jueves, 7 de noviembre de 2013

Cambio climático y desplazados ambientales

FUHEM Ecosocial


A finales de 2010 informaba el New York Times que, tras cuatro años consecutivos de sequía, la más grave de los últimos 40 años, el corazón agrícola de Siria y las zonas vecinas de Irak se enfrentaban a una situación muy grave: «[l]os antiguos sistemas de riego se han desmoronado, las fuentes de aguas subterráneas se han secado y cientos de aldeas han sido abandonadas a medida que las tierras de labor se convertían en superficies desérticas cuarteadas y morían los animales. Las tormentas de arena son cada vez más habituales y alrededor de los pueblos y ciudades más grandes de Siria e Irak se han levantado inmensas ciudades de tiendas, en las que viven los agricultores arruinados y sus familias». [2]
La principal zona afectada por la falta de lluvias es el nordeste de Siria, que produce el 75% de la cosecha total de trigo. El Informe de evaluación global sobre la reducción del riesgo de desastres del año 2011publicado por las Naciones Unidas, señala que cerca del 75% de los hogares que dependen de la agricultura en el nordeste del país ha sufrido pérdidas totales de sus cosechas desde que comenzó la sequía. El sector agrícola de Siria representaba el 40% del empleo total y el 25% del producto interior bruto del país antes de la sequía. Entre dos y tres millones de personas se han visto condenadas a una pobreza extrema ante la falta de ingresos de sus cultivos y han tenido que vender su ganado a un precio un 60 ó 70% inferior a su coste. La cabaña ganadera de Siria ha quedado diezmada, pasando de 21 millones a entre 14 y 16 millones de cabezas de ganado. Esta calamidad ha sido provocada por una serie de factores, que incluyen el cambio climático, la sobreexplotación de las aguas subterráneas debida a las subvenciones para cultivos que consumen grandes cantidades de agua (algodón y trigo), unos sistemas de riego ineficientes y el sobrepastoreo. [3]
La sequía ha provocado el éxodo de cientos de miles de personas de las zonas rurales hacia núcleos urbanos. Las ciudades de Siria padecían ya tensiones económicas, debidas en parte a la llegada de refugiados de Irak tras la invasión de 2003. Un creciente número de personas indigentes se encuentra ahora en situación de intensa competencia por unos recursos y unos puestos de trabajo escasos. Francesco Femia y Caitlin Werrell, del Center for Climate and Security, escriben que «las comunidades rurales desafectas han desempeñado un destacado papel en el movimiento sirio de oposición, en comparación con otros países de la primavera árabe. El pueblo agrícola rural de Dara’a, afectado con especial dureza por cinco años de sequía y de escasez hídrica, sin apenas apoyo del régimen de al-Assad, fue efectivamente el germen de las protestas del movimiento de oposición en sus primeros tiempos [en 2011]». [4]
La experiencia de Siria sugiere que las tensiones ambientales y de recursos, incluido el cambio climático, podrían convertirse en una importante causa de desplazamientos. Aunque el profundo descontento popular tras décadas de gobierno represivo constituye indudablemente uno de los motivos de la guerra civil de Siria, las tensiones generadas por las alteraciones climáticas han añadido leña al fuego. Y esta es precisamente la cuestión importante: las repercusiones de la degradación ambiental no suceden en el vacío, sino que interactúan con toda una serie de tensiones y problemas sociales preexistentes en un auténtico hervidero.
Impactos climáticos
A pesar de la intención declarada por los gobiernos de limitar el incremento del calentamiento global a 2ºcentígrados, siguen sin adoptar políticas para lograr este objetivo. Un nuevo informe del Potsdam Institute for Climate Impact Research and Climate Analytics advierte que en muchas regiones las consecuencias serán de dimensiones cataclísmicas, con olas de calor, inundaciones en ciudades costeras, agravamiento de la escasez de agua, crecientes riesgos para la producción de alimentos, mayor intensidad de los huracanes tropicales y una pérdida irreversible de biodiversidad sin precedentes. [5]
A medida que las repercusiones de la desestabilización climática empiecen a dejarse sentir en todo el mundo, un interrogante clave es cómo se traducirán los cambios físicos en cambios sociales y económicos, que a su vez pueden obligar a la gente a abandonar sus hogares, bien sea temporalmente o para siempre. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático advertía ya en 1990 que «el mayor impacto individual del cambio climático podrían ser las migraciones humanas», lo que significa millones de personas desplazadas por la erosión litoral, la inundación costera y las graves sequías. Pero las dinámicas e interacciones concretas variarán, sin duda, de unas regiones a otras, con consecuencias más graves en unas zonas y mayor resiliencia y adaptabilidad en otras, además de respuestas políticas divergentes. [6]
Un clima y un estrés hídrico más extremos y la pérdida de tierras pueden minar la habitabilidad, seguridad alimentaria y viabilidad económica de un territorio. Es posible que algunas comunidades, regiones o países afectados sean capaces de hacer frente a las tensiones mediante cultivos resistentes a la sequía, una diversificación económica y otras medidas de adaptación. Pero también es posible que la gente sienta la necesidad de emigrar, como estrategia para hacer frente al problema o como fruto de la desesperación.
Clima extremo y habitabilidad. El ritmo al que acontecen los desastres se acelerará probablemente en un mundo más cálido, aunque se desconoce todavía su frecuencia e intensidad exacta. La revista Scientific American publicaba en un artículo de 2011 que la frecuencia de los desastres naturales ha aumentado ya un 42% desde la década de los años ochenta, y que la proporción de estos episodios relacionados con el clima ha aumentado del 50 al 82%. [7]
Los fenómenos que se desatan con rapidez, como las inundaciones y los huracanes, afectan a la población de forma distinta que los procesos más graduales como la sequía, la desertificación y la subida del nivel del mar. La intensidad y la frecuencia de los desastres pueden tener también repercusiones diferentes. Los movimientos poblacionales en respuesta a los desastres pueden variar enormemente en su duración, características y destino.
Se considera que los desastres meteorológicos extremos provocan normalmente desplazamientos temporales y a corta distancia, tras los cuales las comunidades afectadas regresan para reconstruir sus hogares una vez que ha remitido el huracán o las inundaciones. [8] Sin embargo, experiencias como las ocurridas tras el huracán Katrina en Estados Unidos sugieren que en algunos casos los desplazamientos pueden ser permanentes. La población de Nueva Orleáns descendió entre 2005 y 2010 un 24,5%, más de 120.000 personas. [9]
Estrés hídrico y seguridad alimentaria.   Unos patrones de precipitaciones cambiantes, unas lluvias más irregulares y unas sequías más graves debidas al calentamiento global se traducen en fluctuaciones de la disponibilidad de agua, con impactos potencialmente muy graves para la agricultura.
Hace más de una década los científicos advirtieron que los procesos de desertificación están poniendo en riesgo de expulsión de las tierras que habitan a una población estimada en 135 millones de personas en todo el mundo. [10] El creciente estrés hídrico en algunas zonas se agravará también por los efectos de la intrusión salina en zonas costeras debido a la subida del nivel del mar, la fusión de los glaciares en regiones como el Himalaya y los Andes y la alteración de los ciclos monzónicos. La escasez de agua podría afectar para 2020 a una población de entre 75 a 250 millones de personas en África y para 2050 a más de 1.000 millones de personas en Asia. [11]
En 2012, la sequía devastó los cultivos en todo el mundo, incluyendo a productores importantes como Estados Unidos, Argentina, Brasil, Australia, la India y Rusia. [12] La Organización Meteorológica Mundial afirmaba en agosto 2012 que «se prevé que el cambio climático aumente la frecuencia, la intensidad y la duración de las sequías, con impactos en muchos sectores, en particular la alimentación, el agua y la energía». [13] En un mundo donde la temperatura media haya subido 4º centígrados, se estima que los rendimientos de los alimentos básicos caerán masivamente en gran parte del África subsahariana, y que más de la tercera parte de las tierras de cultivo actuales del este y del sur africano se volverán probablemente inadecuadas para el cultivo. [14]
Unos rendimientos más bajos, una temporada de cultivo más corta o la pérdida total de las cosechas amenazan la seguridad alimentaria de muchos millones de personas y ponen en peligro los ingresos agrícolas de los hogares en las zonas rurales.
Las repercusiones del cambio climático se reflejarán en unos precios alimentarios al alza, tanto con subidas repentinas como con incrementos más graduales y a largo plazo. Durante la pasada década los precios han subido ya de forma constante, registrando dos subidas súbitas muy acusadas (véase gráfico 1). Un estudio reciente del New England Complex Systems Institute sostiene que los precios de los alimentos constituyen un factor clave detonante de agitación social. La vulnerabilidad de las poblaciones a las tendencias mundiales de los precios de los alimentos ha aumentado debido a la dependencia de muchos países pobres del sistema alimentario mundial y a la capacidad limitada de la oferta local para amortiguar sus impactos. En la medida en que los gobiernos son incapaces de garantizar la seguridad alimentaria de la población, se resiente su legitimidad y las protestas subsiguientes podrían convertirse en vehículo para expresar el descontento de toda una serie de otros problemas. Cuando en 2008 se dispararon por primera vez los precios se produjeron más de 60 revueltas alimentarias en 30 países diferentes. El vertiginoso aumento de precios a finales de 2010 y principios de 2011 coincidió nuevamente con el estallido de revueltas alimentarias, incluidas las de los países de la primavera árabe. Independientemente de las subidas repentinas de precios, su constante tendencia al alza durante la pasada década puede ser un indicador de más agitaciones e inestabilidad futuras.
Subida del nivel del mar y pérdida de tierras. Pequeños estados isleños como las Maldivas en el océano Índico y Tuvalu en el Pacífico podrían quedar sumergidos completamente a medida que suben las aguas marinas. Y más de 600 millones de personas en todo el mundo viven en deltas fluviales y otras zonas bajas costeras. [15] El Gobierno de Bangladesh advierte de que más de 20 millones de sus habitantes podrían verse obligados a trasladarse debido a una combinación de la subida del nivel del mar y creciente número de ciclones y de marejadas ciclónicas. [16] Los modelos sugieren que 40 millones de personas podrían verse desplazadas en la India por una subida de 1 metro del nivel del mar. Una subida similar podría desplazar eventualmente a más de 7 millones de habitantes en el delta del Mekong de Vietnam, y un ascenso de las aguas de 2 metros podría duplicar esta cifra y afectar a la mitad de la población de este delta. [17]








La subida del nivel del mar tendrá posiblemente unas repercusiones más graduales que los fenómenos meteorológicos extremos, pero su impacto es irreversible. Las aguas de una inundación se retiran con el tiempo, pero en un mundo que se está calentando el mar no vuelve a niveles más bajos. Los desplazamientos provocados serán, por tanto, permanentes.
Trasladarse o no
Todavía existe un enérgico debate sobre si el cambio climático provocará un enorme aumento de los movimientos de población. La Organización Internacional para las Migraciones señala con razón que «no siempre se producen migraciones, pues la población más vulnerable puede carecer de medios para emigrar». En las regiones donde se producen movimientos poblacionales inducidos por el clima, éstos pueden considerarse como falta de adaptación (es decir, reflejo de la vulnerabilidad y falta de resiliencia de la población, y por tanto una respuesta más parecida a la de los refugiados), o como una estrategia de respuesta (un esfuerzo para diversificar las fuentes de ingresos y aumentar la resiliencia). No obstante, para trasladarse las personas necesitan recursos financieros y pueden necesitar acceder a redes sociales que faciliten su movilidad y que posiblemente les proporcionen asistencia en su lugar de destino. Sin este tipo de medios, la gente puede verse obligada a quedarse donde habita independientemente de las condiciones existentes. Por supuesto, el que la gente no se desplace no significa que no se sufran impactos negativos. [18]
El punto de vista convencional considera que las migraciones seguirán siendo una válvula de escape que permitirá a las personas y a las comunidades hacer frente a situaciones difíciles, incluso en un mundo en proceso de calentamiento. Indudablemente, la resiliencia y la adaptabilidad de las personas no debería subestimarse, pero es improbable que el pasado pueda ser un prólogo de la situación venidera; por tanto, esta afirmación puede ser excesivamente optimista por varias razones que se enumeran a continuación.
Primero, las repercusiones de un sistema climático desestabilizado −con episodios desastrosos más frecuentes y potentes− no tienen ningún precedente significativo en la historia de la humanidad.
Segundo, probablemente las sociedades no estarán expuestas a un sólo impacto, sino que experimentarán simultáneamente distintos tipos de impactos −por ejemplo, inundaciones y sequías−, con la posibilidad de que se produzcan efectos en cascada y de bucles de realimentación imprevistos. Es posible que un número de personas mucho mayor que en la actualidad sienta la necesidad de trasladarse. [19]
Tercero, unas poblaciones más numerosas en movimiento limitarán las posibilidades de adaptación a medida que más personas compitan entre sí y con las comunidades que les acogen por las mismas oportunidades, empleos, recursos y servicios.
Cuarto, en las zonas receptoras también puede reducirse notablemente la voluntad de acoger la llegada de más gente, una respuesta ya evidente en todo el mundo en las circunstancias actuales.
Quinto, los patrones de migración pueden pasar a ser más estables y menos temporales. Por ejemplo, unos impactos graves del cambio climático podrían alterar patrones tradicionales de movilidad estacional. El nomadismo de los pastores para hacer frente a las sequías en el África subsahariana ya está siendo afectado por unas condiciones ambientales cambiantes muy rápidamente. Y en Bangladesh, el movimiento tradicional entre distintos chars(islotes de arena y de limo en el delta del río Padma y en la bahía de Bengala que albergan a más de 5 millones de personas) se está viendo alterado por crecidas súbitas cada vez más frecuentes e intensas. [20]
De la misma manera, los cultivadores vietnamitas de arroz que migraban estacionalmente a las ciudades durante la época de inundaciones para diversificar sus ingresos se han visto obligados recientemente a asentarse allí permanentemente debido a las grandes inundaciones que han destruido su medio de vida rural. Y las comunidades que viven a lo largo del río Zambeze y el Limpopo en Mozambique tradicionalmente se movían periódicamente fuera de la llanura fluvial para evitar las inundaciones. Sin embargo, tras las catastróficas inundaciones del 2000, 2001 y 2007 el gobierno animó a los habitantes de esta región a mudarse de forma permanente. La población reasentada carece, sin embargo, de medios de sustento; con una fuerte dependencia de la ayuda, posiblemente tengan que considerar trasladarse a la nueva capital, Maputo, o a la vecina Sudáfrica. [21]
Nuevas categorías y controversias
Entre los diversos grupos de personas que dejan su hogar por diversas razones hay algunas categorías bien definidas. La legislación internacional otorga reconocimiento a los refugiados internacionales, aunque los gobiernos no siempre cumplen con sus responsabilidades. Por el contrario, las personas que se desplazan en el interior de un país disfrutan de mucha menos protección, o, en ocasiones, de ninguna. Ha habido intentos de dar mayor visibilidad a grupos adicionales de población desplazada −personas desarraigadas por riesgos naturales y por proyectos de desarrollo−, pero éstos suelen seguir a merced de la ayuda humanitaria ad hoc, y eso cuando reciben algún tipo de ayuda. [22]
Algunos investigadores llevan años proponiendo que es preciso que la comunidad mundial establezca nuevas categorías de poblaciones migrantes, pues las antiguas categorías no recogen adecuadamente las razonas complejas por las que se traslada la gente y cómo se mueve. En los años setenta fue propuesto el término refugiado ambiental, pero no rebasó de círculos muy restringidos hasta el informe redactado por Essam El-Hinnawi en 1985 para el Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas. [23]
La aparición de esta nueva terminología ha generado un fuerte debate. Algunos analistas afirman que la categoría de refugiados −definidos jurídicamente como personas que huyen de persecuciones y que carecen de protección en su propio país− no debiera ser enturbiada por otros factores como la degradación ambiental. Hasta cierto punto esto refleja el hecho de que los estudios migratorios han ignorado esencialmente los factores ambientales hasta hace poco. [24]
Al margen de la categoría de refugiados, no existe una definición consensuada –ni, lo que tiene más importancia, jurídicamente vinculante− para otros grupos de personas en movimiento. La definición de personas desplazadas en el interior de un país tiene un cierto reconocimiento de facto en las directrices adoptadas por las Naciones Unidas. Pero términos como refugiados ambientales y emigrantes ambientales son totalmente informales y cuestionados. [25]
La distinción entre modalidades forzadas y voluntarias de movimientos de población sigue siendo clave para la legislación internacional y las políticas gubernamentales. El hecho de que no exista un reconocimiento oficial para nuevas categorías de personas desplazadas limita la capacidad mundial para afrontar adecuadamente esta situación.
Es fundamental que los expertos en migraciones, refugiados y medio ambiente dialoguen entre sí con una mentalidad abierta para comprender mejor las dinámicas y para generar un debate más productivo sobre las políticas posibles.
Resiliencia y adaptación
La resiliencia es un factor clave para determinar si la vulnerabilidad de una población la apremia a la huida. Los pobres están más expuestos habitualmente a los peligros ambientales. La marginación social les obliga a vivir con frecuencia en lugares de riesgo: laderas con fuerte pendiente con probabilidades de sufrir deslizamientos de tierra, zonas bajas susceptibles de inundación o zonas costeras que han sido despojadas de sus barreras protectoras naturales (humedales, manglares y arrecifes de coral). Y es frecuente que tengan una capacidad limitada para enfrentarse a estos problemas, ya que a menudo carecen de los recursos económicos y de las redes familiares u otras conexiones necesarias para emigrar. [26]
La vulnerabilidad puede mitigarse con las medidas de adaptación: sistemas de alerta temprana sobre desastres y hambrunas, diversificación de los medios de subsistencia, cultivos resistentes a la sequía, restauración de ecosistemas, infraestructuras de defensa contra inundaciones, seguros de cultivos y otras medidas. Pero una ayuda de emergencia y recuperación adecuada puede significar que la gente permanezca o se vea obligada a marcharse incluso tras las inundaciones y los huracanes. El grado de resiliencia está en función también de la capacidad económica general, de la diversificación para reducir la dependencia de un sólo recurso económico o de varios, de las presiones demográficas, de las estructuras de gobernanza, de un buen liderazgo y de la cohesión social y política.
Aunque es importante indudablemente actualizar los convenios y categorías legales mundiales aplicables a los refugiados y cerrar la dilatada brecha de protección existente, sigue siendo fundamental intentar evitar tantos daños como sea posible a los sistemas naturales de la Tierra. Deberá concederse mucha mayor prioridad y urgencia a la mitigación, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y minimizar otras agresiones humanas a la naturaleza. La adaptación tiene unos límites y, para ser eficaz, debe ser ejecutada ahora, antes de que se manifiesten las consecuencias más graves de la inestabilidad climática, y no después.
Los activistas por las cuestiones climáticas llevan mucho tiempo insistiendo en que la adopción de políticas debiera estar guiada por la ciencia. Cada vez se hace más evidente, sin embargo, a medida que pasa el tiempo, que el mayor reto para la humanidad puede que no sea dominar las complejidades de la ciencia del clima, sino responder a los interrogantes mucho más molestos de cómo funcionan los sistemas políticos y por qué se resisten de tal modo a escuchar las señales de alarma de la ciencia.
Si no logramos que nuestros sistemas políticos presten atención a los problemas del cambio climático, tendremos que aprender a hacer frente a desplazamientos masivos de la población durante las próximas décadas.







[1] Este texto es una síntesis del capítulo 31 de La Situación del Mundo 2013: ¿Es aún posible lograr la sostenibilidad?, publicado por FUHEM Ecosocial e Icaria y disponible en nuestra librería virtual .
[2] Robert F. Worth, «Earth Is Parched Where Syrian Farms Thrived», New York Times, 13 de octubre de 2010.
[3] Ibid. ; Wadid Erian, Bassem Katlan y Ouldbdey Babah, «Drought Vulnerability in the Arab Region: Special Case Study: Syria», colaboración en Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2011, 2010; Francesco Femia y Caitlin Werrell, «Syria: Climate Change, Drought and Social Unrest» (blog), Center for Climate and Security, 29 de febrero de 2012.
[4] Femia y Werrell, op. cit. En nota 3.
[5] Potsdam Institute for Climate Impact Research and Climate Analytics, Turn Down the Heat: Why a 4°C Warmer World Must Be Avoided, Banco Mundial, Washington D.C., 2012.
[6] Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, First Assessment Report, Cambridge University Press, Cambridge (Reino Unido), 1990, p. 20.
[7] Alex de Sherbinin, Koko Warner y Charles Ehrhart, «Casualties of Climate Change: Sea-level Rises Could Displace Tens of Millions», Scientific American, enero de 2011.
[8] Frank Laczko y Christine Aghazarm, eds., Migration, Environment and Climate Change: Assessing the Evidence, Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Ginebra, 2009, p. 23.
[9] Susan L. Cutter, «CSI: The Katrina Exodus», Foresight Project, Migration and Global Environmental Change, Gobierno del Reino Unido, octubre de 2011, p. 6.
[10] « Declaración de Almería sobre Desertificación y Migraciones», Simposio Internacional sobre Desertificación y Migraciones, 9–11 de febrero de 1994, Almería, España.
[11] Vikram Odedra Kolmannskog, Future Flood of Refugees: A Comment on Climate Change, Conflict and Forced Migration , Norwegian Refugee Council, Oslo, 2008, p. 15.
[12] Vikas Bajaj, «Crops in India Wilt in a Weak Monsoon Season», New York Times, 3 de septiembre de 2012.
[13] Organización Meteorológica Mundial, «With Drought Intensifying Worldwide, UN Calls for Integrated Climate Policies», UN News, 21 de agosto de 2012.
[14] Actionaid et al., Into Unknown Territory: The Limits to Adaptation and Reality of Loss and Damage from Climate Impacts, Bonn, 2012, p. 7.
[15] Kolmannskog, op. cit. nota 11, p. 16.
[16] Actionaid et al., op. cit. nota 14, p. 9
[17] De Sherbinin, Warner y Ehrhart, op.cit. nota 7.
[18] Laczko y Aghazarm, op. cit. nota 8, p. 24; Gemenne, «Climate-Induced Population Displacements in a 4ºC+ World», Philosophical Transactions of the Royal Society, enero de 2011, p. 188.
[19] Chris Bright, «Anticiparse a las “sorpresas” ambientales», en Lester R. Brown et al.La Situación del Mundo 2000, FUHEM/ Icaria, 2000, pp. 53-78.
[20] De Sherbinin, Warner y Ehrhart, op. cit. nota 7.
[21] Ibid.
[22] Veáse Cuadro 31–1 de La Situación del Mundo 2013, basado en los siguientes: Federación International de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (IFRC), World Disasters Report 2012, Ginebra, 2012, p. 15; Oficina de Coordinación para Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCAH) e Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), «42 Million Displaced by Sudden Natural Disasters in 2010—Report», nota de prensa, Ginebra y Oslo, 6 de junio de 2011; OCAH e IDMC, Monitoring Disaster Displacement in the Context of Climate Change, Ginebra: 2009; Actionaid et al.op. cit. nota 14, p. 9; IFRC, op. cit. en esta nota, p. 14.
[23] James Morrisey, «Rethinking the ‘Debate on Environmental Refugees’: From ‘Maximilists and Minimalists’ to ‘Proponents and Critics», Journal of Political Ecology, vol. 19, 2012, p. 36; Essam El-Hinnawi, Environmental Refugees, UNEP, Nairobi, 1985 .
[24] Gemenne, op. cit. nota 18, p. 186.
[25] Veáse Tabla 31–1 de La Situación del Mundo 2013 basado en los siguientes: Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), «Convención sobre el Estatuto de los Refugiados», en http://www2.ohchr.org/spanish/law/refugiados.htm ; Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, «Further Promotion and Encouragement of Human Rights and Fundamental Freedoms, Including the Question of the Programme and Methods of Work of the Commission Human Rights, Mass Exoduses and Displaced Persons», 11 de febrero de 1998; OIM, «Identifying International Migrants», en www.iom.int/jahia/Jahia/about-migration/developing-migration-policy/identify-intl-migrants; Essam El-Hinnawi, Environmental Refugees , UNEP, Nairobi, 1985 ; Laczko y Aghazarm, op. cit. nota 8, p. 19.
[26] Kolmannskog, op. cit. nota 11, p. 13; Oli Brown, Climate Change and Forced Migrations: Observations, Projections and Implications, Occasional Paper 2007/17, Oficina del Informe de Desarrollo Humano, Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD), Nueva York, 2007, p. 15.


miércoles, 6 de noviembre de 2013

Minería: el gran desacuerdo social del Tolima

Cada día en el Tolima se sienten más síntomas que dejan entrever que aunque la locomotora minera luce fuerte e imponente, su sistema de legitimidad y apoyo social parece estar bastante debilitado, sobre todo por los últimos hechos.
El fin de semana asesinaron a un reconocido líder campesino, opositor al proyecto La Colosa. Hace pocos días, también en Cajamarca, un grupo de investigadores del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que trabajaban en el convenio denominado “Delimitación de paramos y humedales”, fue atacado con explosivos mientras practicaba el reconocimiento de suelos en la zona, que permitiría identificar los servicios ecosistémicos de ese complejo de paramos, que por cierto tiene funciones de regulación y abastecimiento de agua para poblaciones del Tolima y el eje cafetero.
Aunque no se puede afirmar quien está detrás de estos lamentables y repudiables hechos, se podría llegar a pensar que éstos son una nueva expresión, no deseable, del rechazo a la imposición de la política extractivista del Gobierno nacional en nuestro territorio, el cual también se ha demostrado a través de numerosos actos de protesta como marchas, plantones y foros. Incluso, mediante una contundente movilización social que tuvo lugar en Piedras, en la que los resultados de la consulta popular convocada por el alcalde, motivada por la posible instalación de la planta de procesamiento del material extraído de la mina La Colosa en Cajamarca, demostró una categórica posición de rechazo por parte de sus habitantes frente a cualquier actividad minera que pretendiera desarrollarse en dicha localidad.
Entre tanto, a pesar del claro panorama de oposición de la mayoría de tolimenses frente a los proyectos mineros, en especial el de Cajamarca, el Gobierno nacional arremete cada vez más en materia normativa para apoyar el avance de su “maquina de desarrollo”. Primero emitió el decreto 934 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, que prohibió a los concejos municipales y las asambleas departamentales establecer zonas del territorio excluidas de la minería, y le reservo ese derecho única y exclusivamente al Ministerio de Ambiente, la autoridad minera, y las corporaciones autónomas regionales. Después vino la expedición de la resolución de la Agencia Nacional de Minería, en la que declaró el proyecto La Colosa como de “interés nacional”, pretendiendo anular cualquier acto administrativo local o regional que impida su avance, so pretexto de que el aprovechamiento de los recursos del subsuelo es de todos los colombianos. Para completar, la Procuraduría General, en una especie de contubernio con el ejecutivo, ha defendido la normativa que anula cualquier decisión de las autoridades locales frente a proyectos mineros, incluso, llegando al punto de haber fustigado el llamado a la consulta popular de Piedras, advirtiendo que el Alcalde podría haber incurrido en una extralimitación de funciones.
Esta fuerte confrontación de intereses, en la que por un lado el Gobierno nacional defiende los grandes capitales de empresas privadas, y por el otro, el pueblo del Tolima pretende hacer respetar el legítimo derecho de conservar su capital ambiental, está forjando el mayor desacuerdo social que se haya vivido en el Tolima en los últimos tiempos. Lo más preocupante es que de no llegar a resolverse este gran dilema, las tensiones cada día serán más fuertes, y las consecuencias cada vez más catastróficas.
Publicada por
CÉSAR PICÓN
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lunes, 4 de noviembre de 2013

ENERGÍAS FÓSILES

Los gigantes del sector presionan a los sindicatos

DANIEL TANURO
Viernes 1ro de noviembre de 2013
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La prensa se ha hecho eco de ello: los presidentes de una decena de empresas energéticas europeas exigen el fin de los subsidios a las… energías renovables. Lo declararon públicamente en una conferencia de prensa que tuvo lugar a comienzos de octubre. La francesa GDF-Suez, las alemanas EON y RWE, las españolas Gas Natural Fenosa e Iberdrola, las italianas ENI y Enel, la neerlandesa Gas Terra y la sueca Vattenfallt representan aproximadamente la mitad de la capacidad instalada en el conjunto de la Unión. En nombre de todas ellas, Gérard Mestrallet, presidente de GDF-Suez, declaró: “Tenemos que reducir el ritmo al que Europa instala parques eólicos y paneles solares. Esto es hoy por hoy insostenible”.
Menos renovables, por favor
El argumento es el siguiente: el mercado está sobresaturado, la caída de la demanda desde 2008 ha hechos descender los precios al por mayor a la mitad (¡pero no el precio al consumidor!), la energía solar y la eólica están empezando a resultar competitivas… Por tanto, no tiene sentido subvencionarlas para añadir todavía más capacidades basadas en las energías renovables, pues eso reduce la rentabilidad de las centrales eléctricas de carbón y de gas… y de las nucleares.
Mestrallet y sus amigos no mencionan que, en realidad, las energías fósiles y la nuclear reciben subvenciones más generosas que las renovables. Según la Comisión Europea, en 2011 las energías renovables recibieron 30.000 millones de euros en forma de subsidios, las fósiles 26.000 millones y la nuclear 35.000 millones. En cuanto a las fósiles, conviene añadir las “externalidades” soportadas por la colectividad (los gastos sanitarios derivados de la contaminación, en particular), que ascienden a 40.000 millones de euros. Así, en total se dedican 66.000 millones al carbón, el petróleo y el gas/1.
Los gigantes de la energía fósil denuncian que Europa «no tenga una política energética clara, previsible y objetiva, basada en una regulación estable”. Para Mestrallet, “la política energética europea va a estrellarse directamente contra el muro”, pues ya no está garantizado el suministro, las emisiones de CO2 aumentan y las facturas también. Y el patrón de GDF-Suez preconiza un “cambio radical de la política energética europea”. Esta argumentación no se sostiene: 1) ¿Cómo puede estar amenazado el suministro si existe un excedente de capacidad? 2) ¿Cómo el hecho de reducir la oferta de corriente eléctrica hará descender los precios al consumidor? 3) ¿De qué manera el freno al despliegue de las renovables permitirá reducir las emisiones de gases de efecto invernadero?
¿De qué se quejan?
Contrariamente a lo que afirman los patrones de la energía, Europa tiene una política energética “clara y previsible”. Resumida en el “paquete energía-clima”, sus objetivos para el año 2020 son los siguientes: 20 % de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, 20 % de aumento de la eficiencia energética y 20 % de renovables en la panoplia energética (de las que un 10 % serán biocombustibles en los transportes). El principal objetivo del “paquete energía-clima” no es evitar una catástrofe climática, sino ayudar a la industria europea a conquistar el liderazgo en el mercado de las tecnologías verdes. El cálculo es el siguiente: las reservas fósiles se agotan, el futuro es de las renovables (y de la energía nuclear), y si Europa consolida su superioridad en este terreno, tendrá la posibilidad de conquistar una posición de fuerza frente a sus competidores…
Esta política debe combatirse desde un punto de vista ecosocialista. En efecto, es tanto injusta desde el punto de vista social -regalos a las empresas, a los especuladores y a los ricos, aumento del precio de la electricidad, certificados verdes (o sistemas equivalentes) pagados por la colectividad, aumento del precio de los productos agrícolas- e ineficaz desde el punto de vista ecológico, por no decir nociva, debido a las fugas de carbono derivadas de las compras generadas por el Mecanismo de Desarrollo Limpio/2, objetivos muy insuficientes en materia de reducción de las emisiones (haría falta por lo menos el 30 %, más bien el 40 %, de aquí a 2020), aceleración de la deforestación en el Sur debido a la importación de biocombustibles…
Lo menos que se puede decir es que los gigantes de la energía se han beneficiado mucho de la política climática de la UE. En particular han recibido cantidades de derechos de emisión de CO2 muy superiores a sus emisiones reales, de manera que han podido vender los excedentes en el mercado del carbono. Incluso han facturado el precio de esos derechos a los consumidores, ¡cuando no les habían costado nada!
Nueva situación
¿Por qué entonces GDF, ENI, EON y las demás se rebelan ahora contra la política europea hasta el punto de manifestar públicamente sus agravios? Porque la situación ha cambiado. Es cierto que la estrategia energética de la UE sigue siendo válida a largo plazo, pues los recursos fósiles acabarán agotándose, pero a corto plazo el capitalismo estadounidense ha cambiado las cosas a su favor. Gracias a la explotación sin restricciones de los gases de esquisto, a los esquistos bituminosos importados de Canadá, a las nuevas tecnologías de extracción de petróleo y de etanol del maíz, EE UU se han convertido en una potencia energética. Su dependencia del petróleo importado de Oriente Próximo ha disminuido radicalmente: en 2010 pasó a ser el primer país productor de gas del mundo (superando a Rusia) e incluso, de aquí a 2030, podría convertirse en el primer productor mundial de petróleo, ¡superando a Arabia saudí!
Según la Agencia Internacional de la Energía,, a consumo igual, la factura de gas de las empresas estadounidenses no representa más que la mitad de la de sus competidoras europeas. En cuanto a su factura de electricidad, es dos veces más baja que en Francia y el Reino Unido y tres veces más baja que en Japón. Estas cifras son discutibles: de acuerdo con un análisis de Reporterre, la reducción de los precios del gas no es en realidad sino del orden del 30 %, lo cual no es ni siquiera suficiente para compensar el alza del precio del carbón. “En el mejor de los casos, la explotación de los gases no convencionales ha permitido limitar el alza global del precio de la energía”, concluye Reporterre/3. Sin embargo, la ventaja competitiva, en particular para determinados sectores industriales (química, petroquímica y metalurgia) es significativa. De ahí que la patronal europea abogue por que la Unión suprima todas las trabas a la explotación del gas de esquisto. El Consejo Europeo de la Industria Química es el que más presiona en este sentido. GDF-Suez invierte en la prospección del gas de esquisto en Gran Bretaña y se propone hacerlo en Polonia y Alemania.
Manipular a la opinión
¿Por qué esos grandes patronos recurren a una conferencia de prensa cuando tienen acceso directo a la Comisión Europea y a los gobiernos? Porque han de competir con los capitalistas de los sectores verdes. En este contexto, los “patronos fósiles” pretenden reforzar su posición manipulando a la opinión pública en torno a dos promesas: la disminución de precios y la creación de puestos de trabajo. Dos promesas que no son más que una falacia. En lo concerniente al precio del gas, conviene subrayar que su descenso en EE UU solamente ha beneficiado a las empresas. Los particulares no pagan menos por el gas que antes y sufren todos los inconvenientes de la contaminación del agua y del aire y de la destrucción de los paisajes. Y dado que en EE UU ha aumentado el empleo a raíz del relanzamiento de la economía, los “patronos fósiles” tratan de ganarse a las organizaciones sindicales: “La ausencia de una buena política energética impide a la industria europea realizar su potencial como fuente de crecimiento y empleo”.
¿Caerán en esta trampa las organizaciones de trabajadores? Por desgracia, no cabe descartarlo. Si los sindicatos polacos se oponen al gas de esquisto (por motivos ambiguos), en Francia la CFDT, la CFTC y la CFE-CGC se han puesto de acuerdo con la patronal MEDEF en considerar que las reflexiones actuales sobre la política energética “no deberían dejar de lado el gas de esquisto”… Lo cierto que una verdadera transición a favor de las energías renovables creará infinitamente más puestos de trabajo que el relanzamiento capitalista que pudiera derivarse (lo que no es seguro, ni mucho menos) de la nueva política energética exigida por los patronos del complejo industrial fósil. Claro que esta auténtica transición exige un plan que articule una serie de reformas de estructura anticapitalistas: expropiación del sector de la energía y del sector financiero, supresión de las producciones inútiles y nocivas con reconversión de los trabajadores y trabajadoras, plan público de aislamiento de las viviendas, agricultura campesina ecológica en vez de la agroindustria, desarrollo de los transportes públicos, reducción radical del tiempo de trabajo sin disminución del salario, etc.
Sin embargo, a pesar de sus profesiones de fe a favor del desarrollo sostenible y de la “transición justa”, las direcciones de las organizaciones sindicales de casi toda Europa aceptan en la práctica discutir sobre la política energética… en el marco del debate sobre la mejora de la competitividad de la economía. Digámoslo claramente: proseguir por esta vía convertiría a los sindicatos en cómplices del sistema capitalista en un momento en que este amenaza al planeta con una catástrofe climática de gran amplitud con terribles consecuencias sociales.
26/10/2013
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article30137
Notas
/1 Inter Environnement Wallonie señala que estas cifras constaban en un informe de la Comisión Europea y se retiraron antes de publicarlo.http://www.iewonline.be/spip.php?ar...
/2 El Mecanismo de Desarrollo Limpio es uno de los mecanismos de mercado creado por el protocolo de Kyoto. Las “inversiones limpias” en el Sur dan derecho a créditos de carbono intercambiables y equivalentes a los derechos de emisión en el mercado europeo. Se calcula que más de la mitad de esos créditos no corresponden a verdaderas reducciones de las emisiones.
/3http://www.reporterre.net/spip.php?...
Traducción: VIENTO SUR

Megaminería, el nuevo delirio del Dorado

La sombra de la Colosa sobre Cajamarca, Tolima



Se vende país, barato. Esa debiera ser la consigna que mejor define a los sucesivos gobiernos de Uribe Vélez y ahora de Juan Manuel Santos. Su política minera se fundamenta en la política colonial de cambiar oro por baratijas. El caso de La Colosa, en Cajamarca, es uno de los casos más emblemáticos del actual modelo minero-extractivista que se busca imponer en Colombia en beneficio del gran Capital. Con este proyecto, se está militarizando y atropellando a la población campesina, mientras se posterga la soberanía alimentaria del pueblo colombiano para que una multinacional se lleve el monte y contamine con cianuro los cursos de agua. Este proyecto es paradigmático de la insostenibilidad social y ambiental del modelo de desarrollo dependiente y atrofiado imperante en Colombia.

Marcha popular contra La Colosa, Cajamarca, Tolima
Megaminería, la locomotora descarriada 

Desde el 2006 que el gobierno colombiano viene desarrollando una política agresiva en la cual se define la minería como un pilar del “desarrollo” nacional: estatus que queda consagrado en el Plan de Desarrollo Nacional del gobierno de Santos [1]. La inversión extranjera en la explotación de minas y canteras ha aumentado exponencialmente, pasando de US$ 466 millones en el año 2002, a US$1.789 millones en el año 2008, y a USD$ 3.094 millones en el 2009 [2]. Si el 2001 existían 1.889 títulos mineros en Colombia, hacia el 2010 se había dado un salto hacia los 8.928 títulos, que abarcaban 4.839.149 hectáreas de tierra. El 40% del territorio nacional, de hecho, se encuentra actualmente cedido o solicitado para la exploración minera[3].

Este proceso se da en un contexto de revitalización de un modelo económico neo-extractivista en América Latina de la mano de los precios récords alcanzados por minerales como el carbón, el oro o el petróleo en la última década. Mientras el gobierno dice que la explotación de los recursos minero-energéticos darán bienestar y bonanza a la población en general, en la práctica, casos como el de Cerro Matoso o El Cerrejón, así como mucho otros, evidencian que este tipo de explotación, hecha con toda clase de incentivos y beneficios para las multinacionales, enriquece solamente a una ínfima élite nacional y extranjera. Las comunidades locales son excluidas de los beneficios y deben hacerse cargo de los costos sociales y ambientales de estas explotaciones –recientemente, la multinacional Drummond, botó 500 toneladas de carbón al mar, hecho que ha causado indignación y perplejidad, ya que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales le levantó la sanción.

Otro ejemplo es Puerto Gaitán, en el Meta, que ha sido el municipio de Colombia que más regalías ha recibido por concepto de la explotación del petróleo. Sin embargo, los niños se mueren de hambre (13 apenas en el primer semestre del 2011) y se registra una de las tasas de mortalidad infantil más altas del país, con 61 niños por cada 1.000 nacidos, triplicando el promedio nacional. Por su parte, la población carece de servicios esenciales como acceso seguro y estable a agua potable o a electricidad, y los caminos que se han construido son solamente para permitir la salida del “oro negro” [4]. Algo no muy diferente ocurre con el Cerrejón en la Guajira: pese a las inmensas riquezas que ha generado en más de dos décadas de explotación de carbón, la población local sigue sufriendo niveles muy por encima del promedio nacional en cuanto a analfabetismo, desnutrición, desigualdad, falta de servicios básicos [5].

Estos son los elementos que permiten entender el porqué de la creciente resistencia popular en contra de los megaproyectos mineros que se viene adelantando por todo el territorio nacional colombiano.

El nuevo delirio del Dorado 

Entre todas las áreas de la minería, es la del oro la cual está experimentando una de las más importantes actividades, con un gran dinamismo, pero que a la vez representa uno de los mayores peligros para la biodiversidad, la sostenibilidad ambiental y la vocación agropecuaria del país. Existen actualmente alrededor de 89 proyectos de megaminería aurífera en Colombia, la mayoría de ellos en la fase de prospección; se estima que, al menos, existen 2.015 toneladas de oro en el país (60 millones de onzas). Antioquia se lleva la “medalla de oro” concentra 47 de estos proyectos [6]. Municipios como Remedios, Caucasia o Segovia, han visto aumentar de manera bastante preocupante la violencia, asociada al avance de los paramilitares que operan en consorcio con el Ejército, acosando a los mineros artesanales en la disputa por el metal precioso (se estima que unos 40.382 mineros artesanales trabajan el oro). [7]

Hoy en día se producen 40 toneladas de oro anuales y el proyecto del gobierno es intensificar la producción hasta alcanzar las 80 toneladas hacia el 2019 [8]. La pelea no es sólo por el control de la producción del oro, sino también por el control de los títulos mineros. Según el analista Mario Valencia “El negocio es obviamente extraer el oro, pero también lo es vender acciones de las empresas que poseen los títulos mineros. Es casi lo mismo tener el oro en lingotes en los bancos que en una montaña” [9]

Las principales empresas poseedoras de títulos de explotación aurífera son la AngloGold Ashanti (por lo menos 410 títulos -391 directos, 19 a través de ‘Exploraciones Chocó Colombia S.A.S.’-, controlando, al menos, una extensión de 821.087 hectáreas) y la Continental Gold (por lo menos 135 títulos, controlando una extensión de 111.000 hectáreas); es de destacar que estas cifras son tentativas, pues estas corporaciones operan bajo distintos nombres, filiales, razones sociales, etc. Ambas empresas son socias en la explotación de La Colosa, en el municipio de Cajamarca, Tolima, siendo la AngloGold Ashanti la socia principal. Todas estas concesiones son a 30 años, prorrogables por otros 30 [10]. Se espera que la explotación de La Colosa comience en el 2019, año en que el gobierno se ha puesto por meta duplicar la producción aurífera; este sólo hecho da cuenta de que La Colosa no es un proyecto más, sino una pieza clave en el proyecto del bloque dominante.

Se calcula que La Colosa produciría unos 24 millones de onzas de oro; el costo ambiental de esta explotación puede calcularse si se toma en consideración que hay que remover más de 100 toneladas de roca para producir apenas una onza de oro… La Colosa, según diversas estimaciones, produciría, además, 100.000 toneladas de residuos mineros al día, más 8 toneladas de cianuro, 500 toneladas de dióxido de carbono, y utilizaría 70.000.000 de litros de agua… todo eso para producir apenas 50 kilos de oro [11]. Personalmente, no sé si el precio del mercado justifique, aún en términos estrictamente economicistas, el tremendo daño ambiental y social que esto produciría. La AngloGold hoy tiene totalmente ocupado el municipio: tiene 21 títulos mineros que copan prácticamente el 60% del municipio de Cajamarca (30.440 hectáreas), con lo cual el daño que se prevé en la zona, de iniciarse esta explotación, sería irreversible [12]

Mapa con los títulos mineros en Cajamarca, la mayoría de la AngloGold Ashanti (en rojo)

Militarización y Minería 

La fuerza pública protege la gran inversión privada y los paramilitares evitan la protesta social y presionan el desplazamiento” (CODHES, ¿Consolidación de qué?, Febrero 2011 [13])

Militarización y minería van estrictamente de la mano en el marco del conflicto colombiano: no es casual que ahí donde se incrementan las acciones contrainsurgentes, haya intereses de carácter económico. El 30% de la Fuerza Pública (unos 100.000 uniformados), está puesta al servicio de las empresas minero-energéticas, resguardando sus inversiones en infraestructura, a sus ejecutivos y contratistas, acallando las protestas de las comunidades, y muchas veces de mano de paramilitares, “limpiando” el terreno.

También los soldados se dedican a erradicar cualquier forma de “competencia” para las megamineras transnacionales. Siguiendo una política estricta al servicio de los grandes capitales, toda forma de producción campesina o artesanal está siendo ilegalizada en Colombia: lo mismo ocurre con la minería artesanal, la cual de un tiempo a la fecha, es llamada por los medios y funcionarios de gobierno, minería “ilegal”. Dejando muy en claro que la ley colombiana está en lado del capitalista, de preferencia si es extranjero, se han aprobado decretos para atacar a los mineros artesanales y se les señala frecuentemente en los medios de ser financiadores de la insurgencia para “justificar” así este ataque en nombre de la contrainsurgencia. Así, el Estado violenta la subsistencia de más de 300.000 familias (cinco millones de personas) que dependen de la minería artesanal, a fin de mejor servir a las empresas mineras multinacionales [14].

En este marco de creciente militarización, 573 minas de las llamadas “ilegales” han sido intervenidas [15]. Esta militarización, y la consecuente presencia de bandas paramilitares al alero del ejército para que realicen el trabajo sucio, redunda en crecientes atropellos y violaciones en contra de las comunidades. En los últimos diez años, según las Brigadas de Paz Internacionales, el 80% de las violaciones a los derechos humanos y el 87% de los desplazamientos en Colombia han ocurrido en regiones donde se desarrollan megaproyectos de explotación minera (existen 42 distritos mineros compuestos por 328 municipios); así mismo, el 78% de los atentados contra sindicalistas fueron contra aquellos que trabajan en el área minero-energética [16].


FOTO: J.A.GUTIÉRREZ D. / Paisajes de Anaime, Cajamarca, Tolima. Todo esto se está hipotecando por la locomotora minera 
En la zona de Anaime, Cajamarca, desde la llegada de la AngloGold se ha incrementado notablemente la militarización de la vida de la comunidad, afectando al tejido social. Un líder comunitario de la región, Yesid Muñoz, del Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca, nos dice del ambiente de militarización que se vive en Anaime que:
La AngloGold tiene a mucho campesino trabajando para ellos. Los pocos muchachos que quedan en el campo el ejército los persigue los días domingo y los recluta a las malas. Quiero que el gobierno colombiano explique cuál es la diferencia cuando critican que la guerrilla recluta muchachos de 16 años, cuando ellos los persiguen como locos para reclutarlos (…) El ejército tiene una base militar acá en La Colosa, es para proteger a los empresarios, a los directivos y al personal de la AngloGold, protegen el daño que están haciendo (…) La militarización acá usted la ve a lo largo de toda la carretera panamericana, en los ramales. Al borde de esos caminos usted ve casas miserables de invasión ¿qué es lo que cuida el ejército? Acá no hay ni ricachones ni terratenientes, lo que buscan es intimidar al campesino, al pueblo.” 
Cuando las personas de la comunidad se han pronunciado en contra de la AngloGold, ha comenzado la estigmatización: toda forma de oposición es asimilada a expresiones civiles de la insurgencia, y por tanto reciben trato militar.

El día 22 de Febrero, se celebró una “Mesa Ciudadana Ambiental” en Ibagué (en la cual el rechazo de la comunidad al proyecto fue evidente) y los periódicos captaron los intercambios de mensajes entre el vicepresidente de sostenibilidad de la AngloGold, Rafael Hertz, y el encargado de comunicaciones de La Colosa, Iván Malaver, en el que uno decía: “identificaron en el público de los opositores a varios guerrilleros de Anaime”. A lo que el otro contestó: “Entendido perfectamente” [17].

Ante estas acusaciones, Yesid Muñoz, sencillamente se encoge de hombros: “A mí me consideran revolucionario, pero eso no es pecado, Cristo fue un revolucionario, y yo quiero la revolución que Cristo nos enseñó.

Una dirigenta de una Junta de Acción Comunal (JAC) de la región, nos explicaba en Noviembre, en base a su experiencia directa, esta relación entre el ejército y la multinacional:

Yo entiendo que el ejército trabaja con la AngloGold, les pagan para que los custodie y así nos han venido metiendo esto de la militarización. Si uno no está de acuerdo con la empresa, pues ahí mismo a uno la tildan de guerrilla. Hay muchos abusos de autoridad, lo miran a uno y como hay gente que soplonea que una ha estado contra la AngloGold, entonces ahí llegan a joderle la vida a uno. Pero es que uno tiene que mirar al futuro, y estamos dispuestos a todo con tal de que el proyecto no se dé porque nos va a afectar mucho y a las generaciones que siguen”. 

Carlos Gámez, de la Unión Campesina de Los Alpes, Tolima (UCAT) explica el giro orwelliano de la militarización en Cajamarca: “El ejército tiene un batallón allá a favor de ellos, para atajar a las comunidades y que ya no transiten por los caminos que antes transitaban. Están imponiendo un control muy tenaz sobre las personas, poniendo cámaras por todos lados, cosa que si uno habla queda todo grabado en cámara.” Fernando Pérez Sánchez, coordinador de OSADA (Organizaciones Sociales del Cañón de Anaime), ratifica estas mismas aseveraciones “El ejército les dio un batallón al servicio de ellos y los líderes estamos supervigilados, nos han grabado a todos”.

Aunque ahora los ejecutivos de la AngloGold salgan con cara de “yo no fui” a decir que ellos jamás han tratado a nadie de guerrillero, ya en Noviembre, corrían rumores entre los campesinos de la comunidad que directivos de la empresa andaban diciendo que el ejército iría a abrirle campo a la AngloGold Ashanti, corriendo a esos “guerrilleros” y “revoltosos” de Anaime. Y cuando el río suena, es porque piedras trae.

El oro no se come 

A mi llegada a Anaime, un campesino me explicaba que el Tolima era como el paraíso, y que Cajamarca era el vergel del Edén. No es en vano que Cajamarca ha sido llamada la despensa agrícola de Colombia. Las laderas de los montes de esta región rebozan de verdor, en ellos prospera casi cualquier cosa que se cultive, el café, los plátanos, la arracacha.

Cajamarca, sin ir más lejos, provee el 10% de la comida que se consume en Bogotá [18], con lo cual el impacto que tiene el cambiar la vocación productora de alimentos de esta región para reorientarla hacia la explotación aurífera, es de carácter potencialmente catastrófico.

Los campesinos dicen que ya se están viendo los efectos de la megaminería en detrimento de la producción de alimentos. La misma dirigenta de la JAC señala:
AngloGold le ofrece a los campesinos sueldos de hasta 800.000 pesos al mes, con lo cual han dejado de labrar la tierra. Pero la mayoría de esta plata es como un espejismo, porque se les va en pagar transporte y comida. Hay que pensar a más largo plazo que en la plata que le pagan en un mes, porque nos están afectando el agua, están robando el agua y eso está afectando nuestro medio ambiente. Y aunque quizás ahora no veamos todas las consecuencias tarde o temprano las tendremos que ver.” 
Carlos Gámez, de la UCAT explica:
Se nos va a dañar el agua, nos van a afectar los terrenos de cultivo… nos está generando desplazamiento… andan comprando tierras y sacando campesinos que producen alimentos para el país. Están generando enemistad y contrariedad entre los vecinos, están ejerciendo presión sobre la gente que está en desacuerdo para tratar de voltear la forma de pensar de la gente que lidera procesos a informa a los campesinos por acá. Andan diciendo a la gente que esas personas son mentirosas, que el proyecto es lo mejor para Cajamarca.”


FOTO: J.A.GUTIÉRREZ D. / Los productores locales de leche también serán afectados.
Fernando Pérez Sánchez, de OSADA, corrobora el impacto de la AngloGold no sólo en la misma producción de alimentos, sino que también sobre el tejido social de las comunidades campesinas que es el que, en última instancia, sustenta este modo de producción: “el proyecto está afectando a las comunidades campesinas, engañándolas y dividiéndolas. En la parte económica hacen creer a la gente que la agricultura no da nada y que la minería es la mejor opción.”

El malestar de los campesinos en la zona en contra de la multinacional es parte del malestar que recorre a todo el campo colombiano y que estas semanas se ha expresado en las protestas masivas de los cafeteros y cacaoteros. Es resultado de la ruina a que ha llevado al campesino el aperturismo neoliberal y los Tratados de Libre Comercio, así como a la secular política de despojo contra los campesinos. Yesid Muñoz nos señala, haciéndose eco de la creciente rearticulación del movimiento campesino y de sus demandas, que:
AngloGold Ashanti no nos puede engañar con sus carteles de que hay que hacer al campo productivo y competitivo, cuando lo que quieren es sacar a los campesinos de la zona. Todos los días la tele nos engaña mostrando cosas ficticias pero acá usted ve la realidad. El gobierno tiene al campo muy mal, no les interesa el campesino, y luego se hacen socios con estas empresas multinacionales dicen que para crear empleo, pero a ellas les dan todo, todos los recursos que le niegan a los campesinos de Colombia. Mire que el gobierno le hizo todas esas carreteras a AngloGold y nosotros pidiendo carreteras durante cien años. Con un campo tan productivo como el que tenemos lo que queremos es apoyo para producir”.
La locomotora que intenta avanzar ante un pueblo que no se deja avasallar 

El entorno de La Colosa es un microcosmos en el que se reproducen todas las contradicciones del actual Plan de (Sub)desarrollo Nacional impulsado por el gobierno de Santos (el cual es la elaboración de la propuesta uribista de país, no su negación): la contradicción entre Capital rentista y Capital productivo, entre comunidades y Capital multinacional, entre la vocación productora de alimentos y la ilusión extractivista, entre el desarrollo social sostenible y el desarrollo macroeconómico, entre el campesino y el tecnócrata-militar-capitalista, entre las mismas comunidades sobrepasadas por el arrollador avance de la inversión extranjera directa, entre integración económica o desarrollo tipo enclave, entre la vida o la muerte. La locomotora minera, de la mano de la AngloGold Ashanti, sencillamente ha acelerado el ritmo del despojo al que vienen siendo sometidas las comunidades campesinas desde tiempos inmemoriales, sumándose a otros fenómenos que afectan al campesinado como el aperturismo neoliberal y la presencia del narcoparamilitarismo, el cual sigue vivo como lo expresa un campesino: “Acá los narcotraficantes tiene cara la tierra, porque se dedican a lavar dinero comprando y vendiendo. Este problema no se va a acabar porque el gobierno los deja.”

En este territorio, se expresa con todo su peso la historia de contradicciones de Colombia. El caso de La Colosa es paradigmático de un modelo que para la mayoría genera pobreza y hambre, en medio de la riqueza y la abundancia de unos pocos.


Afiches de movilizaciones contra La Colosa

Pero es también importante, en este punto, destacar que el pueblo de Cajamarca y las comunidades rurales del municipio no son “víctimas” inermes que se cruzan de brazos ante su fatalidad, para clamar que terceros hagan justicia por ellos. Estamos ante un pueblo que ha sido oprimido, reprimido, violentado, victimizado, pero que mantiene intacta su dignidad. Un pueblo berraco que lucha y que se niega a la pasividad, que reclama su derecho a ser agente activo del cambio. Un pueblo que teje solidaridad, que estrecha brazos y manos, que trabaja, sueña y crea.

El dinamismo de la lucha por la defensa de la vida y contra La Colosa es enorme, según nos explica una compañera que participa del Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca:

se han realizado cuatro marchas carnavales en Ibagué, que han movilizado hasta 30.000 personas contra el proyecto de La Colosa y en defensa del agua. También ha habido seminarios y vigilias en Anaime, 2 encuentros de ECOVIDA, con los que la población pudo empezar a enterarse de primera mano del proyecto, porque la empresa que llevaba ya varios años con diferentes nombres, nunca había informado nada. El primero de agosto del año pasado se hizo la movilización nacional contra la locomotora minero-energética y se movilizaron 1.000 personas en Cajamarca, lo que es muy significativo. También está la acción popular de Usocoello, la organización que agrupa a los usuarios campesinos del Rio Coello, contra el proyecto minero… de este río dependen unas 800.000 personas, o sea, el impacto de La Colosa es impresionante. El 22 de Febrero las autoridades municipales de Piedras, de la ONIC, del CRIC, de la Universidad del Tolima, de Fedearroz, de los comités ambientales, unieron sus posiciones y escucharon un informe de las preocupaciones de la Contraloría por los impactos ambientales de este megaproyecto… ese día se rechazó totalmente el proyecto, y ante la cantidad de indicadores sobre los riesgos así como la presión popular, el mismo gobernador fue forzado a posicionarse en contra. Ese evento del 22 de Febrero fue una cosa muy importante. Ayer 7 de Marzo a la Universidad Cooperativa de Ibagué asistieron más de 500 líderes comunales y sociales de Ibagué, académicos, ambientalistas, y se rechazó unánimemente a La Colosa” 
Esta actividad va de la mano de una importante tarea organizativa, que refuerza el tejido social de estas comunidades, rica en formas organizativas ya presentes en la zona, en la forma de JAC, organizaciones sindicales y campesinas, grupos juveniles, grupos ambientales, etc.:

Los campesinos se han organizado en comités ambientales, como el Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca, que reúne 17 expresiones organizadas del territorio, líderes de Juntas de Acción Comunal, campesinos, ambientalistas… nosotros estamos a favor de la defensa del agua, de la soberanía alimentaria y territorial, no es que no queramos el progreso de la región… está también el Comité Ambiental por la Defensa de la Vida, que funciona en Ibagué, y está también el Comité Ambiental del Sur del Tolima. Hay otro Comité por la Defensa del Río Opía, en Piedras, y ahí la resistencia tiene al alcalde y al consejo en pleno de su lado. Está también el Comité por la Defensa del Río Lagunillas en el Líbano. En todos los municipios del Tolima vienen gestándose comités y colectivos que han identificado que la lucha de los próximos años es por el uso del suelo, que es una lucha social y ambiental, que es una lucha también por si éste lo explota una multinacional o todos nosotros. Es importante también destacar que existe un Comité Ambiental de Apoyo al Tolima en Bogotá.” 
Consultada sobre el potencial que significa la lucha de Anaime en el contexto actual de auge de las luchas populares en Colombia, dice esta compañera que:

la región compuesta por Cundinamarca, Meta, Boyacá, Tolima, las fronteras con el pie de monte llanero y Quindío, las salidas al sur del país, es central… digamos que el Tolima es el epicentro del conflicto social y territorial que se está viviendo en el país: tenemos el proyecto minero más grande de todo el continente, más el tema de las siete hidroeléctricas en el Tolima, el tema de la infraestructura y las carreteras para el TLC, la navegabilidad del río Magdalena, hay más de cinco batallones de todo tipo en la zona y está la base militar de Palenquero, de Puerto Salgar, en convenio con los Estados Unidos, y tenemos toda el área de consolidación del sur del Tolima. Hay una reorganización del país, y esta zona central es la plataforma logística, financiera y de control del conflicto social, porque acá está también el centro urbano del país. El Tolima adquiere una relevancia política que ha tenido en otros momentos, que lo tuvo en la guerra del os mil días y en la Violencia. Hoy concentra una gran importancia financiera y también en términos de las luchas sociales”. 

Tolima está en el corazón de Colombia, en una zona de importancia geoestratégica, de importancia por sus recursos hídricos y minerales, una zona de gran fertilidad. El departamento comienza a ser escenario de grandes movilizaciones, de los cafeteros y de los campesinos, así como de oposición a megaproyectos minero-extractivos e hidroeléctricos. El gobierno sabe la importancia estratégica de esta región y por eso ha convertido este territorio en un importante escenario de la llamada “consolidación militar”. Pero no cuenta en sus cálculos con la fuerza de un pueblo que no está dispuesto a dejarse pisotear ni por la bota militar, ni dejarse avasallar por la locomotora minera. Y que lo están demostrando en la práctica con su resistencia. 


NOTAS:

  [1] http://www.polodemocratico.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3885:reflexiones-sobre-los-impactos-den-derechos-humanos-de-la-mineria-a-gran-escala-en-colombia-y-america-latina&catid=46:insumos-para-el-debate&Itemid=240 
[2] Agua o Minería, un debate nacional, Tatiana Rodríguez y Danilo Urrea, CENSAT Agua Viva, 2011, p.4
[3] Colompbia, Boletín Informativo No.18 de PBI Colombia, Noviembre de 2011, pp.4-5.
[4] http://www.semana.com/nacion/articulo/fisica-hambre/246880-
[5] http://www.dinero.com/actualidad/economia/articulo/el-mal-momento-del-carbon-colombiano/169278 
[6] Ahumada, Omar “El ‘boom’ apenas empieza en el país”, El Tiempo (Suplemento ‘debes leer’), p.2, 2 de Diciembre, 2012
[7] http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article6486 ; sobre los antecedentes de la violencia en el Nordeste Antioqueño ligada a la disputa por la riqueza aurífera, ver http://www.periferiaprensa.org/index.php/edicion-actual/1132-la-tragedia-de-los-territorios-mineros-en-el-nordeste-antioqueno 
[8] http://www.portafolio.co/Especiales/Balance-gobierno-2010/Juan-Manuel-Santos/se-duplicara-produccion-minera-al-2019_7862144-3 
[9] “Los Dueños del Oro”, El Tiempo (Suplemento ‘debes leer’), p.3, 2 de Diciembre, 2012
[10] Ibid, Algunas mineras están negociando algunas de las 52 cédulas reales, para que no quede duda del tufillo colonial de la actual política de minas, las cuales serían explotables a perpetuidad.
[11] Ibid, p.4. Los campesinos de la región, sospechan que no sólo hay oro en La Colosa y que eso determina otra clase de intereses. Nos decía un campesino que “se sabe de buena fuente que ahí también hay uranio, que se lo llevan con escoltas para el aeropuerto”.
[12] Agua o Minería, p.8
[13] http://www.codhes.org/images/stories/pdf/bolet%C3%ADn%2077.pdf 
[14] http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12048675.html 
[15] Agua o Minería, p.6.
[16] Colompbia, p.3-6.
[17] http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/173039-comunidad-a-una-sola-voz-dijo-no-al-proyecto-la-colosa?quicktabs_3=2 ;http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo-407330-nunca-hemos-senalado-nadie-de-guerrillero-anglogold 
[18] Agua o Minería, p.8


(*) José Antonio Gutiérrez D. es militante libertario residente en Irlanda, donde participa en los movimientos de solidaridad con América Latina y Colombia, colaborador de la revista CEPA (Colombia) y El Ciudadano (Chile), así como del sitio web internacional www.anarkismo.net.  Autor de "Problemas e Possibilidades do Anarquismo" (en portugués, Faisca ed., 2011) y coordinador del libro "Orígenes Libertarios del Primero de Mayo en América Latina" (Quimantú ed. 2010).


Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Quienes se enfrentan a la Anglogold Ashanti son estigmatizados y perseguidos

Asesinan a César García, opositor al megaproyecto minero La Colosa (Tolima)



COMUNICADO PÚBLICO A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

RECHAZAMOS EL HOMICIDO DE NUESTRO AMIGO, COMPAÑERO Y DEFENSOR DEL DERECHO A LA VIDA, EL AGUA Y EL TERRITORIO CESAR GARCÍA

CESAR GARCÍA era un campesino trabajador, defensor del territorio, líder ambientalista, reconocido opositor al proyecto de megaminería LA COLOSA impulsado por la empresa Anglogold Ashanti, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Cajón la Leona del municipio de CAJAMARCA, integrante del Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca y de la Red de Comités Ambientales y Campesinos del Tolima. HECHOS CESAR GARCÍA, el día de hoy (2 de noviembre de 2013) entre las 5 y 6 de la tarde fue asesinado con un tiro en la cabeza cuando llegaba a su finca ubicada la vereda la Cajón la Leona del municipio de Cajamarca.

ANTECEDENTES 

Los líderes y lideresas del Comité Ambiental y Campesino han sido señalados y estigmatizados como enemigos del progreso de la región, también han sido señalados de guerrilleros, en los últimos meses se han presentado diferentes hechos que vienen creando sobre Cajamarca un ambiente de zozobra, por ejemplo, a partir del lamentable atentado de la semana pasada en la vereda Potosí. 

El 25 de octubre Caracol Radio expresó lo siguiente: La comisión conformada por 6 personas más el conductor se desplazaba por la vía Potosí cuando fueron impactados por dos artefactos explosivos improvisados que al parecer fueron lanzados desde la montaña”. Aunque las autoridades creen que la comisión pudo haber sido confundida con una empresa minera, las directivas del Instituto no descartan que el ataque esté relacionado con la actividad que se realiza en la zona para la delimitación de páramos”

Seguidamente el IGAC en comunicado público manifiestó: Las primeras informaciones señalan que la comisión del IGAC fue confundida con personal de la empresa Minera Gold Fields, que ha sufrido rechazo por parte de algunos sectores de la comunidad, “por lo que es importante reiterar que la labor del IGAC se desarrolla en el marco de un convenio que no tiene nada que ver con la empresa minera mencionada. Nosotros hacemos la delimitación para lograr una protección de esta área, generando insumo técnico a las autoridades competentes para la toma de decisiones a que haya lugar”, indicó el director del IGAC.

El 27 de octubre de 2013 en el editorial El Espectador, se refirió a los hechos de la siguiente forma: - "Lo que nos faltaba" Pero no basta con rechazarlo. Hay que hacer un alto y reflexionar. Porque más que una forma acaso inesperada de la misma intolerancia que nos caracteriza, podría tratarse de un indicio extremo de que algo anda mal en la forma como se están tomando las decisiones que afectan el medio ambiente y los territorios de vida de comunidades locales. Podría ser el primero, en nuestra tierra, de otro de los males que acusa la sociedad contemporánea: las manifestaciones violentas de quienes sienten que los valores sociales y ambientales que están en juego en medio de las propuestas de crecimiento económico sólo pueden ser resueltos por la vía de los hechos”

Durante las jornadas del PARO AGRARIO, varios líderes campesinos y ambientales de Cajamarca e integrantes del Comité Ambiental y Campesino recibieron amenazas en los que la fuerza pública se encuentra implicada.

El 22 de febrero de 2013, en el marco de una mesa ciudadana convocada por Cortolima, el director de comunicaciones de la empresa trasnacional ANGLO GOLD ASHANTI – AGA, envió un mensaje de texto a RAFAEL HERTZ (el entonces director de la AGA), en el que afirmó: IDENTIFICARON EN EL PUBLICO DE LOS OPOSITORES A VARIOS GUERRILLEROS DE ANAIME. CAJAMARCA y el TOLIMA se configuran hoy en un territorio en disputa entre quienes defendemos el derecho a decidir sobre el destino de la región, al agua y a la vida y quienes se benefician de hechos cuyo objetivo es desestabilizar el orden público, asesinar y hostigar a los procesos de resistencia y a todos sus integrantes.

POR LA GRAVEDAD DE LOS HECHOS CON URGENCIA - EXIGIMOS

A la Defensoría del Pueblo a través del Sistema de Alertas Temprana, documentar y emitir documento de advertencia de inminencia por el riesgo en que se encuentran los líderes y lideresas del Comité Ambiental de Cajamarca.

Al Ministerio del Interior- Unidad de Protección coordinar con la Defensoría del Pueblo las medidas de protección de los y lideresas del comité con el fin de prevenir posibles asesinatos y desapariciones forzadas.

A la Fiscalía General de la Nación, Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho y Derecho Internacional Humanitarios, iniciar investigación de oficio por el asesinato del dirigente campesino CESAR GARCÍA, asignando de manera inmediata investigador para esclarecer los móviles de la acción delictiva y dar captura del (los) responsables.

A la Gobernación del Tolima para que asuma como autoridad regional la exigencia para una investigación contundente y transparente sobre todos éstos hechos a los órganos competentes, que permitan establecer tanto los autores del asesinato de CESAR GARCIA como los actores intelectuales y se investigue a quienes se benefician de éste hecho como posibles responsables del mismo.

A la comunidad internacional, acompañar con la divulgación del comunicado y remitir cartas al gobierno nacional solicitando la protección de la vida, integridad y seguridad personal de los líderes y lideresas del comité, y a su vez promoviendo el cierre de la actividad minera en la zona A todos los ciudadanos del Tolima, de la región y del país para que hagan presencia a través delegaciones en Cajamarca, Tolima, durante los eventos que se decidan para no dejar impune la muerte de nuestro compañero CESAR GARCÍA.

RED DE COMITES AMBIENTALES Y CAMPESINOS DEL TOLIMA.


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Asesinan a líder ambiental en zona rural de Cajamarca Tolima Colombia

“Cajamarca y Tolima se configuran hoy en un territorio en disputa entre quienes defendemos el derecho a decidir sobre el destino de la región, al agua y a la vida y quienes se benefician de hechos cuyo objetivo es desestabilizar el orden público, asesinar y hostigar a los procesos de resistencia y a sus líderes”, es otro aparte del comunicado.
El Comité Ambiental en Defensa de la Vida rechazó el homicidio de Pedro César García Moreno, perpetrado la tarde del pasado sábado.
“(...) Era un campesino trabajador, defensor del territorio, líder ambientalista, reconocido opositor al proyecto de megaminería La Colosa impulsado por la empresa Anglogold Ashanti, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Cajón La Leona de Cajamarca”, reza en el comunicado de rechazo al crimen.
A García Moreno, de 37 años, lo mataron de un disparo en el rostro cuando se desplazaba con su esposa por un camino de herradura, cerca a su finca, en La Leona.
La mujer del líder asesinado contó, según las autoridades, que ellos sintieron que les dispararon desde unos arbustos.
El homicidio se registró entre las 5 y 6 de la tarde del pasado sábado.
“Por la gravedad de los hechos”, el Comité exigió a la “a la Defensoría del Pueblo, a través del Sistema de Alertas Tempranas, documentar y emitir documento de advertencia de inminencia por el riesgo en que están los líderes y lideresas del Comité Ambiental de Cajamarca”.
Así mismo, la organización hizo un llamado al Ministerio del Interior, a la Unidad de Protección, a la Fiscalía, a la Gobernación del Tolima y a la comunidad internacional para que se enteren de la situación y tomen las respectivas medidas.
Publicada por
REDACCIÓN JUDICIAL
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Hacia un nuevo ciclo de luchas en América Latina


«Los pobres organizados en movimientos desarticularon las viejas gobernabilidades», sostiene el autor, que considera que los actuales gobiernos progresistas de la región serían incomprensibles sin aquel ciclo de luchas. Observa y presenta multitud de datos del repunte de un nuevo ciclo, centrado en la minería, los monocultivos y la especulación urbana que cree profundizará los cambios iniciados hace más de una década.


Cada vez que los sectores populares lanzaron desafíos profundos a las clases dominantes, consiguieron modificar el escenario político, tanto a escala regional como en cada uno de los países integran la región. En la década de los sesenta y parte de los setenta, fueron demandas obreras, campesinas y estudiantiles por derechos democráticos que se defendieron con tanta intensidad que hicieron tambalear las estructuras de poder y se saldaron, en general, con la instalación de regímenes autoritarios alineados con Estados Unidos.
Movimientos campesinos en Brasil, Paraguay, Perú y Bolivia; levantamientos obreros en Argentina (los célebres Cordobazo y Rosariazo), mineros en Bolivia y de todos los sectores populares en Chile, cuya potencia puede expresarse en un solo dato: en 1970 cerca de la mitad de la ciudad de Santiago estaba «tomada» por pobladores que autoconstruían barrios, viviendas y servicios. Algo similar sucedía en otras capitales, conformando un amplio desborde popular desde abajo que sólo pudo ser contenido con represión y muerte.
Dos décadas después, cuando el modelo neoliberal hizo estragos entre los sectores populares y las capas medias, comenzó un nuevo ciclo que volvió a modificar el escenario político de la región, pero en sentido inverso, desgastando a los partidos tradicionales y facilitando así el acceso a los gobiernos de fuerzas progresistas y de izquierda. El punto de partida de este ciclo de protestas suele considerarse el Caracazo de febrero de 1989, el levantamiento masivo y macizo de la población de Caracas contra un paquete de alzas de precios decretado por el socialdemócrata Carlos Andrés Pérez (amigo personal de Felipe González).
El gobierno lanzó a los militares contra la población. Según las diversas fuentes masacraron entre 400 y tres mil personas, sobre todo en los cerros, los barrios más pobres de la capital. Fue el comienzo del fin del bipartidismo venezolano que despejó el camino al triunfo electoral de Hugo Chávez en 1998. Luego suceden una decena de insurrecciones populares en Ecuador (donde cayeron tres presidentes), en Bolivia (dos «guerras» por el gas y una por el agua), en Argentina, Perú y Paraguay, además de importantes movilizaciones en Brasil, Chile y Uruguay. Este impresionante ciclo popular puso a la defensiva tanto a las derechas como a las burguesías aliadas de Washington y modificó el escenario político por lo menos durante una década.
Los actuales gobiernos progresistas de la región serían incomprensibles sin este ciclo de luchas que desbordó las instituciones existentes, tanto las estatales como las políticas. Los partidos que gobiernan Bolivia, Venezuela y Ecuador, por ejemplo, no existían antes que los pobres organizados en movimientos desarticularan las viejas gobernabilidades. A diferencia del ciclo de los sesenta, donde se registró un fuerte protagonismo de las guerrillas y los partidos comunistas, en el de los noventa los movimientos fueron capaces de auto-organizarse en base a sus comunidades territoriales en campos y ciudades. Mientras el primer ciclo fue protagonizado por obreros, campesinos y estudiantes, en el segundo jugaron un papel destacado los indígenas y los pobres urbanos y rurales, los llamados «margi-nales» por la sociología y parte de las izquierdas.
Ante nuestros ojos está despuntando, al parecer, un nuevo ciclo de protestas y movilizaciones. La resistencia está centrada en la minería y los monocultivos, en particular la soja, así como en la especulación urbana, o sea en los diversos modos que asume el extractivismo. Según el Observatorio de Conflictos Mineros en la región hay 197 conflictos activos por la minería que afectan a 296 comunidades. Perú y Chile, con 34 conflictos cada uno, seguidos de Brasil, México y Argentina, son los países más afectados.
La resistencia es particularmente potente en Perú, donde el 25% del territorio fue concesionado a multinacionales mineras. La conflictividad hizo caer dos gabinetes del gobierno de Ollanta Humala, llevó a la militarización de varias provincias y provocó la muerte 195 activistas entre 2006 y 2011. El proyecto Conga de minería aurífera en el norteño departamento de Cajamarca, sigue paralizado por la contumaz resistencia de miles de comuneros que acampan en las lagunas para impedir su contaminación.
La cordillera andina registra importante actividad anti-minera en Chile y Argentina. La canadiense Barrick Gold, la principal productora de oro del mundo, se vio forzada a suspender su proyecto Pascua Lama en la frontera entre Chile y Argentina, por la presión social que forzó decisiones judiciales adversas. La minería no sólo contamina sino que fuerza la construcción de mega-represas hidroeléctricas para sostener el elevado consumo de energía que requieren.
La resistencia a la soja, el principal cultivo transgénico en la región, se está haciendo sentir con fuerza en Argentina. Primero fueron las Madres de Ituzaingó que ganaron un juicio contra productores y fumigadores que provocaron muertes y enfermedades en la localidad de seis mil habitantes del sur de Córdoba, rodeada de campos de soja. Un pequeño grupo de madres descubrieron que los índices de cáncer son 41 veces superiores al promedio nacional, porque el agua que consumen está contaminada con plaguicidas por las fumigaciones aéreas. El 80% de los niños de Ituzaingó tienen agroquímicos en la sangre y el 33% de las muertes son por tumores.
Estos días Monsanto debió paralizar la construcción de una enorme planta cerca de Córdoba, donde pretende instalar 240 silos de semillas de maíz transgénico con el objetivo de llegar a 3,5 millones de hectáreas sembradas. Decenas de militantes acampan frente a las entradas de la planta en construcción y durante un mes impidieron el ingreso de camiones con amplio apoyo de la población. La cuestión ambiental está instalada en toda la región, pero lo novedoso es que ya no sólo se denuncia sino que se empiezan a conseguir victorias.
En Chile los estudiantes y los mapuche han conseguido un amplio apoyo a sus demandas. En Colombia se registró, entre agosto y setiembre, la mayor movilización campesina en décadas contra las consecuencias del TLC con Estados Unidos. El paro agrario nacional movilizó a miles de productores de alimentos que atraviesan una profunda crisis que los está forzando a abandonar tierras y cultivos. Sus movilizaciones confluyeron con los camioneros, los pequeños y medianos mineros y con una parte de la población urbana insatisfecha, como los trabajadores de la salud y la educación.
Finalmente, en junio estallaron las ciudades brasileñas. Luego de un intenso mes donde millones de manifestantes ocuparon las calles en 140 ciudades y consiguieron revertir los aumentos del precio del transporte en más de cien ciudades, una nueva juventud sigue en las calles demandando el derecho a la ciudad y la democratización de la vida urbana, lo que pasa por acotar la especulación y las grandes obras que demandan eventos como el Mundial de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016 en Rio de Janeiro.
Aún es pronto para saber si este ciclo incipiente se consolidará. Menos aún para detectar los rumbos que irá tomando. Lo cierto es que apunta contra las facetas más depredadoras del modelo extractivo, tanto en las áreas rurales como en las urbanas, y parece destinado a profundizar los cambios iniciados hace más de una década.