nadal es miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso

La Jornada 9 de octubre de 2013

Rótulos en alimentos modificados genéticamente daría a los compradores más control sobre sus decisiones de compra

Gigantes de la biotecnología gastan millones para evitar etiquetado de transgénicos

Heide Malhotra

La Gran Época

Las corporaciones gigantes de biotecnología como Monsanto Co. y DuPont Pioneer gastaron millones de dólares para derrotar los esfuerzos para etiquetar los alimentos que contienen organismos modificados genéticamente (OMG). Ahora sus esfuerzos se vuelven al Estado de Washington, donde una votación sobre el tema está programada para el 5 de noviembre.
Más de 40 países ya requieren que en las etiquetas de los alimentos identifiquen si los productos contienen OGM. El proyecto de ley de etiquetado en el estado de Washington busca que el producto sea etiquetado, pero no está en juego el prohibir los alimentos que contienen ingredientes modificados genéticamente.
"El etiquetado de los alimentos modificados genéticamente daría a los compradores más control sobre sus decisiones de compra", dice un comunicado de la iniciativa ‘SÍ al 522’ sitio web patrocinado por los defensores de un proyecto de ley de etiquetado de los OMG en el estado de Washington.
Washington vota diferente que California
Los ciudadanos de Washington que apoyan etiquetar los alimentos transgénicos iniciaron un movimiento popular llamado Sí al 522. El proyecto de la Iniciativa No. 522 fue presentada el 29 de junio de 2012.
En noviembre de 2012, una acción similar fue derrotada en California por un margen estrecho. Los opositores al etiquetado de los OMG gastaron 45.6 millones dólares y el grupo pro - etiquetado unos 8.7 millones, de acuerdo con Ballotpedia.
El voto en Washington interpreta de manera diferente cuando se compara con el voto de California. Los ciudadanos de Washington no van a las urnas, pero votan por una balota en un período de tres semanas.
Los ciudadanos de Washington están en contra de los alimentos transgénicos desde hace algún tiempo, “debido a los continuos esfuerzos de la industria para obtener la aprobación de la Food and Drug Administration para un salmón modificado genéticamente", según político.
El grupo pro - etiquetado está ganando en las encuestas a partir de septiembre. Superó a aquellos en contra del etiquetado con una proporción de 3 a 1, según una encuesta de Elway.
Millones en gastos para derrotar al etiquetado de los OMG
Los desafíos más grandes de I- 522 son efectuados por Monsanto y DuPont Pioneer.
En septiembre, Monsanto y sus aliados recaudaron 11.6 millones de dólares, y gastaron 1,7 millones, mientras que sus opositores levantaron aproximadamente 5,5 millones y gastaron 1,9 millones de dólares, de acuerdo con Ballotpedia.
En California, Monsanto gastó 8.1 millones de dólares y DuPont 5.4 millones para derrotar la iniciativa de etiquetado de los OGM. La Grocery Manufacturers Association gastó 2 millones de dólares en contra de esta propuesta. La asociación incluye Safeway Inc., Starbucks Corp., Target Corp., Kellogg Cgo., Kraft Foods Inc., General Mills Inc., Hershey Co., Coca -Cola Co., PepsiCo Inc., y otros.
Quien más gasta no es necesariamente el ganador
Los defensores del etiquetado de los OMG sugieren que gastar más no necesariamente implica que la medida será derrotada. Hasta ahora, las probabilidades están a favor del grupo de pro - etiquetado.
Muchos autores dicen que si los oponentes no tienen nada que ocultar, no gastarían tanto dinero para derrotar una medida que sólo pide etiquetar los productos modificados genéticamente y no los prohíbe.
Fuente: http://www.lagranepoca.com/29665-gigantes-biotecnologia-gastan-millones-para-evitar-etiquetado-transgenicos

El modelo extractivo rechazado en las calles

Raúl Zibechi

CIP Americas

Pascua Lama, la mina de oro de Barrick Gold, está congelada por decisión de la Corte Suprema de Chile. Monsanto debió paralizar la construcción de una planta de semillas en Córdoba por la masiva oposición de la población. Las grandes empresas extractivas empiezan a cosechar derrotas.

“En democracia los desaparecidos somos los pueblos”, dijo Mercedes Maidana, quien se definió como “colla trashumante” que no ha dejado de cultivar la tierra pese a que vive en una de las ciudades del norte argentino. Con esa frase estableció un hilo rojo entre las dictaduras y los regímenes actuales durante el encuentro “Desde el extractivismo a la re-construcción de alternativas”, realizado a fines de agosto en Buenos Aires [1].

En esas fechas la legislatura de Neuquén votaba el acuerdo YPF-Chevrón por el que se extiende la concesión del área Loma La Lata hasta 2048 en la que se utilizará la modalidad de la fractura hidráulica (fracking). La represión contra miles de manifestantes frente a la legislatura provocó la retirada de sala de siete diputados, tres radicales, dos vinculados a la CTA y otros dos de izquierda, entre ellos Raúl Godoy dirigente de la empresa recuperada Zanón.

En toda la región latinoamericana se suceden conflictos por la resistencia de los pueblos a un modelo que destruye el medio ambiente y limita la posibilidad de que las comunidades sigan cultivando la tierra y viviendo como ellas desean. Entre ellos, destacan los conflictos contra la minería y contra las fumigaciones y cultivos transgénicos.

Según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), hay más de 195 conflictos activos por la megaminería en la región: Perú y Chile encabezan la lista con 34 y 33 conflictos respectivamente, le siguen México con 28, Argentina con 26, Brasil con 20 y Colombia con doce. Los que menos conflictos mineros presentan son Trinidad y Tobago, Paraguay y Uruguay con uno.

La megaminería está afectando un total de 290 comunidades. En algunos países como Perú, donde el 25% del territorio fue concesionado a multinacionales mineras, la conflictividad hizo caer dos gabinetes del gobierno de Ollanta Humala y llevó a la militarización de varias provincias. Los conflictos socio-ambientales entre 2006 y 2011 provocaron la muerte de 195 activistas en el país andino.

La resistencia a la soja, el principal cultivo transgénico en la región, se está haciendo sentir con fuerza en Argentina, donde Monsanto pretende instalar una planta en la localidad Malvinas Argentinas, cerca de Córdoba, para producir semillas de maíz. En esa ciudad las Madres de Ituzaingó consiguieron ganar una primera batalla contra las fumigaciones. Ituzaingó es un barrio obrero de seis mil habitantes del sur de Córdoba rodeado de campos de soja.

Madres sin hijos

Sofía Gatica asegura que su barrio “fue declarado inhabitable en 2005 aunque en 2002 las autoridades habían dicho que todo estaba bien. Recién en 2008 intervino la presidenta ordenando una investigación sobre el impacto del uso de agroquímicos” [2].

La fundadora de Madres de Ituzaingó dio a luz una hija hace trece años. Días después los riñones de la beba dejaron de funcionar. La madre quiso saber los motivos de la muerte de su hija y empezó a hablar con las vecinas.

Sin ninguna experiencia, alrededor de dieciséis madres comenzaron a recorrer puerta a puerta las casas del barrio y descubrieron que los índices de cáncer son 41 veces superiores al promedio nacional. “Hay 300 enfermos de cáncer, nacen niños con malformaciones, el 80% de los niños tienen agroquímicos en la sangre y el 33% de las muertes son por tumores”, dijo Sofía. El agua de sus tanques estaba contaminada con plaguicidas, como consecuencia de las fumigaciones aéreas.

Las Madres de Ituzaingó pusieron en pie la campaña “Paren de Fumigar”, para denunciar la situación que vivían. Recién en 2008 el ministro de Salud ordenó una investigación al Departamento de Medicina de la Universidad de Buenos Aires que ratificó la investigación hecha por las madres vinculando la exposición a agrotóxicos con efectos para la salud. Una ordenanza municipal posterior prohibió la fumigación aérea a una distancia menor a los 2.500 metros de las viviendas.

En 2010 la Corte Suprema de Justicia no sólo prohibió las fumigaciones cerca de centros poblados sino que invirtió las cosas: en adelante los vecinos no tendrán que demostrar el daño de las fumigaciones sino que el gobierno y los sojeros deberán probar que los químicos que usan son seguros.

Siendo el tercer mayor exportador de soja del mundo, Argentina utiliza 300 millones de litros de agrotóxicos, incluyendo glifosato y endosulfán, éste ya prohibido en 80 países incluyendo todos los de la Unión Europea mientras Naciones Unidas considera que debe dejar de ser producido y comercializado.

En abril de 2012 Sofía recibió el Premio Goldman, uno de los galardones más importantes del mundo para luchadores por el medio ambiente. “Nos recibió el presidente Obama y meses después recibimos una carta en donde nos dice que no puede hacer nada contra Monsanto”.

En junio de 2012 lograron llevar a juicio penal a los responsables, por primera vez en el país. El 21 de agosto la Cámara del Crimen de Córdoba encontró culpables a un productor y a un fumigador de contaminar y afectar la salud de la población. La pena fue de tres años de prisión condicional sin cárcel.

“Fue un fallo histórico”, dijo Medardo Ávila Vázquez, ex subsecretario de Salud y actual integrante de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, ya que es la primera vez que la justicia condena a los causantes de contaminación y enfermedades [3]. Pero ese mismo día el ministro de Agricultura, Norberto Yahuar, presentaba junto a los directivos de Monsanto la nueva semilla de soja transgénica: Invicta RR2 Pro.

El objetivo de las Madres de Ituzaingó es conseguir que empresas como Monsanto se retiren del país. “La alternativa está en nosotros mismos porque lo que estamos viviendo es un genocidio encubierto en toda América Latina”, dice Sofía. La empresa promete que la nueva semilla será “una segunda generación de soja”.

La minería, fuente de conflictos y crisis

Perú y Chile son los países con más conflictos mineros en la región. Jaime Borda, de la Red Muqui Sur de Perú, advirtió que los gastos para exploración minera en el mundo se multiplicaron por diez desde 2002. Enseña un mapa que muestra “cómo ven los empresarios al Perú”, un país cubierto de cuadrados que representan las concesiones mineras [4]. En 2002 había apenas 7,5 millones de hectáreas concedidas a la minería, cifra que saltó a casi 26 millones en 2012, el 20% de la superficie del país.

Algunas provincias andinas como Apurímac tienen el 57% de la superficie concedida a las mineras. Borda sostuvo que la elevada conflictividad que registra el país está motivada por el hecho de que “la población entendió que la protesta es la única forma de que el gobierno escuche a las comunidades”. Se preguntó si es posible una relación nueva y diferente con la minería.

La respuesta no fue sencilla. Las grandes empresas mineras, como las recién fusionadas Glencore y Xstrata controlan monopólicamente los mercados: 70% del mercado mundial de zinc, 55% del cobre, 45% del plomo. “Las bases del crecimiento extractivo se han agotado en términos democráticos y se vuelve un crecimiento cada vez más agresivo, vertical, autoritario y profundamente centralista”, dijo Borda.

Por eso defendió “mayor institucionalidad en el tema ambiental, fortalecer la descentralización y el ordenamiento territorial”, ya que no está claro quién planifica el crecimiento de la minería que está convirtiendo la región sur en un corredor minero.

El chileno Lucio Cuenca, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) destacó que su país, pese a ser el primer productor del cobre del mundo, renunció a regular el mercado y los precios al punto que “las transnacionales deciden dónde y a qué ritmo explotar” [5]. La minería es el principal producto de exportación pero supone menos del 1% del empleo, pero el 70% es precario por subcontratos.

En 2010, el 25% del territorio estaba en exploración o explotación. En Chile la minería consume el 37% de la electricidad que produce el país, que llegará al 50% en pocos años, frente al 28% de la industria y el 16% del sector residencial. Eso impone al Estado la permanente construcción de nuevas fuentes de energía, que aceleran el desplazamiento de poblaciones y el trasvase de tierras agrícolas a otros usos.

En paralelo, el Estado es el gran perdedor con la expansión minera. En 1990 la estatal Codelco concentraba el 75% de la producción minera, porcentaje que cayó al 28% en 2007 por las permanentes concesiones a privadas. Sin embargo, los aportes fiscales son inversos: con ese pequeño porcentaje de la producción, Codelco aportaba en 2008 al fisco 8.300 millones de dólares frente a sólo 3.400 millones de las privadas pese a que producen el doble.

Los opositores a la minería han cosechado una importante victoria en Chile. Desde 2000 sostienen una pugna contra la minera Barrick Gold que explota Pascua Lama en la frontera chileno-argentina. La justicia decidió la paralización de la explotación mientras no regularice obras de contención y manejo de aguas contaminadas.

El proyecto de Barrick, el mayor productor de oro del mundo, de unos 8.500 millones de dólares, fue paralizado en abril por una corte local a pedido de comunidades indígenas de la zona. Días atrás la Corte Suprema confirmó la suspensión de la mina [6].

En consecuencia Barrick reportó pérdidas de 8.560 millones en el segundo trimestre 2013 (el 40% de su patrimonio) y los accionistas iniciaron un juicio contra los directivos por ocultar y tergiversar información desde octubre del 2009. Puede ser el comienzo de los problemas de la minería en Chile: el Norte del país sufre una importante crisis hídrica cuya principal responsabilidad recae en la megaminería [7].

Ellos o nosotros

El biólogo Raúl Montenegro, Premio Nobel Alternativo en 2004 [8], sostiene que “el actual modelo agrícola extractivo que se practica en Argentina debería ser asumido como una variante muy extendida y superficial de la megaminería” [9]. Argumenta que en los cultivos no se extraen metales sino nutrientes que luego se exportan como granos. “Agricultura y megaminería tienen en común, además el consumo de agua y la generación de pasivos ambientales”.

Mientras la minería deja depósitos estériles y colas de mineral, la agricultura industrial “deja acumulaciones diseminadas de plaguicidas que persisten por años y décadas”. Con esa mirada aborda el emprendimiento de Monsanto en Malvinas Argentinas, una localidad a 14 kilómetros de Córdoba y a 10 del barrio Ituzaingó, que tiene poco más de 12 mil habitantes.

Como todas las ciudades situadas en campos de soja recibe los efectos de los plaguicidas. Afortunadamente, explica Montenegro, la noticia de la llegada de Monsanto se produjo mientras en la sociedad se debaten “los efectos de las bajas dosis de plaguicidas en la salud humana y el ambiente”, gracias a la persistencia de las Madres de Ituzaingó.

Ironías de la vida, la noticia fue dada el 15 de junio de 2012 por la presidenta Cristina Fernández desde Estados Unidos, tres días después de iniciado el primer juicio contra los responsables de la contaminación en Ituzaingó. Apenas se enteraron del proyecto, los habitantes de Malvinas Argentinas pusieron en pie la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida integrada por el colectivo Red de Médicos de Pueblos Fumigados y vecinos de la localidad.

En abril la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica de Córdoba y el Conicet (consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) hicieron pública una encuesta realizada en Malvinas Argentinas: el 87% desean una consulta popular y el 58% rechaza la instalación de la multinacional. Pero el 73% tiene miedo de opinar en contra de Monsanto por temor a salir perjudicado y el 65% no tiene confianza en el estudio de impacto ambiental que realizará la propia empresa [10].

Monsanto planifica instalar 240 silos de semillas de maíz transgénico con el objetivo de llegar a 3,5 millones de hectáreas sembradas. El doctor Ávila Vázquez asegura que uno de los principales riesgos es una enfermedad llamada “pulmón de granjero” que produce la formación de fibrosis en los pulmones. Un problema adicional es que “no existe en Latinoamérica un lugar donde existan tantos silos juntos y los granos estarán recubiertos con una película de agroquímicos” [11].

La planta usará millones de litros de agroquímicos para el curado de semillas y una parte de los efluentes “se liberarán al suelo y al agua, provocando un grave perjuicio”, sostiene Ávila Vázquez. La frontera agrícola seguirá creciendo y morirán muchos insectos. “Estas semillas están prohibidas en Europa porque han llevado a la muerte masiva de abejas, mariposas monarcas y vaquitas de San Antonio”, señaló el médico.

Por su parte, Montenegro sostiene que “Argentina tendría las dos plantas más grandes del mundo para el acondicionamiento de semillas, lo cual fortalecerá el ya descontrolado modelo extractivo”. La asamblea sostiene que el municipio aplica una ley provincial que tiene menos exigencias ambientales que la nacional. En abril el Tribunal Supremo de Justicia habilitó la obra que había sido suspendida por otro juzgado [12].

Las protestas contra Monsanto se incrementaron desde el 18 de setiembre cuando los manifestantes instalaron un campamento impidiendo el paso de camiones con materiales para la construcción de la planta. Hubo una fuerte represión policial en la que fue herida Sofía Gatica. “No vamos a permitir el ingreso de ningún camión ni que se instale Monsanto, porque son ellos o somos nosotros. Yo ya perdí a mi hija”, dijo Sofía [13].

El sindicato de la construcción desalojó el 26 de setiembre a los manifestantes de uno de los portones de entrada y la CGT reclama por las fuentes de trabajo que se pierden [14]. A pesar de la mezquindad del sindicalismo empresarial, las protestas llevaron a la suspensión de las obras el 1 de octubre por la falta de materiales.

Notas:

[1] El seminario “Desde el extractivismo a la re-construcción de alternativas” fue realizado el 29 de agosto en Buenos Aires y estuvo organizado por la asociación BEPE (Bienaventurados los Pobres), la Red Agroforestal del Chaco y la Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería.

[2] Intervención de Sofía Gatica en el seminario “Desde el extractivismo a la re-construcción de alternativas”.

[3] Darío Aranda, “Invicta, la nueva imposición de Monsanto”, MU, Buenos Aires, setiembre 2013.

[4] Intervención de Jaime Borda en el seminario “Desde el extractivismo a la re-construcción de alternativas”.

[5] Intervención de Lucio Cuenca en el seminario “Desde el extractivismo a la re-construcción de alternativas”.

[6] Reuters, Santiago, 25 de setiembre de 2013.

[7] Datos aportados por Lucio Cuenca.

[8] Right Livelihood Award

[9] “Monsanto invade Malvinas Argentinas (Córdoba)”, 22 de julio de 2012 en www.ecoportal.net

[10] Darío Aranda, “Agro y minería”, Página 12, 19 de setiembre de 2013.

[11] “Monsanto: la semilla de la discordia”, 6 de octubre de 2013 en http://noticias-ambientales-cordoba.blogspot.com/

[12] “Monsanto: conflicto social e incertidumbre legal”, La Voz del Interior, Córdoba, 6 de octubre de 2013.

[13] “Luchan contra la llegada de Monsanto a Córdoba”, 4 de octubre de 2013 en www.olca.cl

[14] “Monsanto: conflicto social e incertidumbre legal”, La Voz del Interior, Córdoba, 6 de octubre de 2013.

Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe cada mes para el Programa de las Américas (www.cipamericas.org)

Fuente: http://www.cipamericas.org/es/archives/10888

Fracking Europa exige control ambiental

Efe Verde

El Pleno del Parlamento Europeo (PE) reclamó evaluaciones obligatorias de impacto medioambiental antes de autorizar la extracción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica o fracking

“La fracturación hidráulica suscita inquietudes”, reconoció el eurodiputado liberal Andrea Zanoni (ALDE), ponente del informe ante la Eurocámara, quien explicó que con estos nuevos criterios esperan “evitar los conflictos de interés” entre los promotores de los proyectos y las personas que los evalúan.

Precisamente para romper ese círculo vicioso, el Parlamento aboga también por que se realice una consulta pública antes de poner en marcha estas actividades de extracción.

La normativa europea en vigor ya obliga a realizar estudios ambientales sobre unos 200 tipos de proyectos públicos y privados, una lista que ahora se ampliará a los planes de exploración y extracción por fracturación hidráulica de hidrocarburos no convencionales, como el gas de esquisto.

Hasta ahora sólo se cubrían las extracciones mayores, a partir de los 500.000 metros cúbicos al día, lo que dejaba fuera la mayor parte de este tipo de extracciones por fractura. En la práctica, esto se traducía en que los promotores de estos proyectos no estaban obligados a realizar una evaluación medioambiental previa.

La votación de hoy se produjo después de un debate en el que se habló de la situación ambiental de proyectos como el Castor, la planta con almacén subterráneo de gas natural de Vinaròs cuya actividad está suspendida por el Gobierno español tras el aumento de la actividad sísmica.

El eurodiputado valenciano Andrés Perelló (PSOE) subrayó que este proyecto es un ejemplo de “mala evaluación ambiental” puesto que no se evaluó adecuadamente el riesgo de terremotos por inyección de gas en un almacén en una falla sensible.

El también eurodiputado español Raül Romeva (ICV) confió hoy en un comunicado en que la medida sea trasladada a la legislación española “de manera urgente” y se aplique “excepcionalmente de manera retroactiva para proyectos que han demostrado ser un fracaso medioambiental, como lo es el Proyecto Castor”.

Desde el grupo de Los Verdes del PE, su portavoz la eurodiputada francesa Sandrine Bélier destacó que exigir un impacto ambiental no evitará que las controvertidas extracciones por fractura hidráulica reciban autorización.

“Los Verdes consideran que existen pruebas suficientes para prohibir esta arriesgada tecnología”, afirmó e hizo hincapié en que al menos hay que garantizar que los promotores de estas extracciones sean responsables de los posibles daños y ofrezcan garantías financieras para cubrir riesgos potenciales.

El comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik, por su parte, afirmó que esta medida allana el camino para que se efectúen cambios que aseguren que las preocupaciones de los ciudadanos son tenidas en cuenta.

El Pleno aprobó la exigencia de realizar estudios ambientales por 332 votos a favor, 311 en contra y 14 abstenciones, pero aún deben pronunciarse los Estados miembros antes de que la medida pueda entrar en vigor.

Fuente: http://www.efeverde.com/blog/noticias/frackingeuropa-exige-control-ambiental/

Comida industrial: enfermando a la gente y el planeta

Silvia Ribeiro

La Jornada

Las cinco enfermedades más comunes en México están ligadas a la producción y consumo de alimentos provenientes de la cadena agroalimentaria industrial: diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer, enfermedades cardiovasculares. Algunas totalmente, otras parcialmente, ninguna está desligada. Esto se traduce en mala calidad de vida y tragedias personales, pero además en altos gastos de atención médica y del presupuesto de salud pública, un enorme subsidio oculto para las transnacionales que dominan la cadena agroindustrial, desde las semillas al procesado de alimentos y venta en supermercados. Más razones para cuestionar ese modelo de producción y consumo de alimentos.

En artículos anteriores referí cómo el sistema alimentario agroindustrial solamente alimenta a 30 por ciento de la población mundial, pero sus graves impactos en salud, cambio climático, uso de energía, combustibles fósiles, agua y contaminación son globales.

En contraste, la diversidad de sistemas alimentarios campesinos y de pequeña escala son los que alimentan a 70 por ciento de la población mundial: 60-70 por ciento de esa cifra lo aportan parcelas agrícolas pequeñas, las huertas urbanas el 15-20 por ciento, la pesca 5-10 por ciento y la caza y recolección silvestre 10-15 por ciento. (Ver ¿Quién nos alimentará? La Jornada, 21/9/13 ywww.etcgroup.org). Agrego ahora datos complementarios, de la misma fuente.

En términos de producción por hectárea, un cultivo híbrido produce más que una variedad campesina, pero para ello requiere la siembra en monocultivo, en extensos terrenos planos e irrigados, con gran cantidad de fertilizantes y alto uso de agrotóxicos (plaguicidas, herbicidas, funguicidas). Todo ello disminuye la cantidad de nutrientes que contienen por kilogramo. Los cultivos campesinos, por el desplazamiento histórico que han sufrido, ocurren mayoritariamente en terrenos desiguales, en laderas y tierras pedregosas, sin riego. Si comparamos aisladamente la producción de un cultivo campesino con el mismo híbrido industrial, la producción por hectárea es menor. Sin embargo, los campesinos siembran, por necesidad y conocimiento, una diversidad de cultivos simultáneamente, varios del mismo cultivo con diferentes características, para diferentes usos y para soportar distintas condiciones, además de cultivos diferentes que se apoyan entre sí (se aportan fertilidad, protegen de insectos) y como usan poco o nada de agrotóxicos, crecen a su alrededor una variedad de hierbas comestibles y medicinales. Siempre que pueden, los campesinos combinan también con algún animal doméstico o peces. Todo sumado, el volumen de producción por hectárea de las parcelas campesinas es mayor que el de los monocultivos industriales, además de que resisten mucho mejor los cambios del clima y su calidad y valor nutritivo es mucho mayor.

De lo cosechado en la agricultura industrial, más de la mitad va para forrajes de ganado en cría a gran escala y confinada (cerdos, pollos, vacas). Virtualmente toda la soya y maíz transgénico que se produce en el mundo –y también la que quieren plantar en México– no se destina a alimentación humana sino a forrajes para cría animal industrial, dominada también por trasnacionales y cuyo sobreconsumo es otro factor causante de las enfermedades principales.

De los fertilizantes sintéticos usados en la agricultura industrial, la mayoría es justamente para producir forrajes, y la mitad que se aplica no llega a las plantas por problemas técnicos. A su vez, el escurrimiento de fertilizantes es factor fundamental de contaminación de aguas y de gases de efecto invernadero.

Adicionalmente, en la cadena industrial se desperdicia de 33 a 40 por ciento de los alimentos durante la producción, transporte, procesamiento y en hogares. Otro 25 por ciento se pierde en sobreconsumo, produciendo obesidad, entre otras cosas por la adicción que provoca la cantidad de sal, azúcar y químicos agregados.

En Norteamérica y Europa el desperdicio de alimentos per cápita es de 95 a 115 kilogramos por año, mientras que en África subsahariana y sudeste de Asia (con mayoría de agricultura campesina), es de 6 a 11 kilogramos per cápita, 10 veces menor.

Ante el desperdicio y la gravedad de los problemas de salud y ambientales que provoca la cadena industrial de alimentos, urge replantearse políticas que la desalienten y estimulen en su lugar la producción diversificada, sin químicos, con semillas propias y en pequeña escala, que además es la base de trabajo y sustento de más de 80 por ciento de los agricultores del país. En el extremo opuesto está la producción industrial con transgénicos, que exacerba todos los problemas mencionados, y además, al estar en manos de cinco trasnacionales es una entrega de soberanía nacional. La siembra de soya transgénica ya está amenazando de muerte a los apicultores, tercer rubro de exportación nacional, que provee sustento a más de 40 mil familias campesinas. Las solicitudes de siembra comercial de maíz transgénico en millones de hectáreas, amenazan eliminar otros miles de familias campesinas y contaminar el patrimonio genético más importante del país.

Por si estos datos no fueran suficientes, los eventos climáticos extremos que ha sufrido el país –con daños exacerbados por políticas que aumentan la vulnerabilidad–, están directamente vinculados a ese sistema alimentario agroindustrial, que es una de las causas principales del cambio climático.

Silvia Ribeiro es investigadora del Grupo ETC

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2013/10/05/opinion/025a1eco

Silvia Ribeiro

La Jornada

Las cinco enfermedades más comunes en México están ligadas a la producción y consumo de alimentos provenientes de la cadena agroalimentaria industrial: diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer, enfermedades cardiovasculares. Algunas totalmente, otras parcialmente, ninguna está desligada. Esto se traduce en mala calidad de vida y tragedias personales, pero además en altos gastos de atención médica y del presupuesto de salud pública, un enorme subsidio oculto para las transnacionales que dominan la cadena agroindustrial, desde las semillas al procesado de alimentos y venta en supermercados. Más razones para cuestionar ese modelo de producción y consumo de alimentos.

En artículos anteriores referí cómo el sistema alimentario agroindustrial solamente alimenta a 30 por ciento de la población mundial, pero sus graves impactos en salud, cambio climático, uso de energía, combustibles fósiles, agua y contaminación son globales.

En contraste, la diversidad de sistemas alimentarios campesinos y de pequeña escala son los que alimentan a 70 por ciento de la población mundial: 60-70 por ciento de esa cifra lo aportan parcelas agrícolas pequeñas, las huertas urbanas el 15-20 por ciento, la pesca 5-10 por ciento y la caza y recolección silvestre 10-15 por ciento. (Ver ¿Quién nos alimentará? La Jornada, 21/9/13 y www.etcgroup.org). Agrego ahora datos complementarios, de la misma fuente.

En términos de producción por hectárea, un cultivo híbrido produce más que una variedad campesina, pero para ello requiere la siembra en monocultivo, en extensos terrenos planos e irrigados, con gran cantidad de fertilizantes y alto uso de agrotóxicos (plaguicidas, herbicidas, funguicidas). Todo ello disminuye la cantidad de nutrientes que contienen por kilogramo. Los cultivos campesinos, por el desplazamiento histórico que han sufrido, ocurren mayoritariamente en terrenos desiguales, en laderas y tierras pedregosas, sin riego. Si comparamos aisladamente la producción de un cultivo campesino con el mismo híbrido industrial, la producción por hectárea es menor. Sin embargo, los campesinos siembran, por necesidad y conocimiento, una diversidad de cultivos simultáneamente, varios del mismo cultivo con diferentes características, para diferentes usos y para soportar distintas condiciones, además de cultivos diferentes que se apoyan entre sí (se aportan fertilidad, protegen de insectos) y como usan poco o nada de agrotóxicos, crecen a su alrededor una variedad de hierbas comestibles y medicinales. Siempre que pueden, los campesinos combinan también con algún animal doméstico o peces. Todo sumado, el volumen de producción por hectárea de las parcelas campesinas es mayor que el de los monocultivos industriales, además de que resisten mucho mejor los cambios del clima y su calidad y valor nutritivo es mucho mayor.

De lo cosechado en la agricultura industrial, más de la mitad va para forrajes de ganado en cría a gran escala y confinada (cerdos, pollos, vacas). Virtualmente toda la soya y maíz transgénico que se produce en el mundo –y también la que quieren plantar en México– no se destina a alimentación humana sino a forrajes para cría animal industrial, dominada también por trasnacionales y cuyo sobreconsumo es otro factor causante de las enfermedades principales.

De los fertilizantes sintéticos usados en la agricultura industrial, la mayoría es justamente para producir forrajes, y la mitad que se aplica no llega a las plantas por problemas técnicos. A su vez, el escurrimiento de fertilizantes es factor fundamental de contaminación de aguas y de gases de efecto invernadero.

Adicionalmente, en la cadena industrial se desperdicia de 33 a 40 por ciento de los alimentos durante la producción, transporte, procesamiento y en hogares. Otro 25 por ciento se pierde en sobreconsumo, produciendo obesidad, entre otras cosas por la adicción que provoca la cantidad de sal, azúcar y químicos agregados.

En Norteamérica y Europa el desperdicio de alimentos per cápita es de 95 a 115 kilogramos por año, mientras que en África subsahariana y sudeste de Asia (con mayoría de agricultura campesina), es de 6 a 11 kilogramos per cápita, 10 veces menor.

Ante el desperdicio y la gravedad de los problemas de salud y ambientales que provoca la cadena industrial de alimentos, urge replantearse políticas que la desalienten y estimulen en su lugar la producción diversificada, sin químicos, con semillas propias y en pequeña escala, que además es la base de trabajo y sustento de más de 80 por ciento de los agricultores del país. En el extremo opuesto está la producción industrial con transgénicos, que exacerba todos los problemas mencionados, y además, al estar en manos de cinco trasnacionales es una entrega de soberanía nacional. La siembra de soya transgénica ya está amenazando de muerte a los apicultores, tercer rubro de exportación nacional, que provee sustento a más de 40 mil familias campesinas. Las solicitudes de siembra comercial de maíz transgénico en millones de hectáreas, amenazan eliminar otros miles de familias campesinas y contaminar el patrimonio genético más importante del país.

Por si estos datos no fueran suficientes, los eventos climáticos extremos que ha sufrido el país –con daños exacerbados por políticas que aumentan la vulnerabilidad–, están directamente vinculados a ese sistema alimentario agroindustrial, que es una de las causas principales del cambio climático.

Silvia Ribeiro es investigadora del Grupo ETC

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2013/10/05/opinion/025a1eco

Acaloradas protestas contra el cambio climático

Amy Goodman

Democracy Now!

La semana pasada, en el lejano Océano Ártico, el buque de Greenpeace Arctic Sunrise navegó hacia una plataforma petrolera rusa para realizar una protesta pacífica. Varios manifestantes intentaron subir a la plataforma para llamar la atención acerca de lo que podría constituir un peligroso precedente: la plataforma de la empresa de gas rusa Gazprom será la primera en producir petróleo en las delicadas aguas heladas del Ártico. El Gobierno ruso respondió rápidamente mediante el uso de la fuerza, al enviar soldados de las fuerzas especiales al lugar, que llevaban pasamontañas y portaban armas automáticas. Los soldados amenazaron a los activistas pacíficos de Greenpeace, destruyeron sus botes inflables, arrestaron a treinta de ellos y remolcaron el buque de Greenpeace hacia el puerto de Murmansk, en el norte de Rusia. Según la información más reciente, los activistas podrían afrontar acusaciones de piratería.

El Director Ejecutivo de Greenpeace Internacional, Kumi Naidoo, participó en una acción similar el año pasado junto a otros activistas, aunque en esa oportunidad no fueron arrestados. Naidoo habló acerca de la acción de este año: “Uno de los activistas del grupo, Denis Sinyakov, un compañero ruso que es fotógrafo a bordo del buque, dijo: "La actividad delictiva de la que me acusan se llama periodismo y continuaré realizándola". Sus palabras captan muy bien lo sucedido. Se trata de un uso desproporcionado de la autoridad del Estado para intentar silenciar las importantes conversaciones que necesitamos tener a nivel global. En este momento estamos llegando a un punto de inflexión a nivel climático. El Ártico sirve como refrigerador y aire acondicionado del planeta y, en lugar de ver lo que sucede en el mar Ártico en los meses de verano como una señal de advertencia, de que tenemos que tomar medidas serias para combatir el cambio climático, lamentablemente las empresas petroleras de Occidente como Exxon, Shell y otras se están asociando con el Estado ruso para intentar extraer hasta las últimas gotas de petróleo en el medio ambiente más frágil, remoto y riesgoso para realizar esas actividades”.

La protesta llama la atención por su gran audacia. Sin embargo, no es la única protesta reciente contra la extracción y el consumo de combustibles fósiles. En todo el mundo, cada vez hay más personas que se manifiestan para exigir que se tomen medidas para combatir el calentamiento global. En América del Norte, hay una coalición cada vez más grande de grupos que se unieron para detener el proyecto de construcción del oleoducto Keystone XL y la explotación de arenas bituminosas de Alberta, Canadá, que el oleoducto planea transportar.

El 21 de septiembre pasado, el último día de verano del Hemisferio Norte, miles de personas se manifestaron en todo el continente en contra del oleoducto Keystone XL. En Nebraska, activistas construyeron una granja ecológica que funciona íntegramente a energía solar, precisamente en un lugar por donde está planeado que pase el oleoducto. Los habitantes locales temen que el oleoducto derrame petróleo en el frágil ecosistema de médanos de la región y contamine el importante Acuífero Ogallala. Ese mismo día se realizó la Cumbre Internacional de Mujeres sobre la Tierra y el Clima en Suffern, Nueva York, un encuentro de mujeres de todo el mundo. Todas ellas son reconocidas por haber luchado de diferente forma para reclamar que se tomen medidas urgentes para combatir el cambio climático. Una de las participantes, Melina Laboucan-Massimo, de la nación indígena Cree, del norte de Alberta, describió el efecto de la extracción de arenas bituminosas en su comunidad y su territorio:

“Nada se compara con la destrucción que está ocurriendo aquí. Si existiera un premio mundial para el desarrollo no sustentable, las arenas bituminosas serían un claro ganador. Cubren 141.000 kilómetros cuadrados, que equivalen a destruir Inglaterra y Gales juntos, o el estado de Florida entero. Las minas que nos rodean son más grandes que ciudades enteras. En este momento hay seis o siete y podría haber hasta nueve. Imperial Oil, por ejemplo, será más grande que Washington D.C. Hay muchos problemas de toxicidad con los que tenemos que lidiar y que están relacionados con el agua y con las grandes balsas de aguas residuales. Las llaman balsas, pero en realidad son grandes lagos de lodo tóxico. Actualmente hay una extensión de 180 kilómetros cuadrados de lodo tóxico en nuestro paisaje. Cada día, un millón de litros de estas aguas residuales se filtran a la Cuenca de Athabasca, que es de donde se extrae el agua que beben nuestras familias. Soy de la Región Peace, que está conectada con la cuenca del Athabasca, que se conecta con la cuenca del Ártico, y de esta manera es que las poblaciones del norte se contaminan con las toxinas, que contienen cianuro, mercurio, plomo, hidrocarburo aromático policíclico, de modo que debemos afrontar muchos problemas de salud.”

El oleoducto Keystone XL necesita la aprobación del Gobierno de Estados Unidos, debido a que atravesará territorio estadounidense, desde la frontera norte con Canadá hasta la costa del Golfo de México. El proceso de aprobación se ha postergado debido a las fuertes protestas. Después de que más de 1.250 personas fueran arrestadas frente a la Casa Blanca en 2011, en lo que fue el mayor acto de desobediencia civil en Estados Unidos en 30 años, el Presidente Barack Obama anunció que postergaría la decisión. Desde entonces, la organización ambientalista Amigos de la Tierra Estados Unidos (AT) viene denunciando que existe un conflicto de intereses con el grupo que fue contratado por el Departamento de Estado de Estados Unidos para realizar el estudio de impacto ambiental de Keystone XL. Amigos de la Tierra descubrió que el grupo Environmental Resources Management (ERM), una empresa consultora con sede en Londres, ocultó sus vínculos comerciales con TransCanada, la empresa de combustibles fósiles que estará a cargo del proyecto Keystone XL. Del mismo modo, el observatorio Oil Change International acaba de informar que “Michael Froman, el representante comercial de Estados Unidos que está a cargo de negociar una serie de tratados de ‘libre comercio’ secretos, aparentemente apoya el lobby de las grandes empresas petroleras, al exigir a Europa que suavice sus leyes sobre clima”. Steve Kretzmann, de Oil Change, explicó: “A menos que Europa suavice sus leyes, la exportación de diésel de Estados Unidos, que contendrá arenas bituminosas, será menos competitiva”.

La activista por el medio ambiente Tzeporah Berman también participó en la cumbre de mujeres. Allí habló acerca de cómo el Gobierno canadiense del Primer Ministro conservador Stephen Harper ha silenciado a científicos en un intento desesperado de acallar las críticas a Keystone XL. Berman me dijo: “En primer lugar, el Gobierno canceló la mayor parte de la investigación científica del país que tenía que ver con el cambio climático. Se trata de un gobierno que niega el cambio climático y no quiere hablar del cambio climático. El año pasado clausuraron la Estación de Investigación Atmosférica, que era uno de los lugares más importantes del mundo para obtener datos sobre el clima. Cerraron la Mesa Redonda Nacional sobre Medio Ambiente y Economía. Han despedido a científicos y, a los que quedan, les dicen que no pueden hacer públicas sus investigaciones, a pesar de que son financiadas con dinero de los contribuyentes. También se les dice que no pueden hablar a la prensa a menos que haya un responsable y se trate de una entrevista aprobada previamente. Deben tener un responsable de la Oficina del Primer Ministro. De modo que los científicos con los que he hablado se sienten avergonzados, frustrados, están protestando. La semana pasada en Canadá cientos de científicos salieron a las calles con su bata de laboratorio para protestar contra el Gobierno porque no pueden hablar. Los están amordazando a un punto tal que la destacada revista científica Nature publicó el año pasado un editorial en el que afirmaba que es hora de que Canadá deje a sus científicos en paz”.

Las muertes provocadas por desastres climáticos son cada vez más: desde la devastadora inundación que destruyó ciudades enteras en Colorado, hasta el norte de la India, donde las inundaciones y los deslizamientos de tierra provocados por una tormenta en junio de este año dejaron un saldo de 5.700 muertos. La esperanza está puesta en el cada vez mayor movimiento mundial por la justicia climática, que exige a los gobiernos que tomen medidas reales para detener el cambio climático antes de que sea demasiado tarde.

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Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

© 2013 Amy Goodman

Texto en inglés traducido por Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 750 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 400 en español. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.