La minería industrial en territorios bioculturales de los pueblos indígenas

El despojo de los indígenas de sus territorios en el siglo XXI

Eckart Boege

Rebelión

Amenazas, integridad territorial y cultural a los pueblos indígenas por parte de los nuevos proyectos mineros masivos de la mineria metalica industrial tóxica, principalmente a cielo abierto

La minería contemporánea ha entrado a una nueva fase, migrando de la explotación de filos de los minerales principalmente metálicos, a la remoción masiva de materiales pétreos mismos que en ciertos estratos contienen metales de muy baja ley (para el oro el promedio sería un gramo por tonelada de material removido). Para este proceso industrial se utilizan maquinarias de gran tamaño y procesos masivos de lixiviación principalmente con cianuro de sodio prohibido en varios países de Europa. Se trata principalmente de una explotación masiva a cielo abierto que requiere una exploración en grandes porciones de territorios, apertura de caminos y cientos de sitios que se barrenan para la extracción de núcleos que se analizan para ubicar exactamente los estratos en que se encuentran los últimos reductos de polvos minerales de interés comercial:

He aquí las amenazas 

1. El artículo 6 de la ley minera impuesta por el Banco Mundial, y los regímenes de Salinas y los panistas Fox y Calderón, señalan que la explotación del subsuelo, es de “interés público prioritario”, y que este interés prima sobre otros intereses públicos y privados no mineros. Este interés público prioritario se transfiere a intereses privados mediante un sistema de concesiones que el estado otorga a los grandes consorcios nacionales e internacionales frecuentemente de 100% de capital extranjero. Dominan los consorcios con sede en Canadá, sin embargo, los intereses chinos están repuntando en nuestros países. Estos esquemas son impuestos desde la firma de los tratados de libre comercio en toda América Latina.

2. Casi nunca los nombres de las grandes compañías extranjeras aparecen en las concesiones aunque las mismas reportan en sus boletines mensuales para sus inversionistas en internet que son dueños (ni siquiera posesionarios) de la totalidad del territorio que abarca la concesión. No todo el territorio de una concesión es removido para extraer el mineral, sin embargo, en esta primera fase de exploración pueden pasar sobre siembras, desmontar, abrir caminos depositar materiales, contaminar ríos y sobre todo acaparar los terrenos de los posesionarios de la superficie de las áreas de interés minero y apropiarse prioritariamente las diversas fuentes de agua cercanas o lejanas aún de las que sirven para abastecer pueblos y ciudades. En esta fase entre el otorgamiento de la concesión y la explotación, compañías especializadas investigan con precisión las porciones del territorio concesionado que van a explotar. Si los dueños de los terrenos se niegan a vender o rentar, se ha recurrido al asesinato y la empresa puede solicitar al estado la expropiación del mismo. En México han sido concesionadas alrededor de 31 millones de hectáreas del país de más de 200 millones de ha concesionables según el Servicio Minero Nacional. Estas concesiones incluyen porciones del subsuelo del mar. (Véase mapa de las concesiones). Ya en la fase de explotación el mineral sale del país en forma impura (ore) o purificado sin ninguna regalía a los municipios, estados o la federación. Nominalmente la minera tendría que pagar 1% del mineral exportado, pero El pueblo de México no tiene ningún beneficio de este proceso industrial de alto riesgo.

3. Las concesiones mineras que el estado otorga a las compañías, son patente de corso para acceder a los territorios en cualquier lugar del país incluyendo la parte urbana de pueblos y ciudades, territorios de los pueblos indígenas, áreas naturales protegidas, costas de propiedad federal o bien porciones del subsuelo del mar. Las concesiones también son otorgadas como zonas de exclusión para que otras compañías mineras, no le disputen los mismos territorios. Con las concesiones las compañías mineras tienen en sus manos además, de manera directa o indirecta, la administración de las políticas “de desarrollo” regionales, en muy largo plazo. Es imposible la devolución territorial a los dueños actuales de la superficie terrestre puesto que las concesiones se otorgan a 50 años prorrogables por otros 50 más.

4. Para que el capital transnacional pueda entrar masivamente a los países con minerales, los tratados de libre comercio han promovido la promulgación de leyes que permiten la inversión y propiedad del 100% del capital transnacional y la apropiación tanto territorial como todo el producto, con regalías ridículas (en México el 1%, en Chile el 10%) sin impuestos específicos a la actividad. Lo poco que pagan es una mínima suma de dinero por hectárea concesionada. Como contraparte del proceso de apropiación tenemos la “desposesión“ en el sentido físico, social y cultural de los dueños de la superficie en las áreas de concesiones que en general son pertenecientes a comunidades campesinas e indígenas.

5. Se trata de procesos industriales intensivos en capital, con tecnologías de alto riesgo por su potencial destructivo de los ecosistemas y la afectación grave de poblaciones humanas locales y regionales. Una vez que se retiran las compañías dejan cicatrices ambientales, sociales y económicas irreversibles con poca posibilidad de resiliencia a corto y mediano plazo. Para ilustrar con un ejemplo recientemente estudiado con la información de la propia minera de tamaño mediano (Caballo Blanco en el estado de Veracruz), se remueve desde la exploración -bajo la mirada impávida de la SEMARNAT,- la vegetación natural afectando así en la complejidad de los ecosistemas todavía vigentes. En la fase de explotación la empresa pretendería excavar a 400 metros de profundidad un tajo con un diámetro de 1000 por 400 metros, y transportar 119 millones de toneladas de material de las cuales 35 millones tendrían los minerales codiciados y el resto se depositan en las llamadas tepetateras. El oro presente tendría una ley promedio de 0.7gr. por tonelada. Para los procesos de lixiviación se utilizarían 3 mil metros cúbicos diarios de agua durante 10 años, 2 millones de litros de diesel mensuales durante siete años (no solo para combustible, sino como sustancia que intensifica las explosiones), 35 mil toneladas de explosivos, 6 a 7. 5 mil toneladas de cianuro de sodio, 300mil litros de ácido clorhídrico etcétera). De las cicatrices ambientales más visibles se encotraría un cráter de 40 hectáreas de diámetro con una profundidad variable hasta de 500 metros mismo que sería muy costoso para las mineras rellenar y controlar los posibles drenajes ácidos que se irían a los mantos freáticos por cientos de años. Las “tepetateras” y/o los “jales” en donde se deposita el material “inerte” ya sin minerales útiles, son igualmente parte de las cicatrices ambientales, que, cuando hay compuestos azufrados, generan por cientos de años drenajes ácidos y migración de arsénico y metales pesados, que van hacia las corrientes de agua, subsuelo, lagunas o mar. La compañía citada pretende obtener 600 000 onzas de oro comprobadas y 400 000 onzas potenciales, más la plata asociada, lo que les reportaría en los 7 años de vida de ese tajo, un ingreso de 1900 millones de dólares según el precio de mercado de la onza de oro a finales del 2012, con una inversión de 300 a 400 millones dólares. El volumen del oro recogido sería menos de un metros cúbico. Recapitulando: se reduce un cerro que contiene 119 millones de toneladas a un metro cúbico de oro.

6. El retorno del capital invertido es expedito. En total esta empresa pretende abrir seis tajos que tramposamente no explicita en su Manifiesto de impacto ambiental- R. del 2012. Se trata de una región de altos valores ambientales y diversidad biológica con cicadas que tienen más de 3000 años de edad (1000 más que el arbol del tule de Oaxaca) y bosques relictuales de encinos tropicales cuya adaptación al trópico data desde el pleistoceno. Esta vegetación que observamos insitu, convivió con los habitantes prehispanicos del lugar de los cuales tenemos tiestos arqueológicos de grupos olmecas y totonacos, por lo que de hacerse el desarrollo minero se destruye parte de nuestro patrimonio (bio) cultural. La gran biodiversidad que se encuentra en esta zona en menos de 8000 has es considerada por biologos como una reserva genética para la resiliencia en un estado que ya ha destruído en nombre del desarrollo el 95% de su cubierta de bosques y selvas.

7. Para legitimar un proceso industrial de alto riesgo, y para obtener los permisos de la Secretaría de Medio Ambiente las compañías y sus asesores incluyendo exsecretarios de medio ambiente, desarrollan el discurso de desarrollo sustentable. Su principal argumento legitimador es que generan empleos para la población local (en el caso arriba mencionado de los 300 empleos temporales directos, 150 serían trabajadores traídos de otro lado que operan grandes maquinarias y otras actividades especializadas) y, que son ambientalmente inocuos. Para realizar las obras de infraestructura se requieren temporalmente 1000 empleos mismos que como en otras obras masivas no son absorbidos a mediano y largo plazo por ningún proceso dinamizador de la economía.

8. Es indudable que los procesos industriales de esta envergadura, trastocan el medio ambiente, (destruyen la complejidad de los ecosistemas, contribuyen fuertemente al cambio climático y la degradación de la diversidad biológica). Utilizan masivamente el recurso agua del que tienen acceso prioritario frente al de consumo humano (la ley minera viola el precepto constitucional de acceso al agua como un derecho humano prioritario). Para los pueblos indígenas y comunidades campesinas significa el desplazamiento, despojo no solo de manera espacial de sus recursos naturales esenciales para la vida como es el agua, diversidad biológica y agro diversidad. También significa que ya no hay bienes comunes que administrar, relaciones sociales comunitarias que establecer, naturaleza que manejar, conocimientos milenarios que recrear, milpa que sembrar y recursos fito genéticos que domesticar, en resumen se trata de la muerte cultural generada en un choque frontal entre un proyecto industrial de la cultura de la muerte que desplaza el proyecto implícito regional indígena y campesino sobre un territorio determinado. Por ejemplo los valles centrales de Oaxaca en especial las laderas principalmente ubicadas en tierras de las comunidades zapotecas, ya están concesionadas, y si entraran en la fase de explotación las compañías mineras provocarían un desastre ambiental y humano en un territorio de alta densidad cultural - histórico – paisajístico.

9. Adicionalmente nuevos fenómenos industriales se asocian a la minería de esta envergadura. En nombre de la sustentabilidad hay compañías mineras que le disputan a la población local e indígena más territorios para construir hidroeléctricas que alimentarían a su sistema minero con electricidad “sustentable”. El interés minero sobre vastos territorios en México se encuentra principalmente en las sierras, en especial (no exclusivamente) en la gran cadena montañosa de la Sierra Madre Occidental. En general se encuentran en las cabezas de cuenca, o en laderas, dominantemente en zonas áridas, semiáridas o subhúmedas, con altos valores en biodiversidad y captación de la poca o mucha agua que van a conformar mantos acuíferos cuenca abajo.

10. Hay que aclarar que se trata de concesiones que abarcan todo tipo de minería y se dan en general a 50 años prorrogables. Entre los años 2000 - 2012 se concesionaron en los territorios indígenas alrededor de 2 173 141 has principalmente para la minería metálica como lo muestra la siguiente tabla de las 28 millones de hectáreas identificadas (Boege 2010 El Patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México. Hacia la conservación insitu de la biodiverisdad y agrodiversidad en los territorios indígenas, INAH, CDI, SEMARNAT. México) como el núcleo duro de los territorios indígenas. Es decir, en los últimos 100 años los indígenas habían perdido la jurisdicción del 17 % de su territorio tan sólo por concesiones mineras frecuentemente sin que las comunidades se hayan enterado. Según las cifras que analizamos en la tabla 2 más abajo la mayoría de las concesiones en territorios y no indígenas fueron otorgados por los dos últimos gobiernos panistas al amparo de una ley minera neoliberal de corte salinista. Hay que aclarar que la siguiente tabla jerarquiza solamente el mineral principal reportado por las empresas que generalmente es el oro. Frecuentemente, ocultan los minerales en asociación, algunos de muy alto interés industrial (tungsteno, cobre, molibdeno, etcétera).

Tabla 1. Número de concesiones otorgadas en territorios indígenas por los gobiernos panistas.

NUMERO DE CONCESIONES OTORGADAS EN TERRITORIOS INDIGENAS 2000-2012: METALES PRINCIPALES DE LA CONCESIÓN
Oro	2814
Plata	71
Cobre	25

Esta pequeña tabla es muy significativa ya que se trata de concesiones recientes, puesto que actualmente lo más redituable de la minería tóxica a cielo abierto, es el oro.

La totalidad de los 5712 polígonos concesionados en territorios indígenas 625 concesiones han sido canceladas por lo que hay que restarle 232 mil hectáreas a la cifra arriba mencionada. La mayoría de los territorios se encuentran en fase de investigación o exploración (o en búsqueda de inversionistas) mientras 106 833 has ya están en la fase de explotación.

11. Según la ley minera el gobierno tiene la obligación de informar a los propietarios de que pretende concesionar estas porciones de tierras, e indagar si hay interés local para “explotar” lo minerales y obtener ellos la concesión. En el caso de los indígenas la ley dice que en igualdad de condiciones de capacidad de explotación, léase capital y tecnología (con las transnacionales) “sería prioritario” el otorgamiento de la concesión a los indígenas. No hay un solo caso en que se cumple el precepto de la ley de informar previamente a los dueños de los terrenos a concesionar.

12. La mayoría de las concesiones están en la fase de exploración. Es en esta fase en donde las mineras se acercan (con especialistas en movilización social y resolución de conflictos a veces financiados por los “organismos de desarrollo” del gobierno de Canadá), a las autoridades municipales y estatales, reparten dádivas y promesas, como pintar una iglesia, construcción de locales para asamblea ejidal, construir caminos etcétera. Este proceso “de movilización social” es un eufemismo para que las empresas puedan auto declararse como comprometidas con la sociedad local y que se puedan certificar con la etiqueta de "empresas socialmente responsables". Es en esta fase donde los operadores de las mineras provocan las primeras divisiones en la población, ya que hábilmente contratan para trabajos como el acarreo de agua etcétera, a ciertos líderes locales incluyendo a las autoridades municipales. Esto significa que es en este momento que las mineras buscan la “licencia social” para entrar en las regiones y territorios campesino e indígenas. En este proceso es recurrente que compañías polarizan y descomponen el tejido social y enfrentan de múltiples maneras la sociedad y cultura local. En varias zonas de concesión minera se han observado asesinatos de líderes que luchan en contra de su instalación y o operación.

13. En el caso de los pueblos indígenas, las autoridades federales hacen caso omiso de los convenios internacionales y su manual respecto el consentimiento libre e informado (Convenio 169 OIT, Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y el Protocolo de la Suprema Corte de la Nación que envía a los juzgadores, respecto a los derechos de los pueblos indígenas) por parte de la población. Cabe mencionar que el169 de la OIT mandata que este consentimiento libre e informado, también incluye el derecho a decir no una intervención pública o privada en sus territorios si estos van contra los intereses y modo de vida de los pueblos. Si este proceso de consulta se atiene al manual que la OIT publicó para las consultas, no debiera ser la autoridad municipal o agraria o del estado en cuestión, quien organice este proceso. Más bien, una autoridad federal de “buena fe” -así dice el Convenio 169 de la OIT- tiene que informar y consultar a toda la población indígena informada sea propietaria de la tierra o no.

14. Es en la fase de la exploración en donde las empresas tienen que presentar su Manifestación de Impacto Ambiental Regional Federal, (MIA-R ) , de riesgo tipo 2 (cuando se usan de “manera controlada” , explosivos, sustancias como el cianuro de sodio por ejempo). En el momento que la empresa ingresa a la SEMARNAT la MIA , la sociedad tiene el derecho a solicitar la consulta pública del documento en 10 días hábiles siguientes y a discreción de la autoridad se puede efectuar una reunión pública informativa en donde la empresa informa a la población y los distintos sectores pueden opinar (como si los pueblos indígenas de las regiones más apartadas consultan cada jueves la internet para ver si alguien está ingresando una MIA en su región, y solicitar en los siguientes 10 días hábiles la consulta pública de un documento altamente especializado. En la reunión pública informativa la población tiene derecho de opinar y proponer mejoras al proyecto. Cabe decir que si la población rechaza el proyecto y no da su “licencia social”, su opinión no es vinculante para la autoridad ambiental para otorgar el permiso o no. Por ello, el proceso de consulta y reunión pública informativa no se puede considerar como LA CONSULTA PUBLICA según los preceptos del convenio 169 de la OIT.

Hay que recordar que los territorios indígenas se organizan principalmente alrededor de la propiedad ejidal y comunal y en menor grado a la privada. Una sola concesión (las empresas tienen varias en su propiedad) puede desbaratar un ejido o comunidad o bien acaparar las fuentes de agua o contaminarlas por ejemplo.

PUEBLO INDIGENA: (Nomenclatura del INEGI porque así aparecen en los censos. Véase en Boege 2008 las denominaciones reales de los pueblos indígenas)	TERRITORIOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS HECTÁREAS (Boege 2008)	EXTENSION DE LAS CONCESIONES MINERAS EN TERRITORIOS INDÍGENAS	% DE SU TERRITORIO
Chatino	223077	65667	29.4
Chichimeca Jonaz	4396	615	14.0
Chol	796544	1993	0.3
Chontal de Oaxaca	135933	5 222	3.8
Cochimi	7599	522	6.9
Cora	367047	121028	33.0
Cucapa	153688	62 214	40.5
Guarijio	83014	27 699	33.4
Huasteco (Tenek)	250611	2 805	1.1
Huave	106 879	6 237	5.8
Huichol	832 951	63 285	7.6
Kanjobal	29 918	59	0.2
Kikapoo	7040	4 598	65.3
Kiliwa	27557	23 479	85.2
Mame	35796	2 377	6.6
Maya	7 441968	69 912	0.9
Mayo	321124	33 174	10.3
Mazahua	125482	12 477	9.9
Mazateco	315254	727	0.2
Mixe	681045	7 845	1.2
Mixteco	1 702341	92 538	5.4
Náhuatl del Sur de Veracruz	96293	4759	4.9
Náhuatl GRO, Altiplano, EDOMEX, OAX	665574	45 617	6.9
Náhuatl SLP, SNP, NVER	948680	38 313	4.0
Náhuatl Zongolica - Pico de Orizaba	348988	3151	0.9
Náhuatl de Durango	36582	5578	15.2
Náhuatl de Michoacán	76218	39742	52.1
Otomi	489646	30748	6.3
Paipai	68326	66360	97.1
Pame	104479	3005	2.9
Pima	53767	27349	50.9
Popoluca	103446	39373	38.1
Quiché	32414	279	0.9
Seri	212222	5255	2.5
Tarahumara (Raramuri)	264891	634457	24.0
Tepehuán (Odam)	1182536	272536	23.0
Tlapaneco	294429	74055	25.2
Tzeltal	924774	459	0.0
Tzotzil	774323	7115	0.9
Yaqui	449320	9318	2.1
Zapoteco	1 775199	280272	15.8
Zoque	674455	19255	2.9

Mapa 1 concesiones mineras julio 2012

Conclusiones

Del análisis de las tablas 1 y 2 y los datos que se proporcionan sobre las concesiones mineras en territorios indigenas se desprenden varias conclusiones:

1. Las concesiones mineras vigentes que se han otorgado dentro de los territorios de los pueblos indígenas datan desde 1899 (esta fecha puede ser un error de dedo de la Secretaria de Economía). Detectamos en ellos 5712 polígonos, cada uno representa una concesión. De estos polígonos están vigentes un total de 5 087 con 1 940 892 hectáreas mientras que 650 han sido canceladas. Estas cifras nos dan un promedio de 17 % de afectación de los territorios indígenas.

2. Algunas las concesiones abarcan casi la totalidad de los territorios de los pueblos pequeños (kiliwas, kikapoo, cucapas, pimas, guarijios, los nahuas de Michoacán) . Esto es gravísimo porque se trata de la última estocada en contra de su sobrevivencia de estos pueblos indígenas. Hay que aclarar que aún los pueblos con una población importante indígenas, también son “expropiados” del control de su territorio.

3. Los territorios indígenas más golpeados en términos de la extensión de las concesiones son los rarámuris (tarahumaras), zapotecos (principalmente de los valles centrales de Oaxaca), chatinos, mixtecos, coras y tepehuanes. Juntos suman más de un millón de hectáreas en donde los indígenas pierden el control sobre sus territorios y representan la mitad de todas las concesiones en territorios indígenas.

4. Como vimos arriba las compañías mineras compran o rentan terrenos en donde directamente explotan y procesan el mineral; en caso que la población se negara a vender o rentar el estado, y según la ley minera anticonstitucional, tiene el “derecho” a solicitud de las compañías, de expropiar los terrenos en nombre del “interés público”.

5. Las concesiones mineras para la explotación del oro dominan sobre las que se refieren a la minería de otros metales o no metálicas. Las metálicas en especial son las que usan cianuro (de sodio) para lixiviar los metales utilizan procedimientos de alto riesgo tanto para la salud humana como para el medio ambiente. En la colonia se utilizaba principalmente el mercurio.

6. La Secretaría de Economía, no incluye en proceso de otorgamiento inicial la consulta si los duelos de los predios están interesados en explotar el mineral ni tampoco la consulta pública para el consentimiento libre e informado en los territorios de los pueblos indígenas según los convenios internacionales y el Protocolo sobre los derechos de los pueblos indígenas que la Suprema Corte de la Nación envia a los juzgadores.

7. Las compañías mineras están incursionando también en la “autoproducción sustentable” de energía eléctrica como lo muestran los proyectos de cuatro represas en la Sierra Norte de Puebla. De la información de las concesiones y de los proyectos de represas, podemos concluir los indígenas nahuas y totonacos perderían alrededor de 30 mil hectáreas o más de sus territorios , sin que medie ninguna consideración de que se trata de territorios indígenas base de su cultura y su proyecto de vida.

8. Lo más paradógico de estos procesos de destrucción en nuestros países , es que entre los minerales de mayor interés está el oro cuyos usos se utilizan en un 52% a la joyería , 16% de reservas de los estados, inversiones privada por las crisis monetarias 18%, 12 % de uso industrial, el resto no está contabilizado. (Sacher W.,L. Vittor y C. Infante. 2010 Cianuro la cara tóxica del oro. Observatorio de los Conflictos Mineros en America Latina, OCMAL. Quito)

9. Ante la sociedad las industrias quieren presentar una cara de sustentabilidad. Los gobiernos festejan las inversiones extranjeras como grandes logros del desarrollo del país siendo que esas inversiones no benefician ni a la economía, natuarleza o sociedad.

LA CATÁSTROFE DE BANGLADESH

Botón de muestra del capitalismo mundializado

ALEJANDRO TEITELBAUM

Jueves 30 de mayo de 2013

 

El derrumbe de un edificio de ocho pisos en Bangaldesh totalmente inseguro que albergaba varios talleres de confección de ropa donde trabajaban 3500 personas, provocó más de mil muertos. Unos días después un incendio en otro taller textil causó 8 muertes y en noviembre de 2012 otro incendio en un taller de confección de ropa, también en Bangladesh, causó 111 muertes. En los últimos años hubo en Bangladesh un total de 1700 muertos en accidentes similares. Cifra que hay que poner en el contexto de los dos millones de trabajadores que, según la OIT, mueren cada año a causa de enfermedades y accidentes relacionados con el trabajo en todo el mundo. Sin que esto último alarme especialmente a la opinión pública.
Pero cada vez que ocurre un desastre espectacular como el reciente en Bangladesh los medios se ocupan del tema durante algunos días, hay gente que protesta, las autoridades anuncian « medidas », algunas transnacionales beneficiarias emiten declaraciones condolientes y hasta dicen que van a firmar Acuerdos de seguridad.
Después, todo vuelve a la « normalidad ». Es decir, todo sigue igual que antes.
El acuerdo del 15 de mayo
La catástrofe que provocó más de mil muertos, su repercusión en la opinión pública mundial y el consiguiente riesgo de una caída de las ventas y de los beneficios, requería un urgente lavado de imagen por parte de las transnacionales del negocio textil.
Así es como se anunció con “bombos y platillos” (¡Lo logramos! titularon IndustriALL Global Union, la UNI y algunas organizaciones sindicales nacionales) el “Acuerdo sobre incendios y seguridad edilicia en Bangladesh” (AISEB) (Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh) entre IndustriALL Global Union y la UNI/1 por una parte y por la otra parte hasta el 15 de mayo habían asumido el compromiso de firmarlo 39 transnacionales entre las más importantes de la industria de la moda y de la distribución: Inditex, H&M, C&A, Carrefour, Primark/Penny, Tesco, PVH (Calvin Klein), Tchibo, Benetton, El Corte Inglés, Mango, Mark & Spencer, Next, Stockmann, N Brown Group, GStar, KIK, Aldi South, Aldi Noth, Helly Hansen, New Look, Mothercare, Loblaws, Sainsbury’s, JBC, WE Europe, Esprit, Rewe, Lidl, Hess Natur, Switcher , A&F y algunas más.
Según el Acuerdo las empresas se comprometen al establecimiento por cinco años de un programa de prevención y control de incendios y seguridad edilicia en los talleres de confección de Bangladesh, queserá formalizado dentro de los 45 días desde la firma del acuerdo y financiado por las empresas que lo suscriban. También se prevé la designación de un inspector de seguridad independiente, encargado de verificar el estado de las instalaciones de las fábricas. Será responsable de asegurar que una inspección inicial de todas las plantas tenga lugar en los primeros dos años desde la firma del acuerdo. En un máximo de seis semanas de detectado un problema, difundirá la información a la opinión pública, junto con los planes para resolverlo.
Mientras un problema es resuelto, aun si la producción se detiene, las fábricas deberán mantener los empleos y salarios de sus trabajadores; de no hacerlo, podrían perder sus contratos con las trasnacionales compradoras.
Del mismo modo, las partes en el Acuerdo se comprometerán a establecer mecanismos para la participación de los trabajadores y sus sindicatos en los procedimientos establecidos en el Acuerdo.
Cualquier controversia pasará primero por un esquema de resolución interna, luego por arbitraje y finalmente podría derivar en la Justicia.
Puede verse el texto completo del Acuerdo (en inglés) en el sitio de IndustriALL Global Union.
Walmart, GAP, Auchan, Nike, Ralph Laurens, Adidas y otras grandes empresas han optado por no asumir tal compromiso.
Walmart (que se destaca por la persecución a los activistas sindicales en sus propias empresas y hace todo lo posible para impedir la sindicalización de su personal) explicó, para justificar su repugnancia a asumir el menor compromiso, que en lugar de suscribir el Acuerdo AISEB, llevará adelante sus propias inspecciones de los 279 proveedores "autorizados" con los que trabaja en Bangladesh. Asegura que así obtendrá mejores resultados. También informó que cada trabajador será capacitado en prevención y acciones contra incendios. Walmart dice que no se sumó al acuerdo porque las medidas que adoptó por cuenta propia son más eficientes. Agrega que mientras los informes de AISEB podrán tardar hasta seis semanas en salir a la luz, los suyos serán publicados en internet en forma inmediata. AISEB podrá tomarse hasta 45 días en decidir qué medidas implementar, mientras Walmart afirma que ya ha comenzado a ejecutarlas.
En los hechos, el Acuerdo sólo compromete a las grandes transnacionales a participar con cifras irrisorias para ellos - 500.000 dólares anuales durante los 5 años de vigencia del Acuerdo- en la puesta en condiciones de seguridad para evitar incendios y derrumbes de los edificios donde funcionan los talleres de confección de ropa de sus proveedores.
Un breve análisis del acuerdo
1) El Acuerdo ni siquiera prevé la indemnización de las víctimas del derrumbe del 24 de abril en Rana Plaza. Que sepamos, sólo una empresa (Loblaws de Canadá) ha hablado de indemnizar a las víctimas.
En noviembre 2012 un incendio en un taller de confección (Tazreen Fashion) en Bangladesh causó 111 muertos. C&A anunció que iba a indemnizar a las víctimas: a los niños que perdieron un familiar en el incendio, 50 dólares por mes hasta que cumplan 18 años, al pariente sobreviviente 15 dólares por mes para la educación del niño y 1200 dólares a cada familia de los fallecidos en el incendio. Hasta ahora las víctimas no han percibido las modestas indemnizaciones prometidos por C&A.
Pero en el Acuerdo del 15 de mayo ni siquiera figura la promesa de una indemnización. El principio la responsabilidad solidaria de las empresas transnacionales con las empresas proveedoras se ha desconocido una vez más.
Hay que decir que este principio jurídico fundamental no tiene vigencia a nivel internacional porque las reiteradas propuestas, desde hace más de 20 años, de algunas ONGs ante los organismos pertinentes de las Naciones Unidas para que se adopte como norma obligatoria de derecho internacional jamás han sido atendidas.
2) Tampoco figura en el Acuerdo que las empresas compradoras se comprometen a mejorar los precios pagados a los proveedores, como un medio para aumentar los salarios de los trabajadores.
3) En el Acuerdo no se menciona en absoluto alguna forma de promover y/o garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores a constituir sindicatos, a ejercer libremente sus derechos y a la negociación colectiva.
Como es obvio, la mejora de las condiciones laborales en Bangladesh depende en primer lugar de la organización y la lucha de los trabajadores de dicho país. Pero los obstáculos (represión y leyes restrictivas) que se les oponen son considerables. “Cuando visité Bangladesh en febrero me percaté de que de 5.000 fábricas sólo en un par de docenas existe un sindicato local registrado y que funcione. Como resultado de la intimidación y de los problemas de registro, menos del 1 por ciento de la fuerza de trabajo está sindicada ». ( Jyrki Raina, Secretario general de Industriall Global en el sitio de dicho organismo, 19 de marzo de 2013).
Aminul Islam, organizador sindical de la Federación de Trabajadores de la Confección e Industrial de Bangladesh (BGIWF por sus siglas en inglés) y miembro del Centro de Solidaridad con los Trabajadores de Bangladesh (BCWS), fue encontrado muerto el 5 de abril de 2012. Fotos policiales de su cuerpo sugieren que Islam fue torturado antes de ser asesinado.(http://www.ethique-sur-etiquette.org/Aminul-Islam-assassine,120)
4) El acuerdo establece obligaciones sobre todo para los proveedores. Por ejemplo si el edificio no responde a las condiciones de seguridad y mientras se procede a las reparaciones necesarias el personal debe suspender su trabajo, el dueño del taller debe conservarles el puesto y pagarle los salarios. El Acuerdo no establece contribución alguna de las transnacionales para el cumplimiento de esta obligación, contrariamente a algunas interpretaciones falsas de dirigentes sindicales triunfalistas.
5) En cuanto a la obligatoriedad del Acuerdo y la posibilidad de exigir su cumplimiento ante un Tribunal con capacidad para imponer sus decisiones a las partes, es válido sólo para los proveedores (suppliers).
Dice el Acuerdo: Los acuerdos del protocolo son (i) para apoyar y motivar al empleador para encontrar soluciones en interés de los trabajadores y del sector y (ii) agilizar los procedimientos legales cuando el proveedor rechace adoptar las acciones requeridas por la legislación nacional.
Es falso sostener que el Acuerdo es obligatorio o vinculante, pues sólo prevé, en caso de conflicto entre las partes, la eventual formación de un tribunal arbitral, sin establecer con precisión la forma de constituirlo.
Dice el Acuerdo: 5. Solución de conflictos. Cualquier conflicto entre las partesque se de en los términos de este contrato será presentado y resuelto por el SC (Steering Comitee), que en un plazo de 21 días deberá decidir por mayoría a petición de culquiera de las partes. La decisión del SC puede ser recurrida para un proceso de arbitraje final vinculante. Todo laudo arbitral p podrá ser ejecutado por un tribunal del país del signatario contra quien se solicita la ejecución y estará sujeto a la Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (The New York Convention). El proceso de arbitraje vinculante incluye pero no está limitado a la asignación de los costos relacionados con el arbitraje y el proceso para la selección del árbitro, se regirá por la ley marco UNCITRAL sobre arbitraje comercial internacional de 1985 (con las enmiendas aprobadas en 2006).
El SC a que se refiere el precedente punto 5 del Acuerdo es elSteering Comitee (Comité Directivo) que, según el punto 4 del mismo, será elegido por los firmantes del Acuerdo y estará constitudo por tres representantes de las uniones sindicales firmantes (IndustriALL Global Union y UNI), tres representantes de las empresas firmantes (las sociedades transnacionales) y un representante (neutral, dice el Acuerdo) de la OIT, elegido por esta última.
La cerrada oposición de las sociedades transnacionales a celebrar convenios obligatorios relativos a los derechos humanos en general y laborales en particular ha sido pública y reiteradamente manifestada por éstas en distintas épocas y los organismos pertinentes de las Naciones Unidas se han inclinado ante este rechazo del poder económico transnacional. Esto ha quedado reflejado en el contenido de los Principios rectores para las empresas elaborados por John Ruggie (actualmente asesor de Barrick Gold) y aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2011. En setiembre de 2012 se presentó al Consejo de Derechos Humanos un Informe de la Secretaría General de la ONU referido a dichos Principios Rectores, en cuyo párrafo 11 se dice que de ellos “no se deriva ninguna nueva obligación jurídica”.
La única obligación -si se puede llamar así- estipulada en el Acuerdo del 15 de mayo para las empresas transnacionales - financiar los trabajos necesarios para la seguridad de los edificios con 500.000 dólares anuales durante cinco años- es pura ganancia para dichas empresas.
En efecto, por un lado, a un costo mínimo y en cómodas cuotas proceden a un lavado de su imagen ante la opinión pública, convenientemente difundido por sindicalistas complacientes con el poder económico transnacional, algunas ONGs y por los grandes medios de comunicación. Lavado de imagen preventivo de un eventual boicot de los consumidores. Y por otro lado, previniendo los accidentes, las empresas trasnacionales se aseguran la continuidad de la producción en los talleres y la supervivencia de la mano de obra más barata del mundo.
Las grandes empresas, en el cálculo costo-beneficio, han estimado en principio más ventajoso hacer una pequeña inversión en la seguridad de los edificios, que seguir mirando para otro lado cuando los edificios se derrumban o se incendian y mueren centenares de trabajadores.
En efecto, en enero de este año, 24 directores ejecutivos de transnacionales del comercio textil escribieron al primer ministro de Bangladesh, Sheikh Hasina, expresándole su preocupación por el porvenir del sector del vestido de Bangladesh si no se abordaba la cuestión de la seguridad contra incendios y las causas subyacentes. “Estos problemas pueden causar más daños al sector”, dijeron. (Así informa Jyrki Raina, Secretario General de Industriall Global en una nota publicada el 19 de marzo de 2013 en el sitio de dicha organización sindical).
A la exigencia de un control externo realmente independiente, las sociedades transnacionales siempre han respondido contratando auditorías de grandes consultoras transnacionales/2o aceptando seudocontroles de conocidas ONGs más o menos complacientes, cuya función oscila entre el control y el asesoramiento (de preferencia directa o indirectamente remunerado) de dichas sociedades. “La responsabilidad social de las empresas… se adapta bien al crecimiento de las alianzas público-privadas y a la creciente utilización de ONG como proveedoras de servicios en nuevas formas de filantropía”/3.
Por ejemplo en el marco de la campaña clean clothes (ropas limpias) un grupo de ONG elaboró e hizo público en febrero de 1998 un proyecto de Código de conducta muy completo para el comercio y la industria de la confección de artículos de sport (ropas y calzado). Ninguna empresa lo aceptó.
6) Por último, pese a que muchas veces la empresa local que recibe el pedido subcontrata su ejecución a talleres donde las condiciones de trabajo son todavía peores, el Acuerdo no incluye a dichos subcontratistas, pues cuando se refiere al alcance del Acuerdo, establece que el mismo cubre a todos los proveedores que producen para las empresas (transnacionales) signatarias del Acuerdo. Y los subcontratistas producen para la empresa local, no para la empresa transnacional que hace el pedido al proveedor. En el Acuerdo se puede leer: SCOPE: El acuerdo abarca a todos los proveedores que producen productos para las empresas firmantes.
Dicho de otro modo lo fundamental del Acuerdo del 15 de mayo responde a una preocupación y al interés expresados por las empresas transnacionales. Son ellos que deben exclamar ¡LO LOGRAMOS ! y no a las organizaciones sindicales y las ONGs defensoras (o supuestas defensoras) de los derechos laborales.
Un dirigente sindical de la región ha tenido la impudicia de declarar: “Mi principal preocupación es que los hombres y mujeres que acuden cada mañana a trabajar a las fábricas de la confección de Bangladesh vuelvan vivos por la noche a sus casas”.
Y agregamos nosotros: y en sus casas recuperen fuerzas comiendo un tazón de arroz y durmiendo para volver a la mañana siguiente al taller a continuar siendo superexplotados.
De todos modos, queda por verse si este Acuerdo, como se ha visto sumamente limitado, se pondrá en práctica una vez que el drama se olvide. Un partidario incondicional del Acuerdo, Isidor Boix, Director del Departamento de RSE/RSC de FITEQA-CCOO (Comisiones Obreras de España) Coordinador de IndustriALL para la aplicación del Acuerdo Marco con Inditex Bangladesh, en un artículo titulado En defensa de los derechos del trabajo. Primer gran Acuerdo Marco Mundial, escribe: « La puesta en práctica de este Acuerdo, insisto, no va a ser fácil »•.
En el caso de los talleres de confección de Bangladesh los intereses económicos en juego son enormes. Su producción representó el último año el 80% del total de las exportaciones del país por un monto de más de 20 mil millones de dólares (el segundo exportador de textiles del mundo después de China). Esto se traduce en un enorme beneficio para las trasnacionales de grandes marcas de ropa a la moda y gigantes mundiales de la venta al público que compran la producción a los talleres de confección de Bangladesh.
Por ejemplo, el Grupo Inditex (uno de los que se comprometió a firmar el Acuerdo del 15 de mayo) se presenta así:
Nuestro Grupo
Inditex es uno de los principales distribuidores de moda del mundo, con ocho formatos comerciales -Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka,Stradivarius, Oysho, Zara Home y Uterqüe - que cuentan con 6.009 establecimientos en 86 mercados.
El Grupo Inditex reúne a más de un centenar de sociedades vinculadas con las diferentes actividades que conforman el negocio del diseño, la fabricación y la distribución textil.
La singularidad de su modelo de gestión, basado en la innovación y la flexibilidad, y los logros alcanzados, han convertido a Inditex en uno de los mayores grupos de distribución de moda.
Nuestra forma de entender la moda -creatividad y diseño de calidad y una respuesta ágil a las demandas del mercado- han permitido una rápida expansión internacional y una excelente acogida social de la propuesta comercial de las distintas cadenas.
La primera tienda Zara abrió en 1975 en La Coruña (España), lugar en el que inició su actividad el Grupo y en el que se ubican los servicios centrales de la compañía. Sus tiendas, ubicadas siempre en emplazamientos privilegiados, están presentes en más de 400 ciudades en los cinco continentes. (verhttp://www.inditex.es/es/quienes_somos/nuestro_grupo/)
Dos mil trescientos millones de euros de beneficio neto en 2012, 22% más que en 2011. Quince por ciento de beneficio neto sobre la cifra total de negocios.
Beneficio equivalente al salario de casi tres años de todos los trabajadores de la industria de la confección de Bangladesh.
Estos enormes beneficios, como los de otros grupos similares, son el resultado de la superexplotación de millones de trabajadores de la industria textil en los países llamados periféricos, entre los cuales los de Bangladesh son los que están en peores condiciones en el mundo en materia de salarios y de seguridad en el trabajo.
En Bangladesh trabajan en dicho sector más de dos millones de personas (la gran mayoría mujeres jóvenes) por salarios que, por regla general, no superan los 30 a 40 dólares mensuales por un trabajo de 10 a 14 horas diarias seis días por semana,
Se estima que, en Bangladesh el salario mínimo vital para un trabajador sin familia debería ser de unos 80 dólares mensuales y de 160 para un trabajador con familia a cargo.
[Artículo 23, 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: « Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social ».
Articulo 3 del Convenio 131 de la OIT: Entre los elementos que deben tenerse en cuenta para determinar el nivel de los salarios mínimos deberían incluirse, en la medida en que sea posible y apropiado, de acuerdo con la práctica y las condiciones nacionales, los siguientes: (a) las necesidades de los trabajadores y de sus familias habida cuenta del nivel general de salarios en el país, del costo de vida, de las prestaciones de seguridad social y del nivel de vida relativo de otros grupos sociales;(b) los factores económicos, incluidos los requerimientos del desarrollo económico, los niveles de productividad y la conveniencia de alcanzar y mantener un alto nivel de empleo].
Las transnacionales pagan al proveedor por un tee shirt entre 1 y 2,80 dólares. Es decir un precio medio de 1,50 euros. (http://www.alibaba.com/product-tp/137230745/100_cotton_men_T_shirt.html
Y lo venden al consumidor final a unos 12 dólares (10 euros). El beneficio neto, por ejemplo en el caso de Inditex, una vez descontados todos los gastos (materia prima, mano de obra, transporte, publicidad, etc) es -como se ha indicado más arriba- del 15%. En el precio final al consumidor la incidencia del costo de la mano de obra de Bangladesh es aproximadamente del uno por ciento, es decir unos 12 centavos de dólar (10 centavos de euro) por prenda.
Un simple cálculo permite establecer que si, por ejemplo, Inditex consintiera en reducir su beneficio neto del 15 al 13 por ciento y esa reducción se empleara para aumentar el salario de los trabajadores, dicho salario se duplicaría.
Pero en la realidad ocurre lo contrario: las trasnacionales presionan por distintos medios a los proveedores para que bajen los precios y éstos, para tratar de mantener su margen de ganancias, mantienen los salarios extremadamente bajos y no gastan en el mantenimiento de los edificios donde funcionan los talleres.
Uno de los medios de presión de la empresa transnacional es el monopsonio (situación comercial en la que una empresa es el único comprador de uno o varios proveedores). El proveedor debe ceder a las exigencias del comprador bajo la amenaza de perder a su único cliente.
Por cierto que las empresas transnacionales de la gran distribución no sólo superexplotan a los trabajadores de los países más pobres sino que también explotan a los trabajadores de sus propios países: bajos salarios, horarios prolongados e irregulares e inestabilidad. Y para evitar reacciones espían y acosan a los militantes sindicales y no pocas veces impiden la formación de sindicatos. Son los casos de Walmart y de Carrefour, los dos más grandes supermercados mundiales.
El personal de las empresas de seguridad que contratan los supermercados suele ser feroz también con los clientes. A fines de diciembre de 2009 en el supermercado Carrefour del centro de Lyon cuatro agentes de seguridad (dos empleados directamente por Carrefour y dos de la empresa privada de seguridad Byblos) mataron a un joven que intentaba sustraer una lata de cerveza. Los abogados de Carrefour (uno de ellos miembro de la Federación Internacional de Derechos Humanos-FIDH), dieron una versión de los hechos destinada a eximir de responsabilidad a Carrefour, hablando de la « profesionalidad » de los agentes de seguridad y acusando a la víctima de encontrarse alcoholizado y de ofrecer una violenta resistencia. Versión ésta que, en la instrucción de la causa, se reveló totalmente falsa. (Véasehttp://www.liberation.fr/societe/0101611568-une-mort-en-direct-sur-la-videode-carrefour)
Lo que ocurre en Bangladesh es sólo una muestra -extrema- de lo que significa para la humanidad el capitalismo mundializado.
En los otros sectores industriales la situación es semejante. Nike, que es un “modelo” en esta materia, no tiene ninguna fábrica. Toda su producción es confiada a 736 unidades de subcontratistas en 56 países los que, en octubre de 2001 empleaban a más de medio millón de personas: 455.000 en Asia (de los cuales 176.000 en China y 100.000 en Indonesia) 35.000 en América Latina, 9.500 en África y 55.000 en el resto del mundo. Los 20.000 empleados que tiene Nike en Estados Unidos se ocupan de funciones financieras, de diseño y de "marketing". Los salarios oscilaban en 2002 entre 60 y 70 euros por mes en China y en Indonesia, para una jornada de diez horas diarias seis días por semana. Es decir un salario de unos 25 centavos de euro por hora/4. Y Nike no se hace responsable de la situación laboral existente en esos centros de producción/5.
Hay una especie de escala o “ranking” mundial de la explotación de los trabajadores. Entre los más explotados están los de Bangladesh y de otros países asiáticos, africanos y en las maquilas de América Latina y el Caribe. Y entre los -relativamente- menos explotados están los de algunos países europeos y de Estados Unidos. Con estas cinco variables, por lo menos, respecto de estos últimos países:
1) el grado de explotación varía según los sectores de producción;
2) la explotación es mayor cuando se trata de trabajadores extranjeros (en Alemania, por ejemplo, no existe el salario mínimo y los trabajadores extranjeros suelen tener un salario inferior a los trabajadores alemanes);
3) la explotación se intensifica con los trabajadores “en negro”;
4) es también mayor cuando las empresas subcontratan la realización de determinados trabajos: ejecución de obras contratadas (por ejemplo en la construcción de barcos), servicios de distinta naturaleza, entre ellos la limpieza en las centrales nucleares, donde los riesgos para la salud son muy elevados/6 y
5) la explotación parece menor porque el aumento del costo de la vida se modera en razón de que los trabajadores compran productos baratos (ropa y otros) provenientes de los países donde la explotación es máxima. Así, de alguna manera, los trabajadores de los países ricos e intermedios comparten indirectamente con las grandes empresas el resultado de la superexplotación de los trabajadores de los países más pobres. Lo que a veces los conduce a no reaccionar de manera más combativa frente al estancamiento o a la disminución de sus propios salarios reales.
Para tratar de evitar que la opinión pública tenga claro todo esto y saque las conclusiones pertinentes, en el caso particular de Bangladesh, como es habitual en situaciones similares, los grandes medios de comunicación/7, los sindicalistas complacientes con el gran capital, algunas ONGs que venden el cuento de la Responsabilidad Social Corporativa y “especialistas” en distintas materias confunden a la gente haciéndole creer que el Acuerdo ya ha sido firmado por las empresas (13 de mayo: Un vocero de Inditex dijo a la AFP que el acuerdo podría ser firmado formalmente más adelante, en una fecha a ser determinada por IndustriALL) y deforman la realidad del verdadero contenido del Acuerdo del 15 de mayo, atribuyéndole cláusulas sobre distintos temas inexistentes en el mismo. Como ser mejoras laborales, derechos sindicales, precios equitativos a pagar al proveedor, etc.
23/05/2013
http://www.argenpress.info/2013/05/...
Notas
1/ IndustriALL Global Union es una federación sindical internacional fundada en 2012 resultado de la fusión de la Federación de trabajadores de la industria metalúrgica, de la Federación internacional de productos químicos, de la energía y de las minas y de la Federación Internacional de la industria textil, del vestido y del cuero. UNI Global Union se presenta como « la voz de 20 millones de trabajadores del sector de servicios del mundo ».
2/ En años recientes se manifestó la tendencia a que fueran las grandes empresas consultoras las que hicieran la función de auditoría y control de las sociedades transnacionales, tanto en materia de gestión económica y financiera (lo que no es nuevo) como en materia de gestión social, laboral y medioambiental, lo que constituye una novedad. La auditoría y control de las grandes sociedades constituye un nuevo mercado (el “mercado del control”) que genera importantes beneficios para quienes realizan tales actividades, beneficios que aumentan rápidamente de un año a otro. “Se trata de un fenómeno que ha dado origen a una nueva industria de asesores y de agencias que brindan servicios a las empresas en materia de responsabilidad social” (Véase la nota 3).A mediados de 2002 los escándalos financieros involucraron a las grandes consultoras como Arthur Andersen, que se disgregó, a PriceWaterhouse Coopers y a otras, que quedaron en una posición delicada.
3/ Dwight W. Justice, Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, El concepto de responsabilidad social de las empresas: desafíos y oportunidades para los sindicatos, en: Oficina Internacional del Trabajo, La responsabilidad social de las empresas: mitos y realidades. Manuales de Educación Obrera 2003/1. Número 130, pág. 1.
4/ Les petits pas de Nike, en la revista Alternatives Internationales, Francia, julio-agosto 2002, págs. 60-61.
5/ En mayo de 2002 la Corte Suprema de California condenó a Nike por engañar a la opinión pública con una campaña publicitaria acerca de las condiciones de trabajo (que presenta como buenas) en sus empresas subcontratistas en el sudeste de Asia, incluso Vietnam. Sostiene la Corte que Nike no puede ampararse en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos (libertad de expresión) para realizar publicidad engañosa (diario New York Times, 4/5/02, página A4).
6/ Véase de Annie Thébaud-Mony, Rationalité instrumentale et santé au travail: le cas de l’industrie nucléaire, en La Gazette Nucléaire, Nº 175-176, junio 1999 y, de la misma autora, Travailleur peut nuire gravement à votre santé, Ed. La Découverte, Paris, 2007-2008.
7/ Los medios de comunicación “informaron” pocos días después de la catástrofe de Bangladesh que unos 300 talleres habían cesado sus actividades por “razones de seguridad”. Lo cierto es que cerraron a raíz de las protestas de los trabajadores y reabrieron tres días después.

Rusia advierte a Obama

La batalla global sobre el “apocalipsis de la abeja” se acerca

EU Times

Las impactantes actas relativas a la reunión, la semana pasada, del presidente Putin con el Secretario de Estado de los EEUU, John Kerry, revelan la “extrema indignación” de los dirigentes rusos con el régimen de protección continua del presidente Obama hacia los gigantes mundiales de la biogenética, Syngenta y Monsanto, frente a la inminente ”apocalipsis de las abejas” que, según el Kremlin, “con toda seguridad” puede conducir a una guerra mundial.
Según dichas actas, publicadas hoy en el Kremlin por el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Federación Rusa (MNRE), Putin estaba tan indignado por la negativa de Obama a discutir sobre este grave asunto, que durante 3 horas inclusorechazó reunirse con Kerry, quien había viajado a Moscú en misión diplomática, cediendo después a fin de no provocar una ruptura aún mayor entre ambas naciones.
En el centro de la disputa entre Rusia y los EEUU, según el informe del MNRE, se encuentra la “indiscutible evidencia” de que un tipo de insecticidas neuro-activos relacionados con la nicotina, y conocidos con el nombre de neonicotinoides, están destruyendo la población de abejas de nuestro planeta, y que, de no controlarse, podrían destruir nuestra capacidad mundial para cultivar suficientes alimentos para alimentar su población.
La situación se ha vuelto tan grave, informa el MNRE, que la Comisión Europea al completo votó, la semana pasada, una prohibición cautelar de 2 años (empezará el 1 de diciembre de 2013) para pesticidas “mata abejas”, siguiendo el ejemplo de Suiza, Francia, Italia, Rusia, Eslovenia o Ucrania, países que habían prohibido anteriormente la utilización en el continente de estos peligrosos organismos genéticamente alterados.
Dos de los más temidos neonicotinoides que ahora han sido prohibidos son el Actara y el Cruiser, fabricados por el gigante suizo de las semillas y pesticidas biotecnológicos, Syngenta AG, quien da empleo a más de 26.000 personas en cerca de 90 países y que ocupa el tercer puesto del ranquin mundial de ventas en el mercado comercial de semillas para la agricultura.
Es importante tener en cuenta, apunta el informe, que Syngenta, junto a otros gigantes de la biotecnología como Monsanto, Bayer, Down y DuPont, controlan actualmente cerca del 100% del mercado mundial de pesticidas, plantas y semillas genéticamente modificadas.
También es importante destacar en el caso de Syngenta, continúa el informe, que en 2012 fue acusada penalmente en Alemania por haber ocultado el hecho de que su maíz genéticamente modificado había matado ganado, y que se haya establecido una demanda colectiva por valor de 105 millones de dólares en EEUU después de descubrir que había contaminado los suministros de agua de cerca de 52 millones de estadounidenses en más de 2000 distritos con su herbicida Atracina, que puede provocar cambios en el género de los animales.
Cómo de asombrosamente espantosa está la situación, se puede ver, según el MNRE, en el informe realizado el pasado marzo porAmerican Bird Conservancy (ABC), desde el que se advierte del peligro en el que se encuentra el mundo y en el que podemos leer lo siguiente:
“Como parte de un estudio sobre los efectos del tipo de insecticidas más utilizado en el mundo, los neonicotinoides, la American Bird Conservancy (ABC) ha hecho un llamamiento a la prohibición de su uso como tratamiento de semillas, así como para la suspensión de todas las solicitudes a la espera de una revisión independiente de los efectos de dichos productos en las aves, invertebrados terrestres o acuáticos y el resto de animales salvajes”.
“Está claro que estos químicos tienen el potencial para afectar a toda la cadena alimentaria. La persistencia en el ambiente de los neonicotinoides, su propensión a los vertidos e infiltraciones en las aguas subterráneas, así como su acumulativo, y en gran medida irreversible, modo de actuar en los invertebrados plantea problemas ambientales significativos”, dijo Cynthia Palmer, coautora del informe y directora del Programa para Pesticidas del ABC, una de las organizaciones líderes en EEUU para la conservación de las aves.
El ABC encargó al mundialmente reconocido toxicólogo ambiental, Dr. Pierre Mineau, la dirección de la investigación. El informe de 100 páginas, “El impacto en las aves del insecticida más utilizado en el país”, revisa 200 estudios sobre los neonicotinoides, incluyendo la investigación de la industria obtenida a través de la Ley de libertad de información de los EEUU. El informe evalúa el riesgo toxicológico para las aves y los sistemas acuáticos e incluye comparaciones extensas con otros pesticidas anteriores que han sido sustituidos por los neonicotinoides. La evaluación concluye que los neonicotinoides son letales para las aves y para los sistemas acuáticos de los que dependen.
“Un solo grano de maíz recubierto de neonicotinoides puede matar un pájaro”, dijo Palmer. “Incluso un ínfimo grano de trigo o colza tratado con el más antiguo de los neonicotinoides – llamado imidacloprid – puede envenenar fatalmente a un ave. Tan solo una décima parte de una semilla de maíz recubierta de neonicotinoides al día durante la época de incubación puede afectar a la reproducción”.
El nuevo informe concluye que los niveles de contaminación de los neonicotinoides, tanto en las aguas superficiales como las aguas subterráneas, en los EEUU y en el mundo, están más allá del umbral conocido para matar invertebrados acuáticos.
Después de este informe condenatorio, la MRNE dice que un gran grupo de apicultores estadounidenses y medioambientalistas demandaron al régimen de Obama por el uso continuado de estos neonicotinoides indicando: “Vamos a llevar a la EPA (Environmental Protection Agency) ante los tribunales por su fracaso en la protección de las abejas de los pesticidas. A pesar de nuestro gran esfuerzo para alertar a la agencia sobre los problemas que plantean los neonicotinoides, la EPA continuó ignorando las claras señales de alerta de un sistema agrícola en dificultades”.
Y cómo de malo se ha vuelto el sistema agrícola mundial debido a estas plantas, pesticidas y semillas modificadas genéticamente, se puede ver, según el informe, en la propuesta de la EU de la semana pasada, seguida de la prohibición de los neonicotinoides, en la que se propone criminalizar prácticamente todas las semillas y las plantas no registradas en la UE, y en la que podemos leer lo siguiente:

“Europa se apresura a los buenos días de 1939, 40,… Una nueva ley propuesta por la Comisión Europea podría ilegalizar el cultivo, la reproducción o la comercialización de cualquier semilla vegetal que no haya sido probada, aprobada y aceptada por una nueva administración europea llamada “Agencia de Variedades Vegetales de la UE”.
La nueva Ley de Material Reproductivo de las plantas de la EU nace con la intención de que sean los Gobiernos los que se hagan cargo de prácticamente todas las plantas y semillas. Aquellos jardineros que cultiven sus propias plantas a partir de semillas no reguladas podrían ser considerados criminales según esta ley.

El informe de la MRNE señala que, a pesar de que esta acción de la UE pudiera parecer acaso draconiana, es, sin embargo, totalmente necesaria para purgar el continente de la continua contaminación de estas “monstruosidades de semillas” criadas genéticamente.
Lo más desconcertante de todo, dice el MRNE, y aquello que ha enfurecido a Putin, ha sido el esfuerzo del régimen de Obama porproteger los beneficios de los productores de pesticidas por encima del daño catastrófico al que se está exponiendo el medioambiente, y como detalla el servicio de noticias de The Guardian en un artículo del 2 de mayo, titulado “Los EEUU rechazan la alegación de la EU de los insecticidas como principal razón del colapso de colonias de abejas”, en el que se puede leer:
“La UE ha votado esta semana a favor de una prohibición de 2 años para un tipo de pesticidas, conocidos como neonicotinoides, que han sido asociados al “colapso de las abejas”. El gobierno de los EEUU informa, por el contrario, haber encontrado múltiples razones para el colapso de las colmenas”.
Para una razón “más verdadera” acerca de la protección de Obama de los gigantes de la biotecnología en nuestro mundo, el MNRE dice que puede leerse en este otro informe titulado “Cómo Barack Obama se convirtió en el hombre de Monsanto en Washington”, y en el que se llega a decir lo siguiente:

“Después de su victoria en las elecciones de 2008, Obama ocupó puestos clave con gente de Monsanto en aquellas agencias federales que ejercen una fuerza tremenda en temas de alimentación, la USDA y la FDA: en la USDA colocó a Roger Beachy, antiguo director del Monsanto Danforth Center, como director del Instituto Nacional de Alimentación y Agricultura; en la FDA, colocó al nuevo Zar de las cuestiones de seguridad alimentaria, el infame Michael Taylor, antiguo vicepresidente para políticas públicas de Monsanto, como comisionado adjunto. Taylor había sido fundamental a la hora de conseguir la aprobación de la hormona de crecimiento bovina de ingeniería genética de Monsanto”.

Y peor aún, después de que Rusia suspendiera la importación y uso del maíz modificado de Monsanto, tras la lectura de un estudio que sugería su relación con el cáncer de mama el pasado septiembre, el servicio de noticias de Russia Today informó sobre la respuesta de Obama:

“La Cámara de Representantes de los EEUU aprobó la semana pasada a última hora la incorporación en la Ley de asignaciones agrícolas de 2013 de una disposición que protege las semillas genéticamente modificadas de litigios frente a riesgos sanitarios.
La disposición, que se conoce oficialmente como la Farmer Assurance Provision, ha sido ridiculizada por los opositores del lobby biotecnológico como la “Monsanto Protection Act”, ya que despoja a los tribunales federales de la autoridad para detener de inmediato la siembra y venta de semillas genéticamente modificadas (OGM) al margen de la preocupación de los consumidores por su salud.
La disposición, también denunciada como “cláusula biotecnológica”, debería haber trascurrido por los comités de agricultura o judicatura para su revisión. En cambio,no se celebraron sesiones y el asunto era desconocido por la mayoría de los demócratas (quienes detentan la mayoría en el Senado)antes de su aprobación como parte del HR993, laley de financiamiento a corto plazo que se aprobó para evitar el derribo del gobierno federal”.

El 26 de marzo, Obama firmaba la Monsanto Protection Act, garantizando así que el pueblo estadounidense no pueda recurrir contra el gigante de la biotecnología cuando millones de ellos caigan enfermos, muchos de los cuales acabarán muriendo seguramente en la que el informe del MRNE llama la mayor apocalipsis agrícola en la historia de la humanidad, mientras el 90% de las abejas salvajes han muerto ya en EEUU y cerca del 80% de las domesticas también.
Traducido del inglés para iniciativadebate.org por Lamareenoire
Fuente (en inglés): http://www.eutimes.net/2013/05/russia-warns-obama-global-war-over-bee-apocalypse-coming-soon/

Gas de esquisto: el final

Hervé Kempf · · · · ·

26/05/13

¡Ah, los milagros prometidos por el gas de esquisto, “ese maná extraordinario bajo nuestros pies” del que alardeaba la patronal del Medef [Mouvement des Entreprises de France, la principal organización empresarial francesa], la promesa de una Norteamérica independiente para cien años! ¡Oh, castillos en el aire, antojos fantasmagóricos, sueños insensatos! Pero el sueño hueco de una energía inagotable se evapora como el metano, los hechos comienzan a disipar los discursos engañosos de quienes no quieren cambiar nada. El 8 de mayo se supo que dos compañías de gas, Talisman Energy y Marathon Oil, se retiraban de la exploración de gas de esquisto en Polonia. ¿Por qué? Porque no han encontrado bastante gas, que ha demostrado no ser tan fácil de extraer como en los Estados Unidos. De 43 pozos perforados hasta hoy en Polonia, sólo 12 han producido gas. Polonia, a quien se le habían prometido reservas inmensas de cinco trillones de metros cúbicos, reducidas enseguida a 800.000 millones, descubre la diferencia entre lo potencial, lo posible y lo factible. Pocas dudas hay de que otros países van a sufrir los mismos desengaños que Polonia, aunque estén dispuestos a hacer caso omiso de lo que implica la explotación del gas de esquisto: el atentado al paisaje, el consumo y la contaminación del agua, las emisiones de gas de efecto invernadero. E incluso en los EE. UU. la realidad parece menos de color de rosa de lo que habitualmente se presenta.  El secreto lo ha desvelado, justamente, un geólogo canadiense, David Hughes, en un importante estudio publicado por el Post Carbon Institute en febrero. El investigador ha analizado los datos históricos de producción de 65.000 pozos perforados en los EE. UU. Pone en evidencia un fenómeno conocido, pero hasta ahora no estudiado sistemáticamente: la producción de gas de esquisto no puede mantenerse a niveles elevados más que a condición de horadar sin cesar nuevos pozos. En efecto, el rendimiento de un pozo aislado disminuye muy rápidamente con el tiempo. Aunque el número de pozos horadados se mantenga en un nivel muy elevado (43.000 en los EE.UU. en 2012, según el Oil and Gas Journal), la producción global tiende a estabilizarse. La misma constatación es aplicable al petróleo de esquisto, que se desarrolla rápidamente en Dakota del Norte. De hecho, estima Hughes, va a producirse un pico del gas y del petróleo de esquisto en los Estados Unidos, es decir, que la producción va a estancarse antes de disminuir. Fecha prevista: 2017. Este fenómeno refleja una ley frecuentemente olvidada por el discurso dominante, la de rendimientos decrecientes. En energía, encuentra su aplicación en el concepto de “tasa de retorno energético” (TRE; en inglés, “energy returned on energy invested”). Así se traduce el hecho de que para obtener una cierta cantidad de energía hay que consumir energía. La relación entre estas dos cantidades es la tasa de retorno energético. Y la ley dominante de la época en que vivimos es que la TRE disminuye tendencialmente: hace falta gastar cada vez más energía para conseguirla. La era de la energía barata ha quedado atrás. ¿Lo entiende la patronal? Hervé Kempf, periodista científico del vespertino Le Monde, en el que escribe sobre cuestiones medioambientales, y fundador de Reporterre (www.reporterre.net), es autor de libros recientes de título y contenido tan expresivos como Comment les riches détruisent la planète [Cómo los ricos destruyen el planeta, Ediciones del Zorzal, Buenos Aires, 2008] y Pour sauver le planète, sortez du capitalisme [Para salvar el planeta, salid del capitalismo], de 2009. Traducción para www.sinpermiso.info: Lucas Antón Le Monde, 11 de mayo de 2013 Compartir

Llegamos a 400 ppm: es preciso yasunizar el mundo

Joan Martínez Alier · · · · ·

26/05/13

Esta semana hemos publicado en el proyecto EJOLT (www.ejolt.org) un informe de 200 páginas sobre las propuestas nacidas ya hace quince años de dejar en tierra el petróleo en ciertas zonas de Nigeria y de Ecuador que tanto han padecido localmente por la extracción de petróleo, la contaminación del suelo y del agua, la quema del gas. Los intentos de reparación con sonados juicios contra Chevron-Texaco y Shell han tenido algunos éxitos pero todavía esas compañías están pendientes de compensar de alguna manera los daños. Además, muchos de esos daños no tienen remedio ni compensación económica posible. En lo global, la quema de carbón, petróleo y gas continúa al mismo o mayor ritmo en el mundo. Cuando  Svante Arrehius, un químico sueco y Premio Nobel, publicó los primeros artículos sobre el cambio climático en 1896, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera era de 300 partes por millón. Ha llegado ahora a 400 ppm y está subiendo 2 ppm al año. Arrhenius anunció que al quemar carbón que estaba bajo tierra, los países industrializados estaban poniendo más y más dióxido de carbono en la atmósfera y que esto haría aumentar las temperaturas. El no podía saber que en el siglo XX la quema de carbón aumentaría siete veces mundialmente ni que al carbón se añadiría la quema de mucho más petróleo y gas natural. Además de los efectos de la deforestación. Lo que ocurre es que la nueva vegetación y los océanos no absorben todo el dióxido de carbono que produce la economía humana. Los combustibles fósiles son como fotosíntesis embotellada hace millones de años. Los  sacamos, los “descorchamos” y los quemamos con demasiada rapidez. El aumento del efecto invernadero  (así le llamó ya Arrhenius) será más y más rápido. Y además los océanos se están acidificando por el exceso de dióxido de carbono. Es pues razonable la propuesta de dejar bajo tierra una parte del petróleo, del carbón y del gas. Debemos disminuir a la mitad la velocidad de extracción de los combustibles fósiles. Esta propuesta viene de lugares donde la extracción de petróleo, carbón o gas está haciendo mucho daño. Por ejemplo, la Amazonía de Ecuador y de Perú o el Delta del Níger. Pero también hay desastres por la minería de carbón en Colombia, China y la India y por la extracción de las arenas bituminosas de Canadá. Hay un fuerte debate en Estados Unidos sobre el oleoducto Keystone XL. La organización 350.org (es decir, 350 ppm) es cada día más fuerte. En Ecuador, en la mitad del mundo, la organización Acción Ecológica propuso una moratoria a la exploración petrolera en la Amazonia ya en la década de 1990. Se alió con ERA de Nigeria para fundar Oilwatch, que hizo de la moratoria su plataforma principal. Más tarde, Acción Ecológica propuso en 2006 dejar en tierra 850 millones de barriles de petróleo de los pozos ITT (Ishpingo, Tiputini, Tambococha) sitos en el Parque Nacional Yasuní, en la frontera con Perú.  La propuesta fue aceptada por el entonces ministro de Energía y Minas, Alberto Acosta, y también la hizo suya a regañadientes el presidente Rafael Correa. Se añadió una cláusula. Ecuador se sacrificaba económicamente por bien propio y de la humanidad, dejaba de extraer petróleo que al quemarlo  produciría 410 millones de toneladas de dióxido de carbono, conservaba la incomparable biodiversidad local, respetaba los derechos indígenas. Pero pedía una contribución exterior equivalente aproximadamente a la mitad del dinero que dejaría de ganar, unos 3600 millones de dólares en total, que fueran llegando a lo largo de diez o doce años. Estas contribuciones serían depositadas en un Fideicomiso con administración conjunta del PNUD, constituido el 3 de agosto de 2010. La oferta está en pie, el dinero llega lentamente, el presidente Correa amenaza con un Plan B de extracción de petróleo en algunos de los pozos protegidos. Correa no es ecologista pero ha defendido en foros internacionales la propuesta Yasuní. Pero amenaza  ahora con correr los límites del Parque Nacional Yasuní en junio de 2013. La  idea de dejar el petróleo en tierra se ha difundido. En el Delta del Níger, algunos hablan de “ogonizar” más que de “yasunizar” porque los Ogoni después de 1995 y la muerte de Ken Saro-Wiwa y sus compañeros, consiguieron expulsar durante muchos años a la Shell. Dicen allí, leave oil in the soil. En otros lugares añaden: leave coal in the hole, leave gas under the grass, planteando propuestas similares a la de Ecuador. Tanto es así que Acción Ecológica escribió a la Real Academia de la Lengua Española para que ponga la palabra “yasunizar” en el diccionario. En el informe del proyecto EJOLT revisamos también otros casos. En Guatemala, se ha propuesto no extraer el petróleo de La Laguna del Tigre, un sitio Ramsar en el Petén (un humedal catalogado internacionalmente). En las islas de San Andrés y Providencia, de Colombia (cercanas a Nicaragua), se ha decidido oficialmente dejar el petróleo en el subsuelo haciendo caso de las protestas locales. En la distante Nueva Zelanda, quienes se oponen a la bestial extracción de lignito a cielo abierto, conocen la palabra “yasunizar”. Lo mismo sucede en Quebec, en Francia, en Bulgaria, en el País Vasco y otras regiones europeas, donde  se ha logrado de momento parar la extracción de gas de esquisto que puede perjudicar la capa freática, argumentando que si el petróleo del Yasuni ITT se queda en tierra, ¿por qué no puede seguirse la misma doctrina en esos otros lugares?  Hasta en las islas Lofoten en Noruega se propone dejar el petróleo y el gas bajo el fondo del mar.  Hay pues razones locales y razones globales (de cambio climático) para yasunizar el mundo. Joan Martínez Alier, amigo y colaborador de SinPermiso, es un investigador pionero en el campo de la economía ecológica. Autor de El ecologismo de los pobres: conflictos ambientales y lenguajes de valoración.Una versión resumida de este articulo fue publicado en el diario mexicano La Jornada www.sinpermiso.info, 26 de mayo de 2013 Compartir

“No comparto la locomotora minera del Presidente Santos”

El mandatario de los tolimenes, Luis Carlos Delgado Peñón, se pronunció luego del anuncio de Anglogold Ashanti sobre la construcción de un corredor de transporte para el material que se extraiga de La Colosa.

El gobernador del Tolima, Luis Carlos Delgado Peñón, manifestó que no comparte los decretos que expidió el presidente de la República, Juan Manuel Santos, con respecto al tema minero y que lo que siente es que cada vez hay más centralismo. 

El mandatario de los tolimenses se refrió de nuevo al proyecto La Colosa, a las intenciones de la empresa minera Anglogold Ashanti y al interés de la compañía en hacer un corredor de transporte para movilizar lo que se extraiga de Cajamarca hasta el punto donde quede ubicada la planta de metalurgia. 

“Mi posición ya es conocida por todos los sectores del Tolima, y es que estamos totalmente convencidos de que la megaminería en alta montaña y a cielo abierto deja problemas ambientales, que como tolimenses, no estamos dispuestos a soportar”, aseguró Delgado Peñón. 

Pero en esta oportunidad el Gobernador no solo se quedó con esa afirmación, sino que indicó que enviará un comunicado al Gobierno nacional mostrando su inconformismo. 

“Cada día sentimos más centralismo, porque el decreto 934 es un ejemplo de eso, porque no permite que las regiones se pronuncien y tomen decisiones para su presente y futuro”, afirmó el mandatario.

Por lo que manifestó que con respecto a ese tema, como mandatario no está de acuerdo con el Presidente de la República.

“Él (Santos) habló de una locomotora minera y lo que vemos es una que gestiona argumentos de guerra para el país. 

“Nosotros no entendemos cómo la población se pronuncia en contra de una actitud que va a lesionar los intereses ambientales de una región y no tengamos un apoyo del Gobierno nacional”, indicó. 

Delgado Peñón, también se refirió a la idea de reestructurar y fortalecer el Ministerio del Medio Ambiente, 'ponerle dientes', para que según él, tenga igualdad de condiciones con el Ministerio de Minería. 

“Y de esa manera, los ciudadanos de bien que amamos la naturaleza, tengamos la posibilidad de defender nuestros recursos naturales”, afirmó. 

Agregó que con respecto a los decretos expedidos y al estudio que plantea realizar la multinacional, hará próximamente un pronunciamiento mostrando su rechazo. 

Por último, dejó en claro que él siempre ha sido la persona que ha promovido la consulta popular para que los tolimenses se manifiesten sobre este proyecto. 

Publicada por

CLAUDIA RESTREPO REDACCIÓN EL NUEVO DÍA

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Jornada de educación popular: martes de formación ambiental

Justicia Chilena obliga a la Barrick a detener su proyecto ‘Pascua Lama’ por potenciales daños al medioambiente

La ministra de Medioambiente, María Ignacia Benítez, advirtió que "Barrick y el proyecto Pascua Lama, en particular, tendrá que tomar todas las medidas que sean necesarias para dar total cumplimiento a las condiciones que se establecieron en la Resolución de Calificación Ambiental".

La trasnacional Barrick Gold, la mayor productora de oro del mundo, anunció este miércoles, al hacer desde Toronto su reporte de resultados del primer trimestre de 2013, que "evalúa" la posibilidad de suspender de manera definitiva el proyecto Pascua Lama.

El proyecto contempla "reservas de casi 18 millones de onzas probadas y probables de oro, 676 millones de onzas de plata y una vida útil de 25 años. Se espera que, durante sus primeros cinco años en operación, produzca entre 800.000 y 850.000 onzas de oro, así como 35 millones de onzas de plata".

Las obras se emplazan en la zona cordillerana entre Chile y Argentina y, desde el 10 de abril, las faenas en el lado chileno se encuentran paralizadas por orden de la Corte de Apelaciones de Copiapó.

"Si la reanudación de las actividades de construcción en el lado chileno, incluyendo el pre-stripping, se retrasa más allá de fines de 2013 (...) podría haber un cambio significativo en el plan de minado, costos de capital y calendario de producción del proyecto", dijo la firma en un comunicado publicado en su sitio web.

En el documento añadió que "la compañía continuará evaluando todas las alternativas relacionadas con este proyecto, en línea con las incertidumbres asociadas con las acciones regulatorias y legales, así como con el actual ambiente en materia de precios para los commodities, lo que incluye la posibilidad de suspender el proyecto".

Consultada por esta declaración, la ministra de Medioambiente, María Ignacia Benítez, advirtió que "Barrick y el proyecto Pascua Lama, en particular, tendrá que tomar todas las medidas que sean necesarias para dar total cumplimiento a las condiciones que se establecieron en la Resolución de Calificación Ambiental"

"No puede operar si esas cosas (condiciones) no están cumplidas, así que, si para eso es necesario suspender, me parece que tienen que suspender", dijo Benítez, que también se refirió a la llegada del proyecto a la nueva Justicia Ambiental como la primera causa en ser tramitada.

"Efectivamente es la primera causa que llega al Tribunal Ambiental, y ellos son los encargados de resolver ese tema con absoluta independencia, porque son independientes del Poder Ejecutivo", planteó.

En un sentido similar se manifestó el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros: "Nosotros esperamos que estos tribunales nuevos se desempeñen tan bien como funcionan los demás tribunales nuestros, los tribunales ordinarios".

"Eso es lo que puedo decir; el juicio dePascua Lama es un proceso que está en desarrollo, de tal manera que, como presidente de la Corte Suprema, ninguna opinión puedo dar. Sí que tenemos confianza en que estos tribunales van a cumplir debidamente sus funciones", indicó Ballesteros.

Causa "emblemática"

Para el abogado de las comunidades diaguitas que impugnan el proyecto, Lorenzo Soto, "es emblemático e interesante que ésta sea la primera causa de la Nueva Justicia Ambiental".

Sin embargo, "no deja de llamar la atención que sea una causa iniciada por la empresa en contra de la decisión que adopta una autoridad fiscalizadora en materia ambiental, que es la Superintendencia".

"Lo que nosotros hemos hecho es actuar ante este tribunal para resguardar el interés de las comunidades indígenas e impedir, de este modo, que la empresa obtenga, a satisfacción de ella, una absolución de las sanciones", explicó el jurista.

Fuente: http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?boletim=1&lang=ES&cod=74947 

Campesinos del mundo, uníos

Esther Vivas

Público.es

Año tras año la población campesina en el mundo ha ido disminuyendo. El éxodo rural se ha convertido en una realidad palpable en el transcurso del siglo XX. Lo que ha desembocado en un cambio radical del paisaje y de la agricultura campesina y tradicional. En el año 2007, y por primera vez en la historia de la humanidad, la mayor parte de la población mundial vivía ya en ciudades.

El Estado español no ha sido una excepción. Y la agricultura ha pasado de ser una de las principales actividades económicas a una práctica casi residual. Si en los años 70 aún el 25% de la población activa trabajaba en el sector agrícola, hoy esta cifra se ha reducido hasta el 4%, y ha significado una pérdida de más de dos millones y medio de empleos. Las explotaciones agrarias siguen desapareciendo a gran velocidad. Entre los años 1999 y 2009, disminuyeron en un 23%, según el Censo Agrario del INE 2009 . Pronto tendremos que colgar en nuestros campos el cartel de “Cerrado por defunción”.

La renta agraria, también, continua en caída libre. Y en el 2012 retrocedió a niveles de veinte años atrás, según el sindicato agrario COAG, con el consiguiente empobrecimiento del campesinado. Pobreza y mundo rural van de la mano. En Europa, una tercera parte de los pobres se concentran en el ámbito rural. Y la pobreza afecta, en particular, a las mujeres. El envejecimiento de la población, la falta de oportunidades para los jóvenes, la emigración, los bajos ingresos en la agricultura, las malas infraestructuras son síntomas claros de la pobreza en el campo, como señala el informe Poverty and Social Exclusion in Rural Areas[Pobreza y Exclusión Social en las Áreas Rurales] de la Unión Europea en 2008.

Los campesinos desparecen pero nuestras necesidades alimentarias siguen allí. Entonces, ¿quiénes nos dan de comer? ¿quiénes producen y distribuyen la comida? Unas pocas empresas de la agroindustria y de la distribución son las que controlan actualmente toda la cadena alimentaria, de origen a fin. Multinacionales que buscan hacer dinero, y mucho, con los alimentos. Dupont, Syngenta, Monsanto, Kraft, Nestlé, Procter&Gamble, Carrefour, Alcampo, El Corte Inglés, Mercadona son sólo algunas. Y así nos va.

Estos días se celebra la Semana de Lucha Campesina para exigir otras políticas agrícolas y alimentarias. Un tema clave: la lucha contra los transgénicos. El Estado español es la puerta de entrada de los OGM (Organismos Genéticamente Modificados) en Europa, su paraíso. Variedades prohibidas en otros países, como Francia, Grecia, Austria, Alemania…, aquí se conrean. Y otro frente de batalla: la soberanía alimentaria, que consiste en devolver la capacidad de decidir sobre aquello que se produce y se come a campesinos y consumidores. Ser soberanos, poder decidir. Palabras proscritas en los tiempos que corren.

La Vía Campesina, el movimiento internacional más importante de agricultores del Norte y del Sur, los más golpeados por el avance de la globalización neoliberal, sin tierra, pequeños productores, mujeres campesinas…, lo llevan reivindicando desde mediados de los años 90. Su leitmotiv: Campesinos del mundo, uníos. Necesitamos de ellos.

Fuente:http://www.rebelion.org/noticia.php?id=167010&titular=campesinos-del-mundo-un%EDos-