Piedras (Tolima) y Tauramena (Casanare) son dos municipios que han saltado
a la arena pública nacional
porque decidieron oponerse a la ‘locomotora’ minero-energética recurriendo a
una consulta popular, con lo cual pusieron en jaque no sólo a grandes empresas
sino también al Estado. En mi sentir, su actitud, más que criticable es
elogiable, por su apelación al estado de derecho. En ninguno de los casos se
registró una sola vía de hecho y esto, en un país acostumbrado a la violencia,
es de admirar y agradecer.
Pero aquí estamos llenos de rábulas y tinterillos, y en lugar de centrar la
discusión en por qué la gente piensa como piensa nos hemos dedicado a examinar
si la decisión se inscribe dentro de la legalidad o no, si el municipio tiene facultades o no para
pronunciarse sobre una actividad económica que regula el nivel central de la
administración pública. El Estado es el dueño del subsuelo, han dicho desde el
páramo bogotano; cierto, pero la Constitución también asigna a los municipios y
regiones autonomía y la regulación del uso del suelo. Al usurero mercader de
Venecia le fue reconocido su derecho a obtener una libra de carne del pecho de
su deudor moroso, pero eso sí, le dijo el juez, sin derramar ¡una sola gota de
sangre! Ese es más o menos el problema, que no se puede explotar el subsuelo
sin que se revuelque el suelo. Así de simple.
Ahora bien, vale la pena que nos preguntemos. Agua o petróleo, como
dicen algunas poblaciones en Meta y Casanare, ¿Es un dilema verdadero? No. Creo
que es falso. En muchos países con estándares medioambientales más altos que el
nuestro, Australia, EE.UU y Canadá, por ejemplo, hay actividad extractiva sin que
se afecte de forma irremediable el medio ambiente. La discusión real es si
estas actividades pagan y remedian los impactos ambientales, sociales y
culturales. Ese es el punto. Negar los impactos es necio. No se puede comer
carne de res sin matar la vaca. Quien diga lo contrario falta a la verdad. En
la mayoría de los procesos productivos hay violencia contra la naturaleza.
¿Pero alguien está dispuesto a prescindir del papel para que no talen más
árboles? El petróleo es una fuente de energía sin un sustituto de igual poder a
la vista, y el país lo necesita para dinamizar su economía. Lo que no está bien
es que en las poblaciones en donde se saca petróleo la gente viva de forma tan
miserable. Basta con mirar hacia Arauca, o hacia el propio Casanare, petroleras
ambas; o hacia Chocó, en donde extraen oro desde hace muchas décadas. Son
pueblos con una miseria ¡inaceptable!
Las empresas extractivas van a tener que cambiar el ‘chip’ si quieren operar y
obtener la “licencia social”. Debe ganarse la confianza de las comunidades,
pero no por la vía de la cooptación de sus líderes sino apelando al juego
limpio y a la transparencia. Poniendo las cartas sobre la mesa y diciendo la
verdad y sólo la verdad. Algunas veces olvidan que el mundo está interconectado
y que todo se sabe. No pueden tratar las comunidades como si fuesen rebaños de
tontos, eso es ser ‘vivos de pueblo’. Para empezar hay que abrir un debate
sobre qué es y qué no es responsabilidad social. Incluso el término regalías
debería revisarse. No debe haber regalos sino compensaciones y participaciones.
En esto hay tres socios: Estado, empresa y comunidad.
El Gobierno tiene que liderar la discusión con una mentalidad
abierta y moderna, no con una postura
colonialista y autoritaria. El problema no es jurídico ni policial, es
político, tiene que ver con relaciones de poder y cómo se distribuye la
“mermelada”. Creo que al final eso es lo que dice la gente en Piedras y
Tauramena. Hay que dialogar.
GUILLERMO PÉREZ FLÓREZ
El Nuevo Dìa. Ibaguè, Tolima
XII 22 2013
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