La Contralora general de la República desmiente y
rectifica al Ministro del Medio Ambiente.
"Colombia está al borde de un desastre
ambiental". Así lo sostiene categóricamente la contralora general de la
República, Sandra Morelli.
La alta funcionaria enfrenta además, duramente, al
ministro del Medio Ambiente, Juan Gabriel Uribe; lo ataca, lo rectifica y
reafirma que Cerro Matoso no tiene licencia ambiental. Y advierte además que la
eventual prórroga del contrato de explotación de ferro níquel "se
caerá" si no tramita la licencia ambiental.
"Colombia firma todos los tratados de medio
ambiente, de transporte de residuos tóxicos, de protección de los trabajadores
en las zonas mineras, de controles al agua, de edad de los trabajadores; hace
parte del observatorio informativo sobre la explotación del níquel; suscribe
convenciones de medio ambiente de Kyoto, de Río de Janeiro, y los funcionarios
parecen olvidar su carácter vinculante".
Pero el Ministro de
Medio Ambiente dijo que las cumplía con creces...
No es así. En licencias ambientales estamos muy
mal. El Ministro está equivocadísimo. Él no puede actuar como abogado y
afirmar, sin que ello sea cierto, que ellos sí tienen licencia ambiental.
Resulta que los permisos que invocan los concesionarios fueron declarados
inconstitucionales por la Corte, y hubo también decisión del Consejo de Estado.
Cerro Matoso no tiene licencia ambiental y no hace manejo adecuado del medio
ambiente. La exploración y la explotación tienen trato jurídico distinto; no se
ha pagado tasa de vertimiento, no tienen plan de manejo de aguas y nunca han
tramitado ante el Ministerio un estudio de impacto ambiental y de mitigación de
ese impacto. No es una mera información de que van a explorar, como la que
presentaron desde 1981. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado
declararon la inconstitucionalidad de los decretos que establecían el llamado
Dema (Documento de evaluación y manejo ambiental). Luego hubo prórrogas y
adiciones contractuales y se siguió con los mismos permisos, a pesar de que ya
se había promulgado la Ley 99 de 1993, o sea, la ley ambiental.
¿Qué riesgos corre
Cerro Matoso si no gestiona su licencia ambiental?
No tener licencia ambiental genera la caducidad de
contrato, y en vez de estar alegando con la Contraloría, deberían empezar los
trámites rapidito.
¿En la negociación
de prórroga se debe incluir la exigencia de la licencia?
Eso no se puede negociar; no podemos negociar las
leyes. Si no hay licencia, no puede haber contrato. Es muy duro decirlo, pero
no me lo inventé yo. Afirmo categóricamente: no tienen licencia. Y mientras no
la tengan, no puede haber prórroga. Pretermitir la licencia puede originar
responsabilidad disciplinaria.
¿Contra Cerro
Matoso o contra el Ministro?
Contra los dos. El Procurador pidió todas nuestras
actuaciones y él investiga. Tiene serias preocupaciones, como las tiene el
Defensor del Pueblo, sobre los efectos nocivos contra la comunidad, porque se
sabe que hay residuos posiblemente tóxicos, y no se conocen los efectos; eso
internacionalmente podría generar serias sanciones. Recuerde que el Consejo de
Estado planteó adaptar el contrato a la legislación vigente y a los estándares
internacionales en materia ambiental, minera y social.
¿Lo que usted dice puede interpretarse como una
amenaza al Ministro?
No. Lo que quisiera recordarle al Ministro y
también pedirle al Gobierno es que entienda que la legalidad nos somete; es un
yugo que obliga al Gobierno, obliga a Cerro Matoso, obliga al Ministro y me
obliga a mí. No es que yo sea mala ni el Procurador sea malo, que ellos son
buenos y amigos del desarrollo y nosotros los perseguimos. Es que la ley se
debe cumplir.
¿Concretamente,
Cerro Matoso a qué se expone?
A que un juez declare la caducidad del contrato. La
obligación de la licencia surgió desde 1993 y nunca hicieron los trámites para
obtenerla. No es solamente un tema semántico; el permiso con que ellos
funcionan era el Dema, que fue declarado inconstitucional por la Corte en 1998;
es decir que desapareció del orden jurídico, y no es una licencia ambiental. Lo
digo claramente: si no se consigue la licencia ambiental, el contrato se caerá
en los tribunales.
¿Ante quién se
tramita la licencia?
Ante el Ministerio de Medio Ambiente.
Pero si el
Ministerio dice que no la necesita porque la tiene, ¿qué se hace?
Cerro Matoso está en esa encrucijada. El Ministro
les quería facilitar la prórroga y parece que les va a terminar haciendo un
daño.
¿Pero a quién le
debe creer Cerro Matoso: a usted o al Ministro?
Al ordenamiento jurídico. Yo estoy segura de lo que
digo. Además, en Cerro Matoso no sabemos qué pasó con el ferro, o sea, el
hierro. Tuvieron licencia para explotación de níquel, nunca para hierro. Y no
están pagando regalías por la explotación de hierro. Estamos revisando eso.
¿El problema de
medio ambiente en el país está limitado a este asunto?
No, no, no. Tenemos realmente un problema ambiental
serio en el país: Santa Marta, Cartagena, El Cerrejón en La Guajira, la minería
del Cesar...
¿Cómo va el
problema de la bahía de Santa Marta?
Hay mal manejo de aguas, transporte descubierto de
carbón, barcazas no permitidas en la zona. Cuando vierten el carbón en estas
viejas embarcaciones con banderas de países muy raros, están contaminando
playas y mar. A eso súmele que el río Manzanares fue desviado por la
construcción de la marina; el sedimento y el mugre que viene como de la
deforestación caen a la bahía y permanecen allí. Las fábricas de aceite no
ayudan; hubo dos derrames y dijeron que, como era aceite natural, no
contaminaban. Y tampoco el manejo de lixiviados ni las condiciones del emisario
submarino responden a parámetros exigibles.
¿Cuál es la
compañía responsable de eso?
Primero que todos, las autoridades que nada les
exigen a los hoteles, ni a Prodeco, ni a Drummond.
¿Qué ha hecho la
Contraloría?
Frente a todos ellos, estamos contra viento y
marea, contra infiltrados y corruptos, calculando el monto del daño ambiental
para proceder a obtener los recursos para reparar el daño causado.
¿Cuál es el
problema con la marina de Santa Marta?
Es una concesión a los Dávila Abondano, sin
contraprestación para el Estado. Ellos manejan la Sociedad Portuaria, y el
Distrito modificó el POT mediante un extraño procedimiento que incluye el mar.
Se están valorando los daños ambientales que causó esa construcción por la
dinámica de las corrientes que dañan la fauna y la flora marina de la bahía. El
paisaje se alteró, y el material usado causó un grave deterioro sobre la
quebrada la Lata.
En resumen: crisis
en medio ambiente por Cerro Matoso, crisis por la Drummond, crisis en Santa
Marta, crisis en Cartagena, crisis por Cerrejón....
Mire: Colombia está expuesta a un desastre
ambiental. Está en riesgo porque, al lado de la explotación minera y al lado
del uso de los recursos naturales, no hay autoridades ambientales que estén
exigiéndole a todo el mundo, no solo a Cerro Matoso, que dejen de deforestar y
de contaminar. Los que están diseñando mal el canal del Dique van a acabar con
todas las islas del Rosario. Ojalá el país reaccione: la perspectiva ambiental
de Colombia es terrible. Agréguele el Tayrona. No tenemos autoridad ambiental.
Recuerde que en años pasados se desarticuló el sistema nacional ambiental y se
fusionó el Ministerio de Medio Ambiente con el de Vivienda y Desarrollo
Territorial. Es como si siguiéramos en el siglo XIX. Es increíble no darle
importancia a lo que más le preocupa hoy al mundo: el medio ambiente. Las
lagunas se están secando. En el embalse del Neusa, la CAR de Cundinamarca mandó
quitar todo el bosque y se demoró en reforestar, de tal manera que la capa
vegetal terminó en el agua. Y no olvide el Tolima con la Colosa y Santander con
Santurbán. En el primer caso, el tema del agua debe ser resuelto; en el
segundo, explotación y exploración se confunden. Y está la minería ilegal. Y el
carbón en Boyacá. Y el oro en Antioquia, Caldas y Chocó. Y el coltán, que el
Gobierno ni siquiera clasificó como mineral sujeto al pago de regalías.
Colombia está al borde de un desastre ambiental.
¿Cuál es el
inventario completo?
Todo el escenario terrible que le acabo de
describir; en ese inventario ambiental está la bahía de Santa Marta, la
manipulación y transporte anti- técnico del carbón en toda la bahía;
acumulación de residuos de carbón. Contaminación del río Manzanares por ocupación
incontrolada de viviendas en la cuenca. Para el emisario submarino, que recoge
las aguas negras de la ciudad, no hay tratamiento previo, y eso causa daño al
ecosistema marino. La marina internacional en el puerto causa daño ambiental y
ecológico, además de una invasión incontrolada del espacio público, y hay un
manejo ineficiente de residuos sólidos de la planta de Palangana.
¿Y en Cartagena?
El emisario submarino, por deficiencias en diseño y
construcción, está generando un daño ambiental y social, para un detrimento
fiscal estimado de 19.000 millones de pesos.
¿Y el caso del río
Ranchería, en La Guajira?
Daño ambiental y daño cultural múltiple por el
impacto de la reubicación del río, que significa mover de su cauce al río a una
distancia de 26 km, sin haber tenido en cuenta los efectos ambientales y
sociales del proyecto. En el centro del país hay también hallazgos
preocupantes: la represa del Quimbo, cuyas obras representan una afectación
ambiental y social de enormes proporciones. Se abrió juicio de responsabilidad
por un daño valorado en 352.000 millones de pesos.
¿Y qué pasa en el
interior?
En varios departamentos, la Contraloría ha
comprobado daños en los ecosistemas de páramo provocados por la explotación
minera ilegal, que no ha tenido adecuado control por parte de las autoridades
locales ambientales. Es el caso de los páramos de Rabanal y Pisba, en Boyacá;
Guerrero, en Cundinamarca y Santurbán en Santander. Se está produciendo
afectación en nacimientos de ríos. En la sabana de Bogotá avanza una auditoría
a 65 entidades oficiales por debilidad institucional y deficiencias en el
manejo y control de aguas residuales, que causan enorme contaminación en el río
Bogotá. En la región de la Orinoquía, se han establecido graves riesgos
ambientales y sociales relacionados con la agroindustria y con hidrocarburos,
contaminación química de aguas, pérdida de diversidad cultural, presión sobre
los pueblos indígenas y cambio de uso del suelo por proyectos agroindustriales,
ganadería extensiva y actividad minera, sin un adecuado ordenamiento
territorial.
Este resumen
presenta al país en un estado de asombrosa gravedad en lo ambiental...
No tenga dudas: Colombia está al borde de un
colapso ambiental sin antecedentes en nuestra historia.
Espere mañana: Contraloría denuncia
telaraña pseudo-jurídica contra plan de ejecución del presidente Santos.
YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO
14 x 2012