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«Los pobres organizados en movimientos desarticularon las viejas
gobernabilidades», sostiene el autor, que considera que los actuales
gobiernos progresistas de la región serían incomprensibles sin aquel ciclo de
luchas. Observa y presenta multitud de datos del repunte de un nuevo ciclo,
centrado en la minería, los monocultivos y la especulación urbana que cree
profundizará los cambios iniciados hace más de una década.
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Cada vez que los sectores populares lanzaron desafíos profundos a las
clases dominantes, consiguieron modificar el escenario político, tanto a escala
regional como en cada uno de los países integran la región. En la década de los
sesenta y parte de los setenta, fueron demandas obreras, campesinas y
estudiantiles por derechos democráticos que se defendieron con tanta intensidad
que hicieron tambalear las estructuras de poder y se saldaron, en general, con
la instalación de regímenes autoritarios alineados con Estados Unidos.
Movimientos campesinos en Brasil,
Paraguay, Perú y Bolivia; levantamientos obreros en Argentina (los célebres
Cordobazo y Rosariazo), mineros en Bolivia y de todos los sectores populares en
Chile, cuya potencia puede expresarse en un solo dato: en 1970 cerca de la
mitad de la ciudad de Santiago estaba «tomada» por pobladores que
autoconstruían barrios, viviendas y servicios. Algo similar sucedía en otras
capitales, conformando un amplio desborde popular desde abajo que sólo pudo ser
contenido con represión y muerte.
Dos décadas después, cuando el modelo
neoliberal hizo estragos entre los sectores populares y las capas medias,
comenzó un nuevo ciclo que volvió a modificar el escenario político de la
región, pero en sentido inverso, desgastando a los partidos tradicionales y
facilitando así el acceso a los gobiernos de fuerzas progresistas y de
izquierda. El punto de partida de este ciclo de protestas suele considerarse el
Caracazo de febrero de 1989, el levantamiento masivo y macizo de la población
de Caracas contra un paquete de alzas de precios decretado por el socialdemócrata
Carlos Andrés Pérez (amigo personal de Felipe González).
El gobierno lanzó a los militares contra
la población. Según las diversas fuentes masacraron entre 400 y tres mil
personas, sobre todo en los cerros, los barrios más pobres de la capital. Fue
el comienzo del fin del bipartidismo venezolano que despejó el camino al
triunfo electoral de Hugo Chávez en 1998. Luego suceden una decena de
insurrecciones populares en Ecuador (donde cayeron tres presidentes), en
Bolivia (dos «guerras» por el gas y una por el agua), en Argentina, Perú y
Paraguay, además de importantes movilizaciones en Brasil, Chile y Uruguay. Este
impresionante ciclo popular puso a la defensiva tanto a las derechas como a las
burguesías aliadas de Washington y modificó el escenario político por lo menos
durante una década.
Los actuales gobiernos progresistas de la
región serían incomprensibles sin este ciclo de luchas que desbordó las
instituciones existentes, tanto las estatales como las políticas. Los partidos
que gobiernan Bolivia, Venezuela y Ecuador, por ejemplo, no existían antes que
los pobres organizados en movimientos desarticularan las viejas
gobernabilidades. A diferencia del ciclo de los sesenta, donde se registró un
fuerte protagonismo de las guerrillas y los partidos comunistas, en el de los
noventa los movimientos fueron capaces de auto-organizarse en base a sus
comunidades territoriales en campos y ciudades. Mientras el primer ciclo fue
protagonizado por obreros, campesinos y estudiantes, en el segundo jugaron un
papel destacado los indígenas y los pobres urbanos y rurales, los llamados
«margi-nales» por la sociología y parte de las izquierdas.
Ante nuestros ojos está despuntando, al
parecer, un nuevo ciclo de protestas y movilizaciones. La resistencia está
centrada en la minería y los monocultivos, en particular la soja, así como en
la especulación urbana, o sea en los diversos modos que asume el extractivismo.
Según el Observatorio de Conflictos Mineros en la región hay 197 conflictos
activos por la minería que afectan a 296 comunidades. Perú y Chile, con 34 conflictos
cada uno, seguidos de Brasil, México y Argentina, son los países más afectados.
La resistencia es particularmente potente
en Perú, donde el 25% del territorio fue concesionado a multinacionales
mineras. La conflictividad hizo caer dos gabinetes del gobierno de Ollanta
Humala, llevó a la militarización de varias provincias y provocó la muerte 195
activistas entre 2006 y 2011. El proyecto Conga de minería aurífera en el
norteño departamento de Cajamarca, sigue paralizado por la contumaz resistencia
de miles de comuneros que acampan en las lagunas para impedir su contaminación.
La cordillera andina registra importante
actividad anti-minera en Chile y Argentina. La canadiense Barrick Gold, la
principal productora de oro del mundo, se vio forzada a suspender su proyecto
Pascua Lama en la frontera entre Chile y Argentina, por la presión social que
forzó decisiones judiciales adversas. La minería no sólo contamina sino que
fuerza la construcción de mega-represas hidroeléctricas para sostener el
elevado consumo de energía que requieren.
La resistencia a la soja, el principal
cultivo transgénico en la región, se está haciendo sentir con fuerza en
Argentina. Primero fueron las Madres de Ituzaingó que ganaron un juicio contra
productores y fumigadores que provocaron muertes y enfermedades en la localidad
de seis mil habitantes del sur de Córdoba, rodeada de campos de soja. Un
pequeño grupo de madres descubrieron que los índices de cáncer son 41 veces
superiores al promedio nacional, porque el agua que consumen está contaminada
con plaguicidas por las fumigaciones aéreas. El 80% de los niños de Ituzaingó
tienen agroquímicos en la sangre y el 33% de las muertes son por tumores.
Estos días Monsanto debió paralizar la
construcción de una enorme planta cerca de Córdoba, donde pretende instalar 240
silos de semillas de maíz transgénico con el objetivo de llegar a 3,5 millones
de hectáreas sembradas. Decenas de militantes acampan frente a las entradas de
la planta en construcción y durante un mes impidieron el ingreso de camiones
con amplio apoyo de la población. La cuestión ambiental está instalada en toda
la región, pero lo novedoso es que ya no sólo se denuncia sino que se empiezan
a conseguir victorias.
En Chile los estudiantes y los mapuche han
conseguido un amplio apoyo a sus demandas. En Colombia se registró, entre
agosto y setiembre, la mayor movilización campesina en décadas contra las
consecuencias del TLC con Estados Unidos. El paro agrario nacional movilizó a
miles de productores de alimentos que atraviesan una profunda crisis que los
está forzando a abandonar tierras y cultivos. Sus movilizaciones confluyeron
con los camioneros, los pequeños y medianos mineros y con una parte de la
población urbana insatisfecha, como los trabajadores de la salud y la educación.
Finalmente, en junio estallaron las
ciudades brasileñas. Luego de un intenso mes donde millones de manifestantes
ocuparon las calles en 140 ciudades y consiguieron revertir los aumentos del
precio del transporte en más de cien ciudades, una nueva juventud sigue en las
calles demandando el derecho a la ciudad y la democratización de la vida
urbana, lo que pasa por acotar la especulación y las grandes obras que demandan
eventos como el Mundial de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016 en Rio de
Janeiro.
Aún es pronto para saber si este ciclo
incipiente se consolidará. Menos aún para detectar los rumbos que irá tomando.
Lo cierto es que apunta contra las facetas más depredadoras del modelo
extractivo, tanto en las áreas rurales como en las urbanas, y parece destinado
a profundizar los cambios iniciados hace más de una década.
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