Por Ramiro Gálvez
Aldana
Docente Universidad del
Tolima
La sentencia C 123/14 expedida por la Corte Constitucional el
5 de marzo pasado, mediante la cual se declaró la exequibilidad condicionada
del artículo 37 del Código de Minas (ley 685 de 2001), consagró que “en
desarrollo del proceso por medio del cual se autorice la realización de
actividades de exploración y explotación minera, las autoridades competentes del nivel nacional deberán acordar con las
autoridades territoriales concernidas, las medidas necesarias para la
protección del ambiente sano, y en especial, de sus cuencas hídricas, el desarrollo económico, social, cultural de sus comunidades y la salubridad de
la población, mediante la aplicación de los principios de coordinación,
concurrencia y subsidiaridad previstos en el artículo 288 de la Constitución Política”.
Días previos a la expedición de la sentencia, el Gobierno del
Presidente Juan Manuel Santos había descalificado como ilegales, los resultados de las
consultas populares realizadas en los municipios de Piedras (Tolima) y
Tauramena (Casanare), cuyos ciudadanos en ejercicio democrático auténtico habían
rechazado abrumadoramente el desarrollo de proyectos de minería e hidrocarburos
a gran escala en sus jurisdicciones territoriales. El Gobierno Nacional se
pronunciaba en contra de la realización de estos procesos, amparado en la
potestad constitucional que otorga la propiedad del subsuelo a la Nación. Buscaba
así conjurar la proliferación de consultas populares a lo largo y ancho del país
que amenazaban con el “descarrilamiento” de la “locomotora minera”, en la cual
el Gobierno Santos tiene fincadas sus esperanzas por alcanzar ritmos de
crecimiento económico y acumulación de capital significativamente superiores a los actuales.
Sin embargo, a pesar de que la sentencia emitida por la Corte
Constitucional ordenaba a las autoridades nacionales la obligatoriedad de establecer con las entidades territoriales,
mediante una participación activa y eficaz,
acuerdos para la protección de un ambiente sano, el desarrollo económico,
social y cultural de sus comunidades, etc., la Procuraduría Provincial de
Ibagué, anunciaba el inicio de investigaciones disciplinarias por presunta
“extralimitación de funciones” en contra del Alcalde del municipio tolimense de
Piedras, Arquimedes Ávila Rondón y de los integrantes del Concejo Municipal. El
burgomaestre y ediles piedrunos, avalados por la autoridad del Tribunal
Administrativo del Tolima, habían sometido a consideración del pueblo, en consulta
popular realizada el 28 de julio de 2013, la conveniencia de desarrollar en su
territorio proyectos de minería a gran escala promovidos por la minera
trasnacional Anglo Gold Ashanti Colombia
Por fortuna la respuesta de la comunidad piedruna ha sido
ejemplar y valerosa en extremo. A las amenazas del Ministerio Público ha
respondido con una multitudinaria marcha en respaldo de su Alcalde y Concejo
Municipal organizada el 26 de abril de 2014 por las calles de Piedras. El gesto
de gran dignidad y altivez con que los ciudadanos de esta región han respondido,
debe resaltarse, pues, una y otra vez han rechazado los múltiples y engañosos intentos
de seducción con que la minera transnacional ha intentado cooptarles. De nada
han servido las reiteradas ofertas de migajas, falsas promesas y mentiras
desembozadas con que Anglo Gold Ashanti ha aspirado coronar su proyecto
ecocida.
La tozuda intención de la minera trasnacional, no obstante el
rechazo casi unánime de la ciudadanía piedruna, ha sido la de establecer en el corregimiento
de Doima en el municipio de Piedras, las lagunas de lixiviación y los diques de
cola que quedarían “sembrados” para siempre en el territorio, contaminando y destruyendo
una de las regiones más ricas en recursos naturales renovables del país,
incluyendo su valioso acuífero. Los pobladores de la zona han comprendido
claramente el peligro que se cierne sobre su territorio y vidas. Mujeres y
hombres humildes han decidido erigirse en dique social democrático para impedir
el avance del engendro en contra de la naturaleza y de la vida.
De igual forma, la Procuraduría General de la Nación ha
anunciado la apertura de investigación disciplinaria en contra del Alcalde y
Concejo Municipal de Tauramena (Casanare), entidades que, al igual que en el
municipio de Piedras, convocaron una consulta para que la ciudadanía se
pronunciara acerca de la conveniencia del desarrollo de grandes proyectos petroleros,
esta vez a cargo de la petrolera estatal Ecopetrol. También en dicha oportunidad
el resultado del proceso participativo fue un no rotundo a los proyectos que
amenazan con socavar para siempre sus fuentes hídricas y la enorme
biodiversidad de la región, como acaba de ser trágicamente confirmado a raíz
del desarrollo de la reciente emergencia ambiental registrada en el municipio casanareño
de Paz de Ariporo, irresponsablemente minimizada por la titular de la cartera
de Medio Ambiente y Sostenibilidad Luz Helena Sarmiento.
En el contexto de esta apocalíptica amenaza que gravita sobre
la vasta geografía nacional, contrasta sobremanera la acuciosa actitud punitiva
exhibida por la Procuraduría General de la Nación en contra de alcaldes y
concejales defensores de sus territorios y comunidades, con la negligente
complicidad con que, dichos funcionarios, han actuado cuando la flagrante
evidencia del desastroso manejo ambiental apunta su dedo acusador en contra de altos funcionarios nacionales, como el caso
de la hoy Ministra del Medio Ambiente y Sostenibilidad, Luz Helena Sarmiento,
otrora Gerente de Relaciones con la Comunidad al servicio de la multinacional Cerrejón Coal Company.
El doble rasero con que ha actuado el Ministerio Público se pone
aún más de presente ante la actitud asumida en contra del Alcalde de Bogotá,
Gustavo Petro Urrego, quien fuera fulminantemente destituido de su cargo e
inhabilitado por 15 años para el desempeño de funciones públicas, en razón de un
presunto y doloso mal manejo ambiental con ocasión de la definición del régimen
de recolección de basuras aplicado en la capital de la República. La posición
del ente fiscalizador contrasta con la inacción exhibida por esta misma entidad
frente a la actuación de la mencionada Ministra Sarmiento, quien cuando se
desempeñaba como directora de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA,
autorizó las licencias que a la postre terminaron generando el desastre
ambiental de Casanare.
Las amenazas de la Procuraduría en contra de los funcionarios
locales que han promovido o promueven las consultas populares en Colombia en
contra de los proyectos megamineros, tienen la intención exclusiva de
escarmentar en cabeza ajena. Anglo Gold Ashanti, el Gobierno Nacional y la
Procuraduría temen como a la peste las posibilidades de un ejercicio verdaderamente democrático.
Por ello, en la investigación disciplinaria abierta en contra del alcalde Ávila
y el Concejo Municipal de Piedras, al igual que en el caso de Tauramena, han
hecho caso omiso de la reciente sentencia de la Corte que obliga a las
autoridades nacionales a consultar las autoridades territoriales cuando se
trate del desarrollo de actividades de exploración y explotación mineras buscando
garantizar las medidas necesarias para la protección de un ambiente sano y en
especial, de la defensa de sus cuencas hídricas, el desarrollo económico, social, cultural de sus comunidades y la salubridad
de la población.
El propósito de la empresa minera, según sus propios cálculos,
es el de extraer de las entrañas de la Cordillera Central, en plena reserva
forestal central, en el municipio de Cajamarca, 24 millones de onzas de oro en
un lapso de 20 años aproximadamente. También ha sido anunciada la intención de construir
en la región el distrito minero más
grande del planeta, lo cual implica la extensión de su actividad de expoliación,
no solo al departamento del Tolima sino
también a los departamentos de Quindío y Risaralda. Otras regiones del país
padecen desde hace decenas de años las actividades mineras y criminales
implementadas por Anglo Gold Ashanti en regiones como el Sur de Bolivar y el
departamento del Cauca. Ninguna región del país ha escapado a la mirada voraz
de la multinacional.
El columnista del diario El Espectador y profesor universitario,
Cesar Rodríguez Garavito, ha resaltado un aserto de Perogrullo: la
imposibilidad de acceder al subsuelo sin la intervención del suelo. En escrito
reciente subraya cómo por ejemplo para que la Minera extraiga los 24 millones
de onzas de oro se precisarán 9 millones de metros cúbicos de agua, 4 millones
de kilos de cianuro anuales, plantas de tratamiento y escombreras ubicadas a
distancias que alcanzan los 100 kilómetros, en municipios como Ibagué o
Piedras. De allí que –agrega-, no se pueda tomar una decisión sobre la mina sin
decidir al mismo tiempo sobre el suelo, el agua, la agricultura, la salud
pública y el medio ambiente de toda la región. Otros investigadores, nacionales
y extranjeros, han arribado a
conclusiones similares como es el caso de los estudios técnicos especializados realizados
por entidades nacionales como el Grupo de Medioambiente de la Contraloría
General de la República.
A fin de enfrentar estratégicamente las amenazas derivadas de
la “locomotora minera”, el movimiento social ambiental debe tomar nota de las
intenciones con que los promotores de los mismos, intentarán hacer nugatorio el
derecho constitucional de municipios y distritos a ser consultados activa y eficazmente cuando se trate de la conveniencia del
desarrollo de proyectos mineros que afecten sus regiones.
Es por ello que la fuerza movilizada y democrática de las multitudes
rebeldes debe aplicarse a fin de neutralizar las intenciones del Gobierno
Nacional por defraudar el verdadero derecho constitucional a gozar de un medio
ambiente sano. Especialmente hay que mantener en alto la guardia contra el
peligro de que las consultas populares, establecidas en la Constitución Nacional
como un derecho de participación ciudadana, sean sustituidas por la promesa de raciones
de “mermelada” en favor de gobernantes y corporaciones públicas territoriales a
cambio de su silencio cómplice frente a la destrucción irreversible del medio
ambiente.
En tal sentido, debe rechazarse con vehemencia, la pretensión
inmoral del señor Felipe Márquez, Vicepresidente de Sostenibilidad de la
multinacional AGAC, quien en sesión pública adelantada en el Concejo de
Cajamarca, se atrevió a anunciar la disposición de la minera de crear un “mega
fondo” orientado a la financiación de obras
sociales en la región que será objeto del devastador impacto del proyecto “La
Colosa”. El monto anunciado por el representante de la “altruista” empresa podría
ascender hasta $130.000 millones de pesos anuales, según vaya desarrollándose el
proceso de aprobación del proyecto por parte de las autoridades nacionales. Por
cada avance que registre la aprobación del proyecto, el monto podría verse
incrementado hasta completar la cifra anunciada.
Sin poner en discusión el carácter demagógico de la
fantasiosa cifra ofrecida por el representante de AGAC, lo claro es que su
verdadera intención no es otra que el burdo intento por engañar y seducir a la
población de Cajamarca mediante el soborno y la mentira. Lo que AGAC pretende con
dichas promesas es ganar simpatías ante la inevitable realización de la
consulta popular que debe desarrollarse en Cajamarca durante el segundo semestre
de 2014 y, teme, que el apoyo ciudadano sea conquistado por el movimiento
social antiminero.
El creciente movimiento social por la defensa de la vida, el
agua y el territorio seguirá avanzando hasta sepultar definitivamente las
políticas de las multinacionales aupadas por la “locomotora minero-energética”.
Las consultas populares próximas que se desarrollarán en Espinal en agosto y en
Ibagué y Cajamarca durante el segundo semestre darán cuenta de ello.
Ibagué, abril 30 de 2014.
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